Oficio de Papel

* Acusan a Calderón y Nava de tráfico de influencias
* Un oficio de la Contraloría los exonera desde 2005
* Secretario de la “honestidad” se fusila información

En La verdad sea dicha, programa televisivo que conduce Andrés Manuel López Obrador en Tv Azteca, su oficial mayor cuando ocupó la jefatura de gobierno del Distrito Federal y actual “secretario para la honestidad y austeridad republicana del gobierno legítimo”, Octavio Romero Oropeza, acusó de tráfico de influencias a Felipe Calderón, a su secretario particular César Nava y a Emilio Baños Urquijo, esposo de Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración y suegra de César Nava, por su supuesta intervención en un litigio entre Petróleos Mexicanos y el municipio de Coatzacoalcos para la construcción de un túnel en ese puerto y que generó pérdidas a esa empresa petrolera por 220 millones de pesos y por 400 millones a Banobras cuando Felipe Calderón fue su director general.

La información relatada por Romero Oropesa fue reproducida en el noticiero radiofónico que conduce la periodista Carmen Aristegui y también por el diario La Jornada, lo que motivó una respuesta del secretario particular del presidente de la República, en donde César Nava rechaza las acusaciones que se le hacen cuando era responsable del área jurídica de Pemex: niega que Pemex haya contratado un despacho de abogados para enfrentar un juicio derivado de un adeudo producto de la omisión del pago del impuesto de traslación de dominio, con motivo de la constitución de las cuatro empresas filiales de Pemex Petroquímica ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Pero la historia de esta información se remonta a 2005, cuando en los meses de junio y julio de ese año las revistas Contralínea y Fortuna dieron a conocer por primera vez la denuncia presentada a la Secretaría de la Función Pública por el abogado Rogelio Martínez Hernández, apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, lo que motivó que se abriera un expediente, pues ningún funcionario imaginaba en ese entonces que dos años después Calderón llegaría a la Presidencia de la República y César Nava sería su secretario particular.

El caso se mantuvo abierto uno meses, hasta que el contralor interno de Pemex Petroquímica determinó cerrarlo bajo argumentos de que no había elementos para proceder en contra de los involucrados, según se relata en un oficio enviado en 2005 por Función Pública al abogado que presentó la queja y cuya copia está en poder de Contralínea.

La publicación de esa investigación periodística de Contralínea motivó a miembros del equipo de López Obrador a solicitar dichas ediciones con el compromiso de que si la hacían pública darían el crédito correspondiente a las revistas, sin embargo el secretario de la “honestidad” olvidó de dónde sustrajo la información y sin prueba alguna, porque la documentación oficial en poder de Contralínea no les ha sido proporcionada hasta ahora, se lanzó junto con López Obrador a hacer acusaciones en contra de los panistas que ocupan la residencia oficial de Los Pinos.

La historia completa 

Esta es una de las dos informaciones que la reportera Ana Lilia Pérez escribió a mediados de 2005 en Contralínea y Fortuna:

Con nuevos datos que prueban que Vicente Fox conoció el fraude a los embargos de Petroquímica, Contralínea enriquece la información sobre el señalamiento contra César Nava Vázquez, ex abogado general de Pemex y yerno de la senadora panista Cecilia Romero, por los delitos de fraude, prevaricato y daño patrimonial.

Abogados de Pemex coludidos con Marcelo Montiel Montiel, ex alcalde de Coatzacolacos, Veracruz, fraguaron un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.

Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados que participaron en él, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secodam (hoy Secretaría de la Función Pública), y posteriormente al presidente Vicente Fox Quesada.

Cuando Eduardo Romero Ramos relevó en la Contraloría a Barrio, fue el responsable de archivar el expediente por tiempo indefinido apenas cuatro meses después de que Rogelio Martínez Hernández denunciara al panista César Nava ante el mandatario mexicano.

Como se describe en Contralínea, el 7 de junio de 2005 el entonces alcalde de Coatzacolacos, Marcelo Montiel Montiel –hoy diputado priista del Congreso veracruzano– presentó una denuncia contra Pemex Petroquímica para demandar el pago de impuestos predial y de traslado de dominio desde 1997 a esa fecha en todas las instalaciones de la paraestatal al estado.

La denuncia era improcedente, pues al ser instalaciones de una paraestatal, ninguna de Petroquímica estaba sujeta a gravamen alguno. De ello conocían tanto las autoridades estatales como los funcionarios de Pemex, ya que en 1997 el gobierno de Veracruz emitió un documento en que se exime a la empresa de todo gravamen.

En el oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97 del 14 de agosto de 1997, el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, notificó a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica que:

“No son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex–Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en los artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.

Aunque la demanda que presentó Marcelo Montiel era improcedente, se le dio trámite con la complicidad de los mismos empleados de Pemex. Entre demandante y demandado se registraron graves irregularidades para crear este fraude contra la paraestatal más importante del país.

Por parte del ayuntamiento por ejemplo, aunque el municipio cuenta con un departamento jurídico y de acuerdo con la Ley de Municipios a ellos compete atender la demanda, Marcelo Montiel Montiel contrató a un despacho de abogados propiedad del contador público Jesús Antonio Macías Yazegey a quienes pagó 44 millones de pesos por dos notificaciones notariales.

En Pemex las irregularidades alcanzaron al entonces abogado general de Petróleos Mexicanos, César Nava Vázquez y a un grupo de litigantes bajo su mando, entre ellos Héctor Durán Benítez, jefe de la Unida de Servicios Jurídicos en Petróleos Mexicanos; Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, y Rogelio Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque. 

En abril de 2002 Marcelo Montiel presentó la denuncia contra Pemex Petroquímica y mientras se fraguaba el fraude, Rogelio Martínez Hernández denunció el ilícito, antes de que se pagaran los impuestos, ante la Presidencia de la Rpública y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Tales denuncias –cuya copia obran en poder de Contralínea– confirman la intención de los funcionarios federales panistas por proteger a César Nava.

El 24 de mayo de 2002 Martínez Hernández presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Petroquímica Cosoleacaque y fue turnada al Órgano Interno de Pemex Petroquímica. En ella se habla del posible daño patrimonial contra Pemex a través del cobro indebido de impuestos.

Luego, el 18 de junio de 2002, el entonces abogado general de Pemex ordenó a los abogados negociar antes de que el caso concluyera en tribunales. Esto mediante un dictamen que indica: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuestos de traslación de dominio determinado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos”.

Y es que según Nava Vázquez “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”; es decir para el abogado Petroquímica no era parte de Pemex.

Los argumentos del ex abogado de Pemex, César Nava violan la Constitución y faltan a la Ley General de Bienes Nacionales que en su artículo primero establece que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.

Un mes después de que César Nava autorizara el ilegal pago de impuestos, el abogado Rogelio Martínez recibió el oficio número 18/578.1/338/02 adonde el órgano Interno de Control le notifica que se dio por concluida su denuncia y se “decidió archivar el asunto.”

Por esos mismos días, César Nava despidió al abogado Rogelio Martínez.

El 4 de agosto de 2002, Rogelio Martínez envió una carta a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secodam, en la que le detallaba el fraude contra Pemex y que al denunciarlo ante los órganos internos de control fue despedido en represalia por el abogado general de la paraestatal.

El documento indica:

“Derivado de la denuncia que presenté, fui objeto de amenazas y represalias por mis superiores inmediatos desde esa propia fecha hasta llegar al grado de que, el 8 de mayo actual se me citó a una investigación que se llevaría a cabo al día siguiente a partir de las nueve de la mañana; y así ocurrió, que el nueve siguiente, después de una audiencia inquisitoria que duró casi 10 horas, en la cual se me dijo que regresara dos horas después a firmar la resolución que al efecto se iba a dictar (cuestión por demás extraña, porque luego de una diligencia tan larga, lo menos que se puede esperar es que se tome en cuenta lo allí expresado), en forma indebida y en franca violación a mis derechos laborales se me rescindió el contrato laboral que signé con Petroquímica Cosoleacaque, sin valorar las pruebas documentales ofrecidas en la investigación para mi defensa ni mis argumentos expresados, ya que sólo se me dijo que había línea ‘de arriba’ para perjudicarme por haber denunciado ante la SECODAM, los hechos mencionados”. 

Sin recibir respuesta de la Secodam, el abogado Rogelio Martínez envió un reporte a Vicente Fox Quesada de fecha 12 de junio de 2003.

Su informe fue respondido por Laura Carrera Lugo en su carácter de coordinadora de Atención Ciudadana (folio 1226997–30). Tal informe detalla, entre otros, los montos por los que se pretendía embargar toda el área Petroquímica en Veracruz, que ascienden a 857 millones de pesos.

Además describe todas las irregularidades en torno al caso y “con fundamento al artículo octavo de la Constitución”, el ex funcionario de Pemex solicitó una comisión especial que investigara los hechos reportados e incluso se ofreció como coadyuvante en las indagatorias. Sin embargo tampoco hubo respuesta.

En el afán por encubrir el ilícito de César Nava, cuya disposición dio lugar a delitos de omisión, prevaricato, fraude y daño patrimonial en contra de Petroquímica, además de daños materiales y económicos aún no cuantificados por el embargo en que se mantuvo a las plantas por varias semanas, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, mandó archivar el expediente en octubre de 2003 por tiempo indefinido y con carácter de “confidencial”.

* Desbordado el gobierno por la corrupción aduanal
* Integran comisión para investigar a Paco Gil Díaz
* Pugna empresarial descubre corrupción en Pemex

Olvidado por el gobierno federal y dejado a su libre operación por mafias gubernamentales que a veces conectan hasta con la Presidencia de la República, el sector aduanal del país es una de las áreas más corruptas del sector público en donde concluyen burócratas, bandas del narcotráfico, el crimen organizado y empresarios y comerciantes corruptos. Los enormes flujos de mercancías que cruzan las fronteras mexicanas dejan jugosas ganancias a todos los que intervienen en la importación y exportación, así también sacan provecho económico los responsables de vigilar que este tráfico de productos no se interrumpa.Siempre se ha sabido de la corrupción que envuelve la operación de las aduanas en todo el país, pero ningún gobierno sin distingo de color se ha atrevido a intentar poner orden y limpiar la imagen de ese necesario sector, pues los dividendos en juego son muchos.

El último ejemplo de corrupción fueros sus anteriores inmediatos administradores, quienes en una especie de pacto de sangre emplearon a sus familiares y amigos en puestos clave para manejar el contrabando de mercancías, drogas y administrar las finanzas aduanales. Hablamos de José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas durante el gobierno foxista y su padrino el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quienes instrumentaron un Derecho de Trámite Aduanal para desviar cuantiosos recursos públicos hacia sus cuentas personales.

Sobre este último caso la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la constitución de una comisión especial para investigar a Francisco Gil Díaz por la creación del fideicomiso privado Aduanas I y la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), mediante los cuales el ex secretario de Hacienda desvió miles de millones de pesos recaudados por el cobro del DTA y que fueron a parar a cuentas privadas y en la adquisición de bienes e inmuebles.

Pero otra historia de esta grave corrupción en las aduanas la cuenta un trabajador de este sector que envía una carta a Oficio de papel y pide su publicación no sin antes solicitar mantener el anonimato su nombre porque su vida corre peligro, pues simplemente narra cómo grupos del narcotráfico controlan las aduanas ante la complacencia de las autoridades.

Este es el texto íntegro:

Se trata de los acontecimientos que hace unas semanas le costaron la vida al tercer inspector fiscal y aduanal Jorge Santillán Aguirre. Hace unos días se publicó en varios periódicos nacionales la noticia de que en una garita de salida de la aduana de Matamoros, personal del Ejército había hecho un cuantioso decomiso de armas de alto calibre y de municiones, incluidas las llamadas ‘mata policías’, esas que atraviesan los chalecos antibalas y que fueron encontradas en una camioneta blindada, la cual era escoltada junto con otros dos vehículos a bordo de una caja seca (de tráiler) y amparada con candado fiscal y un pedimento de importación que resultó ser falso.

Pues bien, la realidad de lo sucedido y que no se dio a conocer, fue que este cargamento ilegal sí pasó por la garita de salida y sí fue descubierto por mi compañero Jorge Santillán Aguirre, quien informó al comandante de la aduana. Pero no se si usted sepa que en todas las aduanas de Tamaulipas cualquier decomiso de armas, drogas o tráileres con mercancía de contrabando que sean detectados por nosotros, antes de informar a nuestros superiores en el área central, antes de informarle a cualquier autoridad, hay que informarle a un enlace del Cártel del Golfo para que ellos digan si es o no su mercancía. Si no es de ellos, entonces dan la autorización para que se haga el embargo, pero si les pertenece se debe deja pasar bajo amenaza de que quien se atreva a detenerla su vida corre peligro. Así nada más.

Cuando quieren pasar algún vehículo les basta con avisarle al comandante o al jefe de operación aduanera para que le den la clave 98, utilizada para dejar pasar la mercancía sin revisión,

Cuando Santillán descubrió las armas, se contactó al enlace del narcotráfico y la respuesta fue que la mercancía no era de ellos, así que se procedió a detenerla, dijeron que le dieran para adentro. Entonces se tomó la decisión de informarle al Ejército y permitir que fueran ellos quienes se adjudicaran el decomiso para evitar represalias en contra de los compañeros aduanales involucrados.

Al poco tiempo de haber llegado efectivos del Ejército, recibieron otra llamada de otyro grupo del narcotráfico, en donde les dijeron que esa mercancía les pertenecía y que iba para el jefe de la plaza de Oaxaca, por lo que pedían que se diera para atrás al embargo. Pero eso ya no era posible porque ya habían intervenido efectivos del Ejército.

De hecho el mismo día del asesinato, Santillán Aguirre hizo el embargo de otro vehículo con armas y divisas que, según parece, también pertenecían al Cártel del Golfo y eso fue lo que determinó que estos cobardes lo mataran al salir del servicio.

Hasta aquí el breve relato de lo que pasó antes de este asesinato, pero también es preocupante y lo que nos llena de indignación es el silencio e indiferencia de nuestros superiores, especialmente de nuestro administrador central, mismo que a pesar de su incapacidad y desconocimiento en tácticas policiales y operativas propias de nuestra función, fue ratificado en el puesto por la nueva administración.

El tercer inspector Jorge Santillán Aguirre pertenecía al grupo de binomios caninos y la principal preocupación de nuestros mandos centrales fue que el perro asignado a Santillán se enviara de inmediato, vía aérea, para su custodia y reasignación a nuestras oficinas centrales, lo que no ocurrió con los restos del cuerpo de Santillán Aguirre, pues fueron sus propios compañeros de la aduana de Matamoros quienes tuvieron que sufragar los gastos de traslado del cadáver por avión hasta su natal Nayarit.

Si esto no bastara, el seguro de vida contratado obligatoriamente con la aseguradora Metlife y que se nos descuenta de nuestras quincenas, no se ha hecho efectivo, alegando que no encuentran la póliza. Ni qué decir que no hubo algún reconocimiento póstumo por haber muerto en servicio.

Lo anterior obviamente no es del conocimiento del público y estoy cayendo en responsabilidad penal y administrativa por dar a conocer estos hechos, por ello pido omitir mi nombre, porque además me puede ocurrir lo mismo que a mi amigo Jorge Santillán Aguirre.

De nuestras condiciones laborales, un sueldo miserable de 2 mil 500 pesos quincenales, gana más un soldado raso que nosotros, aparte de carecer de prestaciones, pues somos contratados bajo el régimen de honorarios, sin capacitación y tenemos que pagar renta, gasolina y traslados a los centros tácticos de cada aduana, además de pagarle a una cocinera en las garitas para que prepare nuestros alimentos. Entre otros gastos adicionales está la reparación de las patrullas. Todo esto lo saben nuestros superiores, y también saben que bajo estas deplorables condiciones nos vemos obligados a caer en actos de corrupción para poder subsistir.

Cuando hay alguna queja en nuestra contra los funcionarios se lavan las manos y nos exhiben cuando dicien que sólo nosotros somos los corruptos, pero la verdad son los mandos medios y superiores los que contrabandean al por mayor.

Otro ejemplo de la impunidad es el famoso operativo México Seguro aplicado en Ciudad Miguel Alemán, en Tamaulipas, en donde a nadie detuvieron, cuando los narcotraficantes son advertidos con tiempo y sólo se burlan de las operaciones policiales.

Yo estaba de servicio en la garita de salida de Paras y en pleno día pasaron seis vehículos blindados con 30 sicarios fuertemente armados que custodiaban al jefe de la plaza, quien junto con su familia y después de ser advertido por las mismas autoridades se dirigía a uno de sus ranchos parea eludir la operación México Seguro.

¿Qué hice al ver cruzar los vehículos? Sólo puse mi cara de pendejo porque qué iba yo a hacer con mi pistola de 9mm y 10 cartuchos que quién sabe si funcionen. Como esta hay muchas otras irregularidades que nadie atiende.

Corrupción en Pemex

Otro de los sectores gubernamentales en donde la corrupción tampoco tiene límite es el del sector energético, principalmente en Petróleos Mexicanos, empresa que cada gobierno que asume el poder exprime al máximo en beneficio de unos cuantos. Situación que Felipe Calderón y su equipo también están aprovechando y ya se hacen los enlaces y amarres para operar los cuantiosos recursos que deja la producción petrolera pero, sobre todo, la corrupción que allí se opera.

Este es el caso que se narra en la disputa legal de un juicio mercantil entre empresas privadas e instruido por Oceanografía (empresa vetada por la Secretaría de la Función Pública y acusada de sobornar a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex) en contra de la compañía Subtec, en donde dan cuenta de las irregularidades solapadas por la paraestatal petrolera en perjuicio de las finanzas públicas. Las irregularidades allí descubiertas involucran más de 85 millones de dólares y se relacionan con la contratación de obra para la sonda de Campeche.

Esta amplia investigación periodística realizada por Nancy Flores, relata cómo el 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yañez Osuna (íntimo amigo de Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia de la República) que le han adjudicado contratos transexenales en Pemex Exploración y Producción (PEP) a partir de que los panistas llegaron al poder, instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.

A decir de la misma Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de agenciarse el dinero.

Más allá de la pugna empresarial, el juicio revela las irregularidades solapadas por las autoridades petroleras. Y es que las tres empresas retrasaron cinco meses la entrega de los oleogasoductos, cuya construcción estaban obligadas a terminar en diciembre de 2004.

Por esta obra, Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó un total de 87 millones 772 mil 92 dólares y, a pesar de los incumplimientos, expidió el acta de finiquito donde se dice satisfecha por los trabajos contratados. Salvo las penas económicas, ningún expediente de responsabilidad –en contra de las empresas o los funcionarios involucrados– fue abierto.

Así las cosas, siempre es Pemex el que tiene que pagar las deficiencias y las confrontaciones empresariales con cargo al erario público. Pero de este tema hablaremos más la próxima semana.

Carta aclaratoria

Una segunda carta aclaratoria ha enviado Alejandro Cota Alcázar, ex director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, en donde trabajó poco más de dos meses y dice que renunció por “motivos personales”. Se reproduce íntegramente.

Lunes, 5 de marzo de 2007.

Periodista Miguel Badillo.

Oficio de Papel, Columna semanal.

Agradezco su buena voluntad para el caso. Le reitero las declaraciones que vertí en la carta que envié a usted el pasado viernes 2 del presente y deseo aclararle que su apreciación “aunque sí confirma que ha sido cesado de su cargo en la Presidencia de la República” es incorrecta, dado que en ningún momento menciono que fui cesado y, creo que para usted es claro también, dado que en la respuesta electrónica que envía me  pregunta “¿cuál fue el motivo de su renuncia al cargo que desempeñaba en la residencia?”.

Además, con su comentario “quien ha dejado el cargo y hasta ahora se desconoce el motivo de ello, por lo que se cree está relacionado” continua usted implicándome en un hecho del cual yo no tengo nada que ver. Si es una realidad que renuncie al cargo  por motivos personales y que, reitero, no tienen nada que ver con los hechos que narra en su columna.

Ahora, contestando a su pregunta: Honestamente me considero una persona trabajadora y conocedora de mi especialidad. Sin embargo, creo firmemente que el trabajo debe de ser una parte integral del desarrollo personal, si este no se integra, entonces es un trabajo. Por lo regular, trabajo desarrollándome como persona y creando, desarrollando e implantando soluciones en donde el espacio humano y la seguridad siempre son factores importantes. Constantemente evaluó mi desempeño y el desempeño del (os) ejercicio (s) que esté desarrollando, además de mi satisfacción y la de mi familia. Laborar en la presidencia es un ejercicio más que respetable del cual me encuentro totalmente orgulloso. Pero esto, tenia consecuencias familiares considerables, que al cabo de las acciones que implicaba, considere que era mejor retirarme y continuar mi camino con buenas amistades y sembrando nuevas oportunidades futuras.

Respetuosamente le pido que aclare que mi persona no tiene nada que ver con lo relatado en su columna y que no he sido cesado. Sabiendo que usted es una persona de bien, le envió un fuerte saludo.

Sin más por el momento agradezco a usted la atención que se sirva brindarle a la presente.

Atentamente,

MC Alejandro Cota Alcázar

* La “solución” de Zubiría y los líos del SAT
* Despiden a Alejandro Cota de Los Pinos
* Las confrontaciones entre Slim y Gil Díaz

Hasta la Cámara de Diputados llegó la bomba de tiempo que ha generado el retraso indefinido que enfrenta la “Solución Integral” ordenada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Oracle para modernizar su plataforma tecnológica y que representó un dudoso contrato, por decir lo menos, de más de 52 millones de dólares. 

Los legisladores buscan una explicación congruente del jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, quien ha dicho que los problemas con este contrato no son atribuibles a hechos de corrupción o negligencia en el organismo que preside. Aún más, asegura que Oracle o Peoplesoft –la empresa que originalmente obtuvo el contrato– tampoco tienen toda la culpa. Se trata, afirma Zubiría, de una arquitectura tecnológica muy compleja.

Precisamente por esta razón, Oracle obtuvo uno de los contratos más cuantiosos de la administración pública. Se trata de una licitación internacional que se realizó bajo la supervisión del Banco Mundial y con la  que se buscaba sentar un precedente positivo sobre el uso de la tecnología para incrementar la recaudación tributaria (¿sí?), mejorar la distribución de la riqueza (¿cómo no?) y combatir la corrupción (¿ajá?).

Asegura Zubiría que una consultora analiza ya las fallas en las que ha incurrido Oracle, y que si bien se le sancionará a través de un proceso de arbitraje que seguirá las reglas del Banco Mundial, es un hecho que no se cancelará el contrato. Sería más costoso para el SAT, asegura el funcionario, a quien como ya informamos no se le permitió dejar su puesto en el organismo tributario en tanto no resuelva el conflicto tecnológico que tiene olores fétidos de corrupción.

Al interior del SAT, el llamado “periodo de estabilización” de la “Solución Integral” vive un periodo de agudización de fallas e irregularidades. Aún más grave, se corre el riesgo de que los contribuyentes enfrenten problemas con los trámites realizados y que el periodo de declaraciones anuales enfrente problemas nunca antes vividos. Para muestra, una perla de los profundos problemas que se enfrentan en el SAT: con el nuevo sistema desarrollado por Oracle se pretendía eliminar el uso de papel. Es cierto que en noviembre pasado ya no era necesario presentar fotocopias de los documentos solicitados para trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, sin embargo, la guía de trámites del SAT publicada a través de Internet volvió a incluir la obligación para el contribuyente de presentas originales y  fotocopias. ¿La razón? El sistema de escaneo de documentos que incluye la plataforma tecnológica de Oracle dejó de funcionar, nada más.

El contratista del SAT, me informan fuentes al interior del organismo fiscalizador, subcontrato el sistema de escaneo de documentos conocido como Documentum. Para los trabajadores del SAT el uso de este sistema ha convertido los procesos de integración de documentos en una verdadera y riesgosa pesadilla. El peligro de perder información valiosa del contribuyente está presente a cada momento.

José María Zubiría recibió en su momento la advertencia de que el sistema de escaneo no estaba funcionando. Sin embargo, aseguró que se trataba del paquete para la plataforma que había vendido y recomendado Oracle y que correspondía a las más avanzadas prácticas internacionales.

Más allá del caos operativo que reina en el SAT, lo que más preocupa al interior del organismo son las decisiones que tomará Zubiría para tratar de cubrir el enorme boquete. Se dice al interior del SAT que Zubiría busca convencer al titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, de que si la aplicación no se construyó a partir de las necesidades de la organización ahora será más fácil reconvertir al SAT para que se adapte al sistema.

El problema, reconoce el propio Zubiría, es que no se construyó para el SAT. El contrato y el manual de operaciones presentado al Banco Mundial, establecía que se trataba de un sistema especialmente diseñado para el SAT. ¿No se pagó bastante por ello? Entonces no se ha regalado nada al gobierno mexicano y dicho programa puede convertirse en una verdadera crisis en la recaudación, por lo que habría que preguntar si se le fincarán responsabilidades a Zubiría Maqueo o el señor Carstens empezará su gestión con turbiedades y omisiones en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades a los Servidores Públicos.

Por ello se publicará un nuevo reglamento interno para el SAT, con el cual se buscará solucionar el problema. Pero los pronósticos hasta ahora son reservados pero el temor que prevalece.

El SAT podría enfrentar un mayor desorden con incalculables pérdidas económicas para el erario, de tal manera que el plan de Zubiría es colocar en puestos clave de la organización al personal que hasta ahora ha participado en la licitación, desarrollo y operación del fallido sistema.

La reestructura busca justificarse con la necesidad de que ahora la plataforma cuente con las “mejores prácticas de servicio” al contribuyente, un ejemplo que se tomó del sistema tributario chileno en donde la participación de la recaudación respecto del PIB sí aumentó gracias a la tecnología. Se trata, sin embargo, de una base de contribuyentes mucho menor y sin las complejidades de la mexicana.

La noticia que se debería esperar, sin embargo, es la ola de sanciones para Oracle–Peoplesoft después de que incumplió una y otra vez los términos del contrato. Preocupa, además, el acceso irrestricto que tuvo esta empresa estadounidense a las bases de datos que controlan la información de más de 20 millones de contribuyentes.

Lo único que sabemos hasta el omento es que hay demasiada complacencia y esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de estallar. En resumen se trata de una herencia de Francisco Gil Díaz, quien a cambio de impunidad y compromisos que asumió con él Felipe Calderón, dejó al frente de Hacienda a un empleado del FMI que no está acostumbrado a tomar decisiones y espera órdenes desde los Estados Unidos para poder actuar.

Carta aclaratoria de funcionario de Los Pinos

 

La semana pasada escribimos cómo el sistema de seguridad en la Presidencia de la República había sido violado por una empresa privada que instaló cámaras de video y micrófonos en áreas restringidas y privadas de la residencia oficial de Los Pinos en donde vive el presidente Felipe Calderón y su familia.

La información generó de inmediato la reacción del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el español Juan Camilo Mouriño, quien ordenó limpiar el lugar y retirar cámaras y micrófonos, además de iniciar una investigación para determinar si se trata de una conspiración en contra del jefe del Poder Ejecutivo y determinar quiénes son los responsables.

Todo inició hace poco más de tres meses cuando la Presidencia de la República otorgó un contrato directo por unos 25 millones de dólares a una empresa privada de Monterrey llamada Security Network Systems para, con un supuesto propósito de vigilar y resguardar todo lo que sucede dentro de Los Pinos, instalar 100 cámaras de video con igual número de potentes micrófonos que graban todo lo que se hace y se dice en Los Pinos.

Aunque se ha buscado insistentemente una respuesta oficial sobre este delicado asunto, hasta ahora dicha información sigue clasificada como confidencial y en la Presidencia de la República se niegan a explicar lo que ha sucedido; de tal manera que se ha recurrido a fuentes extraoficiales, las cuales informaron que uno de los implicados en el espionaje a Calderón y familia era Alejandro Cota Alcázar, director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, quien ha dejado el cargo y hasta ahora se desconoce el motivo de ello, por lo que se cree está relacionado.

Sin embargo, Cota Alcázar nos envió una carta para aclarar que él nada tiene que ver con el espionaje, aunque sí confirma que ha sido cesado de su cargo en la Presidencia de la República.

Esta es su carta íntegra:

Carta Aclaratoria

Viernes, 02 de marzo de 2007.

Periodista Miguel Badillo

Oficio de Papel, Columna semanal.

El pasado día 26 de febrero del presente en su columna “Oficio de Papel” señala que mi persona esta siendo investigada “es investigado si tuvo alguna participación en la contratación del sistema de espionaje en la casa presidencial” a lo cual, con todo respeto, le informo que en ninguno de los hechos mencionados he te nido que ver, ni participe, ni tenia conocimiento hasta que usted escribe al respecto. Ya que durante los 62 días que fungí como Director General de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, no como “responsable del área de telecomunicaciones”, nunca intervine en nada relacionado a lo relatado en su columna. Además, a la fecha, no ostento ningún cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como también es señalado por usted. Por lo que solicito, respetuosamente a usted, realice una nota aclaratoria o sírvase publicar esta carta aclaratoria en igualdad de circunstancias que su columna, dado que esta dañando a mi persona y atañen el profesionalismo con el que yo siempre me he desempeñado como funcionario público y en el ámbito profesional y académico.

Conocedor de la veracidad de la información de su columna estoy seguro que esta petición será resuelta favorablemente, por lo que le envió un fuerte saludo.

Sin más por el momento agradezco a usted la atención que se sirva brindarle a la presente.

Atentamente,

Alejandro Cota Alcázar

Nota: Al no poder encontrar dirección alguna en donde enviarle esta carta, se la hago llegar a través de sus dos direcciones de correo electrónico que publica en su columna. Por lo anterior, solicito a usted atentamente, me acuse de recibido esta carta aclaratoria.

Hasta aquí la “carta aclaratoria” y, como me pide Cota Alcázar, en mi acuse de recibo de la misiva también le pregunto el motivo de su renuncia a la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues parece una reacción al espionaje presidencial, pero hasta ahora no hay respuesta.

La lucha por el poder: Slim y Gil Díaz

El cinismo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, va en aumento. Primero fue el desastre que dejó en las finanzas públicas y la enorme corrupción y desvío de recursos del erario federal. Ahora se contrata con empresas extranjeras para entregar la información privilegiada que manejó en su responsabilidad como servidor público, a cambio de jugosas inversiones, acciones y ganancias.

Pero eso no es todo, en una conferencia de prensa amañada en donde se atribuyeron el derecho de acceso a los medios de comunicación afines con el ex secretario, para evitar así molestas preguntas de quienes tienen pruebas de la corrupción de Gil Díaz, el ex funcionario declaró que no viene a México a pelear con Carlos Slim, otro magnate de las telecomunicaciones.

Sin embargo, las pruebas que hay dicen lo contrario, pues las diferencias entre ambos personajes revelan el encono y odio de Gil Díaz en contra de Slim. Por ejemplo, antes de que Gil Díaz abandonara la Subsecretaría de Ingresos allá por el año de 1994, inició una persecución fiscal en contra de Slim y del Grupo Carso que disfrazó como una campaña en contra de la evasión.

El Grupo Carso (conglomerado de unas 150 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al asegurar ésta que habían cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y en poder de Oficio de Papel, las auditorías aplicadas a Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las casi 150 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a 2 empresas les hicieron observaciones, pero el caso fue cerrado en la PGR por órdenes presidenciales. Por falta de espacio la próxima semana hablaremos de los perdones fiscales a los amigos y cómplices de Gil Díaz y de las persecuciones a los que consideraba enemigos y competidores.