Archivo de: Septiembre, 2007

Lunes 24 de septiembre de 2007

• Cantinflesco, Zubiría se enreda con ISOSA
• Una comisión complaciente de legisladores
• Investiga el Congreso a Fox y los Bribiesca

Ante una comisión especial de diputados complacientes, por decir lo menos, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, les dijo lo que quiso para evitar rendir cuentas sobre los malos manejos que ha hecho ese órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda con miles de millones de pesos desviados a través de los fideicomisos Aduanas I y II y la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.).
Después de varias cancelaciones, finalmente Zubiría Maqueo se presentó el pasado miércoles 19 de septiembre en la Cámara de Diputados para responder las dudas de un grupo de legisladores sobre las operaciones irregularidades hechas por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y su equipo con el dinero cobrado a importadores y exportadores por el Derecho de Trámite Aduanero. Sin embargo, durante la audiencia los diputados se dieron por vencidos y reconocieron su incapacidad para entender el mecanismo financiero creado por esos magos de las finanzas para desviar dinero público de las arcas federales.
Pero al finalizar su comparecencia, tuvieron que ser los reporteros quienes, conocedores del tema, arrinconaran a Zubiría Maqueo y lo obligaran con sus preguntas a admitir que el SAT echó mano de millonarios recursos al margen del presupuesto para modernizar con “tecnología de punta” el sistema de recaudación. Ese guardadito de Zubiría asciende a más de 9 mil millones de pesos.
El funcionario exintegrante del equipo de trabajo de Gil Díaz y ahora pieza clave de Agustín Carstens, secretario de Hacienda del gobierno calderonista, reconoció que el SAT sí gasta el dinero “privado” del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Declaración fuerte si sabemos que Hacienda ha justificado el desvío de recursos bajo el argumento de que ese dinero corresponde a fondos privados, entonces la pregunta es ¿por qué ese dinero que no es público lo utiliza el SAT para modernizar sus aduanas y pagar contratos y prestaciones de servicios y salarios en beneficio de Hacienda?
Aunque los recursos se invierten en el sector público, Zubiría Maqueo se defiende y sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la controversia 84/2004, que se trata de la contraprestación privada, pagada por importadores y exportadores, y no de un derecho que deba entrar a las arcas de la Tesorería de la Federación (Tesofe).


La entrevista a Zubiría Maqueo
–Ingeniero, ¿por qué siguen echando mano de los recursos del FACLA si son privados? –preguntó la reportera Nancy Flores.
–La explicación es que cuando usted hace un recurso y lo mete en un fideicomiso público, el fideicomiso está sujeto a toda la revisión.
–¿Pero siguen utilizando (esos recursos privados) en gasto público, en los asuntos de la sistematización del SAT?
-La respuesta cantinflesca de Zubiría elude la pregunta: -Nosotros les explicamos (a los diputados) que, con las modificaciones que hicimos, esos recursos están completamente fiscalizables. Son recursos que provienen de la contraprestación. Es un recurso que se ha hecho. Lo que hicimos es extender, a través del planteamiento que les hicimos, para que no hayan dudas de cómo estamos utilizando esos recursos.
No obstante su dicho, las contradicciones en este manejo de recursos privados en actos públicos continúa: durante la comparecencia y ante la inquietud de los diputados panistas, Zubiría Maqueo explicó que una vez concluida la función del FACLA, el remanente, cuyo carácter según la Suprema Corte de Justicia de la nación es privado, será reintegrado a la Tesofe.
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de 2007 el FACLA tiene una disponibilidad de 9 mil 524 millones 647 pesos, disponibles para los gastos que el SAT instruya.
El documento revela que en ese periodo el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda destinó132 millones 84 mil pesos al segundo reconocimiento aduanero; 672 millones 106 mil pesos a la operación informática; 74 millones 163 mil pesos al soporte a la recaudación, y 59 mil pesos por concepto de cinco al millar, mismos que se encuentran aprovisionados en el balance.
Agrega que con estas operaciones se da cumplimiento de la misión en los proyectos de servicio de soporte operativo y la conclusión del modelo de madurez; en el servicio de captura y digitalización (Secadi), se concluyó el servicio de captura de las declaraciones anuales 2006; en servicios de campo se firmó el contrato con proveedor; se realizó la migración de puesto de servicio administrativo a puesto de servicio externalizado en 394 inmuebles del SAT; se instalaron 780 impresoras portátiles.
Según Zubiría Maqueo, “con la información que les hemos estado proporcionando (a los diputados) se reducen muchas de las dudas que ellos tienen. Queda claro que con las acciones que se han estado tomando hay un compromiso fuerte para transparentar y para rendir cuentas de los recursos que estamos utilizando en la administración tributaria para modernizarla. Existe la apertura para poder dar información adicional y responder a las preguntas”.
El funcionario indica que para ello se hizo “una presentación sobre toda la historia de esta operación, desde 1992 hasta este año, les dimos acceso a la información que pueden analizar sobre las diferentes adquisiciones y compras que se hicieron en los últimos seis años, las fuentes o los mecanismos de supervisión vigentes, tienen acceso a los estados financieros, estados de situación fiscal, les vamos a entregar la información de las auditorías que se realizaron, y toda la información que juzguen conveniente”.
Sobre la responsabilidad de los servidores públicos y exfuncionarios que han manejado estos recursos al margen del presupuesto, entre éstos él mismo, el titular del SAT indica que “si existieran elementos concretos para hacer alguna denuncia, algún elemento, nosotros procederíamos en consecuencia. La amplitud de las investigaciones va más allá de la administración Tributaria: están auditando todas estas operaciones la SFP, la ASF. En el ámbito que tenemos en estos momentos no hay un procedimiento, pero si hubiera en cualquier momento algún elemento tangible, actuaremos en consecuencia”.
Para justificar lo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón ha calificado de resarcimientos del fideicomiso Aduanas I a la Hacienda Pública, por más de 3 mil 300 millones de pesos, Zubiría Maqueo indica que se trata de pagos en exceso hechos con recursos del Derecho de Trámite Aduanero.
“Cuando se hace la transferencia de flujos y la distribución de los fondos, se hacen en función de unas cuentas anticipadas, porque no se tienen los datos reales de las operaciones que realiza la aduana, sino hasta tiempo posterior, entonces en esos anticipos hubo un exceso. No hay ninguna irregularidad, lo que hubo es que cuando uno hace un anticipo y después hace un ajuste pues paga el complemento si debe o recibe la parte del exceso.”
–Cuántos (pagos en exceso) habría anteriormente y por cuánto dinero, porque esto ya es de los últimos años, lo que ya se empezó a transparentar.
Lo que hicimos fue una validación de toda la operación.
–¿De 1993 a la fecha?

–De toda la información que tuvimos disponible la hicimos, para asegurar que teníamos todos los elementos concretos, entonces no fue ningún resarcimiento, sino fue un reintegro en una parte, y la otra, utilizar el mecanismo de Tesorería para poder hacer la donación de los recursos remanentes del fideicomiso anterior.
El pasado 19 de septiembre, el jefe del SAT accedió, por primera vez, a rendir un informe, aunque impreciso, sobre el esquema de recaudación creado por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a través de los fideicomisos Aduanas I y II y su empresa privada ISOSA.
El funcionario dijo que el esquema creado por su exjefe Gil Díaz fue novedoso pero se agotó, pues generó muchas dudas sobre la transparencia del manejo de los más de 30 mil millones de pesos que acumuló el Aduanas I y que se gastó a través de la empresa privada ISOSA, sin licitaciones públicas de por medio.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el SAT, el Fideicomiso 954-8 Aduanas I e ISOSA son responsables de quebrantar el erario por más de 10 mil millones de pesos, recursos correspondientes al Derecho de Trámite Aduanero que no fueron enterados a la Tesorería de la Federación.
Pero en este lamentable caso de corrupción, parece que todo quedará en el olvido y la impunidad: en menos de un año, la comisión especial que buscaba rendir cuentas a la sociedad sobre la operación del Aduanas I y la empresa ISOSA, ambos creados por Gil Díaz en 1993, será “sólo testimonial” y evadirá fincar responsabilidades a los funcionarios y exfuncionarios involucrados, según declaró el propio perredista que preside dicha comisión especial, Pablo Trejo. ¿Por qué la complacencia de esta comisión presidida por el PRD?


Los abusos de los Fox y los Bribiesca
Después de su brillante actuación para frenar el despilfarro de recursos públicos en medios electrónicos durante campañas electorales, el Congreso ha reivindicado como nunca antes su función de representante del pueblo y ahora podría confirmar ese carácter constitucional al exigir rendir cuentas al negligente expresidente Vicente Fox, quien junto con su esposa Marta Sahagún se sirvieron de Los Pinos para enriquecerse al lado de toda su familia. Bienvenidas las comisiones investigadoras sobre las fortunas de los Fox y los hermanos Bribiesca.
Una sugerencia a los diputados investigadores: sería pertinente que revisaran el informe de la auditoría 2015 que la Secretaría de la Contraloría practicó a los primeros seis meses de la administración de la residencia oficial de Los Pinos y en donde descubrió desvío de recursos públicos, en donde los artífices del despilfarro fueron el entonces presidente Vicente Fox y su arquitecto de cabecera Humberto Artigas, el mismo que remodeló las cabañitas en Los Pinos y el rancho en San Cristóbal, ése que ha salido fotografiado en todo su esplendor en la revista Quién y en donde le debemos dar las gracias a Martha Sahagún por autorizar enseñarle a todos los mexicanos cómo vive “modestamente” la pareja expresidencial. De esta tema hablaremos más ampliamente la próxima semana.
Una razón más para que sean los diputados quienes indaguen la fortuna desmedida de Fox y su pareja, es que desde la Presidencia de la República ha salido la orden para la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República de encubrir las irregularidades, como un pago por el apoyo directo de Vicente Fox a la campaña de Felipe Calderón, pues sin él jamás hubiera llegado a Los Pinos.
El otro caso que no deja lugar a dudas de la corrupción gubernamental que en estos últimos días se ha revivido en el Congreso y en la prensa, son los abusos de los hijastros de Vicente Fox, los hermanitos Bribiesca Sahagún, quienes se enriquecieron con el tráfico de influencias y las presiones ejercidas a los directores de Petróleos Mexicanos para otorgarle millonarios contratos a empresas privadas. Quizás la más favorecida haya sido la naviera Oceanografía, de la cual hemos dado cuenta en esta columna desde hace varios años, por lo que tal vez sea necesario volver a este tema en otro momento cuando nos lo permita el espacio.

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Lunes 17 de septiembre de 2007

* Crisis en primer año de Felipe Calderón
* Miseria, injusticia, guerrilla y bombazos
* En alerta máxima la seguridad nacional

Primer año de gobierno de Felipe Calderón y las cuentas que entrega a los mexicanos son de un país sumido en la miseria extrema, el campo destruido y sin producir, incremento de la migración hacia Estados Unidos, desempleo creciente, mayor violencia, corrupción gubernamental, gasto público desmedido, fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, inseguridad, injusticia y desigualdad. Y en medio de estos problemas, la guerrilla se hace presente con explosiones en instalaciones petroleras y amenaza con aumentar la presión por la captura y desaparición de dos de sus miembros integrantes de la dirigencia del EPR, lo que además de causar cuantiosas pérdidas económicas pone en alerta máxima a las fuerzas armadas.
Sin duda que uno de los responsables de la vulnerabilidad de la seguridad nacional del Estado mexicano es Eduardo Medina Mora, quien en los últimos años del gobierno inútil de Vicente Fox fungió como director general del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y ahora con Felipe Calderón se desempeña como procurador general de la República. Ante las explosiones en ductos de Pemex, cínicamente Medina Mora hace declaraciones la semana pasada para minimizar las acciones de esos grupos armados que han despertado de un largo sueño y que amenazan con incrementar la violencia en contra del gobierno del PAN y de sus funcionarios de primer nivel. Habrá que observar cómo los secretarios de Estado y Calderón y su familia han incrementado su seguridad personal con miembros del Estado Mayor Presidencial que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos.
Mientras en la última década los resultados para salvaguardar la seguridad del Estado son negativos, contrariamente el presupuesto del “servicio federal de inteligencia civil de México” se ha visto incrementado en casi 500 por ciento en el mismo periodo, según revela un “comparativo” elaborado por el mismo Cisen, organismo responsable de la inteligencia de la Secretaría de Gobernación.


En una investigación del reportero Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea, se da cuenta de que la mayoría de los recursos presupuestales destinados a la seguridad nacional se gastan en “servicios personales” de los empleados del Cisen, el cual mantiene el acoso y la persecución de policía política en contra de disidentes del gobierno federal.

Durante 1996 el presupuesto ejercido por el Cisen fue de 239 millones 113 mil 900 pesos, y en el primer año de Felipe Calderón la misma oficina erogará, al menos, mil 114 millones 398 mil 723 pesos, es decir, 466 por ciento más.
Sin embargo, fue el último año de gobierno de Vicente Fox –marcado por la disputa por la Presidencia de la República y la efervescencia de movimientos sociales como la APPO y el EZLN– el que más gastó en “el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México”. En 2006 el gasto del Cisen ascendió a mil 427 millones 615 mil 527 pesos, es decir, 497 por ciento más de lo que se erogaba en 1996.

El documento “Comparativo del presupuesto asignado”, elaborado por el Cisen y entregado al reportero Camacho a través de la Ley Federal de Acceso a la Información, desglosa, de 1996 a 2006, el gasto por los capítulos 1000, “servicios personales”; 4320, “creación de plazas”; 4302, “adquisición de materiales y suministros”; 4303, “contratación de servicios”; 4304, “adquisición de bienes muebles”; 4305, “adquisición de bienes inmuebles”; 4306, “apoyo de obras públicas”, y 4310, “gastos de seguridad pública y nacional”.

Sin abundar en el gasto de cada capítulo, el comparativo da cuenta de una partida en 2006 por 80 millones 800 mil pesos para la creación de plazas. En ningún otro año se habían destinado recursos para nuevos empleos en ese centro. Además, también erogó 160 millones 840 mil 387 pesos en la contratación de servicios.
En el mismo año, el Cisen adquirió materiales y suministros por 19 millones 595 mil 280 pesos. Y, como en todos los ejercicios, el gasto mayor fue por el pago de servicios personales. En este caso fue de mil 153 millones 113 mil 635 pesos, el 80.77 por ciento del total del presupuesto asignado.
Apenas un año antes, en 2005, el total de los recursos erogados por el Cisen había sido de 879 millones 766 mil 865 pesos, es decir, 547 millones 848 mil 662 pesos menos que en 2006. Tan sólo en un año, la partida presupuestal para el Cisen se incrementó en 62.27 por ciento.


Advertencia del EPR
El comandante “Nico”, del EPR, advierte que frente a la cerrazón y autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón, la guerrilla realizará acciones “de mayores dimensiones”, hasta que sean liberados sus compañeros desaparecidos.

En una entrevista con el grupo armado concertada por el periodista José Reyez, el dirigente guerrillero afirma que “somos un grupo armado que tiene como objetivo la justicia social y sólo al cumplirlo depondremos las armas sin ningún condicionante”.
El representante del grupo guerrillero, que según el Cisen sólo tiene presencia en 10 estados de la República, advierte que pasaron de la propaganda a las acciones armadas. “Llegamos a una coordinación de respuesta activa, ante la negativa del gobierno de Felipe Calderón de entregar a nuestros desaparecidos, vivos o muertos”.
“Nico” señala que el EPR tomó la decisión de “realizar acciones de mayores dimensiones y atacar sectores estratégicos, lo cual no se debe tomar como terrorismo, sino como una lucha legítima por nuestros hermanos desaparecidos. Si el gobierno de Calderón se niega reiteradamente a negociar y liberar a nuestros presos políticos, que se atenga a las consecuencias, es el mensaje.
De acuerdo con el insurgente, en términos técnicos y de infraestructura, el EPR cuenta con suficientes elementos adscritos a su movimiento que tienen una extensa preparación. Los operativos de este grupo guerrillero conciernen al estado de privación de los derechos humanos en el país, atiende a una expresión de repudio ante los presos políticos y es el resultado del cero diálogo existente con el gobierno.
“Sabemos que capturar a presos políticos no es nuevo en el país, y que el gobierno de Felipe Calderón sigue la política de un régimen autoritario que impide otra opción”. El representante guerrillero expresa que las acciones llevadas a cabo no son un atentado contra la nación, sino un llamado de atención al gobierno federal que hace oídos sordos a sus demandas.
“¿A quién tenemos que recurrir para que nos entreguen a nuestros desaparecidos? O será que ya ni siquiera están en esa calidad, puesto que pueden estar muertos. Éste sería el peor error cometido por esta administración, ya que nuestras raíces se encuentran en todos y cada uno de los compañeros de lucha.”

Sin bajas
El EPR no había realizado acciones militares desde 1996, cuando atacaron de forma coordinada en Michoacán, Guerrero, estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes.
Ahora, la captura de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo –éste último identificado como fundador y líder del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres, grupo fundador del PDPR-EPR– pone en riesgo la estructura de ésta organización y en particular sus comités y células distribuidas en la zona sur y centro del país.
Sobre las suposiciones de que, con la captura de sus compañeros, se ha desmembrado al grupo, el comandante “Nico” asevera que “esto es una afirmación totalmente falsa. Nos hemos reagrupado y reorganizado, y a cuenta de nuestra efectividad es que no hay más compañeros secuestrados-desaparecidos”.
Describe que para el EPR es refutable la posibilidad de riesgo como estructura partidaria, y que ambas cuestiones, tanto la política como la armada, conviven armoniosamente y no existe una crisis interna.


Acusan de corrupción al general Rivas García

La semana pasada comentamos brevemente las tres denuncias anónimas enviadas a la Función Pública, Presidencia de la República y Secretaría de la Defensa en donde supuestamente personal civil y militar que labora en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) acusan a su titular, general Fermín Rivas García, de los delitos de dispendio y desvió de recursos, tráfico de influencias, prepotencia, corrupción y acoso sexual.
También dijimos que de éstas y otras acusaciones el general Rivas García niega todo, y que en entrevista le dijo a la reportera Yenise Tinoco que sus acusadores son quienes están en contra de que el ISSFAM funcione de forma transparente y regular.
Las tres misivas señalan que en el tiempo en que Álvarez Cárdenas administro los recursos del departamento, se desviaron recursos y se pagaron facturas a las empresas Dinámica de Nutrición, Sinergia de Alimentos y Comercializadora de Alimentos del Mar, por mercancía que no entró a los almacenes del instituto.
Y es que los denunciantes afirman que Rivas García realizó dos fiestas, una en Veracruz y otra en Hidalgo, las cuales financió supuestamente con recursos del ISSFAM. Para la fiesta del cumpleaños del general, dicen los quejosos, se gasto 150 mil pesos de recursos públicos, además de que utilizo mobiliario oficial y llevó personal del instituto, como cocineros y meseros, para que atendieran a sus invitados, sin que se les pagaran horas extras.
Agregan que también pretende otorgar la concesión para que un restaurante de un amigo se instale dentro del ISSFAM, pagando una cantidad “ridícula” por el permiso, y afirman que el área jurídica dijo al general que no procedía dicha autorización.
Aseguran que con recursos del instituto se compró una camioneta, con un valor de 500 mil pesos, se remodelaron las oficinas de la dirección general, se cambio el estrado del salón de fiestas del instituto con una inversión superior a los 150 mil pesos. También se ordenó el acondicionamiento de un departamento en las instalaciones del centro recreativo Héroes de la Revolución “La Bola”, en donde vive su hermano, a quien le asignó un vehículo con chofer y un ayudante.
Pero el general Rivas García niega todas las acusaciones y comenta que a su llegada a la dirección del instituto se dio cuenta de que las cosas ahí no eran muy transparentes, que había personal del área de construcciones que estaban coludidos con las constructoras para asignarles las obras a cambio de compensaciones económicas. Dichas personas fueron despedidas y ahora tratan de dañar la imagen del ISSFAM y acusarlo a él de corrupción.
“Me culpan por cosas que yo no provoque, que ya venían desde antes; pero no voy a hablar mal de nadie, aún cuando las cosas aquí no iban bien. Sólo estoy componiendo lo que estaba mal, y a ellos no les parece”, dice el general.
En este escándalo del Ejército, sería bueno que por primera vez la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo e investigue quienes son los responsables del gasto desmedido y la corrupción.

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Lunes 10 de septiembre de 2007

# El SAT extingue Aduanas I sin rendir cuentas
# Zubiría Maqueo comparece el próximo jueves
# Acusan de corrupción al titular del ISSFAM

El titular de Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, ha insistido una y otra vez que él no es político sino un técnico, responsable de la recaudación de impuestos en todo el país, y como tal responderá el próximo jueves ante la comisión de diputados que investiga el cuantioso gasto de recursos públicos que hizo la Secretaría de Hacienda a través de la empresa privada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y de los fideicomisos también privados Aduanas I y Aduanas II.

La cita que tenía Zubiría el miércoles de la semana pasada en la Cámara de Diputados con esa comisión que preside el perredista Pablo Trejo, se suspendió y se cambió para este jueves, por eso es extraña la presencia en el Congreso del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien el jueves anterior se le vio caminando en los pasillos, y más cuando es sabido que es el autor confeso de las operaciones irregulares para desviar miles de millones de pesos correspondientes al cobro del Derecho de Trámite Aduanal que realizaron en los últimos años miles de importadores y exportadores de productos en la República Mexicana.

Con la anuencia de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, a quien por cierto no le salen las cuentas del próximo presupuesto y una vez más planea ajustarlo en los sectores de los más necesitados, Zubiría Maqueo está dispuesto a cubrirle la espalda a su exjefe Gil Díaz, pues a ninguno de los tres (Carstens, Zubiría y Gil) le interesa que se destape la olla de corrupción que ha significado enormes fortunas para muchos servidores públicos de primer nivel, incluidos presidentes de la República.

Así que el jueves próximo cuando los diputados de la comisión investigadora cuestionen a Zubiría Maqueo sobre el origen y destino de miles de millones que se guardaban en el Fideicomiso Aduanas I y en la empresa ISOSA, el titular del SAT se limitará a decir que ese fideicomiso ya no existe y que ISOSA ya se liquidó, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, órgano de vigilancia dependiente del Congreso, sostiene que funcionarios de Hacienda cometieron allí un fraude por 10 mil millones.

Entrevistado por la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, Zubiría Maqueo dijo categórico “el Fideicomiso Aduanas I ya no existe. Ya se liquidó”. Evasivo y molesto, el funcionario remitió a la reportera a la página electrónica del SAT, en donde según él está reportado el destino de los miles de millones de pesos resguardados en dicha figura fiduciaria privada.

Pero de acuerdo con la información oficial que Zubiría mandó a revisar, el proceso de extinción del Aduanas I concluyó en diciembre pasado. De 2005 a 2006 el SAT esfumó cuando menos los 8 mil 691 millones 141 mil pesos que reconoce como depositados en el contrato 954–8, correspondiente al Fideicomiso Aduanas I. Entonces el balance general del primer trimestre de 2005, del cual se posee copia, revela que su patrimonio ascendía a 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

En varias investigaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que los daños al erario público se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

Esa Auditoría acusa que en los ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que se depositaron irregularmente en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó otro Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).

La ruta del dinero

El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2006 revela que en ese año electoral el SAT ejerció los últimos 8 mil millones de pesos resguardados en lo que se consideró “la caja chica de la Secretaría de Hacienda”.

Lo que negará una y otra vez Zubiría Maqueo a los legisladores, es que por órdenes de él se transfirieron 3 mil 674 millones 412 mil pesos a la empresa ISOSA. De esta cantidad, mil 980 millones 92 mil se erogaron en 2005 y mil 694 millones 320 mil en 2006, descubre el capítulo referente al Aduanas I, que sólo incluye una breve explicación del objetivo del fideicomiso y el cuadro no detallado de su situación financiera.

Sin embargo, el proceso de extinción no fue simple: inició en diciembre de 2003, cuando el entonces presidente Vicente Fox ordenó a su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, devolver al erario los miles de millones de pesos que manejaba en el Aduanas I la empresa ISOSA y un tercer fideicomiso conocido como Aduanas II, de nombre Consorcios de Comercio Exterior II.

Para “transparentar” los recursos, en junio de 2004 se creó el fideicomiso público FACLA, encargado de recibir y administrar los recursos de la contraprestación aduanera. En diciembre de 2005, por su complejidad, la discusión sobre el destino del fideicomiso 954–8 pasó a manos del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga.

Según fuentes del SAT, el análisis versaba sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción. En ese entonces, el procurador fiscal buscaba la manera de restituir los recursos que durante 12 años se destinaron al fideicomiso privado, en donde el SAT era fideicomitente y fideicomisario, y Nacional Financiera la fiduciaria.

Una de las dificultades para extinguir este esquema fue la participación de la Secretaría de Hacienda, que por más de una década se asumió como “gestor de negocios privados” de importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el Instituto Federal de Acceso a la Información durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos por la reportera Nancy Flores en contra del SAT.

Otra dificultad corresponde a la participación directa del exsecretario de Hacienda: los fideicomisos Aduanas I y II, así como ISOSA, fueron creados en 1993 por Gil Díaz, quien en aquella época era subsecretario de Ingresos. Al margen del presupuesto y de la ley, el exfuncionario manejó los miles de millones de pesos del DTA hasta 1994 y, posteriormente, cuando asumió la titularidad de 2001 a 2006.

Desde 2003, Gil Díaz y Zubriría Maqueo asumieron la reestructuración del esquema fiduciario y el supuesto proceso de legalización y transparencia. Ambos decidieron, junto con el procurador fiscal, que devolverían sólo el 38.3 por ciento de los recursos reconocidos a las arcas públicas.

En los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el SAT resarció 3 mil 332 millones 962 mil pesos al erario, registrados en los informes de la situación financiera del Fideicomiso Aduanas I como “transferencias a la Tesorería de la Federación”. En 2005, dicho concepto sumó 2 mil 522 millones 573 pesos, mientras que en 2006 ascendió a 810 millones 389 mil pesos.

Fuentes de primer nivel del SAT, consultadas a lo largo del proceso de extinción, indicaban que uno de los obstáculos para transparentar este esquema era la explicación que habría de dar el gobierno mexicano al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional sobre la restitución de miles de millones de pesos. Hasta ahora, no hay información al respecto.

Según el balance general del Fideicomiso Aduanas I, la tercera erogación corresponde al costo de la liquidación por mil 684 millones 767 mil pesos. Dicha cantidad, que no se desglosa, se desembolsó entre julio y noviembre del año pasado.

Oracle, gastos no admitidos

Funcionarios del SAT, que solicitan su anonimato por temor a represalias, aseguran que el dinero del Aduanas I, transferido a ISOSA, se utilizó en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

El contrato con Peoplesoft, ahora Oracle, ha tenido retrasos por más de un año y sobrecostos que superan los 450 millones de dólares, según señalan las fuentes. Entrevistado el pasado 16 de agosto, al finalizar su participación en el Foro sobre la Reforma Fiscal convocado por la Universidad Iberoamericana, Zubiría Maqueo niega que los recursos para financiar este proyecto hayan salido del Aduanas I o de ISOSA.

De acuerdo con los informantes, los gastos más onerosos se concentran en la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos, asesorías externas, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina a Solución Integral, mientras que los balances generales del Aduanas I revelan que los gastos a favor de ISOSA tuvieron como fin la compra de equipos de cómputo, digitalización e impresión; procesamiento y almacenamiento de datos; adquisición de software, y mantenimiento.

Pese a los retrasos y sobrecostos, Zubiría Maqueo asegura que no se investigará ni a los funcionarios ni a la empresa Oracle, hasta que se compruebe la funcionalidad de la plataforma informática.

“Estamos en las últimas pruebas para poder liberar el 27 de agosto el nuevo portal del SAT, y dentro de éste la funcionalidad que hoy tienen todos nuestros locales asociados a la inscripción, altas, bajas, cambios de los contribuyentes. Con esa liberación vamos a darle vuelta a la hoja en este tipo de situaciones”, indica el titular del SAT.

Acusan de corrupción al general Rivas García

De manera anónima hicieron llegar a la redacción de esta columna tres denuncias presentadas a los titulares de la Función Pública, Presidencia de la República y  Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa, en donde supuestamente personal civil y militar que labora en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) acusa a su titular, general Fermín Rivas García, de delitos como dispendio y desvió de recursos, tráfico de influencias, prepotencia, corrupción y acoso sexual sobre personal femenino.

Los denunciantes acusan a Rivas García de haber ordenado una adjudicación directa a Edificaciones Practicas para la remodelación de 50 viviendas en una unidad habitacional militar (UHM) ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El problema mayor es que, según los quejosos, dicha empresa pertenece al suegro del general, por lo cual para podérsela adjudicar ordenó declarar desierta la licitación, aún cuando dos constructoras estaban interesadas en el concurso.

En la denuncia se explica que fue a través de América Sánchez, jefa de departamento en la Dirección de Construcciones y supuesta amante de Rivas García, como recibieron las órdenes de alterar documentación oficial para entregar la obra a Edificaciones Practicas y empezar la remodelación de viviendas el primero de marzo de este año, sin que antes se hubiera firmado el contrato correspondiente.

También es acusado el secretario particular del general Rivas, el mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, por malos manejos de los recursos de la partida de alimentación; así como de los dineros que entran por concepto de eventos que se realizan en el salón del ISSFAM, ubicado en el octavo piso del edificio central y el salón de la “bola”.

Pero de éstas y otras acusaciones el general Fermín Rivas García las ha negado, y asegura que los que hoy lo acusan son quienes también están  en contra de que el ISSFAM funcione de forma transparente y regular, pero de esos señalamientos en su contra y las respuestas que dio el general a la reportera Yenise Tinoco hablaremos ampliamente la próxima semana, a ver si mientras algún órgano de vigilancia y control del gasto público, aunque sea la Secretaría de la Función Pública, intervienen para investigar dicho desvíos.

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Lunes 03 de septiembre de 2007

* Zubiría Maqueo comparecerá ante diputados
* EDS operará la fábrica de software en el SAT
* Asumirá las funciones que controlaba ISOSA

Con su nuevo portal para internet en donde Oracle y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvieron la cautela de advertir a los contribuyentes que –después de casi un año de retraso en la entrega– se trata tan sólo de un “demo”, la Secretaría de Hacienda y el propio José María Zubiría Maqueo buscan ganar tiempo para concluir el proyecto Solución Integral.

Se trata de un asunto que preocupa en especial al titular de la SHCP, Agustín Carstens, quien en el sexenio pasado como subsecretario del ramo se encargo de las negociaciones ante el Banco Mundial para obtener el crédito por 52 millones de dólares que servirían para financiar los 82 millones que exigió, al menos en un principio, el proyecto desarrollado por la estadounidense Oracle. Por ello, el presidente del SAT, Zubiría Maqueo, no pudo deslindarse del problema y simplemente dejar su cargo en el cambio de gobierno. De hecho, se le impidió renunciar hasta que no concluya el programa Solución Integral, en donde se presume hay desvío de recursos públicos.

En la Presidencia de la República dicen que Felipe Calderón está más molesto por los problemas y pocas soluciones que Solución Integral ha dado, y le ha exigido al secretario de Hacienda que termine a la brevedad posible el programa y, más le vale, que éste funcione correctamente.

Debido a la falta de información y transparencia con la que se ha manejado este contrato y las penalizaciones que supuestamente aplicó el SAT a la firma Oracle, hasta ahora no sabemos qué sucedió con la ejecución del contrato de outsourcing.

¿Quién tuvo la culpa en los retrasos? ¿A quién debe sancionarse? Participantes en este sector aseguran que en este tipo de licitaciones y contratos resulta imposible establecer fechas fatales y que los requerimientos pueden variar radicalmente. Sin embargo, el prospecto crediticio del Banco Mundial sí marcó metas y compromisos. Zubiría Maqueo, además, se encargó de alimentar a través de los medios de comunicación grandes expectativas sobre los resultados de Solución Integral.

Ahora, resulta que la compañía EDS, que sí es una especialista en contratos marco y de outsourcing, tendrá que hacerse cargo de la ejecución de Solución Integral a través de una “fábrica de software”. Recibirá lo que pueda entregarle Oracle después de que esta firma obtuvo al cierre del año pasado contratos por 30 millones de dólares para el manejo de licencias.

Aún más, Zubiría aceptó que se licitaría un contrato adicional para justificar y cubrir el tiempo adicional para la ejecución del contrato. Fuentes del sector hacendario han corrido la versión d que EDS será como un salvavidas al naufragio provocado por Zubiría y su equipo. ¿No fueron ellos quienes precisamente quemaron los barcos ante el fracaso?, según la propias palabras de Zubiría Maqueo.

EDS tiene razón en no hablar sobre los errores de Oracle ni reconocer que se hará cargo por completo del accidentado proyecto. Por su silencio, ha obtenido contratos que ellos califican como “incrementales”, sujetos a la necesidades y demandas del cliente”. Así, de 45 millones de dólares pueden llegar hasta 80 millones. Curiosamente, se trata de la misma cantidad invertida –al menos oficialmente– con Oracle.

¿Qué sucede entonces con el SAT y su plataforma informática que necesita tal cantidad de recursos? Sólo un dato para comparar: el gobierno de Estados Unidos invirtió 150 millones de dólares en la modernización de sus aduanas. Es decir, ¿necesitamos más que el país más poderoso del mundo para poner en orden el SAT? ¿Acaso la corrupción gubernamental es tal que es realmente imposible poner orden en algo tan básico y visible como las finanzas públicas? ¿Por qué Oracle subcontrató a compañías de Argentina que no fueron avaladas ni por el Banco Mundial ni por la SHCP?

El contrato con EDS va más allá de Solución Integral. Esta “fábrica de software”  también recuperará muchas de las funciones que desarrollaba ISOSA y que constituyeron una de las grandes justificaciones para trasladarle recursos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

El SAT tenía su propia fábrica de desarrollo que otorgaba soporte a casi todas las aplicaciones del SAT. Lo único que no atendía eran las áreas jurídicas que estaban a cargo de Hildebrando desde 1993. La Administración General de Innovación y Calidad del SAT, que ahora está a cargo de Luis Roberto Patrón Arregui, también atendía ciertas áreas de manera exclusiva. Fuera de ellas, la fábrica de software del SAT atendía prácticamente todo.

Pero Solución Integral de Oracle no es el primer intento del SAT para poner fin a los problemas que encontró el Banco Mundial en su operación informática: “tecnología básica y sin ademada jerarquización y coordinación; sus sistemas, además, resultaba redundante y sin coordinación, que no se comunicaban de manera eficiente”. En 1995, el SAT trató de poner en marcho el proyecto Dario, que también se consideró un “fracaso” y que tuvo que ser rescatado por la fábrica de software que operaba en ese momento el propio SAT.  Con  Dario se tendría que haber resuelto desde hace una década la plataforma para la recaudación; sin embargo, sólo se entregaron los módulos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Parece que ahora la historia se repite, que la corrupción es inamovible y que por ello, a finales del año pasado, cuando el desarrollo de Solución Integral se encontraba en plena crisis, Zubiría Maqueo aceleró la licitación para asignar los contratos para la fábrica de software que ahora operará EDS. No sólo eso, EDS ya se alista para licitar y, seguramente, para ganar la reingeniería de las Aduanas.

Tal vez este espinoso tema podría ser planteado a Zubiría Maqueo el próximo miércoles cuando el presidente del SAT trate de explicar lo inexplicable ante legisladores que le exigirán cuentas sobre la desaparición de miles de millones de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la empresa privada ISOSA.

Más problemas

Pero los conflictos no se terminarán con la llegada de EDS al SAT. La operación de una fábrica de software involucró una revisión de los recursos humanos del SAT, de los profesionales en sistemas que durante los últimos años, tal vez décadas, han estado sometidos a este vendaval de cambios y de contratistas incumplidos. El verdadero lío es que los mejores han abandonado las filas del SAT. De esta forma, EDS o cualquier otro contratista no tendrá contrapartes de altura que le exijan los resultados que necesita el SAT. En otra palabras, serán sus propios jefes y las fallas difícilmente tendrán un reclamo de por medio.

En el caso de Solución Integral, el divorcio entre las diferentes áreas encargadas de las plataformas tecnológicas en el SAT provocó que  no se alcanzaran los objetivos marcados y que se cubrieran los errores de manera consistente. Para muestra basta un botón: ahora los encargados de las fábricas de desarrollo del SAT son exdirectivos de Avantel de la época en que el corrupto Francisco Gil Díaz y su empleado Zubiría Maqueo trabajaban en la telefónica y que al final del día se convirtió en una subsidiaria de Banamex ante sus “éxitos” en el mercado de las telecomunicaciones.

Varios de estos funcionarios no cuentan con el perfil para las responsabilidades que ahora deben afrontar y ello hace que se tema por el éxito de los proyectos de tecnología que impulsa el SAT, pero sobre todo por los recursos involucrados. En próximas entregas daremos detalles sobre la experiencia profesional de cada uno de los personajes del SAT que ahora tienen la responsabilidad de sacar adelante la modernización del sistema tributario del país. Sólo un adelanto: Jorge Luis Ibarra, a quien se le considera uno de los responsables de arrancar Solución Integral, se le despidió de Pemex al fracasar en la puesta en marcha de una plataforma (ERP) para el área de finanzas de la paraestatal.

Más de lo mismo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tendría que estar al pendiente de este tipo de contratos. Si bien el sector hacendario, petrolero y aduanero no forman parte de las dependencias que tendrán que sujetarse a las restricciones en materia de inversión ordenadas por Calderón para proyectos de tecnología (aunque debieran), el tipo de contratos “marco” involucra nuevo retos para las autoridades encargadas de vigilar la adecuada rendición de cuentas.

El 14 de mayo de 2007, Hacienda dio a conocer nuevos lineamientos sobre la responsabilidad de la SFP. Se trata, sin embargo, de obligaciones muy generales que no toman en cuenta la libertad de gestión y responsabilidades con la que pueden ahora moverse los contratistas del gobierno federal. Aún más, en el caso de los grandes contratos de outsourcing como el que ganó Oracle hace tres años, quedó claro que hace falta una mayor vigilancia.  En el SAT no sólo Oracle e IBM han ganado contratos de este tipo. En la lista también se encuentran Microsoft, IBM, Hewlett Packard, por sólo mencionar a los más importantes.

El SAT, en otras palabras, ha sido juez y parte en la ejecución de estos contratos, mientras que las autoridades, desde la Contraloría Interna del SAT, la SHCP y la Auditoria Superior de la Federación, no han podido encontrar los problemas básicos a los que se han enfrentado para construir Solución Integral del SAT que, como vemos, no está muy lejos de haber absorbido los 450 millones de dólares que se comentan al interior del propio organismo. Tan sólo entre los contratos de Oracle y EDS ya suman casi 200 millones de dólares. La tragedia es que los resultados prácticamente no existen. Otra perla: Oracle se empecinó en conducir el desarrollo del frame work (plataforma) del SAT con sus propios recursos y tecnología cuando toda la base de lo que hasta entonces se había construido en el SAT respondía a la tecnología Informix.

 

Comparece Zubiría Maqueo

 

Como decíamos líneas arriba, José María Zubiría Maqueo comparecerá el próximo miércoles ante los diputados que integran la comisión legislativa que investiga las corruptelas de la empresa privada ISOSA, creada por órdenes del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar recursos públicos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y que tan solo en el sexenio de Vicente Fox se gastaron 150 mil millones de pesos.

 

Este miércoles cuando Zubiría enfrente a la comisión de diputados creada para investigar las corruptelas de la Secretaría de Hacienda –en épocas cuando Gil Díaz era subsecretario– con la creación de los fideicomisos Aduanas I y II y la empresa privada ISOSA, la cual se nutría de fondos públicos provenientes del cobro de Derecho de Trámite Aduanal que se hacía a importadores y exportadores en todo el país, podrá responder como esfumó entre 2005 y 2006 cuando menos 8 mil 691 millones 141 mil pesos que reconoce oficialmente como depositados en el contrato 954–8. Recordemos que el balance general del primer trimestre de 2005, del cual tengo una copia, revela que el patrimonio de ese fideicomisos ascendía a 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

 

Para la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y el SAT son responsables de quebrantar al patrimonio público 10 mil 183 millones de pesos.

 

En varias investigaciones, el máximo órgano de fiscalización señala que los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

 

La Auditoría acusa que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que se depositaron irregularmente en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).

 

El miércoles próximo Zubiría Maqueo repetiría una y otra vez que “el Fideicomiso Aduanas I ya no existe”, como si reiterándolo pueda borrar el enorme desvío de miles de millones de pesos que durante los últimos tres sexenios cometieron los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora Felipe Calderón se niega a investigar como un acuerdo tácito que le impide acusar a su principal responsable: Francisco Gil Díaz.

 

Por primera vez, ese grupo de legisladores tienen la oportunidad de acorralar a Zubiría Maqueo y obligarlo a rendir cuentas de uno de los mayores desfalcos a la nación: ISOSA.

Published in: Archivo | on Septiembre 3rd, 2007 | No Comments »