Oficio de Papel

* Primera acusación penal contra un funcionario foxista
* El artífice de Amigos de Fox es acusado de nepotismo
* Desvíos de Juan Antonio Fernández en seguro popular

La Secretaría de la Función Pública a cargo del panista Germán Martínez tiene listo el expediente en contra del primer funcionario del gobierno foxista que enfrentará a la justicia federal y principal responsable de los programas sociales para combatir la pobreza en el sexenio anterior, el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, quien durante seis años se sirvió del erario público en beneficio propio sin importar que los recursos estuvieran etiquetados para las zonas de extrema pobreza en todo el país.

Artífice principal en la creación de Amigos de Fox, asociación privada panista responsable de recaudar fondos entre el sector empresarial para la campaña que dio el triunfo al ex presidente y que el IFE determinó que violó las leyes electorales al rebasar los topes de campaña establecidos para el uso de recursos económicos, Juan Antonio Fernández recibió del gobierno foxista como pago a sus servicios la coordinación de aquel programa para apoyo a campesinos denominado Procampo, que nunca sirvió para nada y por el contrario dichos fondos públicos fueron distribuidos bajo cuestionamientos de corrupción y desvío de recursos, y después a finales del sexenio Vicente Fox lo nombró coordinador de su programa estrella de salud denominado Seguro Popular, que hasta la fecha sigue sin funcionar y por el cual ahora es investigado por la SFP por supuestas malversaciones en los recursos destinados para la población más pobre del país.

De acuerdo con el expediente de la SFP las líneas de investigación apuntan a las anomalías descubiertas en el proceso de credencialización, que costó al erario más de 300 millones de pesos, así como a las acusaciones por adquisiciones indebidas, gastos excesivos en viáticos del ex funcionario, de su familia y de sus colaboradores, y también por el eterno delito del servicio público: nepotismo.

Desde principios de 2006 la reportera Erika Ramírez ha dado cuenta en la revista Contralínea de las diversas irregularidades cometidas por Juan Antonio Fernández al frente del Seguro Popular en la licitación pública12161001–004–05, que tenía como objetivo la producción de tarjetas que identificarían plenamente a los afiliados al Seguro Popular.

La convocatoria abierta el 10 de noviembre de 2005 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) –entonces encabezaba por el también ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox– otorgó a la empresa Image Technology un contrato por 324 millones de pesos. Las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor  de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron en diciembre de 2005 que la inconformidad era “infundada”.

No obstante, las investigaciones revelan que meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron el 1 de diciembre de 2005 con representantes de la empresa que resultó posteriormente resultó ganadora, lo que presume que llegaron a algún acuerdo para otorgarle el fallo a cambio de sobornos.

El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos y Rosendo Páramo Ramos, director y subdirector de área, respectivamente, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de desarrollo de la empresa Interlogic, que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director comercial; Marcelo Damián, director de operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director, y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular, que se echó a andar en Colima, lo que demuestra las ventajas que había previas a la convocatoria.

Fuentes del Órgano Interno de  Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación.

Investigación abierta

Luego de dar carpetazo a una primera investigación contra el ex amigo de Fox, seis funcionarios de la SFP reabrieron los expedientes del Seguro Popular para investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.

Es a través del acuerdo 12/1.0.3.2.1 del OIC de la Secretaría Salud que los funcionarios inician la auditoría 15/06 CNPSS, al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.

El documento fechado el 27 de junio del año pasado señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.

Según la convocatoria 12161001–004–05, Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que su costo real ascendía apenas a los 20 pesos, lo que significó un sobreprecio de más de 300 por ciento.

Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006 se detalla que hubo erogaciones por 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.

Informantes atentos al proceso que lleva cabo la SFP desde el 2006 revelaron que entre las líneas de investigación se encuentra una por supuesto lavado de dinero en contra del director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Noyola, colaborador y amigo muy cercano de Fernández Ortiz desde que ambos trabajaron en una dirección general de la Secretaría de Agricultura.

En las indagaciones, los funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organismo que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.

Nepotismo en el Seguro Popular

Entre las acusaciones en contra de Juan Antonio Fernández, hay una que tiene que ver con el delito de nepotismo en la CNPSS, al incluir en la nómina de la institución a la hija de su pareja sentimental; mientras que con esta última realizaba viajes al extranjero con cargo al erario público.

Una carta enviada el 2 de marzo de 2006 al entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, por uno de los asesores de la Comisión de Salud, Pedro Márquez García, se acusa al titular del Seguro Popular de abuso de autoridad y de desvío de recursos.

Márquez García destaca que la directora general adjunta de la Coordinación General del Proceso de Credencialización, Rocío Herrera Herrera, quien recibía un salario mensual de 108 mil 137 pesos, es hija de la pareja sentimental de Fernández Ortiz.

Además de que se había aprovechado la circunstancia de que ambas (madre e hija) llevan el mismo nombre, para que la compañera sentimental de Fernández Ortiz realizara viajes al extranjero en compañía del funcionario simulando que se trataba de la persona que laboraba en la institución.

De acuerdo con la documentación oficial, el 7 de septiembre del año pasado el coordinador general del Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, informó por medio del oficio CGPC/258/05 a Rocío Herrera Herrera que había sido comisionada para trasladarse a Francia y a Alemania del 10 al 17 del mismo mes.

El traslado a Niza, Francia, del 12 al 14 de septiembre, dice el documento, tendría la finalidad de conocer el desarrollo tecnológico de las etiquetas de radiofrecuencia y del 14 al 17 conocer la infraestructura del Centro de Innovación Tecnológica en Rheingberg, Alemania.

Ambos viajes significaron un gasto al erario por más de 50 mil pesos, según consta en los comprobantes presentados. De los justificantes sólo 11 mil 204 pesos fueron presentados con facturas de hoteles y boletos de avión, mientras 39 mil 459 pesos no tuvieron comprobación fiscal y, según documentación firmada por la funcionaria, correspondieron a gastos de traslado, alimentación y servicios telefónicos.

Dos días después de haber terminado su recorrido por el viejo continente, la funcionaria del Seguro Popular fue notificada de que volvería a viajar, esta vez a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

Con el número de oficio CG/262/05, Rocío Herrera fue comisionada para visitar del 22 al 25 de septiembre a los proveedores del chip para la tarjeta del Seguro Popular, con un gasto al erario público por 18 mil 935 pesos.

En la hoja de comprobación de viáticos a nombre de la funcionaria Rocío Herrera Herrera, aparecen documentos fiscales de tres diferentes hoteles: The Westing St. Francis, Sofitel y Argonaut. En este último se facturó a nombre del titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, el 24 de septiembre del mismo año.

En menos de 15 días, la también asesora de la CNPSS fue notificada de que viajaría de nuevo a Europa, lo cual se llevaría a cabo del 12 al 20 de noviembre, esto con la finalidad de participar en las reuniones de trabajo para conocer el funcionamiento de los centros hospitalarios y atención primaria, y asistir al Congreso de Radiofrecuencia del Chip de Pfizer .

La misión encargada se realizó en Barcelona, en París y en Strasburgo, señala el documento CG/328/05 firmado por el coordinador del Proceso de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, y tuvo un costo aproximado de 42 mil pesos, con cargo a las finanzas públicas.

Es ahora, en el gobierno de Felipe Calderón, que Juan Antonio Fernández Ortiz y sus colaboradores deberán rendir cuentas que no les fueron exigidas bajo el cobijo del gobierno de su amigo Vicente Fox.

Una historia de fracaso y simulación

En mayo de 2004 se inició el proyecto de credencialización inteligente “Tu Salud”, con el objetivo principal de controlar el abasto de medicamentos a derechohabientes beneficiados con el Seguro Popular. Actualmente los gobiernos estatales son los responsables de la compra masiva, almacenaje, administración y entrega de dichos medicamentos sin control alguno por parte de la federación. Como se sabe, los sectores salud y de educación son entidades descentralizadas, por lo que los estados de la República manejan los recursos que les entrega el gobierno federal y nombran a los responsables sin intervención del centro.

Este proyecto de credencialización que arrancó en mayo de 2004 suponía que se utilizaría una tarjeta de las llamadas “inteligente”, la cual incluye un chip y tecnología de punta, en donde se encripta un expediente clínico–médico electrónico del usuario, pero hasta ahora todo ha sido un verdadero fracaso.
Los responsables de este proyecto fueron el director general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín; el director general adjunto, químico Carlos Eduardo Cabrera Hidalgo, y el geólogo Ernesto Rocha Santoyo, quienes como antecedente fueron también responsables de las tarjetas para la entrega de combustibles como Diesel y gasolina en un programa de la Secretaría de Agricultura y, hasta donde se sabe, este proyecto fue un fracaso.

En el caso del Seguro Popular, después de dos años de iniciado el proyecto y de realizar programas pilotos en los estados de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Baja California y Distrito Federal, esos lugares no tienen resultados positivos. De igual forma en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) todo se ha ido en planes, reuniones y compromisos con los diversos estados, pero nada se ha podido concretar.

* Fracasa Calderón en su lucha contra el narcotráfico
* La violencia entre militares en activo y ex militares
* Sumisión ante Estados Unidos por las extradiciones

La estrategia del gobierno de Felipe Calderón de utilizar al Ejército para enfrentar al crimen organizado y extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes presos en cárceles mexicanas ha sido un total fracaso, pues la violencia sigue en aumento, la población de todo el país vive en la incertidumbre y con miedo y a las ejecuciones de policías y militares se suman ahora los crímenes contra periodistas y las amenazas de muerte a políticos y funcionarios de primer nivel del gabinete gubernamental, incluido el mismo presidente de la República.Pero como un error que no se rectifica a tiempo lleva a cometer más equivocaciones, la respuesta gubernamental ahora es tratar de ocultar la información para evitar la crítica de la población y por ello la semana pasada el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ratificó la confidencialidad que por 12 años determinó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los argumentos presentados por Estados Unidos para lograr la extradición de los jefes del narcotráfico Osiel Cárdenas Guillén, Héctor Luis Palma Salazar, Gilberto Higuera Guerrero, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Salinas Doria, José Alberto Márquez Esqueda, Gracielo Gardea Carrasco, Miguel Angel Arriola Márquez y Saúl Saucedo Chaides.

El razonamiento del IFAI es reservar la información para evitar el riesgo de afectar la relación con Estados Unidos, por lo que el comisionado Juan Pablo Guerrero, ponente de la resolución 844/07 que reservó la información, expuso al pleno de ese instituto que la documentación para solicitar la extradición de los nueve dirigentes del narcotráfico fue entregada por el gobierno de Washington al de México con carácter “confidencial”, y debido a que los procedimientos judiciales aún no concluyen en Estados Unidos, cualquier difusión sobre los trámites de extradición podrían afectar esos juicios.

En nota de la reportera Elizabeth Velasco en La Jornada se explica que en dicha resolución se consigna la audiencia efectuada entre Juan Pablo Guerrero y funcionarios de Relaciones Exteriores (entre ellos el consultor jurídico y la directora general de Asuntos Jurídicos), quienes destacaron que la información está clasificada desde el año 2003 porque contiene información “que alertaría a los grupos de la delincuencia organizada o a delincuentes que se han sustraído de la acción de la justicia, con lo cual el instrumento legal de la extradición perdería su eficacia en función de evitar la impunidad y la aplicación estricta de la justicia. Y por otra parte alertaría a los delincuentes sobre los procedimientos y estrategias que se siguen en sus procesos, con lo cual se llegaría a conculcar la acción persecutora y de justicia”.

Sin embargo las extradiciones de narcotraficantes han resultado ineficaces para reducir la violencia y disminuir la presencia de droga y bandas criminales en todo el país, más si se considera que miles de militares que han renunciado a las fuerzas armadas y otros que han desertado son contratados como sicarios por el narcotráfico y los enfrentamientos que vemos todos los días en las calles es una guerra entre militares dados de baja y militares en activo, ambos preparados por el Estado y con la misma capacidad de ataque y manejo de armas, de tal manera que la guerra no tendrá fin mientras a sociedad atónita observa indefensa y aterrorizada los hechos.

Entrevistados por la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea, académicos y juristas califican las extradiciones como un golpe mediático del presidente Felipe Calderón Hinojosa para legitimar a su gobierno, aunque ello signifique vulnerar la soberanía nacional y romper la seguridad pública.

Manuel Becerra, doctor en Filosofía y Derecho Internacional, considera que a diferencia de otros gobiernos que niegan la extradición de sus nacionales, México se somete a los intereses de Estados Unidos y envía un “paquete” de presuntos delincuentes para que sean juzgados en ese país. Advierte que esa equivocada decisión marcará la política exterior de la administración federal: el sometimiento a un gobierno extranjero.

Cinco días antes de mandar al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a recibir asesorías de las autoridades colombianas, Calderón decidió suspender los procesos judiciales en contra de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y de 14 mexicanos más, para que estos presuntos delincuentes sean sometidos a las leyes y a los juzgados estadounidenses.

Manuel Becerra señala que las extradiciones reflejan la sumisión del gobierno calderonista. La política exterior de México se sujetará a la voluntad de Estados Unidos, que no tiene amigos sino intereses, pero parece que esa es la apuesta de este gobierno panista.

Para José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, al igual que Colombia, México está realizando las extradiciones como una medida para complacer a los intereses estadounidenses. “El presidente Calderón está tratando de quedar bien ante el gobierno norteamericano y por eso la decisión es aplaudida por la Casa Blanca”.

El doctor en Sociología dice que las extradiciones van de la mano con los operativos militares instrumentados en días pasados. “Ambas medidas tratan de proyectar una especie de imagen de un gobierno sin ningún tipo de temor, que actúa con firmeza ante el crimen organizado. El problema son las implicaciones de estas medidas. La primera pregunta que debemos hacer es si efectivamente el Estado mexicano está preparado para tolerar, aceptar, estar en línea ante una respuesta del crimen organizado. Particularmente de los cárteles, que tienen inmensos recursos, equipos bélicos, armamentos más sofisticados que muchas de las policías locales e incluso federales.”

El doctor Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia y académico de la Universidad Autónoma de Madrid, expone la lógica del gobierno mexicano: “Soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno”.

El riesgo de la colombianización

Hace casi cuatro meses, durante su comparecencia del 23 de enero ante el Congreso y dos días antes de viajar a Colombia para recibir asesoría, el procurador Medina Mora negaba que la extradición de los barones de la droga a Estados Unidos generaría una ola de violencia, como la desatada en el país del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, allá en la década de 1980, pero ahora aquellas declaraciones fallidas del procurador y principal responsable de combatir al narcotráfico simplemente son olvidadas sin responsabilidad alguna, lo que sólo demuestra la inexperiencia y el desconocimiento de este hombre al frente de la PGR.

Para ilustrar al procurador Medina Mora, el sí experto José Luis Reyna advierte que “los cárteles son pequeños ejércitos, muy bien equipados que pueden desestabilizar al gobierno y poner en jaque a la sociedad. Decir esto no es aventurar en escenarios improbables. Si nos vamos a experiencias previas, en Colombia, cuando el gobierno de Virgilio Barco empezó a extraditar narcotraficantes, se inició una guerra que mató jueces, agentes policiacos y civiles”. Lo mismo que ahora sucede en México y que no requería e mucho análisis para entenderlo, simplemente leer lo sucedido en Colombia, porque al final de cuentas los narcotrafiantes se mueven igual en todo el mundo.

Manuel Becerra dice que al ser un golpe contra la inseguridad, esta medida logra legitimar temporalmente al gobierno de Felipe Calderón. Pero se corre el peligro de colombianizar en forma total al país, de convertirnos en un país sumamente violento.

Agrega que “México ya está colombianizado. Lo que dice la prensa, los niveles de violencia son muy graves. Las ejecuciones ocurren a diario y en todo el territorio. Degollar a las personas, matan policías, ajustar cuentas, ya es una guerra tipo Colombia”.

Más allá de la búsqueda de legitimidad, la lucha contra el narcotráfico debe hacerse en el marco de la ley y con un plan integral de Estado, porque en nuestro espejo colombiano los narcotraficantes tienen como parte de su fuente de reclutamiento a las clases más bajas y del lumpemproletariado, explica Manuel Becerra.

Para el doctor en derecho Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), si el gobierno mexicano no toma medidas preventivas, la perspectiva a mediano plazo puede ser parecida a lo que sucedió en Colombia.

“Se espera la reacción del crimen organizado en contra de las organizaciones policiales, sobre todo porque extraditaron a sus líderes, y se espera violencia con mayor intensidad hacia el interior de las organizaciones, por la disputa del liderazgo, y en contra de otras organizaciones, por el territorio.”

Aunque el académico pone en duda que los niveles de violencia sean tan cruentos como los vividos en Colombia –donde, en la década de 1980, la mafia asesinó cuando menos a 40 jueces, 500 policías y cerca de 5 mil civiles–, reconoce el riesgo que implica la extradición de Osiel Cárdenas, “quien seguía dirigiendo la organización y por consiguiente extraditarlo significa quitarles al líder”.

Extradiciones, medida ineficaz

El efecto mediático y de legitimación a su gobierno es el único resultado “positivo” previsto por los investigadores, pues las extradiciones instruidas por Felipe Calderón, quien aterrorizado se refugia en su bola de cristal llamada Los Pinos, no inhibirán el problema del narcotráfico.

“Cuando se hicieron las extradiciones en Colombia se pensaba abatir todos los índices relacionados con la delincuencia implícita en el tráfico de enervantes, y resultó todo lo contrario: la violencia aumentó no sólo en términos de la guerra entre cárteles sino también en los asesinatos de jueces, e incluso se dio la toma del palacio de justicia por parte de una guerrilla financiada por Escobar. Imaginemos que un comando armado y financiado por un cártel tome la Suprema Corte de Justicia de México. Eso significaría una enorme crisis”.

El investigador del Colegio de México dice: “lo que debemos valorar es si esta medida resuelve el problema. Entonces tal vez sea correcto correr el riesgo. Pero si no lo resuelve y, si como todas las estadísticas indican, sigue habiendo una alza en el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, México sigue siendo el principal punto de tránsito –además de volverse un país consumidor– pues el problema se agrava con el nuevo elemento: la extradición. Se vuelve una medida inútil, infructuosa y muy peligrosa”.

El doctor en Sociología señala que el 5 por ciento de la población de Estados Unidos consume el 50 por ciento de enervantes que se comercializan en el mundo. “Ahí está el enorme mercado que exige más estupefacientes; por eso volvemos a los cuestionamientos sobre si el problema son los países que producen y procesan o los países que consumen”.

Para Carlos Resa Nestares, miembro del proyecto The economics of civil war, crime and violence, del Banco Mundial, la medida sólo es eficaz para ahorrar costos a los contribuyentes mexicanos de la construcción y mantenimiento de las cárceles. “Si México está en la guerra contra las drogas como efecto de la presión del gobierno estadounidense, parece incluso una medida de responsabilidad: quien desea una política, la paga. Por el contrario, sobre el mercado de las drogas, su efecto es nulo”.

Agrega que hay un mensaje subyacente en esta medida: “no podemos hacer frente a la política de represión de las drogas a la que legalmente estamos comprometidos con la sociedad. Todo depende de cómo se expliquen las decisiones. No es lo mismo decir ‘no puedo’ que ‘no quiero’. Pero si no lo explican como ‘no quiero’, el mensaje que emiten es ‘no puedo’: no puedo gestionar la política de administración de justicia y readaptación social”.

# Santiago Creel demócrata trasnochado
# La “Ley Televisa” detrás de la cámara
# Los evasores en el pago de agua potable

Candidato elegido por Vicente Fox para sucederlo en la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda ha sido un simulador y un constante perdedor: primero en su relación con Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, se vio involucrado en corruptelas para constituir fideicomisos aduaneros y empresas privadas para desviar recursos públicos (cómo olvidar ISOSA en este espacio); después como secretario de Gobernación jamás fue un interlocutor confiable para las distintas fuerzas políticas ni tampoco logró tener control de la política interna, y al buscar la Presidencia de la República con el apoyo de Los Pinos no pudo vencer a Felipe Calderón en el proceso interno del PAN para definir a su candidato.

Con esos antecedentes, Creel Miranda busca reconvertirse a destiempo y con ello cambiar la imagen de perdedor y sumiso que lo acompaña desde que empezó a militar en el PAN. Es este neodemócrata quien impugna ahora la llamada “Ley Televisa” y hace un lado su pasado fraudulento para dejar al descubierto las negociaciones que precedieron la aprobación de esta legislación cuyo principal pecado –a juicio de sus detractores– es amurallar los intereses de los poderosos concesionarios de la radio y la televisión abierta.

Hoy, protegido con el fuero que le otorga ser integrante de la LX Legislatura y lejos, muy lejos, de la silla presidencial, Santiago Creel revela los entretelones de la negociación mediática que habría permitido a Felipe Calderón contrarrestar la fuerza política real de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, hay quien considera que más vale tarde que nunca y aprueba estas declaraciones a destiempo de quien busca los reflectores y traiciona aquel pacto foxista con los medios de beneficiarlos a cambio de evitar a cualquier precio la llegada de López a la Presidencia de la República. Pero la información dada a conocer por Creel, sin duda, abona el terreno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión para rechazar o aceptar el recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

Otros se preguntan si el ex secretario de Gobernación tiene la autoridad moral para criticar las “oscuras” prácticas del partido gobernante que, a toda costa y como en los mejores años de corrupción del PRI buscó allanarle el camino a su candidato. Parece que no, pues acaso no fue Creel quien como secretario de Gobernación impulsó y negoció el famoso “decretazo” del 10 de octubre de 2002 que no sólo eliminaba el pago del l2.5 por ciento de tiempo–aire por parte de las televisoras, sino que refrendó con impunidad un gran paquete de concesiones en beneficio de los empresarios que controlan los medios electrónicos.

¿De qué se queja ahora Santiago Creel si él junto con Vicente Fox planearon mediante decretos una estrategia de avanzada sobre lo que sería la “Ley Televisa”, que sólo se ocupó de poner en una legislación las prácticas frecuentes del poder político con los medios?

De hecho, el considerando séptimo del predictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano critica esas prácticas y lo aprobado en la Ley Federal de Radio y Televisión. Considera que sí, en efecto, “existe un régimen discriminatorio para el otorgamiento de permisos y concesiones en materia de radiodifusión, si es que los requisitos para obtener los primeros suponen una discriminación para los sujetos que quieren obtener uno frente a aquellos que desean obtener una concesión”.

Este, precisamente, es el caso de los medios e inversionistas extranjeros interesados en obtener la concesión de una tercera cadena de televisión. Por eso, el mayor pecado de esta reforma no sólo es la negociación política que la precedió sino que dejó a un lado los intereses de los consumidores, además de olvidarse de ofrecerles nuevas opciones capaces de competir frente a los grandes poderes fácticos de los medios electrónicos.

Es decir, se manipuló y se negocio el derecho de terceros. No hay más.

El Diccionario de Política de Norberto Bobbio y otros autores más establecen que la manipulación se refiere a las relaciones sociales o políticas que vinculan individuos o grupos; a la intervención del hombre sobre la naturaleza de las cosas; acciones siempre dirigidas a transformar la conducta del manipulado y el carácter pasivo o inconsciente. Así, de todas las formas de poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Constituye, dice el politólogo,  “el rostro más torpe del poder”.

Como si Bobbio conociera los entretelones y la puesta en escena de la “Ley Televisa”, el filósofo agrega al referirse a la manipulación de la información que al suprimirla a través de prácticas de control secreto y censura política de los medios masivos de comunicación, e incluso de las comunicaciones privadas, su principal objetivo tiene que ver con inhibir la oposición potencial.

Esos precisamente son los pecados del gobierno de Vicente Fox al que perteneció y sirvió Santiago Creel, sin objeciones ni miramientos para oponerse a la enorme corrupción y abuso de poder que marcó la llegada del PAN al poder presidencial.

Pero los medios también tienen sus pecados. Más allá del caso de las televisoras, que ya comienzan a preparar las campañas de descrédito en contra de Santiago Creel, están los grandes periódicos cuyos propietarios ya se frotaban las manos para cobrar la factura por el apoyo político que dieron al gobierno panista de Calderón. No se trata de cualquier cosa, sino de la entrega de una treintena de concesiones para operar estaciones de radio y, ¿por qué no?, hasta para controlar las operaciones de lo que se llama la Tercera Cadena o la Tercera Opción.

Impensable en países verdaderamente democráticos que propietarios de periódicos o de estaciones de radio deambulen, sin restricción alguna, entre un medio y otro. Por ejemplo en Estados Unidos las leyes registren las propiedades cruzadas para evitar, precisamente, concentración de poder y conflictos de interés que afecten a los consumidores.

Pero en las reflexiones del ministro Aguirre Anguiano, con excepción de las referencias hecha al acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación, no se menciona a los otros mexicanos, a los que viven en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos y cuyo principal vínculo con los medios de comunicación son las ofertas que presentan los grandes corporativos. Para ellos por decreto no hay otra opción.

El ministro sí se pronuncia en cambio porque el derecho a la información no entre en conflicto con otro tipo de derechos. Cualquier limitación al acceso a la información, reconoce, puede generar daños al interés público que no tendrá garantizado la libertad de recepción.

El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los servicios de radiodifusión respeten la función pública que les está encomendada como medios de comunicación de gran influencia social, garantizando el acceso a diversas corrientes de opinión, capaces de fomentar la cultura nacional, la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional, la imparcialidad, generalidad y veracidad de la información que es transmitida en señal abierta a prácticamente toda la población, dice la Suprema Corte de Justicia.

Pero la “Ley Televisa” no dice nada al respeto. Por ello, se declare o no inconstitucional tras un año de estar impugnada pero en vigor, el Poder Legislativo tiene un nuevo reto: pensar en el usuario y legislar para el. Es decir una nueva generación de reformas que vigilen el papel social de los medios de comunicación, sus propiedades cruzadas y los conflictos de interés, lo cual contribuiría, sin duda, al ejercicio democrático del poder de los medios. Los legisladores, sin embargo, temen el peso y la furia de los medios de comunicación en su contra porque, hasta ahora, dependen de su “popularidad” frente al electorado y no de sus resultados.

Por lo anterior algunos analistas aseguran acertadamente que con el debate a la “Ley Televisa” apenas comienza un problema cuya solución ya no se limita a la regulación de los grandes poderes mediáticos, sino a la responsabilidad social de legisladores y autoridades, un tema que sólo cabe en una verdadera Reforma del Estado.

Empresas en paraísos fiscales 

Y ya que hablamos de la llamada “Ley Televisa” sería interesante que las unidades de investigación contra el “lavado” de dinero y de inteligencia financiera de México, Estados Unidos y Europa hiciera alguna revisión a algunas empresas constituidas en paraísos fiscales por familiares de directivos del Grupo Televisa para triangular importantes recursos económicos, pues tal vez encuentren allí elementos que puedan ser constitutivos de algún delito. Pero de esas empresas hablaremos con más amplitud en las próximas columnas.

El gobierno federal no paga el agua 

Mientras los mexicanos vemos cómo se incrementan los cobros en nuestros recibos por el consumo de agua potable, bajo el discurso de que el vital líquido se está acabando y hay que evitar su despilfarro y el abuso, en contrasentido el gobierno federal, varias secretarías de Estado, algunas paraestatales y organismos descentralizados, así como un selecto grupo de empresas en manos de personas estrechamente relacionadas con Los Pinos, omiten el pago de consumo de agua. 

Por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional no paga el consumo en sus instalaciones del vital líquido. Lo mismo sucede con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda, por lo que en el caso del Distrito Federal el gobierno que encabeza el priísta–perredista Marcelo Ebrad debería poner mayor atención a estas anomalías que le cuestan a los mexicanos millones de pesos.

La semana pasada la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el DF, Martha Delgado Peralta, informó que ya se revisa la estructura tarifaria para el cobro del consumo de agua en la ciudad, a fin de garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, según reportó Angel Bolaños en el diario La Jornada, pero la funcionaria debería considerar antes de aumentarles las tarifas a quienes ya pagan, que investigue a esos empresarios vinculados con funcionarios de Los Pinos y con el PAN, así como obligar a las secretarías de Estado y paraestatales como Pemex a pagar las cuotas obligatorias por el enorme consumo que allí se hace y que por lo mismo es en donde el despilfarro del líquido es constante. Sin lugar a dudas que con esta medida se incrementará considerablemente la generación de recursos por este servicio para el gobierno capitalino.

* Excesos en pensiones vitalicias de ex presidentes
* Robaron, abusaron y siguen cobrando del erario
* Rencores de Guillermo Ortiz y Agustín Carstens

Uno de los grandes males de este país y por el cual no hay mejoras en las condiciones de vida de más de 50 millones de mexicanos pobres (uno de cada dos compatriotas vive en pobreza extrema) es la corrupción gubernamental y el despilfarro y el abuso que del erario público ha hecho la burocracia. Por siglos los presidentes mexicanos y su séquito se han enriquecido desmesuradamente, y hasta han creado leyes y órganos de vigilancia que les cuiden las espaldas y para que nada ni nadie les quite esa prerrogativa.

Por eso sigue sorprendiendo que además del abuso que cometieron del presupuesto federal cuando ocuparon la silla presidencial, después de su mandato los ex jefes de Estado mantengan una humillante pensión vitalicia que agravia todavía más la pobreza de campesinos y obreros.

Resulta, de acuerdo con una investigación de la reportera de Contralínea, Yenise Tinoco, que cuatro de los cinco ex presidentes que aún viven (Vicente Fox, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría) reciben del presupuesto federal 4 millones de pesos por mes y hasta ahora ninguno de ellos, en un acto de dignidad, piensa rechazar esa pensión, más aún cuando al menos los cuatro últimos ex mandatarios, que salieron hinchados de dinero de la Presidencia de la República, ahora cobren como asesores para empresas o gobiernos extranjeros o simplemente anden desinformando en conferencias pagadas por todo el mundo.

Los ex mandatarios que aún viven tienen la canonjía de una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, estimado en 205 mil 122 pesos mensuales, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores, beneficios estos últimos otorgados gracias a la buena gestión de Miguel de la Madrid durante su sexenio. Esas pensiones vitalicias de los ex presidentes están sustentadas por dos acuerdos presidenciales de fechas 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987.

Pero también fue en la administración de Luis Echeverría Álvarez, “El Halcón”, cuando se publicó un decreto que concedía a los ex presidentes el acceso a 103 personas de apoyo, aparte de 25 empleados de la federación, para que estuvieran a su servicio cuando terminara su administración.

Dos subdirectores, dos coordinadores administrativos, cuatro jefes de departamento, un investigador y asesor en materia jurídica, dos personas de apoyo, dos auxiliares, una bibliotecaria, dos programadores, cuatro secretarias, dos archivistas, un chofer, un técnico de mantenimiento eléctrico–telefónico y un representante de oficina, son parte de los empleados a que los ex titulares del Ejecutivo creen tener derecho. Con tantos empleados y tanto gasto de dinero público, que bueno que sólo viven cinco ex presidentes y que, por cierto, a algunos ya les quede poco tiempo.

“Esta pesada estructura no es de ninguna manera justificable. Los asuntos personales pueden ser desde profesionales y políticos, hasta sociales o domésticos”, según indicaron en el pleno del IFAI al resolver un recurso de revisión 413/07 interpuesto por algún ciudadano.

Por si lo anterior no fuera suficiente abuso, los ex mandatarios cuentan con 78 miembros para su seguridad y la de su familia, que incluye a 45 miembros del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y 22 más de la Armada. Esto último para cuando viajen de vacaciones en sus yates o en sus aviones particulares se trasladen a Europa o Estados Unidos para realizar las compras del mes.

En total, suman 4 millones 315 mil 998 pesos mensuales en sueldo y prestaciones para los ex mandatarios del país.

A través de la Ley de Transparencia, un ciudadano pidió a la Presidencia de la República la suspensión de las pensiones vitalicias a Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, porque ambos ex mandatarios generan sus propios recursos. “El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, durante su exilio en Dublin, manifestó que era un exportador bananero. Miguel de la Madrid se desempeñó como director del Fondo de Cultura Económica entre 1995 y 2000”.

El ciudadano precisa en su solicitud: “menciono estos dos casos en especifico porque existe documentación oficial que acredita que ellos han percibido un salario, ya sea como funcionarios o empresarios, después de que dejaron el cargo. Sin embargo, la ley de pensiones es muy clara al establecer que si un pensionado trabaja generando un salario, pederá su pensión”.

De acuerdo con documentos obtenidos por la reportera Tinoco a través de la Ley de Transparencia, los ex presidentes De la Madrid y Salinas siguen percibiendo su pensión mensual sin ninguna variante. Sólo Ernesto Zedillo, en junio de 2002, renunció a su pensión vitalicia, pero no así a los apoyos administrativos y de seguridad personal. Además, recibe una pensión vitalicia del Banco de México y tiene ingresos propios que la pegan universidades, la ONU y otros organismos internacionales de desarrollo. Así quien no renuncia a una de sus muchas pensiones.

Según el presupuesto federal, anualmente se erogan para los ex presidentes mexicanos 259 millones 955 mil 395 pesos con el fin de cubrir sus gastos. En el caso de la viuda del general Lázaro Cárdenas Del Río, Amalia Solórzano, recibe una pensión de 81 mil 277 pesos al mes, y Alejandra Acimovc Popovic, mejor conocida en el mundo artístico como Sasha Montenegro y quien es viuda de José López Portillo, percibe del erario 115 mil 187 pesos mensuales.

En el Acuerdo Presidencial 2763–BIS, de fecha 31 de marzo de 1987, se especifica que en caso de fallecimiento de un ex presidente, se le otorgará a su cónyuge una pensión equivalente al 80 por ciento, en términos netos, del sueldo total que le corresponde a un secretario de Estado, durante el primer año posterior al fallecimiento, que se disminuirá en un 10 por ciento anual a partir del segundo año, hasta llegar al 50 por ciento de dicho sueldo.

Además, el cónyuge gozará de los seguros de vida y de gastos médicos mayores por un monto equivalente al 80 por ciento, en términos netos, de la suma asegurada que correspondería al titular de estas prestaciones. Los hijos estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad.

Por eso para los burócratas su lema de vida es aquella vieja frase de corrupción política: “vivir fuera del presupuesto es un error”, y vaya que si la defienden hasta la muerte.

Los rencores de Ortiz y Carstens

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, es un hombre de rencores. Pero también lo es el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens. Así lo demuestra su último escarceo sobre la oportunidad o no de incrementar las tasas de interés para atajar el camino a la escalada inflacionaria que se presenta en la economía desde hace casi 10 meses y que amenaza con aumentar.

Las declaraciones sobre las decisiones del Banco de México del hasta ahora ecuánime Agustín Carstens recordaron al iracundo Francisco Gil Díaz. El titular de la SHCP y ex subdirector gerente del FMI impugnó –como en las mejores épocas de Gil Díaz en esa posición– el anuncio de la junta de gobierno del Banco de México respecto al aumento en los tipos de interés. Dijo que se trataba de una determinación “precipitada”. La afirmación llama la atención porque, precisamente, al Banco de México se le había criticado por permanecer inamovible frente a las burbujas de precios que desató la especulación sobre el precio de la tonelada de maíz blanco y, por supuesto, sobre la tortilla.

Para la junta de gobierno del banco central (conformada por cinco expertos en política monetaria) no se trató de un evento que pudiera determinar una burbuja inflacionaria de gran magnitud. Ahora, sin embargo, en su Informe trimestral de inflación, el Banco de México aseguró que, en una posición preventiva, aumentaría las tasas para prevenir nuevas amenazas inflacionarias. Mientras tanto, Carstens anuncia que la economía mexicana no crecerá 3.5 sino 3.3 por ciento, como resultado de la menor dinámica en la economía estadounidense. ¿Quién entiende estas señales? ¿Estancamiento o inflación?

Sin embargo, detrás de esta explicación técnica sobre el enfrentamiento entre el secretario de Hacienda y el gobernador del banco central comienzan a escribirse varios episodios de corte político con una clara intención de establecer quién manda en la economía del país, pero sobretodo quién tendrá poder de decisión e influencia durante los próximos años y eventos electorales:

1. La Secretaría de Hacienda omitió notificar al Banco de México que la Comisión Federal de Electricidad decidió adelantar los subsidios de verano para varios estados de la República.

2. El problema fue que al medir la inflación de abril, el Banco de México se encontró con la sorpresa de que en esas regiones se aplicó tal subsidio.

3. De haber conocido esa información, Guillermo Ortiz y los participantes en la junta de gobierno tal vez hubieran contado con más elementos para decidir el tono (sesgo) de los mensajes que enviaban a la comunidad financiera sobre el por qué de sus decisiones previas a un aumento en tasas.

4. A toda acción corresponde una reacción. El Banco de México no notificó a Agustín Cartens, quien estaba en uno de sus recurrentes viajes a Estados Unidos (que ya se están haciendo un hábito y por ello habrá que investigar a quién o quiénes va a ver o debemos decir rendir cuentas), que aumentaría el nivel de las tasas de interés.

Fue así como se rompió la comunicación (si es que antes la hubo) entre los titulares de ambas entidades, y para aderezar la historia, recordamos el capítulo que relatamos así hace algunas semanas sobre la inconformidad del Banco de México en la publicación del indicador IMEF sobre el entorno empresarial elaborado por el INEGI, pero en el que participaron activamente la Secretaría de Hacienda y Jonathan Heath, un antiguo crítico de las decisiones y de la actuación de Guillermo Ortiz, éste un hombre de rencores.

Hace más de una década, Carstens tuvo otro enfrentamiento con Guillermo Ortiz. En medio de la batalla política por decidir quién ocuparía la gubernatura del Banco de México, Agustín Carstens, desde entonces un hombre muy cercano al célebre Francisco Gil Díaz (aquel que se robó el dinero del Derecho de Trámite Aduanal y por el cual este lunes se instala en la Cámara de Diputados una comisión para investigarlo), tuvo alguna posibilidad de llegar a la junta de gobierno del Banco Central si es que su ex jefe lograba el cargo. Sin embargo, quien llegó al Banco de México en 1998, justo después de que alcanzaba su ansiada autonomía, fue Guillermo Ortiz, y por ello Francisco Gil Díaz se autoexilió en la iniciativa privada (Avantel) mientras que su discípulo Carstens permanecía en el Banco de México como director general de Investigación Económica. Pero sería por poco tiempo. En la primera etapa de gestión de Ortiz, Carstens, de quien dicen es brillante economista y dizque tiene amplio conocimiento de política monetaria, no perdió el tiempo en hacer sentir a Ortiz y al nuevo subgobernador Everardo Elizondo Almaguer que eran los nuevos chicos en el barrio. No perdió oportunidad de corregir constantemente a Elizondo en plenas sesiones de la junta de gobierno.

Fue entonces que Carstens recibió un “oportuno” apoyo de Guillermo Ortiz para que se mudara a Washington no con el cargo de subdirector gerente que llegó a ocupar, sino con una posición menor. Nadie, ni el propio Ortiz, imaginaban que el joven economista escribiría una historia tan benéfica para el organismo multilateral que le permitiría regresar con bombo y platillo al sector público mexicano. Claro que el apoyo de Gil Díaz fue determinante para que Felipe Calderón le entregara a Carstens la cartera de la Secretaria de Hacienda y no es para menos, pues el ex titular de Hacienda tiene en su poder todos los movimientos financieros que se hicieron en la casa de campaña de Calderón para que éste llegara a la Presidencia de la República.

Por eso no es gratuito el nuevo enfrentamiento ni tampoco que, hasta ahora, no se haya nombrado al subgobernador que debe sustituir desde enero pasado a Jesús Marcos Yacamán. La historia continuará, pues si algún personaje de la vieja clase política tiene todavía aspiraciones es Guillermo Ortiz, quien cumple ya más de 12 años al frente del banco central y aún le quedan dos años más para acomodar sus fichas.