Oficio de Papel

*Los acuerdos ocultos en Loreto, BCS
*Paga Fonatur 11 mdd a acreedores
*Carstens, Hacienda y el Flat Tax

Un abultado expediente sobre los litigios que se han iniciado por el control de los mejores terrenos en Baja California Sur forma parte de los documentos reservados por la nueva Dirección General de Fonatur, a cargo de Miguel Gómez Mont, fundador de la Corporación GEO, una de las principales desarrolladoras de vivienda del país, y vinculado a la familia de abogados Gómez Mont.

El motivo del temor de Gómez Mont, es que hay varias solicitudes de información que se han presentado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre este caso que involucra desfalcos por al menos 28 millones de dólares que se han tenido que cubrir con dinero del erario federal, sin que hasta ahora haya responsables.

En la gestión de Alfredo Del Mazo en Fonatur se permitió todo tipo de incumplimientos en torno al desarrollo de Loreto como Centro Integralmente Planeado (CIP), en donde el Grupo Prodipe, conformado por supuestos inversionistas franceses y exfuncionarios de Fonatur, se dio el lujo de demandar al gobierno federal por los derechos sobre terrenos y la bahía que acompaña a este destino turístico, uno de los lugares más bellos del país.

Así pasó prácticamente una década sin que en Puerto Escondido, Baja California Sur, pudiera desarrollarse un centro turístico que satisficiera la demanda de turistas, sobretodo de origen estadounidense ávidos de las playas del Mar de Cortés, de las montañas y del desértico panorama que conformaban un escenario único.

Ahora el presidente Felipe Calderón, frente a la amenaza en la caída de los ingresos petroleros, piensa que en Loreto descubrió una gran mina de oro. Para ello ordenó al director general de Fonatur que liberara de todo tipo de gravámenes a ese destino turístico.

En 2001 Vicente Fox intentó fallidamente la misma estrategia calderonista, en donde el expresidente prometió inversiones por más de 200 millones de dólares, pero el anuncio sólo quedó en palabras. En ese año, funcionarios de Fonatur, a cargo de John MCcarthy, reconocieron que para lograr las inversiones anunciadas por Fox era necesario otorgar avales y garantías adicionales a los inversionistas extranjeros para que aceptaran llevar sus recursos a ese destino.

Así pasaron dos años y en 2003 el fondo canadiense TDS dio a conocer que destinaría mil 500 millones de dólares al desarrollo turístico de Loreto, en donde Prodipe Jean Mary-Sanson y Alfredo Balí, un exfuncionario de la Nacional Hotelera, reclamaban derechos históricos, pero quedó fuera del acuerdo.

El litigio, era un hecho, seguía sin permitir al gobierno federal echar manos de los paradisíacos terrenos. El expediente del acuerdo firmado entre TDS y Fonatur también está reservado, y según las razones de Fonatur de darse a conocer los documentos que avala la entrega de terrenos en Loreto, se violaría el derecho al secreto comercial e industrial de TDS por revelarse sus estrategias de mercadotecnia.

El problema de fondo es que se presume que el gobierno federal no obtuvo nada a cambio y sí se comprometió a realizar inversiones por más de 50 millones de dólares en urbanización y desarrollo municipal que favorecerá a los inversionistas extranjeros y sólo en una pequeña medida a los 15 mil pobladores de la  región.

El mayor problema al que se enfrenta Loreto, ubicado en un lugar casi desértico del Golfo de California, es el acceso al agua potable. De hecho, las estimaciones de grupos ambientalistas indican que la zona necesita urgentemente de medidas de control sobre el acceso al agua potable.

Bajo estas condiciones resulta inexplicable cómo es que el gobierno de Vicente Fox se aventuró a buscar inversión extranjera para explotar de manera indiscriminada los recursos naturales de la región. Aún más resulta mucho menos razonable que el presidente Calderón impulse inversiones por más de 8 mil 500 millones de dólares para la edificación de más de 35 mil cuartos de hotel que representarían un crecimiento poblacional de al menos 125 mil personas.

Las advertencias están sobre la mesa. Las autoridades municipales de la región aseguran que no permitirán inversiones turísticas si los inversionistas extranjeros no se comprometen antes a construir infraestructura para el tratamiento de agua, pero sobre todo para desalinización del agua de mar. Sólo así, advierten, contarán con agua suficiente para abastecer las necesidades de sus complejos turísticos. Hasta ahora, sin embargo, no existe ninguna garantía de que cumplan con los acuerdos previstos para desalinizar agua.

El equilibrio ambiental de Loreto, sin duda, está en riesgo. Pero lo que también está en peligro es la transparencia con la que se está manejando la construcción de ese nuevo CIP de Fonatur. Hasta ahora sólo se dan a conocer las inversiones y los supuestos beneficios que traerán la inversión y el turismo extranjero a la región. Sin embargo, no se informa sobre los términos de los contratos para ceder estos territorios. Aún más, la Secretaría de Turismo ha censurado al llamado turismo all inclusive que se ha caracterizado por ceder la mayor parte de las divisas al país de origen de los inversionistas extranjeros.

A cuenta gotas

Ante la negativa de Fonatur de no dar a conocer información sobre estos proyectos que incluyen a la española Fadesa con una inversión por más de 5 mil millones de dólares, investigaciones periodísticas con autoridades locales de Loreto indican que el presidente Calderón fue informado de que después de décadas de litigios se concluyó con los pasivos jurídicos y gravámenes que arrastraba Loreto.

Ahora, dijo Calderón frente a los loretanos, el Estado recuperó la propiedad de los terrenos de Puerto Escondido. El problema, según Fonatur, se habría solucionado con el pago de 11 millones de dólares a los acreedores que aún reclamaban derechos sobre estas propiedades.

Las preguntas son: ¿A quien se liquidó esta cantidad? ¿A Jean Mary-Sanson? ¿A Alfredo Balí? ¿A los inversionistas que durante décadas  reclamaron derechos sobre Loreto pero también incumplieron las inversiones comprometidas?

En 2003 la Procuraduría General de la República libró una orden de aprehensión en contra de Mary-Sanson, quien dejó el país para eludir cualquier acción judicial en su contra. Su exabogado Everardo Espino confirmó que ya no se encuentra en el caso y que, incluso, el supuesto inversionista francés tampoco cubrió sus honorarios.

En el fondo Mary-Sanson, como lo documentó en su momento esta columna, formó un grupo de inversionistas con participación de exfuncionarios de Fonatur que coludidos buscaron aprovechar el desarrollo turístico que se preveía para la región de Loreto, siempre sin los adecuados impactos ambientales.

Alfredo Balí también parece estar fuera de la liquidación que entregó Fonatur. Así lo confirmó en una llamada telefónica en la que dijo no estar al tanto de la operación que libró a Puerto Escondido de la cadena de juicios. Aparentemente Fonatur habría pagado esos 11 millones de dólares a bancos que habían involucrado recursos en el proyecto que encabezaba Prodipe. Santander habría sido uno de los bancos beneficiados por este acuerdo. Sin transparencia, es un hecho que el proyecto de Loreto-Nopoló-Puerto Escondido generará grandes suspicacias. Por lo pronto hasta ahora no se conoce quiénes participan con inversionistas extranjeros.

El Flat Tax y el FMI

Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda y ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegura que la llamada Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) que conforma una gran parte de la reforma fiscal integral presentada por Felipe Calderón, no es una tasa de impuestos plana (Flat Tax) como la que se aplicó en Estonia y Rusia.

No es así, dijo Carstens, porque se seguirá interactuando con la tasa de 28 por ciento del CETU. Sin embargo, esta contribución que algunos consideran draconiana y que sólo se dirige a gravar a los contribuyentes cautivos, se calcula sobre los ingresos brutos con una base fija, tal y como se hace con el Flat Tax.

En septiembre de 2006, los analistas del FMI, Ricardo Varsano, Micheel Keen y Yitaem Kim, dieron a conocer varias conclusiones reveladoras sobre el Flat tax y sus resultados en el largo plazo para las economías de Europa del Este que lo han adoptado. ¿Será por ello que algunos países como Inglaterra y el propio Estados Unidos han tomado sus reservas ante la aplicación del  impuesto de tasa única?

Critica lectora a Juan Antonio Fernández

Desde hace un año hemos documentado las irregularidades que el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, creador del grupo político Amigos de Fox, cometió durante el gobierno anterior al frente del programa denominado Seguro Popular, desde donde desvió recursos públicos en el proceso de credencialización para la población más pobre del país, el cual tuvo un costo para el erario público de 368 millones de pesos, mediante el cual se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, por lo que ahora la Secretaría de la Función Pública lo ha inhabilitado por 10 años por el delito de abuso de poder.

Una lectora de esta columna, Tania Salgado, envía sobre ese tema el siguiente mensaje:

“He estado siguiendo muy de cerca la información que escribe acerca de Juan Antonio Fernández, conozco muy de cerca a la actual esposa de este pillo, y sé que todo lo que se dice de él y más es cierto; por ejemplo, las más de seis propiedades que adquirió a nombre de la señora Rocío Josefina Herrera Villagrán, en el año 2006, 2 de ellas en Acapulco, 2 en Bosque Real y 2 más en un edificio a la vuelta del teatro Ofelia, en la ciudad de México.  

“Además de los automóviles y viajes en los que por supuesto iba la señora Rocío y en los que se ufanaba de haber firmado más de 400 mil pesos en un crucero, por ejemplo. 

“Es de las personas cercanas a la señora Rocío Herrera, que desde hace muchos años, más de 20, es amiga cercana del señor Jorge Kawachi, y casualmente la empresa que tuvo la credencialización a su cargo es de uno de los sobrinos de éste señor. ¿Coincidente no?

”Me parece indignante que un pillo de éste calibre sólo reciba una pena tan pequeña y que haya afectado a tantos millones de pobres en este país.

• Inútil burocracia en la estructura azucarera
• Los onerosos gastos de las privatizaciones
• Piden la renuncia a del Cueto en la CNBV

Antes de que se presente el concurso mercantil de los principales molinos fabricantes de azúcar refinada en el país, el Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), del empresario Enrique Molina, busca que el gobierno de Felipe Calderón reconozca lo que él mismo califica como “errores” cometidos durante la administración de Vicente Fox en la expropiación de los ingenios azucareros. No se cumplieron, argumenta, los objetivos: el saneamiento del patrimonio de los ingenios mediante la intervención del gobierno federal para eficientar y optimizar su gestión, lo que permitiría que éstos cumplieran con los compromisos adquiridos con bancos y trabajadores.

Si bien los dueños de los ingenios reconocen que el gobierno foxista realizó una aportación de mil millones de pesos para cubrir las contingencias laborales inmediatas, aseguran que se procedió a crear fideicomisos y vehículos jurídicos innecesarios que originaron una importante carga económica en su operación y en la privatización de la comercialización del azúcar que produjeron.

Como lo documenta y sanciona la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la creación de entidades como el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) y de la Promotora Azucarera (Proasa) resultaba innecesaria y costosa, pues al final la administración de los ingenios se transmitió a fideicomisos privados, creados con el fin de administrarlos y operarlos en sustitución de dichas entidades. Es un hecho, no se pensaba en la quiebra, como documentamos en una columna anterior, sino en transferir su propiedad a otros empresarios cercanos al gobierno. Los planes, sin embargo, no prosperaron debido a que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la expropiación luego de que se negó el derecho de audiencia a los propietarios originales.

Además de estos fondos, se creó un fideicomiso más, el Fideicomiso Comercializador (Fico), cuyo único objeto era fungir como un mecanismo de carácter comercial, financiero y administrativo que facilitara la operación de los ingenios. Pero además, el 29 de agosto de 2003 Proasa, actuando como fideicomitente, constituyó con Nacional Financiera (fiduciaria) un fideicomiso por cada uno de los 27 ingenios expropiados con la finalidad de dirigir su administración y comercialización de productos.

Aunque el precio del azúcar, como en ninguna otra época, registró incrementos significativos, la Procuraduría General de la República –pese a las diligencias de la propia Secretaría de Agricultura– ha solicitado el concurso mercantil de las sociedades que controlan los activos de los ingenios del Grupo Caze.

Para los propietarios de estos ingenios sólo hay una explicación: “las utilidades generadas por su producción sólo beneficiaron económicamente a los fideicomisos creados para administrarlos, los cuales se encuentran fuera de la fiscalización gubernamental por ser entidades privadas”.

Tan sólo los ingenios que forma parte del Grupo Caze han reportado pérdidas netas al 31 de diciembre de 2005 por más de 14 mil 177 millones de pesos, a pesar de los ingresos obtenidos a partir de la expropiación. Así es lógico que las deudas de Caze llegaran a 18 mil millones de pesos, pero lo que resulta un misterio es ¿qué sucedió con los ingresos por venta de azúcar que registraron sus molinos durante más de cinco años? El Potrero, El Modelo, San Miguelito, La Providencia, Casasano, La Abeja, Atencingo, Emiliano Zapata y Plan de San Luis produjeron  azúcar cuyo precio se ubicó entre los más altos del mercado, de acuerdo con información del Fico.

Pero la pérdida que reportan los ingenios de Caze es resultado de un ajuste al valor de los activos de estos ingenios por más de 9 mil 444.9 millones de pesos y que permitió la transferencia de los mismos en 2005 a los fideicomisos privados a valor muy inferiores a los avalúos practicados por Financiera Nacional Azucarera como acreedora.

Aquí comenzarían los incumplimientos de la expropiación. Si el objetivo era proteger a los acreedores públicos y privados, entonces ahora contaban con menos garantías de las que tenían antes de que el gobierno federal se hiciera cargo de ellos. Por eso para la Secretaría de Agricultura el concurso mercantil nunca fue una salida. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado el concurso mercantil luego de verificar la insolvencia provocada por la sustracción de sus activos por fideicomisos privados.

Pero Enrique Molina también operó, por ejemplo cuando constituyó fideicomisos en HSBC (antes Bital) para renegociar sus adeudos con la extinta Financiera Nacional Azucarera (Finasa), mientras que adeudaba grandes cantidades de dinero a los trabajadores. Ahora la Auditoria Superior de la Federación tendrá que revisar cuál fue exactamente la responsabilidad del empresario y cómo afectó esta situación a los activos del grupo.

Los accionistas de Caze aseguran, en cambio, que hasta antes de la expropiación sus ingenios cumplían ante los acreedores con sus obligaciones de pago.

En su informe sobre la Fiscalización del Sector Azucarero 2000–2005, la ASF aseguró que la situación financiera y patrimonial en la que se encuentran los ingenios expropiados es “a todas luces inadmisible”, pues los negocios que en ese momento estaban en marcha ahora no tienen valor alguno ni como acciones ni como activos, lo que ocasiona incumplimientos con los acreedores.

Sin embargo, el argumento en el que los ex propietarios basan sus argumentos resulta muy discutible: ¿por qué tanta insistencia en buscar que se les regrese la propiedad de los ingenios? ¿Por qué empresas como Grupo Azucarero Mexicano aceptaron la quiebra de sus ingenios en silencio a cambio de que se les reintegraran algunos? Porque los ingenios azucareros, sobretodo ahora que se presenta la oportunidad de negocios alternos vinculados con la energía, pueden convertirse en verdaderas minas de oro.

En esta historia no hay victimas ni villanos, acaso sólo culpables de las decisiones que se tomaron, y es claro que fue para beneficiar a ciertos grupos ligados con el gobierno foxista.

Será durante las cuentas públicas subsecuentes cuando la ASF revise la conclusión del proceso de disolución y liquidación de Fina, y continúe con la fiscalización de los fideicomisos creados para la expropiación de los ingenios, en tanto no se materialice la enajenación de los ingenios propiedad del gobierno federal a través del SAE o, en su caso, sean incorporados al sector paraestatal.

La ASF revisará las acciones de entrega de los ingenios que el gobierno federal realice –los próximos podrían ser los de Caze– en línea con las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia. Así, fiscalizará las acciones relacionadas con el pago de los ex propietarios y la procedencia de los recursos utilizados, así como los pagos de pasivos a Fina, en línea con el decreto publicado el 30 de mayo de 2006.  Todo ello avalará o no la ilegalidad del costo fiscal derivado de los pasivos contraídos por los ingenios azucareros.

Al 31 de diciembre de 2005, este costo fiscal era de 15 mil 591.1 millones de pesos, recursos que se han empleado en la operación de las unidades expropiadas, los pasivos de Fina y los ingenios propiedad del gobierno federal así como para indemnizar a los ex propietarios de 4 ingenios. A esta cantidad es necesario agregar el costo de la indemnización de los 9 ingenios que causaron estado con el Decreto de Expropiación. El costo, sin embargo, podría disminuir por la recuperación de recursos derivados de la enajenación de 12 ingenios que son propiedad del gobierno federal.

Más que oportuno

La copia de la escritura pública de la Promotora Azucarera al 25 de abril del 2002, exhibe un cambio interesante, se trata del nombramiento de Fernando Zendejas Barroeta como presidente de esta empresa, en sustitución de Jorge Laborín Gómez, a quien la ASF ha señalado en varios documentos como protagonista de severos conflictos de interés en el proceso de expropiación de ingenios azucareros, pero sobre todo en su administración. Su hermano Mario Laborín, como director general de Nacional Financiera, es responsable de la creación de los fideicomisos privados que ahora censura el máximo órgano de rendición de cuentas y fiscalización del país.

Cambios en la CNBV

Académico, pragmático y crítico feroz del sistema bancario, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Roberto Del Cueto, podría dejar durante las próximas semanas ese cargo. Hasta ahora no se conocen las razones de la decisión, pero es un hecho que Del Cueto no ha tenido la mejor relación con la banca y las entidades que participan en el mercado de valores, a las cuales se ha atrevido a criticar y hasta a investigar por el delito de “lavado” de dinero. Al catedrático del ITAM le ha tocado manejar, por ejemplo, la investigación sobre las actividades en bolsa de Ricardo Salinas Pliego o la investigación por supuesto uso de información privilegiada en la compra de Jugos del Valle por parte de Coca–Cola FEMSA (KOF). Egresado, como el presidente Felipe Calderón, de la Escuela Libre de Derecho, Del Cueto también tuvo que hacer frente al cabildeo de la banca para evitar la regulación de sus tarifas.

Guillermo Babatz, el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, fue uno de los hombres que mencionó el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, para el relevo de Del Cueto. Sin embargo, también se encuentra Guillermo Zamarrita de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHPC.

Del Cueto se iría sin librar otra batalla: la autonomía de la CNBV que, en medio del clima electoral, se interpretó entre algunas fracciones del Congreso de la Unión como un mensaje cifrado para acotar al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, de haber llegado a la Presidencia de la República. En fin, que los poderes fácticos de la banca se siguen moviendo

* Inhabilitan 10 años a Juan Antonio Fernández
* Abuso y desvío de recursos del Seguro Popular
* Obligan a SFP a sancionar al ex amigo de Fox

Si es despreciable que un servidor público se enriquezca con el presupuesto que se le asigna para cumplir con el trabajo por el cual recibe un salario, mucho más grave es que desvíe el dinero destinado a la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Este es el caso de Juan Antonio Fernández Ortiz, quien al frente del programa estrella del gobierno de Vicente Fox, denominado Seguro Popular, se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, con lo cual cometió el delito de abuso de poder, según determinó la Secretaría de la Función Pública.Al mando del joven panista Germán Martínez, esa secretaría responsable de prevenir, vigilar y controlar el uso eficiente del gasto público, determinó que el actuario Fernández Ortiz, pieza clave en la campaña presidencial que llevó a Vicente Fox a Los Pinos a través de la asociación Amigos de Fox, cometió irregularidades administrativas en el proceso de credencialización de la población más pobre del país, que tuvo un costo de 368 millones de pesos, y desvío recursos en beneficio propio y para las empresas Grupo Inbursa e Image Technology.

Ante ese abuso de poder, la Función Pública resolvió el 31 de mayo de 2006 inhabilitar por 10 años a Fernández Ortiz para ejercer cualquier cargo en la administración pública federal y una multa por 454 mil 528 pesos por los recursos desviados; sin embargo se trata sólo de sanciones administrativas, por lo que habrá de esperar las sanciones penales que el caso amerita, pues el abuso cometido por el desvío de recursos está más que probado y no puede quedarse sólo en una simple inhabilitación que al final de 10 años le permitiría volver a robar dinero a los mexicanos.

El seguimiento que la reportera Erika Ramírez ha hecho del caso impidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera carpetazo y, una vez más, quedara en la impunidad la denuncia que se había hecho en contra del titular del Seguro Popular.

Como ha sido costumbre desde que fue creada, la SFP sólo ha servido en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón como tapadera de las corruptelas de la burocracia, es un ente que oculta, archiva y guarda expedientes sin sancionar a los responsables, y sólo cuando se trata de algún ajuste político es utilizada esa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como un instrumento de venganza y ajuste de cuentas, al más puro estilo de la mafia.

Según el expediente 15/2007–BIS de la SFP, el mal uso de los más de 300 millones de pesos fue para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes cuyo contrato fue asignado en medio de múltiples irregularidades a la empresa Image Technology. Pero éste no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que Felipe Calderón ha anunciado que continuará con dicho programa.

De acuerdo con el trabajo periodístico de Erika Ramírez, previo a la licitación pública 1216100–004–05 el ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.

En el “resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa –filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim–, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17  discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

Historia del fraude llamado Seguro Popular

Desde febrero de 2006 se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente “Tu Salud” (revista Contralínea 50).   

Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó, en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de  tarjetas inteligentes.

Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo, esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron que la inconformidad era “infundada” en diciembre de 2005.

Pero las investigaciones de la revista Contralínea motivaron que se reabriera el expediente en Función Pública ante las nuevas evidencias de la corrupción en la administración del Seguro Popular, pero dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1de diciembre de 2005.

El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área, y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que revela las componendas y las ventajas para esa empresa le dispensó al equipo de funcionarios corruptos.

Fuentes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.

Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP se vieron obligados a reabrir los expedientes del Seguro Popular para evitar que fueran acusados de negligencia y omisión por negarse a investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.

A través del acuerdo 12/1.0.3.2.1, el OIC de la Secretaría Salud inició la auditoría 15/06 CNPSS al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.

El documento, fechado el 27 de junio del 2006, señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.

Según la convocatoria 12161001–004–05, Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que el costo real de la producción de dichas tarjetas es de apenas 20 pesos por cada una y no de más de 80 pesos, lo que de ser cierto significaría un sobreprecio de más de 300 por ciento.

Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, detalla que se erogaron 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.

Otro de los funcionarios que eran investigados por la SFP, entonces encabezada por Eduardo Romero Ramos, es el director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Loyola –colaborador y amigo de Fernández Ortiz desde que ambos laboraron en Secretaría de Agricultura– por supuesto lavado de dinero. 

Funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organización que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.

* Las malas intenciones de la expropiación azucarera

* Francisco Mayorga tiene que explicar su negligencia

* Enrique Molina podría recuperar todos los ingenios

Al revisar las primeras cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (único órgano de vigilancia perteneciente al Congreso que sirve para contrarrestar la grave corrupción gubernamental) advirtió que el director de Nacional Financiera, Mario Laborín, también ahora director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, tendría responsabilidad sobre la escasa transparencia y gestión de los ingenios azucareros, luego de la constitución de los fideicomisos que administran los activos del endulzante desde 2001, producto de su expropiación.

Pero a la distancia observamos que la rendición de cuentas sobre este caso tendría que ir más allá y alcanzar al ex titular de la Secretaría de Agricultura en el gobierno foxista, Francisco Mayorga, quien tiene mucho que explicar sobre los errores jurídicos cometidos, sobretodo en los últimos meses de la administración de Vicente Fox, como si alguien hubiera pagado para solventar el asunto.

Entonces, ¿quién pagará los platos rotos y las pifias cometidas durante la fallida expropiación de los ingenios azucareros? ¿Cómo explicar a los contribuyentes que después de contener con recursos públicos la crisis del sector y las deudas de los ingenios del Grupo Caze, propiedad del empresario Enrique Molina –por cierto dueño también del lujoso hotel Ritz Carlton de Cancún–, podría recuperarlos como si nada hubiera pasado? 

Si bien fue Javier Usabiaga, el torpe secretario de Agricultura del autista presidente Fox, quien firmó junto con los abusivos secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Economía, Luis Ernesto Derbez, y de Función Pública, Francisco Barrio Terrezas, además del propio Fox, el decreto que declaró la expropiación de los ingenios en función de la “utilidad pública”, a Mayorga le tocó la peor parte: responder jurídicamente a las demandas de nulidad en contra de dicho decreto, declarado a principios del año pasado improcedente e inconstitucional.

Fue al ex secretario Mayorga a quien le correspondió dirigir la defensa jurídica frente a los costosos equipos de abogados contratados por los empresarios Enrique Molina (Caze), Juan Gallardo Thurlow (GAM) y Teresa Machado (Grupo Machado), quienes demandaron la inconstitucionalidad de la expropiación y la restitución de los activos.

Al Grupo Azucarero México se le reintegraron parcialmente los ingenios y las familias Gallardo Thurlow y Cortina se preparan ahora a participar en el mercado de biocombustibles con la producción de etanol y bagazo de caña; mientras que a Molina, inexplicablemente, la suerte también podría volverle a sonreír gracias a la negligencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno foxista y a quienes, por lo menos, se les debe investigar para determinar si no fueron sobornados para simular la defensa de la expropiación a cambio de jugosos portafolios de dinero.

La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tendrían que determinar si Mayorga tuvo que haber acelerado la liquidación de los activos de Caze, como parte del proceso de concurso mercantil bajo el cual se colocaron los activos de los ingenios El Potrero, El Modelo, San Miguelito, La Providencia, Casasano, La Abeja, Atencingo, Emiliano Zapata y Plan de San Luis.

El hecho es que al llegar a la Secretaría de Agricultura, el político jalisciense Francisco Mayorga decidió cambiar al equipo jurídico que, hasta ese momento, se había hecho cargo del expediente azucarero. Todo empezó con la coordinadora general Jurídica de la dependencia, Lilia Ochoa; después ordenó varios desistimientos sobre las acciones jurídicas para promover procesos de conciliación, como parte de los concursos mercantiles iniciados para resolver la situación de pagos vencidos de los ingenios. Este, precisamente, fue el caso del Consorcio Caze, que en 2006 registraba activos por mil 200 millones de pesos, mientras que sus deudas sumaban más de 18 mil millones.

Además, Caze tenía una lista de más de 400 acreedores que esperaba solución al pago de sus adeudos. Fue así que el gobierno federal destinó casi 2 mil millones de pesos al pago de pasivos urgentes en los ingenios que expropió, dando prioridad a cañeros y trabajadores. Se trato, por supuesto, de recursos a fondo perdido pagado con el presupuesto público de todos los mexicanos. Es decir que ni gobierno federal ni contribuyentes recuperarían dichos recursos.

Una historia de corrupción y componendas

Hace cinco años se justificó la expropiación al asegurar que se trataba de una bomba de tiempo social. No obstante, también se hizo público el interés de Lino Korrodi, uno de los principales traficantes de influencias y artífices para que Fox asumiera la Presidencia en medio de hechos de corrupción, y de otros “Amigos de Fox” por participar en el sector azucarero, a fin de aprovecharse de aquella expropiación gubernamental que el amigo Fox había ordenado.

Después de todo, aún nostálgicos por su participación en Coca–Cola (en donde se encargaban de las compras de inventarios de azúcar), Korrodi, Fox y sus amigos presumían tener suficiente experiencia para hacer grandes negocios en esta industria.

Así, mientras el decreto expropiatorio incurrió en la equivocación de otorgar derecho de audiencia a los afectados, Mayorga decidió dejar pasar el tiempo antes de resolver los problemas que involucrarían acciones tardías y costosas para el erario. Sabía, por ejemplo, que Caze pignoró caña de azúcar con la Almacenadora México cuando se trataba de operaciones no permitidas por las regulaciones financieras en la materia.

Además, Molina constituyó fideicomisos con HSBC (antes Bital) para renegociar sus adeudos con la extinta Financiera Nacional Azucarera (Finasa) y adeudaba grandes cantidades a los trabajadores, quien siempre son los grandes perdedores. El proceso de concurso mercantil y la eventual quiebra, en el expediente de Caze, estaban más que justificados.

Una verdadera telaraña de intereses y acreedores esperaban recuperar sus capitales. Fue así como el 14 de abril de 2006 se presentó la solicitud de concurso mercantil contra Caze, demanda radicada en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, bajo el número de expediente 73/2006–III.

El 21 de abril, las autoridades de dicho Juzgado admitieron a trámite la solicitud de concurso y ordenaron al Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom) designar a un visitador para el caso. Al Ifecom también se le solicitó un proceso de conciliación con los acreedores, pero en su momento se declaró incompetente para ello.

El 18 de mayo, la Secretaría de Agricultura dio instrucciones de que nuevos apoderados en el caso presentaran un desistimiento del concurso mercantil. Pero la sorpresa para Mayorga fue que se declaró infundado este recurso y, a pesar del amparo directo que interpuso la dependencia, la Procuraduría General de la República actuó de oficio en el caso.

El 13 de junio de 2006 un agente del Ministerio Público Federal presentó una demanda de concurso mercantil en contra de los ingenios azucareros expropiados del Grupo Caze y fue así como este consorcio, contra lo que promovió y apoyó el propio gobierno federal, llegó el 6 de julio del año pasado al concurso mercantil a pesar de las demandas y amparos promovidos por el apoderado del grupo azucarero, Celestino Alonso Barraza.

Este litigante, ampliamente conocido en el medio de los abogados especialistas de procesos de quiebras, perdió tres de los juicios de amparo que interpuso a nombre de los accionistas del grupo, aunque gestionó su revisión. En cambio, los derechos fiduciarios de HSBC permanecieron intactos.

Ahora, a un año de esta historia que levanta suspicacias entre los conocedores del tema por la actuación del ex titular de la Secretaría de Agricultura, sorprende que en la pizarra de concursos mercantiles del Ifecom aparezca el proceso de concurso mercantil –radicado precisamente en el Juzgado Décimo de Distrito en Material Civil del DF, Primer Circuito– y que la etapa en la que se encuentre el caso sea la de conciliación, en donde ya se citó al reconocimiento de los créditos, cuando esa misma etapa no quiso coordinar el propio Ifecom hace apenas un año.

¿Quién ganó y quién perdió?

Los abogados de Enrique Molina sabían que entre más tiempo tardara el proceso los días, meses y años estaban a su favor, pues resulta que de acuerdo con el decreto expropiatorio de los ingenios del sector azucarero, sólo se otorgó cinco años para lograr los objetivos previstos y al concluir ese lapso se revertiría la expropiación, inconstitucional o no, así sólo era cuestión de tiempo y todos en el gobierno y en el sector privado lo sabían.

Por ello, la estrategia de Enrique Molina era a toda costa retrasar el proceso jurídico y Mayorga, sin duda, colaboró en ello. Por eso ahora hay que preguntarle a cambio de qué ayudó a Molina. Se trata de un ex funcionario del gobierno federal que entregó la estafeta al actual titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Cárdenas, con quien, además, sostiene un añeja amistad desde los días en que ambos participaron en el gobierno de Jalisco, lo cual parece garantizarle que le cubrirán las espaldas “pase lo que pase”, salvo que el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, quien hasta ahora no ha servido para nada a los intereses de la nación, disponga de otra cosa y haga bien, por primera vez, su trabajo.

Otras maniobras de Gil Díaz

Y ya que hablamos de corrupción gubernamental al margen de cualquier organismo de fiscalización, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, generó en la banca de desarrollo su propia reforma para el sistema de pensiones, al impulsar la constitución de fideicomisos privados que administraran no sólo los fondos para el retiro de los burócratas, sino las aportaciones individuales de las futuras generaciones. Es decir, la misma fórmula que empleó en el expediente de ISOSA que ahora investiga una comisión del Congreso.

Sin el escrutinio del Congreso y gracias a los recursos excedentes en la economía que generaron los precios del petróleo, Gil Díaz ocupó sus últimos meses en la administración pública en generar un nuevo esquema para el retiro de los trabajadores de la banca de desarrollo, la cual siempre estuvo bajo su control, en el que después de cubrir las obligaciones con el personal jubilado se individualizaran las cuentas.

Los recursos de esas cuentas –bajo el mismo modelo que las gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)– serían depositados y manejados por fideicomisos privados. Por ahora no se ha constituido alguna entidad privada; sin embargo, trabajadores pensionados en la banca de desarrollo saben que el riesgo existe.

Ésta fue la propuesta que trató de imponer Gil Díaz en el último consejo directivo de Bancomext, en agosto de 2006, en donde participó el entonces secretario de Hacienda y el tema central fue modificar el sistema de pensiones de la institución para disponer con libertad de los recursos.

Antes de autorizar las partidas presupuestales que permitirían a la banca de desarrollo solventar el déficit actuarial que ponía en riesgo la entrega de recursos para sus pensionados, el ex secretario de Hacienda buscó condicionar la entrega de dichas partidas presupuestales a la constitución de fideicomisos privados para administrar “por fuera” los nuevos fondos con cuentas individualizadas para el retiro.

Al menos los fideicomisos que operan recursos para los fondos de pensiones de Nafin y Bancomext fueron capitalizados al término del gobierno foxista, para terminar con la amenaza de una insuficiencia crónica que pusiera en riesgo no sólo la operación de estos bancos de desarrollo, sino la capacidad financiera del gobierno federal para hacer frente al déficit generado por las pensiones del sector público.