Oficio de Papel

* Cofepris investiga permisos sanitarios falsos
* Felipe Bracamontes, uno de los responsables
* Ningún fraude de Inbursa en Seguro Popular

Organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación de permisos sanitarios para la importación de mercancías y, sobre todo, de productos químicos usados para la producción de drogas sintéticas, han reactivado su operación ante la complacencia e incapacidad de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), institución que se ha visto rebasada para enfrentar este problema que afecta a millones de consumidores, mientras que las autoridades de Salud, de Hacienda y de la Procuraduría General de la República sólo observan el peligro que esto significa.

En la Cofepris ya confirmaron la gravedad del problema por la falsificación de miles de permisos sanitarios, y sólo busca deslindar responsabilidades; sin embargo, como es costumbre en la Secretaría de Hacienda, ésta guarda silencio ante la corrupción y complicidad de las autoridades aduanales y se niega a revisar la actuación de los comisionistas, tramitadores y agentes aduanales.

La semana pasada señalamos que uno de los centros neurálgicos de la falsificación de permisos sanitarios es el servicio de aduanas de la ciudad de México, y que la Cofepris como responsable de emitir dichos permisos para la introducción de mercancías vinculadas con los sectores salud y alimenticio, se ha visto rebasada. También identificamos, con pruebas, que una de esas organizaciones delictivas es encabezada por Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de agentes aduanales que operan en varios estados de la República y quien presume su influencia ante la Administración General de Aduanas, desde tiempos en que José Guzmán Montalvo era el mandamás, cundo Vicente Fox ocupó inútilmente la Presidencia de la República.

La ilegalidad consiste en que empresas legalmente establecidas han aceptado los servicios de Bracamontes para importar equipos médicos de todo tipo y suplementos alimenticios a través de permisos sanitarios falsos, lo que las convierte en víctimas y cómplices voluntarias para ahorrar tiempo en las importaciones, pues mientras la Cofepris tarda más de 90 días para otorgar un permiso, Bracamontes lo hace apenas en semanas.

Decíamos la semana pasada que Bracamontes falsifica los permisos en una imprenta que tiene al oriente del Distrito Federal y que dedicada exclusivamente a la producción de registros sanitarios de importación falsos, así como certificados de origen tanto de Estados Unidos como de China.

Pero sobre este caso hay quienes se dicen víctimas y no cómplices de las actividades ilícitas de Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de varias agencias aduanales en el país. Este es el caso de la agencia con la patente 3824, a cargo del agente aduanal Jorge Zendejas Rodríguez, quien en información entregada a esta columna asegura que, en ningún momento, participó o colaboró con los fraudes de Bracamontes, quien ha creado toda una infraestructura para falsificar desde permisos sanitarios para la importación de productos, equipos médicos y suplementos alimenticios, hasta certificados de origen que afectan a sectores como el textil.

Jorge Zendejas Rodríguez revisó ya documentos aduaneros que formaron parte de la relación de trabajo que, en algún momento, sostuvo con Bracamontes, y asegura que hasta el momento no ubica entre sus clientes y operaciones huellas de la falsificación de documentos. Zendejas nos asegura que jamás ha estado involucrado en este tipo de actividades ilícitas, aunque no descarta la corrupción que existe en el sector y que algunos de sus compañeros de oficio practican, por lo que exige una investigación a fondo por parte de las autoridades hacendarias y aduanales del país.

Como otros agentes aduanales, dice que a través de las asociaciones que los agrupan y representan ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas, está dispuesto a colaborar para terminar con este tipo de corruptelas que afectan al país.

La falsificación de permisos sanitarios en varias aduanas del país y, sobre todo, en la del aeropuerto de la ciudad de México, se presenta en un momento crucial para las relaciones aduanales entre México y Estados Unidos. El gobierno de George Bush busca blindar a toda costa las fronteras y aplica presupuestos millonarios para concretar lo que se conoce como el Ambiente Comercial Automatizado (ACE), que pretende rastrear y registrar cada operación, cargamento y camión mexicano que ingrese a Estados Unidos.

Por ello se han incrementado las sanciones y multas para aquellos que no cumplan con la lista de requisitos que exigen las autoridades estadounidenses. Ello se contrapone con las solicitudes de agentes aduanales, empresas courier y transportistas mexicanos de contar con una aduana facilitadora y en donde los esquemas de revisión apoyen el comercio.

En la frontera norte del país la aplicación del ACE comienza a causar estragos en las operaciones aduaneras y comerciales. Sin embargo, los estadounidenses siempre tendrán justificación para endurecer las medidas de vigilancia en sus fronteras mientras se registren casos de corrupción como el que encabeza Bracamontes.

Sabemos que las autoridades no sólo integran ya el expediente que contenga las pruebas que demuestren la culpabilidad de esta organización dedicada a la falsificación de documentos, sino que suspendieron del padrón de importadores a la compañía Tecnomed International. En su página de Internet, esta compañía se ostenta como líder en la distribución y mantenimiento de equipos médicos y de laboratorios, pero Tecnomed tiene 10 años de operación en el mercado y este podría ser un gran revés para su historia de negocios.

Investigan corrupción en Aserca y Seguro Popular

La semana pasada comentamos brevemente las indagatorias en torno al fraude en el Seguro Popular por más de mil millones de pesos, presuntamente cometido por su extitular Juan Antonio Fernández Ortiz, quien ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por un periodo de 10 años y hay una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de la República.

Entre otos funcionarios involucrados en el cuantioso fraude y que son investigados por la SFP, está Juan Antonio González Pérez, exdirector de Financiamiento, a quien se acusa de haber causado un daño patrimonial por varios millones de pesos por la “omisión en la revisión y compulsa de las cartas de adhesión, lineamientos y mecanismos de la operación de programas de desarrollos de mercado de la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño–invierno 2000/2001, en Baja California y Sonora… aplicables para la autorización de pagos realizados a la empresa Agroindustrias Mayo, S.A. de C.V”, según se señala en la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) de Aserca .

El expediente R/04/04, emitido por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Acerca, indica que la autorización de González Pérez para que se hicieran los pagos de las cartas de adhesión 1TBC–DEMPEC–009, 1T01–DEMPEC–004 y 1T01–DEMPEC–005 a Agroindustrias Mayo, ocasionaron un daño patrimonial al erario por 3 millones 931 mil 795 pesos. La resolución administrativa afirma que el exservidor público incurrió en irresponsabilidades, pues dio su autorización fuera del tiempo establecido por las reglas de operación de Aserca.

Ante esta situación, Salvador Reyes Falcón, titular del Área de Responsabilidades del OIC de Acerca, resolvió que el exfuncionario pagaría su sanción por la misma cantidad del daño y no ocuparía ningún empleo, cargo o comisión en el gobierno por una década. Orden que no fue acatada.

Investigadores de la Procuraduría General de la República, que averiguan al excomisionado del Seguro Popular y copartícipes por supuestos delitos de cuello blanco, señalan que José Antonio González Pérez fue uno de los negociadores de un contrato, ahora impugnado por la SFP, que asciende a 742 millones de pesos. Este convenio fue celebrado por el titular del Seguro Popular con Image Tecnology, Cosmocolor, Engenico y Gemplus, para que se llevaran a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa.

Inbursa niega pago de tarjetas

En respuesta a las investigaciones que lleva a cabo el OIC de la Secretaría de Salud, según consta en la auditoría 15/06, donde se revelan pactos con filial financiera del Grupo Carso para realizar más de 161 mil tarjetas, con cargo al erario superior a los 14 millones de pesos, Javier Fonserrada, director general en Inbursa, afirma que esta empresa no recibió pago alguno por la emisión de credenciales para la operación del Seguro Popular.

El directivo de Grupo Inbursa acepta que la empresa realizó “gratuitamente”, sólo como “prueba”, aproximadamente 3 mil tarjetas sin recibir pago alguno, porque estaban interesados en obtener el proyecto de credencialización y que el encargado de hacer los trámites en su representación fue Armando Magaña, subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente.

“Efectivamente trabajamos a petición de Juan Antonio Fernández –exdirector de Seguro Popular–, pero nunca cobramos nada. Estábamos interesados en el proyecto porque evidentemente era muy bueno para poder controlar toda la operación del Seguro Popular, en la entrega de medicinas”.

Fonserrada indica que se hicieron pruebas para demostrar que el sistema que ellos operaban era el mejor, para ser aplicado en el programa de salud. En una primera fase se realizaron unas 3 mil credenciales, pero una vez que les fue solicitada la ampliación de prueba a más de 161 mil, sin mediar contrato, decidieron no continuar con su participación.

“Nunca cobramos un peso por toda la propuesta. Nunca nos contrataron, nos pidieron unas tarjetas a lo que nos negamos sin haber contrato. Era imposible realizar ese volumen. Sabemos que el contrato finalmente se realizó con la empresa Imagen Technology, con la que no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros trabajamos con el interés de participar en el proyecto, que significaban millones de tarjetas y de transacciones. Ya no sé si las tarjetas se hicieron. Si se compraron y están operando, yo no veo en donde estén”, dice el directivo de Inbursa.

Y es que de acuerdo con el “resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

Como ya se había informado, en la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, giró el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente de Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envió al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

Luego, el 7 de julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector técnico operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales, que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

Toda esta operación, dice la auditoría del OIC, significó para el erario público un cargo por 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

Ante los fraudes cometidos en torno a la credencialización del Seguro Popular, programa dedicado a las personas de menores recursos en todo el país, el gobierno panista de Felipe Calderón empieza a darse cuenta de parte de la corrupción en que estuvo sumida la administración de Vicente Fox. Ahora hay que ver si se fincan responsabilidades penales y se encarcela a los culpables.

* Permite Cofepris falsificar pedimentos de importación

* Garantiza Zubiría Maqueo impunidad en caso Oracle

* Investigan a colaboradores de Juan Antonio Fernández

En el servicio de aduanas de la ciudad de México opera de manera regular un sistema de falsificación de pedimentos de importación sin que, hasta ahora, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Administración General de Aduanas tomen cartas en el asunto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), responsable de emitir los permisos sanitarios que exigen el gobierno federal para la introducción de mercancías vinculadas con el sector salud o alimenticio, ha sido violada y vulnerada.

Organizaciones delictivas prácticamente han inundado la aduana de la ciudad de México y se han especializado en la falsificación de certificados de origen, cuyos documentos se utilizan para el contrabando técnico, sobre todo en el caso de productos chinos a los cuales aún se les aplica compensaciones arancelarias con el propósito de evitar prácticas desleales de comercio.

Una de esas organizaciones delictivas es encabezada por Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de agentes aduanales en varios estados del país y quien presume su gran influencia ante las autoridades aduanales de la ciudad de México, en donde ha encontrado un incentivo perverso para que empresas legalmente establecidas acepten importar equipos médicos de todo tipo y suplementos alimenticios a través de permisos sanitarios falsos: para autorizar la internación al país de este tipo de mercancías, la Cofepris tarda más de 90 días. Por ello, muchas empresas han aceptado los servicios de Bracamontes, quien ofrece concluir el trámite de importación en un tiempo récord. Otras, sin embargo, han sabido que se trata de documentos apócrifos y aún así aceptan la relación con esta banda.

Las actividades delictivas de este comisionista se han intensificado entre 2005 y 2006, y ahora cuenta en el oriente de la ciudad de México con una imprenta dedicada exclusivamente a la producción de registros sanitarios de importación falsos, así como certificados de origen tanto de Estados Unidos como de China. Bracamontes hace creer a las empresas que aceptan pagar por documentos falsos que ejerce un supuesto tráfico de influencias desde la Secretaría de Salud, por lo que garantiza que no se verán descubiertos.

Los permisos de importación y certificados de origen falsos se venden entre 10 mil y 70 mil pesos cada uno, según el monto de las mercancías importadas. Se trata, sin embargo, de un gran negocio, como consta en documentos bancarios de estos supuestos agentes aduanales y en poder de Oficio de papel.

Lo más grave de este fraude federal es que durante los últimos dos años se han introducido al país una gran cantidad de equipos médicos sin que la Cofepris conozca qué tipo de productos llegan al país, qué calidad tienen y sin control alguno. Pero no sólo eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social también ha sido afectado. En las licitaciones convocadas por el organismo tripartita han participado compañías que aparecen en la lista de “clientes” de Bracamontes. Así, los pacientes del IMSS han sido tratados con equipos cuyo uso en humanos no ha sido certificado por la Cofepris. Aún más grave, derechohabientes han recibido tratamientos equivocados luego de haber sido valorados con equipo médico importado de dudosa calidad y que llegó al país gracias a los pedimentos de importación falsificados por Bracamontes.

Aunque este asunto es como una papa caliente que le quema a la Cofepris, este organismo ha sido permisivo para evitar cualquier escándalo. Aún más, la Cofepris ha sido constantemente vinculada con el caso del supuesto narcotraficante chino Zhelin Ye Gon. Tal vez por esta razón es que sus autoridades y las de la Secretaría de Salud han sido omisas para atender y mucho menos resolver este caso de corrupción, a pesar de que tienen la información y los documentos que confirman la falsificación de los pedimentos de importación.

De hecho, hace apenas unas semanas en la aduana del Aeropuerto Benito Juárez se encontró un enorme cargamento de pseudoefedrina que estuvo a punto de ser sustraída por supuestos miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero al final se evitó que un grupo delictivo se apoderara de la droga.

A la Cofepris sólo le bastaría realizar una pequeña compulsa entre los pedimentos sanitarios de importación de las compañías involucradas para verificar que se trata de documentos falsos. La lista de nombres de las importadoras en poder de las autoridades es casi pública. Algunas de ellas son: Mexglobal, Planeación Integral de Unidades Médicas, Sistemas Biomédicos de México, ABC Líneas Médicas Profesionales, Tecnomed International, Equipos Médicos Bioscience Méxic, Ingenieros Biomédicos Asociados, y Canprev.

Entre las agencias aduanales involucradas se encuentran las de Guillermo Dueñas Ramírez, Sergio Gabriel Aguilar Mayor y Jorge Zendejas Rodríguez, con patentes 3817, 3367 y 3824. Bracamontes opera este “negocio” junto con Abraham Camargo Tejeda; Enrique Haro López y Adriana Juárez Cervantes, quien los representa en Tlaxcala y también se dedica a la falsificación de documentos.

Resulta preocupante cómo es que las empresas encargadas del segundo despacho aduanero en la ciudad de México y a las cuales durante la administración del pillo Francisco Gil Díaz se les entregó la vigilancia del sector aduanero, no han registrado este tipo de ilícitos. Sabemos que han sido sólo un par de casos de permisos irregulares los que se han detectado y que las autoridades no han ido al fondo del asunto. Quizás porque hay funcionarios que reciben mensualmente prebendas.

La impunidad de Oracle

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, admitió que en el caso del Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria –también conocido como Plataforma de Solución Integral– no se investiga a la empresa Oracle ni a los funcionarios responsables de los retrasos y sobre costos del convenio.

Entrevistado el pasado jueves en la Universidad Iberoamericana, donde participó en el Foro sobre la Reforma Fiscal, Zubiría Maqueo aseguró que ningún servidor público será sometido a alguna indagatoria, hasta comprobar la funcionalidad del sistema informático. La misma suerte correrá la empresa, a pesar de que, según fuentes del SAT, los incumplimientos de Oracle –empresa vinculada con el cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala– incrementaron el presupuesto original, que ascendió a 82 millones de dólares, a más de 450 millones.

De acuerdo con los informantes, los gastos más onerosos se concentran en la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos inicialmente, asesorías externas, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina al proyecto. La contratación de Peoplesoft tuvo por objetivos lograr una mayor recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención y tener mayor control de los contribuyentes. Ninguno se ha cumplido, a pesar de que las cláusulas del convenio establecen como fecha límite de compromisos el 31 de diciembre de 2006.

Esta es la entrevista a Zubiría Maqueo:

–¿Qué ha pasado con la Plataforma de Solución Integral?

–Estamos en las últimas pruebas para, posiblemente creo que con todos los elementos, poder liberar el 27 de agosto el nuevo portal del SAT, y dentro de ese nuevo portal la funcionalidad que hoy tienen todos nuestro locales asociados a la inscripción, altas, bajas, cambios de los contribuyentes. Creo que con esa liberación vamos a darle vuelta a la hoja en este tipo de situaciones. Estamos hablando de una semana dos días.

–¿En el caso de la plataforma integral también se están investigando a los funcionarios que permitieron los retrasos? ¿A la empresa Oracle le fincarán alguna responsabilidad?

–Primero vamos a sacarla y ya después vemos eso, ¿no?

–¿Es correcta la cifra de los 450 millones de dólares que, según algunos de sus funcionarios, se han empleado en este proyecto?

–Espéreme. Después me dice en dónde.

–Ingeniero, ¿se han utilizado recursos de ISOSA y del fideicomiso Aduanas I para financiar el proyecto Plataforma de Solución Integral?

–Para la Plataforma nos hemos estado apoyando mucho de los recursos del Banco Mundial. Para la transformación del SAT, que es un proyecto mucho más amplio, hemos estado utilizando los recursos que tenemos disponibles. Aduanas I ya no existe, ya se liquidó.

–Y qué pasó con el dinero fideicomitido, por alrededor de 10 mil millones de pesos.

–Está reportado en la página del SAT. Entre a la línea de fideicomisos, ahí está la información y las acciones que estamos tomando.

La ausencia de investigaciones contrasta con el discurso de Zubiría Maqueo, quien en el caso del chino–mexicano Zhenli Ye Gon, advirtió que no encubriría a funcionarios de la institución descubiertos en actos delictivos: Luis Roberto Patrón Arregui, administrador general de Innovación y Calidad del SAT, acusado de proteger y ayudar al empresario en la importación seudoefedrina.

Inconformidades

Los funcionarios consultados señalan que la contratación de Peoplesoft, ahora Oracle, “no tuvo razón de ser”: en 2004, el SAT ya contaba con una plataforma tecnológica denominada Cemex Way, desarrollada por Neoris, filial de la cementera de Lorenzo Zambrano.

Con el proyecto Cemex Way, la SHCP decidió concentrar todas las áreas informáticas del SAT en la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información (AGCTI); por lo que, según las fuentes, el proyecto Plataforma de Solución Integral debió asignarse a esa área y no crear una nueva, a cargo de Jorge Luis Ibarra.

Los informantes responsabilizan del dispendio al titular del SAT, José María Zubiría, a quien “se le recomendó optimizar recursos y no tener agendas paralelas”. En efecto, Jorge Luis Ibarra fue líder del proyecto y en la actualidad es titular de la AGCTI.

El 30 de septiembre de 2002, la Secretaría de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, firmaron el contrato de préstamo 7127–ME, por 52 millones de dólares.

Para financiar parcialmente el proyecto Plataforma –cuyo costo total ascendería a 82 millones de dólares, según los cálculos del propio SAT–, el gobierno federal debía aportar sólo 30 millones de dólares y no los más de 450 millones que, según las fuentes presumen, han sido gastados.

Durante su participación en el Foro de la Reforma Fiscal, realizado en la Universidad Iberoamericana, Zubiría Maqueo aseguró que ser funcionario público “no es lo que uno pensaba hace algunos años. Hoy un funcionario público, por una insinuación de una averiguación previa, pierde la reputación que durante 60 años estuvo construyendo como persona digna”. ¿Usted le cree?

Más corrupción en Seguro Popular

Las indagatorias en torno al fraude en el Seguro Popular por más de mil millones de pesos, presuntamente cometido por su extitular Juan Antonio Fernández Ortiz y su equipo cercano de colaboradores, abren nuevas averiguaciones en torno a funcionarios corruptos que operaron con el también excoordinador de los Amigos de Fox, desde que trabajaban en la Secretaría de Agricultura. Es ahora, Juan Antonio González Pérez, exdirector de Financiamiento en el programa estrella del foxismo, quien es investigado a fondo por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fuentes cercanas a la pesquisa indican que González Pérez fue protegido por Fernández Ortiz para que no procediera en su contra una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público y le fuera aplicada una multa por casi cuatro millones de pesos, luego de que el 18 de septiembre el Órgano Interno de Control de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Acerca), entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura, resolvió que había ocasionado un daño al erario por varios millones de pesos.

El manto de impunidad con el que Fernández Ortiz protegía a sus colaboradores evitó que se sancionara administrativa y económicamente a González Pérez, por el contrario, éste continuó en el servicio público hasta el 18 diciembre de 2006, según se confirmó en el área de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Pieza estratégica en las negociaciones para echar andar el fraudulento sistema de credencialización del Seguro Popular, a González Pérez, también exdirector general de Medios de Pago de Apoyos de Aserca, se le atribuyó la “omisión en la revisión y compulsa de las cartas de adhesión, lineamientos y mecanismos de la operación de programas de desarrollos de mercado de la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño–invierno 2000/2001, en Baja California y Sonora… aplicables para la autorización de pagos realizados a la empresa Agroindustrias Mayo, S.A. de C.V”, señala la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) de Acerca. Pero de esta tema hablaremos ampliamente la próxima semana.

* El claro conflicto de interés de José María Zubiría
* ¿Por qué quemó sus barcos el responsable del SAT?
* La revancha: demanda Gómez Urrutia a Vicente Fox

Como si no fueran pocos los problemas que enfrenta el aún titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poner en marcha la Plataforma Integral, los legisladores exigen que tome cartas en el asunto y, por lo menos, inicie una investigación sobre Luis Roberto Patrón Arregui, su director Administrador General de Innovación y Calidad.