Oficio de Papel

* Atrapado Calderón en la corrupción foxista
* Trata Fox de salvar a los hijos de su esposa
* Oceanografía y los Bribiesca al descubierto

Ante el vacío de poder que el gobierno panista de Felipe Calderón ha dejado después de un año de haber llegado a la Presidencia de la República, otros actores políticos, incluido el mismo expresidente Vicente Fox, han ocupado ese espacio en medio de una crisis política, una descomposición social y una aguda recesión económica enmarcada por el desempleo y la violencia.
Ahora son el senador priista Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Vicente Fox quienes se hacen graves acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, vínculos con el narcotráfico y  abuso del poder. Mientras Beltrones asegura que los hijastros de Fox, los hermanos Bribiesca Sahagún, traficaron con influencias desde Los Pinos para beneficiar a empresas privadas, como la naviera Oceanografía, con cuantiosos contratos petroleros de la paraestatal Petróleos Mexicanos a cambio de jugosos beneficios económicos, Fox revivió aquella vieja acusación de que el senador sonorense está vinculado con cárteles del narcotráfico desde que fue gobernador en su estado natal.
Pero sin mayores evidencias que sus dichos, ninguno de los dos ha presentado pruebas de esas graves acusaciones y que, sin duda, las sustentarán en los próximos días, pues es lógico creer que un presidente de la República tiene acceso a todos los informes de seguridad nacional y desde allí Fox pudo haber ultrajado expedientes oficiales para llevárselos a su Centro Fox, como el informe que asegura pertenece a la agencia antidrogas estadunidense la DEA y que involucra directamente al senador priista con el narcotráfico. Sobre el dicho de Beltrones, es más fácil comprobar el tráfico de influencias que los hijos de Marta Sahagún hicieron en Pemex desde Los Pinos para que los directores de la paraestatal le otorgaran contratos millonarios a empresas privadas a cambio de comisiones, pues en esta misma columna hemos presentado datos precisos y testimonios contundentes sobre esa relación perversa que Manuel y Jorge Bribiesca, así como su tío Guillermo Sahagún, establecieron con Pemex desde que Marta se casó con Fox y ambos arribaron a Los Pinos, en donde había la anuencia para hacer negociaciones y cabildeos entre gobierno y empresas privadas.
En medio de este escándalo de corrupción, el todavía llamado presidente Felipe Calderón, que para muchos mexicanos es sólo un espurio, no da muestras ni de carácter ni de voluntad política para poner orden en el país, pues refugiado en las cachas de los militares, a quienes para ganárselos les ha autorizado mayor presupuesto, se resiste con asombro y espanto a enfrentarse al lengualarga de Fox, a quien se niega a investigar a fondo para fincarle responsabilidades penales por su pésima administración y abuso del poder para enriquecerse junto con su esposa Marta.
Una prueba de ello son los amplios expedientes que guarda la Secretaría de la Función Pública sobre hechos vergonzosos y corruptos de la administración foxista y que hasta ahora siguen ocultos y vetados para los mexicanos. Algo sabrá Fox, con base en el espionaje ilegal del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional), que impide a Calderón actuar en contra del exmandatario, por ello el aspirante a la presidencia del PAN y exsecretario de la Función Pública, Germán Martínez, fue el conducto para entregar al senador priista Manlio Fabio Beltrones un extenso archivo sobre las pillerías de los hermanos Bribiesca Sahagún, a fin de que sea el Congreso y no Los Pinos el que investigue a fondo a los hijos de la esposa del expresidente Fox, y con ello evitar cualquier enojo y malestar del exmandatario con Calderón, pues desde la Presidencia le hacen creer a Fox que el actual gobierno, y concretamente Felipe Calderón, no actuará contra militantes de su propio partido y mucho menos contra su antecesor.
El caso fue sencillo: Calderón le ordenó a Martínez, una vez que ambos ocuparon sus cargos en la Presidencia de la República uno y en la Secretaría de la Función Pública el otro, que abriera expedientes a Fox, Marta, Manuel y Jorge Bribiesca y a su tío Guillermo Sahagún, entre otros foxistas, por si “acaso” se necesitaban, pero la filtración de esa información llegó hasta los oídos del expresidente y éste de inmediato respondió sacando los archivos confidenciales que sustrajo durante su gobierno de los órganos de seguridad nacional (¿qué contendrán?) y se lo hizo saber a Calderón, quien sin más cerró la boca y ha permitido durante más de un año insultos, agresiones, señalamientos y comentarios adversos que le ha generado directamente y sobre su forma de gobernar el boquiflojo de Fox.

Las pruebas de la corrupción foxista 
Pero mientras Fox se anima a hacer públicas las pruebas de hechos irregulares y corruptos que dice tener en contra de Beltrones y de Calderón, hay dos exfuncionarios que son claves para demostrar el tráfico de influencias desde Los Pinos: los exidrectores generales de Pemex, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes entrevistados por esta columna han reconocido las presiones que recibieron desde Los Pinos por órdenes de Marta Sahagún para otorgar contratos privados a empresas, como es el caso de la naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna y su hijo Amado Yáñez Correa, para que éstas pagaran los favores con comisiones económicas a los hijos y al hermano de Marta. 
Por eso Calderón ha ordenado a los órganos de procuración de justicia abrir expedientes administrativos y penales en contra de Muñoz Leos y Ramírez Corzo, en espera de que al verse éstos copados y acusados por delitos que fueron obligados a cometer desde la Presidencia de la República en el sexenio anterior, en perjuicio del patrimonio de Pemex y en beneficio de la pareja expresidencial y de sus hijos, puedan hacer públicas esas presiones de que fueron objeto desde la Presidencia para otorgar millonarios contratos a Oceanografía, empresa que como lo mencionó el mismo Manuel Bribiesca pagaba comisiones a su hermano Jorge y a su tío Guillermo a cambio de conseguirle contratos para la renta de sus barcos a Pemex, y dejar al descubierto al mentiroso de Vicente Fox.
De acuerdo con la propia versión de Luis Ramírez Corzo, cuando éste era director de Pemex Exploración y Producción recibió presiones del director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, para que le otorgara contratos a la empresa de la cual los Bribiesca obtenían beneficios económicos. “Era convocado a la Dirección General en donde Muñoz Leos me exigía asignarle contratos a Oceanografía”, dice el exfuncionario petrolero, quien asegura que a pesar de las presiones no lo hizo y esta fue la causa de la salida de Muñoz Leos de la Dirección General y después por intermediación de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, es nombrado el mismo Ramírez Corzo al frente a la paraestatal.
Lo que había sucedido es que en el gobierno federal se había formado un frente común entre varios secretarios de Estado, que involucraba a los titulares de Hacienda, de Energía, de Economía y de Función Pública, para frenar el desmedido abuso de la familia presidencial que, a toda costa, buscaban hacer negocios a nombre de la Presidencia de la República, y cuando Vicente Fox se percate del complot que se había orquestado en su contra y la de su esposa, hijos y hermanos, prefirió dejar que Gil Díaz impusiera a Ramírez corzo al frente de Pemex, con lo cual el entonces presidente creyó demostrar que no tenía ingerencia alguna en la paraestatal, pero lo más perverso fue que el mismo denunciante que fue en su oportunidad Ramírez Corzo ahora se plegaba ante marta Sahún y sus hijos para seguirle otorgando contratos a empresas que como Oceanografía sólo sangraban las arcas públicas.
Ramírez Corzo ssotuvo a esta columna que tuvo varios desencuentros con su exjefe Muñoz Leos porque la empresa recomendada de los Bribiesca no cumplía con los requisitos y nunca representaba la mejor opción para la paraestatal, a pesar de lo cual se le otorgaron contratos por más de 6 mil millones de pesos.
Sin embargo, en respuesta a las acusaciones en su contra, Muñoz Leos niega la versión de Ramírez Corzo y afirma que “nunca solicitéle solicité (a Ramírez Corzo) que beneficiara a los hermanos brribiesca, a su madre Marta Sahagún o a la empresa Oceanografía”, aunque sí confirma que hablaba del tema con su director de Pemex

Exploración: “sólo le pedí que toda licitación que se realizara fuera apegada a las leyes y los reglamentos en la materia. Que se licitara y que la mejor opción fuera la más conveniente para Pemex, ya que los dueños de Oceanografía decían que había un trato discriminatorio hacía ellos en Pemex, y esto tampoco debía de ser”.
Muños Leos recuerda que sobre Oceanografía había quejas de Amado Yánez, presidente de la empresa, de que se les quería dejar fuera de la licitación, por lo que le pedí a Ramírez Corzo en una reunión que sostuvimos en mi oficina, que se respetara el proceso y todo fuera derecho, apegado a la ley.
-Pero Ramírez Corzo asegura que usted y su secretario particular lo presionaron para que PEP le asignara un contrato por 160 millones de dólares a Oceanografía para la contratación de un buque?
-Es falso, nunca lo presioné ni tampoco pedí que se le asignara sin licitar un contrato a Oceanografía. Además, no me imagino cómo podríamos hacerle para manipular la licitación internacional, pues es un proceso abierto en donde no se puede hacer asignaciones fuera de la ley.
-¿Dice Ramírez Corzo que usted le comentó en la reunión que sostuvieron en sus oficinas de la Dirección General de Pemex, que era una petición de Marta Sahagún y de sus hijos?
-Nunca me pidieron que le asignara un contrato a Oceanografía.
-¿En los 4 años que estuvo al frente de la Dirección General de Pemex, nunca recibió presiones, peticiones o recomendaciones de Los Pinos?
-Eso sí, en esos años he de haber recibido unas 200 recomendaciones, las cuales atendí, escuché las propuestas y siempre los remití a los concursos apegados a lo que marca la ley. Nunca resolví personalmente uno solo de esos casos, siempre fue por el conducto adecuado, como lo estipulan las leyes.
-¿Aunque las recomendaciones o sugerencias vinieran de Los Pinos?
-Sí. También recibí recomendaciones desde lo más alto del gobierno. Desde la Presidencia (de la República), pero siempre actué igual, porque eran procesos licitatorios, en donde intervienen muchas personas y los órganos de control, no es algo que se resuelva en la Dirección General, pero siempre escuché las propuestas y observé que todo fuera dentro de la legalidad.
-¿Considera qué es una traición de Ramírez Corzo?
-No, no tengo porqué pensar eso. Yo apoyé siempre a Ramírez Corzo, yo lo nombré director general de PEP, así que era parte de mi equipo. Si ahora dice que yo lo presioné, no se porqué lo diga.
Para el exdirector Ramírez Corzo fue la fragilidad de Muñoz Leos ante la presión de Los Pinos lo que llevó a los Bribiesca a cabildear a favor de Oceanografía y a que ésta empresa ganara muchos contratos sin tener la capacidad para cumplirlos, pues además tenía un negro historial en Pemex por incumplimiento y deficiencias.

Denuncia Oceanografía fraude en su contra 
En medio del escándalo en que está envuelta por corrupción en contratos petroleros y sus vínculos con personakes de los gobiernos de Fox y Calderón, recordemos el padrinazgo de Juan Camilio Mouriño, el número dos de Los Pinos, hacia su amigo Amado Yánez, de lo cual nos ocuparemos la próxima semana, la naviera Oceanografía presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el presunto delito de fraude cometido por la empresa RK Consultores, vinculada con Roberto Keoseyán Arakelian, Carlos Demetrio Olivas Cruz y Valentín ángeles Dino, a quienes acusa de intentar cobrar un millón de dólares con un pagaré apócrifo, como se demostró supuestamente a través de un dictamen pericial de grafoscopía. Sin embargo el caso, en medio de las acusaciones de corrupción que vive Oceanografía, realmente es menor.

* Reabren investigación contra los Bribiesca
* Culpan a exdirectores generales de Pemex
* Oceanografía otorgaba jugosas comisiones

Para salvar el “honor” de la pareja expresidencial y que los hijos de Marta Sahagún evadan la cárcel, el presidente Felipe Calderón ha ordenado a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República apuntar sus baterías en contra de lo exdirectores generales de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes presionados desde Los Pinos fueron obligados a otorgar millonarios contratos a la empresa petrolera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna y su hijo Amado Yáñez Correa, quienes otorgaban jugosas comisiones a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a su tío Guillermo Sahagún.

 La interrogante es cuánto tiempo resistirán la presión Muñoz Leos y Ramírez Corzo antes de que se decidan a hablar y revelar cómo el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta se enriquecieron con el tráfico de influencias que ejercían desde Los Pinos y que para ello utilizaron a la principal empresa del Estado: Pemex. O acaso los dos exfuncionarios resistirán hasta la prisión por la embestida gubernamental que ya preparan los órganos de justicia del gobierno de Felipe Calderón, cuando ambos sólo cumplían órdenes que salían de la casa presidencial.

Para Ramírez Corzo fue muy claro, como lo reveló a esta columna, que Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge presionaron desde el 2004 a Raúl Muñoz Leos, en ese entonces director general de Pemex, para obligarlo a entregar contratos petroleros a la empresa privada Oceanografía, a pesar de que no cumpliera con las disposiciones legales en la materia. Pero esta versión la niega el propio Muñoz Leos, quien sostiene que sí recibió presiones desde Los Pinos pero asegura que nunca se apartó de la legalidad y que los contratos otorgados a Oceanografía fueron mediante licitaciones y apegados a lo que marca la ley.

 Esta versión de Ramírez Corzo fue también confirmada a esta columna por el propio Manuel Bribiesca Sahagún, quien en su intento por deslindarse de las acusaciones en su contra, culpó a su hermano Jorge y a su tío Guillermo de ser los únicos responsables de gestionar en Pemex contratos para la naviera Oceanografía, a cambio de lo cual reconoce que recibían importantes comisiones.

 Ahora los hermanos Bribiesca son investigados bajo acusaciones de tráfico de influencias y peculado, lo mismo en la Secretaría de la Función Pública que en la Cámara de Diputados, en donde se ha integrado una comisión especial encargada de revisar las actividades de la empresa Construcciones Prácticas, en donde dicen que los hermanos son responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil millones de pesos.

 El presidente de dicha comisión, Elías Cárdenas, declaró al diario La Jornada, que los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos por los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

 Pero Manuel Bribiesca niega que él haya participado y sí culpa a sus familiares de gestionar esos contratos, por lo que ahora toda la familia, incluida su madre Marta, es investiga por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

 Por si hubiera dudas del tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca a raíz de que su madre llegó a Los Pinos al lado de Vicente Fox, el primogénito Manuel acepta también haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel por considerar que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal “injusta” contra el consorcio.

 En dos entrevistas realizadas a fines de 2004 y principios de 2005, publicadas en Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron, junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar influencias, aunque según él estas negociaciones no fueron irregulares.

 En el caso del Grupo Miguel, el joven empresario guanajuatense admite haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel, actualmente prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.

 Además, señala que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.

 En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

 –Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

 –No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

 –Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

 –Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

 –Es mucho dinero.

 –Sí, y no hay nada ilícito.

 –A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.

 –No, no, de eso no hay nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

 –¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

 –No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.

 –No tendría por qué.

 –Bueno, hasta nos quitaron la “Partida Secreta”, ya no les dan recursos.

 –Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no significaba que podía usarse ilícitamente.

 –Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.

 –¿Tú hiciste negocios en Pemex?

 –No, nada tengo que ver ahí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaban de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.

 –¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?

 –Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

 –¿Qué han hecho?

 –Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

 –¿Y Gil Díaz?

 –Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.

 En el segundo encuentro, ocurrido el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún habla de una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA), fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda.

 Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.

 El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.

 –¿Qué relación tienes con ese Grupo?

 –Son mis amigos, solamente.

 –¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?

 –No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

 –Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos.

 –Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto.

 –¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?

–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratar con él estos asuntos.

–Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?

–No, con él no. No hablo con él.

–¿Alguien más?

–Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).

–¿Y qué pasó?

–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

–¿Qué ocurrió allí?

–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país para evitar ser detenido.

–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el “perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

–¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?

–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

–¿Y qué hizo el secretario?

–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

–Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; segundo, el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino, Alfonso Díaz. Fue un robo.

* Crea Hacienda la CIA mexicana
* Central de Inteligencia Aduanal
* Espionaje puro contra mexicanos

Decíamos hace algunas semanas que el secretario de Hacienda trabaja en una iniciativa de ley que enviará al Congreso para modificar la Ley Aduanera y con ello tratar de reducir los graves problemas de corrupción, contrabando y conflictos de interés enquistados desde las pasadas administraciones. Pero esta acción no es una decisión propia del secretario Agustín Carstens, como suele suceder en la aplicación de la política económica del país, sino que responde, otra vez, a una estrategia de Washington para fortalecer el sector aduanero ahora que George Bush decidió supervisar más las fronteras ante el miedo de nuevos ataques terroristas.

Mientras Estados Unidos invertirá más de 302 millones de dólares en reforzar los controles electrónicos y aduaneros, el gobierno mexicano, para evitar mayores asimetrías, también tendrá que aplicar estrategias de reconversión de los sistemas informáticos de las aduanas. De hecho, la compañía EDS podría ser la responsable de los contratos de outsourcing, y tal vez esto explique la incorporación del expresidente Ernesto Zedillo a esa empresa transnacional, pues no es un secreto que el exmandatario mexicano se ha dedicado a utilizar y vender la información que sacó de México a empresas extranjeras cuando ocupó la Presidencia de la República.

Otra de las medidas exigidas por el gobierno de Bush y que su homólogo mexicano Felipe Calderón acata eficientemente, es la creación de una CIA mexicana, Central de Inteligencia Aduanal, la cual contará con el apoyo y coordinación de Washington para descubrir “acciones de riesgo” en las aduanas que puedan afectar la seguridad de los Estados Unidos. Esta nueva Central de Inteligencia que copia las siglas de la nefasta y terrorista agencia de espionaje estadunidense, que lo mismo derroca gobiernos legítimos y democráticos en todo el mundo o asesina a líderes políticos y luchadores sociales o acusa y captura a presidentes, es parte de la estructura renovada con que operará la Administración General de Aduanas en un programa sexenal que se sustentará en actividades de inteligencia y espionaje.

De esto sabe mucho el anterior secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, maestro y exjefe de Carstens, quien durante el gobierno de Vicente Fox creo una Unidad de Inteligencia Financiera que operaba como un centro de espionaje con los más sofisticados aparatos que hay en el mercado y desde donde grababa cualquier conversación telefónica que se le antojara o utilizaba datos privados sacados del INEGI o del IFE para actuar en contra de aquellos que eran considerados como un peligro para el gobierno panista.

En la presentación de la nueva CIA mexicana, Agustín Carstens explicó que uno de los pilares del nuevo plan es una Central de Inteligencia “exclusivamente” para la revisión aduanal. Igual que en Estados Unidos, en donde la CIA se ha convertido en una agencia incontrolable para el mismo presidente y con capacidad de ejecutar acciones que afectan directamente a la población de ese país, como es el caso del terrorismo promovido por la misma CIA en todo el mundo.

“Queremos desarrollar esta central de inteligencia, no tiene nada que ver con la CIA”, aclaró el mismo Carstens, sin pregunta de por medio, ante la Comisión de Hacienda del Senado para evitar cualquier similitud con su contraparte estadunidense.

El secretario de Hacienda argumentó que hace un lustro el objetivo era facilitar las operaciones de comercio exterior, pero ahora es más importante simplificar el tránsito legítimo de mercancías, fiscalizar de manera adecuada el cobro de los impuestos al comercio y combinarlo con la seguridad. Más claro, se trata de atender las necesidades de seguridad que a Washington se le ha salido de las manos y ahora otros países como México, que comparte una enorme frontera, tendrá que hacer su trabajo que dé seguridad a los millones de estadunidenses.

Este Plan Sexenal de Aduanas 2007–2012, que en breve entrará en vigor, presenta un diagnóstico y las líneas de acción para enfrentar el comercio ilegal y apuntalar la seguridad de Estados Unidos, sin importar tanto la corrupción que han estado envueltas históricamente las aduanas mexicanas y que le cuestan miles de millones a los contribuyentes.

El nuevo diseño en las aduanas, que podría ser presentado esta semana, se basa en dos puntos para explotar información. En el primero Hacienda cruzará datos que las empresas reporten en las 49 aduanas, contra los impuestos que recauda el fisco. “Esa es una veta de información muy importante que nos ayudará a mejorar la recaudación e identificar los riesgos”, aseguró Carstens.

En segundo lugar, el gobierno de México intercambiará información con el de Estados Unidos para asegurar que lo que exporten desde este país, de verdad se corrobore con los informes de importación en el vecino país. En su opinión, ese cruce de datos es una veta importante. El titular de Hacienda añadió que el programa de inteligencia en las aduanas no se sustenta solamente en tecnología, sino en un plan integral de largo alcance, en el que se tomen en cuenta diferentes elementos que intervienen en estos sitios. Es decir, la intromisión del gobierno estadunidense se amplía y ahora nos supervisará no sólo las mercancías que cruzan hacia su territorio, sino que tendrá ingerencia en las acciones, planes y propuestas de Hacienda.

La herencia corrupta de Gil Díaz y Guzmán Montalvo

Un lector que dice ser Roberto Ramos (robert.ramos30@yahoo.com.mx), envió una amplia carta vía Internet al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y al presidente del SAT, José María Zubiría, en donde hace un pormenorizado análisis de la corrupción gubernamental en las aduanas y que titula “La misma mafia” que, dicho sea de paso, podría servir a la nueva CIA mexicana. Aquí un resumen de lo que califica como “consideraciones que pueden servir de utilidad para la investigación de posibles responsabilidad y para la toma de decisiones”:

Desde que Francisco Gil Díaz se desempeñó como subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda, en tiempos del salinismo, acogió como su niño protegido a José Guzmán Montalvo, quien durante esa época se despeñó como administrador de varias aduanas, pasando por la de su tierra natal Tampico, después Nuevo Laredo, Tijuana y otras, logrando en ese tiempo conformar un numeroso equipo de incondicionales que buscaban los mismos intereses para permanecer en áreas que les permitiera acumular grandes fortunas mediante la corrupción. Al asumir la titularidad de Hacienda, Gil Díaz nombró a su incondicional Guzmán Montalvo como administrador general de Aduanas, desde donde se integró una mafia bien organizada que permitía el tráfico ilegal de mercancías a cambio de jugosos donativos y hasta el cruce de cualquier droga o químicos utilizados para su producción.

Rodolfo Ponce Díaz: con estudios de vista aduanal de los de “antes”, con la formación y las mañas que les caracteriza, por su perfil de inmediato se integró al equipo de corrupción y entre sus antecedentes sustituyó a Guzmán Montalvo como administrador de la Aduana de Tijuana, en donde para cubrirle la espalda a su amigo provocó un incendio en los almacenes aduanales y evitar que se descubriera un cuantioso faltante de expedientes, documentos y bienes que habían desaparecido. Ponce Díaz estuvo sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidades por la Contraloría Interna del SAT y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos; sin embargo, su amigo Guzmán Montalvo lo contrató a través del fideicomiso privado Aduanas I (del cual hemos dado amplia información en este espacio) para operar en el Grupo de Auditoría Operaciones (GAO) de las aduanas.

Al cumplir la pena de su inhabilitación, Ponce Díaz fue nombrado administrador central de Visitaduría en la Administración General de Aduanas, posición desde la cual se encargó de manejar entre otras cosas el programa Movisat, mediante el cual realizaba operativos y visitas domiciliarías para extorsionar a importadores y contrabandistas que no eran parte del grupo protegido por Guzmán Montalvo.

Ponce Díaz siguió su paso ascendente y fue nombrado administrador de la Aduana de Aguascalientes, en donde vive su familia, y allí estableció retenes y operativos para extorsionar a todos los importadores y contrabandistas que circulan por la red carretera que confluye en esta región, pues es donde se forma un embudo de las carreteras que provienen de la frontera norte hacia el centro de la Republica. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón, y con el apoyo de su amigo Guzmán Montalvo, Ponce Díaz fue ubicado como auxiliar o asesor del Administrador General de Aduanas y después enviado como administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, la mas grande del país y con el mayor número de operaciones, y desde luego donde mayores ingresos ilícitos se pueden obtener.

Otros de los amigos y cómplices de Guzmán Montalvo son Juan Carlos López Rodríguez, quien también fue inhabilitado después de ocupar el cargo de administrador en varias aduanas del país, para finalmente ser designado como administrador central de Investigación Aduanera, de donde salió y hasta la fecha no ha podido regresar al sector público. Sin embargo aprovechó muy bien su relación con Guzmán Montalvo y le concedieron importantes contratos de la Administración General de Aduanas (AGA) a través de de los fideicomisos ADUANAS I y II, y el Fidemica, creando así una empresa llamada “Valunet”, que realiza funciones de análisis y valoración de mercancías de importación, pero esto no representa tanta importancia como las empresas trasnacionales que maneja y representa López Rodríguez, que acapararon todos los contratos correspondiente al “segundo reconocimiento” en todas las aduanas.      

Con Juan Carlos López Rodríguez arribaron a la AGA un grupo de improvisados “muchachitos” que poco a poco se fueron apropiando de posiciones dentro de la estructura del SAT, entre ellos Héctor Landeros Almaraz, Roberto Negrete y Rodolfo Torres Herrera.

Landeros fue ubicado como secretario particular del Jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, hasta el mes de junio de 2007, que fue designado administrador de la Aduana de Pantano; Roberto Negrete continúa como secretario técnico de José María Zubiría Maqueo, en la jefatura del SAT, y Torres Herrera fue nombrado administrador de la Aduana de Nogales, para posteriormente hacerse cargo de la Aduana de Ciudad Juárez por más de 3 años, hasta que en febrero de 2007 fue designado administrador central de Contabilidad y Glosa en la AGA.

Desde al inicio del actual sexenio, Torres Herrera se encargó de presumir su cercanía con José María Zubiría Maqueo, de quien decía que con toda seguridad lo nombraría administrador general de Aduanas, pero después de un año no ha sucedido, así que ahora afirma que desde su cargo de administrador central de Contabilidad y Glosa “lo están cuidando”.

La prepotencia de estos nuevos funcionarios aduanales los ha llevado a quitar y poner administradores a su antojo, sin importar que desconozcan la materia; para muestra un botón: la administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Leonor Pérez Saldaña, quien se desempeñó como Subadministradora de la Aduana de Ciudad Juárez bajo las órdenes de Torres Herrera, tiene hecho un desorden la Aduana del Aeropuerto, por donde cruzan cualquier cantidad de mercancías ilegales, pero nadie la toca ni se atreve a decir nada, pues está bien protegida.

Así también en las aduanas de Tamaulipas, en donde el mismo Torres Herrera ha decidido a quien poner y a quien quitar, y también ha mencionado a ultimas fechas que los días están contados para Héctor Landeros Almaraz en la Aduana de Pantaco, porque al parecer Torres Herrera ya decidió que en esa posición nombrará a su colaboradora Heidy González Ibarra, a quien ya designó como subadministradora de Operación Aduanera. Por todo esto, en Hacienda se considera que las aduanas son un negocio “familiar”.

Por falta de espacio, la segunda parte de esta lista de funcionarios del SAT y de Aduanas continuará la próxima semana.

# Niega PGR tener expediente contra Ricardo Monreal
# La fuente de información fue Daniel Cabeza de Vaca
# Lo acusaba de “lavar” 90 millones de dólares en Suiza

Algo anda mal con la procuración de justicia en nuestro país, en donde el ser político, funcionario o empresario es como tener un pase permanente a la impunidad. Parece que nada se puede hacer para sancionar todas las irregularidades y corruptelas que se cometen desde el poder, sin que autoridad alguna se preocupe por investigarlas y, al contrario, son las mismas estructuras gubernamentales las que protegen a los delincuentes de cuello blanco, quienes miran la justicia como sólo un instrumento que se debe de aplicar a los pobres que no tienen recursos para pagar abogados, sobornar jueces o comprar autoridades.

Ejemplos de esta impunidad hay muchos y actuales, como el enriquecimiento del expresidente Vicente Fox y esposa, mostrado por la misma Marta Sahagún, o los hijos de ésta, los hermanos Bribiesca, quienes cínicamente han reconocido públicamente el tráfico de influencias y las componendas y negocios obtenidos bajo el manto protector de Los Pinos, cuando su padrastro Fox ocupó la Presidencia de la República. Ante esto el gobierno de Felipe Calderón ha sido incapaz de fincar alguna responsabilidad y, por el contrario, ha ocultado pruebas evidentes de la corrupción en Los Pinos en tiempos del foxismo, como es aquel expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y del cual hemos dado cuenta aquí, del millonario gasto ordenado por Fox y Marta para la remodelación de las cabañas y de la casa presidencial, en donde de acuerdo con la auditoría practicada por el mismo gobierno foxista hubo irregularidades y desvíos de por lo menos 30 millones de pesos.

Pero aún con las evidencias de esa corrupción, el gobierno calderonista ha sido incapaz en más de un año que tiene de haber asumido el poder, para proceder en contra de su antecesor, a quien siente que le debe la Presidencia de la República, por ello no veremos a Fox y su pareja sentimental tras las rejas, por eso ambos se burlan de los mexicanos ante las cámaras y micrófonos, porque la justicia en México no se aplica a los hombres del poder y mucho menos a los funcionarios que garantizan la corrupción del sistema en donde todos los delincuentes ganan.

Por eso no causa extrañeza la carta que el maestro Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, envió el 7 de febrero de 2007 al senador perredista Ricardo Monreal Ávila, a quien le dice: “Distinguido Dr. Monreal. En atención a su atento escrito del 11 de enero de 2007, dirigido al Licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, Procurador General de la República, mediante el cual solicita se informe respecto a la veracidad del contenido del artículo publicado en la Revista Contralínea de la segunda quincena de julio del 2006, año 4, número 60, atribuido a Miguel Badillo, con el título ‘PGR investiga a Monreal por lavado de dinero’, y que anexo para mayor referencia. Me permito notificar a Usted que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no existe averiguación previa o acta circunstanciada iniciada en su contra por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.

Qué ocurre en la PGR, en donde fue el mismo exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero jurídico del presidente de la República, Felipe Calderón, quien confirmó el año pasado la existencia de esa investigación por el delito de lavado de dinero en contra del senador Ricardo Monreal, y precisó que se trataba de una acta circunstanciada abierta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y hasta informó sobre el mecanismo que supuestamente el senador perredista había utilizado para transferir de México a cuentas en el extranjero de alrededor de 90 millones de dólares.

Ahora ante la justa exigencia que hace el senador Monreal al procurador Eduardo Medina Mora-Icaza para que le informe si hay alguna acusación o investigación en su contra sobre la transferencia de 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos suizos, la PGR simplemente se lava las manos y dice que no hay tal investigación, cuando la fuente principal de aquella información fue el mismo procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien hasta explicó el mecanismo financiero que había según dijo habría utilizado Monreal para sacar dinero sucio del país. Este mismo Cabeza de Vaca es el consejero jurídico del presidente de la República, así están las cosas con la procuración de justicia.

¿Entonces, quién miente en todo este espinoso caso? Acaso cuando un procurador general de la República deja el encargo público se puede llevar consigo todos los expedientes delicados que involucran a políticos o funcionarios en actos ilícitos de supuesta corrupción, porque de ser así Cabeza de Vaca tendría que enfrentar a la justicia por abuso de autoridad y ocultamiento de pruebas por desaparecer expedientes de investigaciones ministeriales, o durante su gestión al frente de la PGR, en el gobierno de Vicente Fox, simplemente abrió un expediente en contra Monreal por cuestiones políticas, pues en aquellos días se vivía con intensidad el proceso electoral para elegir presidente de la República y el ahora senador era el principal operador político del candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien Vicente Fox le tenía un gran miedo de que pudiera llegar a la Presidencia. En cualquier caso, hay responsabilidad del mismo procurador Medina Mora y del ahora consejero jurídico Cabeza de Vaca, quienes deben una explicación de qué ocurrió con ese expediente en contra del actual senador perredista, a quien la PGR le había hecho graves imputaciones, como lo dice el mismo Monreal en una carta enviada a Medina Mora el 11 de diciembre de 2006:

Carta de Monreal Ávila a Medina Mora

Lic. Eduardo Medina Mora-Icaza

C. Procurador General de la República

Presente

Distraigo su atención con motivo del siguiente tema:

En la revista Contralínea de la segunda quincena del mes de julio del 2006 (año 4, número 60) sepublica un artículo con la firma del periodista y director general de dicha publicación, Miguel Badillo, con el título “PGR investiga a Monreal por lavado de dinero”.

En dicho espacio periodístico se cita en diversas ocasiones a la instituci{on que usted preside. Tal es el caso de los siguientes expresiones:

“Una acta circunstanciada revela el interés que la Procuraduría mantiene en los movimientos financieros del ex gobernador de Zacatecas. Se presume transferencias por más de 90 millones de dólares.

“La Procuraduría General de la República investiga a Ricardo Monreal Avila, ex gobernador de Zacatecas y uno de los hombres más cercanos al perredista Andrés Manuel López Obrador, por una acusación en su contra por transferir supuestamente 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos de Suiza.

“De acuerdo con una acta circunstanciada elaborada en la PGR y confirmada con fuentes de alto nivel de esa misma entidad de justicia, el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente información a las autoridades judiciales y financieras de Estados Unidos y de España sobre probables transferencias de millones de dólares que hubiera hecho Ricardo Monreal y su ex secretario particular hacia instituciones financieras de Europa vía paraísos financieros del Caribe.

“En las pesquisas intervienen también especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Secretaría de Hacienda y autoridades de la agregaduría de la PGR con sede en España, pues en este país supuestamente habría una cuenta concentradora en un banco español y de allí, para borrar el origen, el dinero se habría desviado hacia otras instituciones financieras como casas de bolsa y casas de cambio, según los informantes responsables de las pesquisas.

“La PGR está a la espera de la información solicitada a las autoridades estadounidenses que, a través de su sistema de intervención financiera en todo el mundo y la búsqueda de dinero sucio, pudiera servir para acusar penalmente a Monreal Avila por el delito de ‘lavado de dinero’.

Más adelante se menciona nuevamente a la PGR: “De acuerdo con testigo y ex colaborador de Ricardo Monreal, cuya identidad mantiene en secreto la PGR, el ex mandatario zacatecano habría obtenido el dinero producto de actividades ilícitas, por lo cual la PGR lo investiga para deslindar cualquier posible vínculo con bandas del narcotráfico y por presumibles fraudes a través de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador de Zacatecas, en donde aseguran benefició a la empresa constructora Plata, propiedad de un amigo muy cercano a Monreal y quien se hizo cargo prácticamente de toda la obra pública en zacatecas, lo que le permitió crecer en ese sexenio”.

En virtud de que la fuente de información principal y única de esta nota periodística es la dependencia que usted preside, en ejercicio de los derechos constitucionales de información y audiencia me dirijo a usted para solicitar de manera formal la siguiente consulta:

1. Si existe o no esa presunta “acta circunstanciada” mencionada en el artículo del señor Miguel Badillo.
2. Si es cierto o falso que exista una acusación en mi contra “por transferir supuestamente 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos de Suiza”.
3. Si es verdad o mentira que “el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente información a las autoridades judiciales y financieras de Estados Unidos y de España sobre probables transferencias de millones de dólares que hubieran hecho Ricardo Monreal y su ex secretario particular hacia instituciones financieras de Europa vía paraísos financieros del Caribe”.
4. Si es fundada o infundada la versión de que “…la PGR lo investiga para deslindar cualquier posible vínculo con bandas del narcotráfico y por presumibles fraudes a través de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador de Zacatecas”.

En virtud de las graves imputaciones que allí se difunden y que tienen como supuesto origen la dependencia que usted preside, le solicito, de manera respetuosa, esta información a la brevedad posible.

Por lo que a mi respecta, le manifiesto mi entera disposición para el desahogo correcto y conveniente de esta solicitud formal de aclaración o para cualquier investigación ministerial que exista.

Asimismo hago de su conocimiento que a partir del 1º de septiembre del 2006 soy Senador de la República, sin embargo, estoy en la disposición de solicitar licencia, ante este cuerpo colegiado, en caso de existir alguna investigación en mi contra.

Como usted comprenderá, no puedo permitir que intenten con esta canallada cobarde lastimar mi honra y la de mi familia, este artículo es una fantasía propia de las mentes más perversas, con fine políticos claros de descalificación por las ideas políticas que profeso.

Toda mi vida me he conducido con honestidad y rectitud u no puedo permitir una infamia de esta magnitud. Me reservaré mis derechos para proceder legalmente en el momento pertinente contra quien resulte responsable.

Agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Hasta aquí la carta enviada por el senador Monreal Ávila al procurador Medina Mora, y aunque han pasado ocho meses de la respuesta de la PGR a través del subprocurador responsable de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, en donde deslinda a Monreal de cualquier acusación en su contra, aún deben explicar el procurador y el exprocurador quién fue el responsable de la fabricación de tan graves delitos, los motivos de ello y su resultado, de lo contrario el actual gobierno de Felipe Calderón seguirá protegiendo la impunidad, como en el caso de la expareja presidencial.

* Prepara Hacienda reformas a Ley Aduanera
* Los Braniff son beneficiados por Aduanas
* Esconde Función Pública corrupción de Fox

Después de las reformas electoral y hacendaria, la siguiente gran transformación que podría aprobar el Poder Legislativo y que sería definitiva para el país es modificar la Ley Aduanera. Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, prepara la iniciativa de ley que enviará al Congreso y con la que buscará reducir los graves problemas de corrupción, contrabando y conflictos de interés enquistados desde las pasadas administraciones.

La Declaración de Principios firmada por los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado 8 de julio para fortalecer el sector aduanero, ahora que el gobierno estadunidense de George Bush decidió frenar las fronteras, no será suficiente, a juicio del secretario de Hacienda, para solucionar los problemas en los puertos fronterizos del país.

Mientras Estados Unidos invertirá más de 302 millones de dólares en reforzar los controles electrónicos y aduaneros, el gobierno mexicano, para evitar mayores asimetrías, también tendrá que aplicar estrategias de reconversión de los sistemas informáticos de las aduanas. De hecho, la compañía EDS podría ser la responsable de los contratos de outsourcing.

Entre los problemas de corrupción que enfrenta México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó lo que ya habíamos adelantado en este espacio: en las aduanas del país se falsifican permisos sanitarios para la importación de productos químicos. La misma detención de operadores de Zenli Ye Gon es sólo la punta del iceberg que esconde importaciones irregulares no sólo de materias primas, como la pseudoefedrina, sino de todo tipo de insumos para el sector químico, médico y farmacéutico.

Las aduanas, dice Carstens, no sólo deben ser recintos recaudadores, sino deben cumplir su objetivo de proteger a sectores estratégicos del país de la competencia desleal, del contrabando técnico y bronco, pero sobre todo de la delincuencia. El problema es que ni la Policía Fiscal ni los vistas aduanales y mucho menos el personal de las aduanas ubicadas en aeropuertos, puertos e instalaciones ferrocarrileras, están capacitados para detectar cargamentos ilícitos. Peor aún, muchos vistas aduanales prefieren eludir esa responsabilidad para no enfrentarse a las poderosas bandas de contrabandistas. En cuanto al contrabando técnico, la interpretación de las legislaciones en materia de comercio exterior y medidas compensatorias para frenar el ingreso de mercancía subsidiada, se ha convertido en un verdadero problema para el país. Es el criterio de los vistas aduanales y la capacidad de maniobra de muchos agentes la que determina si ingresan o no al país productos que pueden dañar a cadenas enteras de producción.

El escenario se complica a pesar de que la Secretaría de Hacienda otorgó a compañías como Societé Générale la operación del Segundo Reconocimiento Aduanero, pues aún se presentan problemas de regulación y vigilancia. De hecho, Société Générale también opera el contrato de “value net” para certificar el origen de las mercancías, mientras que las dos únicas concesiones de almacenes fiscalizados en este sexenio se han entregado a Tomás Braniff, uno de los grandes beneficiados de la gestión del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. un

Los problemas de Braniff

En Monterrey, como en otras ciudades del sureste del país, las agencias aduanales de los Braniff enfrentan problemas para operar a sus anchas. Frente a los concesionarios de las terminales aeroportuarias, los Braniff no han podido ejercer lo que ellos consideran sus “derechos” en materia aduanera.

En el norte del país, por ejemplo, los operadores del aeropuerto de Monterrey (OMA) obtuvieron la autorización de Aduanas para construir una nueva aduana en la terminal de carga. Y así lo hicieron. Las instalaciones están listas desde hace tres años, con todas las peticiones y requerimientos que, en su momento, les planteó el gobierno federal. Sin embargo, cuando se estaba construyendo la nueva terminal de carga y de aduanas, Braniff interpuso un amparó y desde entonces ha obstaculizado la operación, con el apoyo del mismo SAT y de la Administración General de Aduanas.

OMA se ha defendido jurídicamente, pero los recursos legales de Braniff han impedido que la aduana se traslade a las nuevas instalaciones. El asunto es que el próximo año se vence el contrato que tiene Braniff con el aeropuerto de Monterrey, y es posible que no se refrende ante los problemas para llegar a la aduana. El conflicto afecta no sólo los recursos del Grupo Aeroportuario Centro Norte, sino las operaciones comerciales de la región. Aún más, se impide contar con más opciones para la consolidación de carga y operaciones aduaneras. Con Braniff en Monterrey son famosos, según la prensa local, los casos de narcotráfico e ingreso de mercancía ilegal, circunstancia que debe ser investigada a fondo por las autoridades federales, pero hasta ahora ni Aduanas ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mucho menos la PGR han querido meter las manos en el asunto.

Si bien se manejó en la prensa que la gente del Grupo Centro–Norte y de Braniff Airfreight, que preside Tomás Braniff, establecieron algunos contactos para encontrar una salida negociada al tema de la aduana en la nueva terminal del aeropuerto de Monterrey, esas reuniones nunca se dieron y la solución no ha llegado. Se buscaba que Braniff tuviera un espacio en el mismo inmueble en donde también opera Fedex. Pero otra empresa que preside Fernando Chico Pardo, ASUR, también enfrenta un conflicto similar con Braniff.

Corrupción foxista

Finalmente el joven abogado Germán Martínez ha tirado la toalla y, sin cumplir con su trabajo, abandonó la titularidad en la Secretaría de la Función Pública para buscar la presidencia del Partido Acción Nacional, una acción concertada con el mismo presidente Felipe Calderón para reestructurar sus cuadros en el gabinete y en el partido con miras a la próxima sucesión presidencial.

Sin hacer prácticamente nada, Martínez hereda una secretaría de Estado inútil que sólo cuesta al erario una fortuna y mantiene a una burocracia ineficaz que, en conjunto, no justifica su existencia en momentos que se requiere una estricta fiscalización y revisión de las cuentas públicas.

Un ejemplo es el caso del expresidente Vicente Fox y su familia, quienes burlonamente retan al gobierno calderonista a que los investigue penal y administrativamente, para según ellos no se enriquecieron ilícitamente. Sin embargo, hay evidencias de muchas irregularidades y, a ojo de todos los mexicanos, Fox abusó del poder presidencial y se adjudicó recursos que no le correspondían.

Me refiero a aquella investigación que hizo la misma Secretaría de la Contraloría del gobierno foxista, en el primer semestre de su gestión, a la administración de la residencia oficial de Los Pinos, en donde hace seis años se practicó una auditoría que arrojó irregularidades que debieron ser sancionadas.

La investigación se hizo a las obras de remodelación de las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, y según el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y que ha sido reservado por 12 años para encubrir al expresidente Vicente Fox, hubo desvío de decenas de millones de pesos por parte de u amigo de Fox, el arquitecto Humberto Artigas, también responsable de las obras en el rancho en Guanajuato. La Comisión de diputados que investiga el enriquecimiento del exmandatario debería verificar ese expediente, en poder de esta columna, para indagar si el dinero que salió de Los Pinos para remodelar las cabañas se utilizó para las obras del rancho del guanajuatense.

La auditoría 2015

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.

Las onerosas “cabañas”

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.