Oficio de Papel

* Fallas en el sistema de vigilancia en Los Pinos
* Investigan en Presidencia posible conspiración
* Retiran cámaras de video y micrófonos ocultos

Hace unos días informamos de la extraña asignación directa que hizo la Presidencia de la República al otorgar hace tres meses un contrato a la empresa privada de Monterrey Security Network Systems para, con un supuesto propósito de vigilancia y seguridad nacional, instalar 100 cámaras de video con igual número de potentes micrófonos que graban todo lo que se hace y se dice en Los Pinos. El problema fue que una de las víctimas de ese “big brother” presidencial era el mismo Felipe Calderón, así como su familia, los secretarios de Estado y todo aquel que se le ocurre visitar la residencia oficial del Ejecutivo.

Esa información clasificada como confidencial se ha mantenido con el mayor de los sigilos en la Presidencia de la República, en donde nadie quiere oficialmente hablar del tema. Sin embargo, después de que los órganos de seguridad nacional alertaron a Calderón de que algunas de esas cámaras (30 para ser precisos) habían sido colocadas en áreas privadas de la residencia oficial, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, ordenó retirarlas de inmediato y se inició una investigación para determinar si se trata de una conspiración en contra de Felipe Calderón y determinar quiénes son los responsables, pues se cree que pretendían espiar todo lo que hace el jefe del Poder Ejecutivo.

Por tratarse de la seguridad del presidente de la República, corresponde al Estado Mayor Presidencial supervisar todos los contratos que se asignan en materia de vigilancia en Los Pinos, por eso nadie se explica en la casa presidencial cómo se vulneró la seguridad al contratar primero a dicha empresa privada y después la instalación de cámaras y micrófonos en zonas ocultas y restringidas, pues es un derecho que el jefe del Ejecutivo tenga también privacidad. Una línea de investigación que preocupa es si algún miembro de ese órgano de seguridad de las fuerzas armadas está involucrado en tal conspiración.

Por lo pronto una de las reacciones inmediatas en Los Pinos fue remover al responsable del área de telecomunicaciones, Alejandro Cota, quien también es investigado si tuvo alguna participación en la contratación del sistema de espionaje en la cada presidencial, por lo que fue transferido a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un dato sobre este funcionario que salió de la Presidencia es el estrecho vínculo que mantiene con la empresa privada Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawachi y en donde laboró hasta hace poco tiempo. Como recordamos Cosmocolor tuvo problemas penales cuando el gobierno capitalino de Oscar Espinosa Villareal le asignó un contrato millonario para la impresión de licencias de conducir.

La empresa SNS

La empresa privada contratada, Security Network Systems S.A. (SNS), con sede en Monterrey y cuyo director general es el ingeniero Jesús Martín Garza Elizondo, empleó equipo de origen koreano para grabar en audio y video todo lo que sucede en la residencia oficial presidencial. El costo estimado del contrato ascendería a unos 25 millones de dólares; sin embargo esa cifra no se pudo corroborar porque en Los Pinos su vocero Maximiliano Cortazar no responde el teléfono, en la página de Internet de la Presidencia no aparece dicho servicio ni el contrato respectivo y en la dirección general de SNS han rechazado las solicitudes de entrevista para explicar cuáles fueron las condiciones para otorgarles el contrato.

Después de buscar al director Garza Elizondo, la página en Internet de esa empresa privada fue cancelada durante varias semanas, pero hace unos días fue reactivada. Ahí se informa que SNS “inicia actividades al observar el día a día las deficiencias en seguridad, trazándonos el compromiso de analizar y dar respuestas a los distintos escenarios que se presentan con nuestros clientes, y así ofrecer soluciones reales a estos acontecimientos.

“Somos una empresa comprometida con los productos y servicios que ofrece, tenemos por objetivo principal el eficientar la seguridad de las unidades de negocios de nuestros clientes, aspirando siempre al mejoramiento en su calidad de vida, salvaguardando todos sus activos siempre bajo la premisa de ofrecer el máximo rendimiento al menor costo, teniendo ésta como nuestra misión.

“La visión de Security Network Systems es ser una empresa líder de renombre nacional en el área de equipos y servicios de seguridad. SNS es una de las primeras empresas en México en contar con auditores externos o certificados por la Organización Mundial BASC (OMB). Comprometidos con nuestros clientes a ofrecer un amplia gama de servicios en estándares internacionales de seguridad.”

Entre los servicios que ofrece la empresa privada es la realización de auditorías, “que es la revisión de actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad para observar el cumplimiento de las disposiciones preestablecidas y que éstas sean cumplidas en forma efectiva.”

En el servicio de consultoría, SNS dice que “estudia la necesidad de cada cliente para ofrecerle el más adecuado diagnóstico, de acuerdo con sus necesidades, mediante un estudio previo de vulnerabilidad, obteniendo así información para brindarle la cobertura exacta de su casa o negocio”, es decir el de gobernar este país en el caso de la instalación de cámaras y micrófonos en la Presidencia de la República.

En capacitación, SNS asegura contar con personal certificado y entrenado para preparar a los usuarios finales de los equipos, permitiendo así un uso óptimo de este. Como trabajo adicional la empresa ofrece el servicio de escolta para seguridad y vigilancia, y cuentan también con flotillas de instalación perfectamente capacitadas en el manejo de los nuevos equipos.

Sin duda SNS es toda una empresa de seguridad y vigilancia para el mejor postor, y como en Los Pinos la inseguridad y el temor se pasean por oficinas  y pasillos qué mejor que una empresa privada para resguardar los intereses presidenciales. A ver si en los próximos días alguien en el gobierno explica estos absurdos y complots.

Los rostros del intervencionismo

Ante la amenaza de perder influencia sobre las fuerzas armadas y policiales de América Latina y Asia, el gobierno de Estados Unidos ha autorizado un ambicioso programa para la entrega de helicópteros que sobrevuelen la región. La excusa es el “apoyo” para la erradicación de cultivos de cocaína y opio, pero en realidad se trata de la decisión de vigilar y evitar el ingreso de fuerzas terroristas y migrantes al país vecino.

El Congreso de Estados Unidos exigió al gobierno de George Bush que ordene la administración de las aeronaves que entrega a terceros países para combatir el narcotráfico y el terrorismo, entre los cuales México ocupa uno de los primeros lugares tan solo después de Colombia. Se deplora, sin embargo, el excesivo gasto destinado a comprar y mantener aviones, así como a firmar contratos con empresas que operan personal con actividades dedicadas a introducirse en las fuerzas militares de la región.

A través de la General Accountability Office (GAO por sus siglas en inglés), el órgano de vigilancia equivalente a la Auditoria Superior de la Federación, busca una mayor rendición de cuentas sobre la administración de las aeronaves que entrega a países como Colombia y México, entre otros.

El Departamento de Estado de la Unión Americana, de acuerdo con el reporte, controla las operaciones de al menos 357 helicópteros y aeronaves cuyo valor está estimado en 340 millones de dólares. Sólo en el caso de Colombia, el gobierno estadounidense ha destinado presupuestos para el mantenimiento de estas aeronaves.

Ahora, el Departamento de Estado de ese país deberá justificar cada peso que invierte en esta campaña contra el narcotráfico y el terrorismo si es que pretende obtener mayores recursos en el presupuesto para 2008 y 2009.

Hasta ahora, asegura la GAO, la información que ha proporcionado el Departamento de Estado para justificar la presencia en el mundo a través de la operación de sus aeronaves resulta insuficiente. No se ha proporcionado, por ejemplo, la documentación que confirme los ciclos costo–beneficio, así como presupuestos comparativos.

A pesar de que se registran avances desde 2004, el Departamento de Estado aún no aplica procesos sistemáticos para la administración de esta flota aérea, lo que obstaculiza los programas para el mantenimiento y la seguridad de dichas aeronaves.

El documento presentado al Congreso de Estados Unidos por la GAO el pasado 2 de febrero recuerda que el Poder Legislativo de ese país ha autorizado más de 5 mil millones de dólares para financiar los programas contra el narcotráfico y el terrorismo.

Países como Afganistán, Bolivia, Colombia (en donde se ocupan para transporte del ejército principalmente), Ecuador, Pakistán, México y Perú son las naciones que han recibido aviones y helicópteros para ser operados por las autoridades locales.

Entre 2002 y 2006, el gobierno estadounidense ha destinado más de 2 mil 200 millones de dólares para actividades aéreas; las unidades de vuelo son propiedad del gobierno estadounidense por lo que el mantenimiento es responsabilidad de ese país.

La GAO también ha descubierto problemas en la operación de la entidad conocida como Air Wing, cuya base central de operaciones se localiza en Miami, Florida y que ha incurrido en subvaluaciones del equipo hasta por 162 millones de dólares.

En 2005 el Senado de Estados Unidos se pronunció por las lagunas que presenta la administración de este programa, lo que ha incrementado los costos de administración.

Las investigaciones de la GAO se concentraron en Colombia, en mayor medida, pues es en este país en donde se opera la tercera parte de los aviones adscritos a centro y Sudamérica. La revisión se realizó entre febrero de 2006 y enero de 2007. Sin embargo, México no escapa a las conclusiones.

La evaluación tomó en cuenta los compromisos adquiridos en 2004 por Air Wing, para iniciar un plan estratégico para modificar los errores en la operación de las aeronaves entregas a países que se consideran estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos. El plan de Air Wing no contempla, sin embargo, medidas para mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se limita al plano administrativo.

En general, la inversión en aviones entregados a países que, según el gobierno de Estados Unidos, enfrentan problemas de narcotráfico, no se encuentra plenamente justificada. Aún más, carece de análisis económicos que permitan al gobierno de ese país medir la efectividad de los planes y aplicación de activos.

La GAO observa la necesidad de mejorar los términos de contratos pactados con empresas como DynCorp International, que ofrecen servicios para la administración de estos aviones, pero sobretodo para la asesoría en materia de erradicación de cultivos de cocaína y opio.

El costo anual de los contratos con esta compañía suma al menos 174 millones de dólares y se extienden por un periodo de 10 años. El mayor contrato que se ha otorgado a DynCorp International corresponde al Plan Colombia, aunque también cuenta con actividades en Bolivia y Perú, así como en la frontera de Pakistán.

Ahora, el Departamento de Estado de EU ha solicitado a DynCorp desarrollar una serie de indicadores para medir su desempeño. Esta misma empresa es la que ofrece servicios al gobierno estadounidense para prevenir la migración desde países como Ecuador, en donde sus prácticas han sido críticas debido al nivel de intervencionismo.

De hecho, la empresa fue demandada por 10 mil ciudadanos ecuatorianos que buscan compensaciones por 100 millones de dólares para resarcir daños a la propiedad privada e indemnizaciones por homicidios a causa de procesos de fumigación en la frontera de ese país.

Los contratos de esta empresa suman más de 93.7 millones de dólares mientras que la prensa estadounidense investiga sus actividades. En el caso de México, el reporte de la GAO no precisa si DynCorp está proporcionado servicios de mantenimiento y operación de aviones. Sin embargo, sí da cuenta de cómo se entregaron helicópteros a la Procuraduría General de la República sin contar con las medidas de control necesarias. Un abuso más de las autoridades de Estados Unidos en su relación con México.

* Las cuentas pendientes de José María Zubiría
* Fracasa solución integral contra evasión fiscal
* Donaciones irregulares de fideicomisos al SAT

Es pública la debilidad con la que Agustín Carstens arriba a la Secretaría de Hacienda, bajo la sombra de su antecesor Francisco Gil Díaz, y eso le impide colocar a funcionarios de su confianza en los puestos de primer nivel. De hecho, gran parte de las negociaciones para que el ex subdirector gerente del FMI aceptara la titularidad de la dependencia tuvo que ver con los nombramientos en las subsecretarías, pero al final perdió.

Por ejemplo la presencia de Ernesto Cordero en la Subsecretaría de Egresos es una de las cartas que Cartens tuvo que ceder por tratarse de uno de los hombres de confianza de Felipe Calderón.

En otros casos como el de José María Zubiría Maqueo, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), su ratificación en el cargo nada tuvo que ver con un reconocimiento a su gestión al frente del organismo recaudador, la cual además de ineficaz se dice está marcada por actos de corrupción e irregularidades que algunas personas cercanas al presidente de la República están dispuestas a investigar.

Así esta decisión de Carstens de mantener al polémico Zubiría Maqueo en el cargo se debe a los severos problemas operativos en ese organismo –que podrían derivar en investigaciones por corrupción– relacionados con la aplicación de la llamada Solución Integral que el SAT y la Secretaría de Hacienda preparan desde hace más de dos años para incrementar, entre otros objetivos, el combate en contra de la evasión.

Ahora, a su fracaso para realizar el censo tributario, Zubiría Maqueo tendrá que rendir cuentas sobre el proyecto de modernización tecnológica del SAT. El funcionario, sin embargo, no está solo en el terreno de las responsabilidades. Rubén Aguirre, ex subsecretario de Ingresos y ex titular del SAT, también comparte algunos de los problemas con esta licitación. Por supuesto otro de los principales responsables de este problema que empieza a tomar dimensiones de preocupación dentro del gabinete calderonista es el propio Gil Díaz, quien durante seis años marcó las líneas a seguir en Hacienda y por consiguiente no puede ser ajeno a lo que sucede ahora.

Desde agosto pasado, los colegios de contadores observan con asombro la lluvia de declaraciones de la dependencia sobre los retrasos en los que se ha incurrido para liberar la plataforma tecnológica con la que se pretendía liberar a los procesos fiscales del papel, pero sobretodo de la intervención humana y del posible riesgo de corrupción.

La empresa estadounidense Oracle, que adquirió hace dos años la compañía Peoplesoft, ganadora original del contrato licitado por el SAT y el Banco Mundial, es hasta ahora la responsable visible de los problemas con la aplicación de la plataforma y, en consecuencia, debe pagar los platos rotos y recibir las sanciones que ello ocasione. En el SAT se asegura que la compañía responsable de los servicios de outsourcing será sancionada; no obstante, cancelar el contrato debería de ser una opción para la dependencia después de los problemas en los que ha incurrido Oracle y que colocan al proyecto estratégico de la dependencia con al menos un año de retraso. ¿Cuánto cuesta al erario este retraso?

Esta es la razón por la que José María Zubiría Maqueo permanece al frente del SAT. Agustín Carstens ha dado la instrucción de que mientras no se solucione la crisis generada por los retrasos de Oracle–Peoplesoft, el funcionario no podrá abandonar su puesto, en espera de que sea sancionado.

Conocedor de esta situación, Zubiría Maqueo habla sobre el conflicto como si fuera un tema ajeno a su gestión y asegura que se trata de situaciones ajenas, incluso, a la empresa contratista que firmó un contrato por casi 53 millones de dólares.

Estos recursos forman parte de un paquete de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo y por el propio Banco Mundial para impulsar la reforma fiscal. Los cambios legislativos, sin embargo, no se han presentado y los organismos multilaterales decidieron apoyar la modernización tecnológica y la reconversión del SAT como un camino alterno frente a la crisis recaudatoria que enfrenta el país.

Aún más, impuestos como el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que constituyeron la caja chica de la Secretaría de Hacienda durante más de una década prácticamente se desplomaron al pasar de 2 mil 200 millones de pesos en promedio por año, entre 2001 y 2004, a menos de 349.2 millones. El SAT argumenta, no obstante, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el derecho se vio compensada por el incremento del comercio exterior. Los números, sin embargo, reflejan otro escenario.

Ahora, sin embargo, el país carece de una transformación legislativa y de la prometida plataforma tecnológica.

La propia Secretaría de Hacienda ha reconocido que el inicio de operaciones del Sistema Integral, con el que se impulsaría el periodo de declaraciones correspondiente a este año está retrasado y que no existe una fecha clara para que entre en operación, en línea con las expectativas marcadas por el Banco Mundial y la propia dependencia.

Con el nuevo sistema se pretendía reducir el costo de cumplir con las obligaciones tributarias, así como la inversión comprometida por el Estado. Con más de 32 mil 733 empleados, el SAT también busca reducir el costo de su personal. Fue en 2004 cuando este organismo despidió al menos mil trabajadores como parte de su proceso de reingeniería de procesos, lo que generó gran inconformidad por parte de los trabajadores sindicalizados al asegurar que el SAT sólo incrementó el costo de su nómina al reemplazar plazas con personal con ingresos mayores y escaso conocimiento sobre labores tributarias.

Una de las líneas de investigación sobre las fallas en el proyecto encomendado a Oracle son las estrategias de la firma estadounidense para maximizar sus ganancias y que tendrían que ver con la subcontratación de firmas que operan en países como Argentina, lo que habría pulverizado el control sobre la efectividad y resultados de la plataforma. Pero este problema apenas empieza a salir a la luz pública y habrá que estar atento a la forma como lo resuelve este nuevo gobierno que le urge legitimidad.

Vacían fideicomisos aduaneros

Un amplio informe de la Secretaría de Hacienda revela que a fines del año pasado los fideicomisos privados Aduanas I y II –involucrados por la ASF en daños al patrimonio público que superan los 10 mil millones de pesos y oficialmente están en proceso de extinción– transfirieron más de 800 millones de pesos al SAT. Los recursos, entregados bajo la etiqueta de donativos, se usarían para cubrir operaciones del órgano desconcentrado.

Un mes después de recibir la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que el 14 de agosto de 2006 convalidó la operación discrecional de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, al declarar por mayoría de votos que los miles de millones de pesos obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) son de naturaleza privada–, el SAT recibió la primera de tres excepcionales donaciones.

Los traspasos de recursos “privados” al erario público, hechos entre octubre y diciembre del año pasado por un monto total de 806 millones 933 mil 50 pesos, revelan que –tras el fallo de la Corte y en absoluta reserva– el SAT inició los movimientos financieros que afectan el patrimonio de ambos contratos.

El sigilo en las transferencias contrasta con la promesa oficial hecha por el SAT el 20 de junio de 2006, cuando –a través de un comunicado– aseguraba que a partir de entonces daría a conocer de manera periódica la información sobre los fideicomisos que administra, entre los que destacan el 954–8 Aduanas I y el Consorcio de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II.

Según la versión difundida por el SAT en aquella época, la institución aún encabezada por José María Zubiría Maqueo buscaba “proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”.

Las donaciones

Las donaciones no son un asunto menor. Creados en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), los fideicomisos aduaneros recaudaron el cobro del DTA desde entonces y hasta 2004.

Ambos fondos, al igual que la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), son responsabilizados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer daños al patrimonio público por 10 mil 182 millones de pesos.

El máximo órgano de fiscalización en México acusa que los quebrantos patrimoniales se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista, y fueron por 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

En esos ejercicios fiscales, detalla la ASF en sus informes, el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I. La ruta del dinero apunta que esos ingresos se destinaban posteriormente al Aduanas II y a ISOSA.

Después de conocida la resolución de la Corte, en octubre pasado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda ordenó –en su calidad de fideicomitente– a Nacional Financiera (Nafin), la fiduciaria, que le entregara 10 millones 113 mil 637 pesos del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II.

Según consta en el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, este monto fue reintegrado a las arcas del SAT. En sus anexos, el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda detalla que la “donación” tuvo como fin la “compra de bienes donados en especie para uso en diversas aduanas del SAT”.

Un mes después, en noviembre, el organismo tributario mandó a Nafin ejecutar el traspaso de 500 millones de pesos, pero ahora sustraídos del Aduanas I. Además, en diciembre se desembolsaron otros 296 millones 819 mil 413 pesos de este mismo fideicomiso, que también fueron entregados en forma de donativo al órgano desconcentrado.

Para estas erogaciones, el fin específico detallado por Nafin y el SAT fue: “apoyar los programas editorial; de actualización del RFC en Durango, Zacatecas, Coahuila; de capacitación en el marco de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica para el SAT; la amortización del Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2003; la cobranza de adeudos de servicios, y el Programa Paisano”.

Ahora que Francisco Gil Díaz asesora a transnacionales y se contrata con empresas extranjeras de telecomunicaciones debe ser llamado a cuentas por las autoridades mexicanas para que explique todas estas irregularidades cometidas durante el gobierno del cambio.

Chatarra de EU llega a México

Un amplio documento de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GA0 por sus siglas en inglés, asegura que el gobierno de ese país ha entregado a las autoridades mexicanas 36 helicópteros destinados a realizar actividades de inspección y combate al narcotráfico. A Colombia, los estadounidenses han enviado más de 173 unidades de vuelo, mientras que en Bolivia mantienen en operación 15. Pero en México los helicópteros estadounidenses que sobrevuelan el territorio mexicano no sólo están destinados a las actividades contra el narcotráfico sino también a garantizar la seguridad fronteriza. Por ello, las autoridades del abusivo país vecino aseguran que han destinado presupuestos especiales para apoyar a los gobiernos de América Latina en el mantenimiento de sus helicópteros. Menos mal, pues el documento de la GAO también reconoce que no sólo se trata de helicópteros nuevos sino de unidades antiguas cuyo mantenimiento resulta altamente costoso. La GAO, no obstante, reprocha al Departamento de Estado y en especial a sus entidades Bureau International of Narcotics y al Law Enforcement Affairs por no haber informado sobre la adquisición de 12 helicópteros nuevos (Schweizer SAC 333) que representaron una inversión de 15 millones de dólares y que fueron entregados a la Procuraduría General de la República. El problema fue que no se realizaron los análisis de costo–beneficio, así que el mantenimiento y la capacitación para  estas unidades de vuelo podrían estar en serio peligro y con ello la seguridad de nuestros pilotos, pues como hemos visto se han presentado graves accidentes.

* Nada frena la llegada del barco FPSO
* Contrato estipula un costo de 750 md
* Corrupción en el tren Chiapas-Mayab

Hace un par de semanas me referí a la grave corrupción que ahoga a Petróleos Mexicanos y di algunos nombres de servidores públicos, ex funcionarios y empresas privadas que se han asociado para defraudar a la principal empresa del Estado. Sin embargo, en las secretarías de la Función Pública y de Energía, así como en la Dirección General de Pemex, ahora encabezada por el novato Jesús Reyes Heroles, no quieren saber nada de la administración anterior y mucho menos si se trata de acusaciones de corrupción, pues las órdenes que han recibido es ocultar cualquier expediente que involucre a funcionarios del gobierno de Vicente Fox, porque ese fue el pacto asumido por Felipe Calderón para heredar la Presidencia de la República.
En la información anterior señalamos al ex coordinador de asesores de los tres últimos directores generales de Pemex -antes de que Reyes Heroles asumiera el cargo-, Antonio Juan Marcos, quien con su yerno Juan Reynoso Durand y el hermano de éste de nombre Alfredo, han operado al interior de Pemex a través de tres empresas privadas: Subtec, Arrendadora Ocean y Blue Marin, para la obtención de contratos petroleros multimillonarios y, en algunos casos, triangularlos a otras empresas extranjeras y nacionales que pagan por dicho servicio de intermediación.
Antonio Juan Marcos se desempeñó durante el sexenio de Ernesto Zedillo como coordinador de asesores del entonces director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, quien enfrentó un proceso penal por desvío de recursos públicos. También fungió como asesor de los ex directores de Pemex en el gobierno de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, de quienes obtuvo su beneplácito para la asignación de contratos mediante dudosas licitaciones públicas internacionales.
Nueva información sobre la asignación de un contrato en 2005 relativo al arrendamiento de un buque tanque para el almacenamiento y descarga de petróleo crudo, conocido como FPSO, a la empresa noruega Bergensen y en cuya operación están involucrados Antonio Juan Marcos y su yerno Juan Reynoso Durand, revela que la nave fue rentada por un periodo de 15 años a partir de marzo de 2007 a un costo de 750 millones de dólares, cifra que por el tipo de convenio podría rebasar los mil millones de dólares, lo que significaría para Pemex atar las dos próximas administraciones federales, hasta el año 222, al uso obligatorio de dicho barco o, de no hacerlo, simplemente haber invertido poco más de 8 mil millones de pesos en arrendar un buque inservible, pues nadie puede asegurar cuál será el futuro que depare a la industria petrolera mexicana en los próximos 15 año, y mucho menos con los vaivenes de estos gobiernos panistas que todo quieren privatizar.
Uno de los primeros grandes buques petroleros contratados por Petróleos Mexicanos para su actividad marítima petrolera fue el Takuntah (o Ta´Kuntah). Durante más de una década la renta mensual pagada por la paraestatal al barco propiedad de la empresa japonesa Mitsui Ocean Development & Engineering Co. fue de 36 millones de dólares. La crítica al final para Pemex era inevitable: el gobierno federal pudo haber comprado dichos activos y no enviar esos recursos a gasto corriente. Es decir, un gasto innecesario, pues la asignación de dicho contrato también estuvo sujeta al escrutinio debido a que las bases de la licitación parecían más que dirigidas a un proveedor a cambio de cuantiosas comisiones para funcionarios petroleros.
En el mundo, especialistas en transporte marítimo si bien reconocen que son muy pocos los barcos FPSO con estas características, también alertan sobre la necesidad de establecer criterios que impidan prácticas de corrupción, como parece ser el caso de este nuevo contrato establecido por Pemex desde el 2005, cuando el director general de la empresa petrolera mexicana era Luis Ramírez Corzo, con quien Antonio Juan Marcos se entendía muy bien. 
Durante los últimos años, la contratación de los buques flotantes para almacenamiento y descarga, conocidos como FPSO, también han estado sometidos a la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mejore las instalaciones portuarias que atiendan el comercio exterior del petróleo y de los combustibles que necesita el país. 
Hace dos años, en cambio, un decreto presidencial declaró puerto marítimo al barco Takuntah. Así, hasta ahora, ni mejoran las condiciones de los puertos mexicanos ni se transparentan las licitaciones de millonarios contratos con empresas extranjeras y sus representantes en México, quienes década tras década cabildean los contratos dirigidos.
En un amplio reportaje de Nancy Flores que está por publicarse en el próximo número de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, se documenta la red de complicidades creadas en torno a la renovación del contrato con la empresa noruega Bergesen que, en esta ocasión, proveerá no sólo un buque tipo FPSO, sino que dará los servicios año con año.
Pero esa red de complicidades podría comenzar con el mismo presidente de la empresa transnacional noruega Bergensen, ganadora de la licitación, Svein Moxnes Harfjeld, quien era el presidente de la empresa Mitsui Ocean Devolpment & Enginnering Co. cuando se contrato el primer barco Takuntah. Aún más grave, el dato demuestra que las licitaciones de los megabuques petroleros de Pemex han venido beneficiando década tras década a los mismos grupos empresariales vinculados con directivos de la paraestatal, en algo más parecido a una mafia gubernamental que ha creado redes de corrupción para enriquecer a todos sus miembros.
Pero esta investigación periodística apenas empieza, así que observaremos muy de cerca qué hace el gobierno panista de Felipe Calderón para primero transparentar las licitaciones y después combatir los fraudes y el desvío de recursos públicos que tanto han sangrado las finanzas públicas del país y de los mexicanos.

¿Por qué oculta Pemex la información?
Algunos de los datos que dará a conocer ampliamente la revista Fortuna, Negocios y Finanzas en su portada, revelan que la cifra del costo de dicho buque FPSO que asciende a 758 millones de dólares aparece públicamente en los estados financieros de la noruega Bergensen Worldwide Offshore Limited correspondientes al ejercicio de 2006, en donde se explica que el contrato es a 15 años, mientras que en la paraestatal Pemex, cuya actividad debería de ser completamente pública porque es una empresa del Estado, la información de la contratación del barco se mantiene oculta como si se tratara  de encubrir un grave acto de corrupción.

Pemex ha omitido hacer público este contrato a pesar de la obligatoriedad impuesta por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Además, un ex funcionario de nombre Iván Enrique Rosenberg Vitorica, quien participó directamente en la traducción de cláusulas del contrato, en contacto directo con los directivos de la trasnacional, revela que el monto de dicho contrato ascendería a mil 150 millones de dólares.

El contrato
La historia de este controvertido convenio se signó el 13 de julio de 2005, cuando el director general de Pemex era Luis Ramírez Corzo. Ese día, Pemex Exploración y Producción (PEP) adjudicó a la compañía Bergesen Worldwide el contrato de arrendamiento del barco tipo FPSO. Se espera que la embarcación llegue a aguas mexicanas en marzo. El buque tanque será utilizado para la producción temprana de petróleo crudo.
La contratación de este barco se hizo mediante un concurso internacional que, según denuncian trabajadores de la paraestatal que han pedido el anonimato, se logró mediante tráfico de influencias, abuso de poder, fraude, soborno y un cuantioso daño patrimonial en perjuicio del erario público.
Y es que, dicen los servidores públicos de primer nivel, el director de Administración de la empresa paraestatal, Rafael Bracho, organizó la contratación de dicho barco con un presupuesto de 300 millones de dólares. Agregan que las abundantes restricciones en las bases de licitación dejaron fuera a varias empresas extranjeras y nacionales, por lo que sólo concursaron el grupo japonés Model, filial del poderoso consorcio Mitsui y que cuenta con buques de tales características, y la empresa noruega Bergesen.
De los 300 millones de dólares que se habían presupuestado en Pemex para solventar dicho contrato de arrendamiento en 2005, la paraestatal petrolera elevó el costo hasta rebasar los mil millones de dólares.
Para los trabajadores de la petrolera mexicana resulta extraño que Bergesen -trasnacional que mantiene relaciones muy cercanas con Arrendadora Ocean, propiedad de Luis Juan Reynoso Durand, especialista en operaciones financieras de la paraestatal, y Juan Antonio Marcos, quien ha trabajado con los últimos tres directores generales de Pemex- ganara la licitación.
Las fuentes indican que Arrendadora Ocean es la administradora del millonario contrato otorgado a Bergesen, función que le permitirá obtener una ganancia de hasta 225 millones de dólares.

Corrupción en el tren Chiapas-Mayab
Este domingo nos amanecimos con la grave noticia en el diario La Jornada de la violenta redada en contra de indocumentados centroamericanos ocurrida en el sur del país y que dejó heridos, golpeados y encarceladas más de 100 personas a manos de policías federales y del Instituto Nacional de Migración, quienes interceptaron un ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab, el cual es utilizado por centroamericanos para tratar de cruzar territorio mexicano hasta su punto final los Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que sucede este tipo de agresiones y violencia en contra de personas que tratan de cruzar de un país a otro en busca de una mejor condición de vida, en una auténtica cruzada por sobrevivir, a los mexicanos migrantes les sucede lo mismo en la frontera norte cuando tratan de pasar hacia Estados Unidos, pero en esta ocasión hay responsabilidad de los propietarios de la empresa estadounidense Genesee & Wyoming Inc., la cual transgrede las normas de seguridad que le obliga la concesión para operar el ferrocarril Chiapas-Mayab y que según investigaciones periodísticas es la promotora, cómplice y encubridora de múltiples delitos que se cometen a diario en sus trenes.
Un amplio reportaje de Ana Lilia Pérez y publicado en junio de 2005 en la revista Contralínea, da cuenta de cómo en la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en septiembre de 1999, el gobierno federal concesionó el tren al consorcio estadounidense de ferrocarriles Genesee & Wyoming Inc. a través de su filial Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, que opera en Mérida, Yucatán.
Por incumplir las normas de seguridad estipuladas en la concesión, la Compañía Chiapas-Mayab ha sido investigada como promotora, cómplice y encubridora de los múltiples delitos: asaltos, violaciones, homicidios y mutilaciones que ocurren en el interior de los vagones, amparada en la negligencia y omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la corrupción de autoridades de la Procuraduría General de la República, de efectivos militares y de trabajadores del Instituto Nacional de Migración.
Autoridades de Chiapas aseguran que el alarmante incremento de todos estos ilícitos es producto de la falta de vigilancia de la empresa y que el incumplimiento es motivo para que la SCT cancele la autorización para operar el tren. Lo cual no ha ocurrido a pesar de las violaciones al contrato de concesión y a los múltiples abusos que han ocasionado la pérdida de vidas. Esto ha desatado el enfrentamiento entre los dueños de la empresa y las autoridades de Chiapas, en donde éstas se quejan de la negligente actuación de la SCT, la cual se niega por extraños motivos ha cancelar la concesión.
El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter, reconoce que el gobierno de Chiapas ha denunciado las ilegalidades de la empresa Chiapas-Mayab, pero el funcionario se limita a decir que “estamos en pláticas con la empresa”. Sin embargo, las autoridades del sureño estado se quejan de la falta de interés de los funcionarios federales en el asunto, y sólo por presiones del fiscal general de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salavati, Dychter sostuvo reuniones con los representantes legales de la empresa, pero esas negociaciones se mantienen congeladas desde octubre pasado, según afirma el secretario de Seguridad Pública del estado, Horacio Schoeder Bejarano.

* El “Big Brother” en la residencia de Los Pinos
* Empresa privada instala cámaras y micrófonos
* Las andanzas del cuñado incómodo de Gil Díaz

Clasificado como un asunto de seguridad nacional, en la residencia oficial de Los Pinos se ha instalado una serie de cámaras y micrófonos ocultos para grabar en audio y video a todos sus visitantes, a fin de dejar un registro de lo que allí se hace y se dice. Pero este “Big Brother” (gran hermano) de Los Pinos, cuya responsabilidad ha recaído en el Estado Mayor Presidencial, órgano dependiente de la Secretaría de la defensa Nacional y cuya principal misión es cuidar la integridad del presidente de la República, también alcanza y vigila todos los movimientos y las palabras de Felipe Calderón Hinojosa y de su familia, así como de todos los huéspedes de esa casa presidencial.
En ese contexto, sabrá Felipe Calderón de cuántas cámaras y micrófonos fueron instalados en la residencia presidencial o se ha convertido en presa de alguna vigilancia ordenada por algún interés distinto al de su seguridad personal y al de la seguridad del país.
Por lo pronto nadie quiere hablar del tema. Ni en la residencia oficial de Los Pinos ni en el Estado Mayor Presidencial ni en la empresa privada contratada para la instalación del equipo de vigilancia que registra cada movimiento y cada palabra del primer mandatario y de su familia, así como de otros servidores públicos (entre ellos secretarios de Estado) que se mueven en Los Pinos.
Lo anterior viene a cuento porque hay que recordar que hace seis años, cuando arrancaba el “gobierno del cambio”, el entonces presidente Vicente Fox ordenó n su muy estilo ranchero otorgarle sin licitar millonarios contratos a su amigo y cómplice el arquitecto Humberto Artigas para que remodelara la casa presidencial, así como hacerle arreglos a las dos cabañas, comprar muebles y algunas decoraciones. Pero todo se salió de control y el gasto irregular rebasó los 70 millones de pesos, de los cuales sólo se gastaron en las obras y bienes unos 20 millones, así que el desfalco y el desvío de recursos a las arcas públicas fue de casi 50 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales de la auditoría que hizo la entonces Secretaría de la Contraloría a dichas obras y que hasta ahora permanece oculta y bajo reserva hasta por 12 años en la Secretaría de la Función Pública, la cual nunca sancionó a las empresas privadas ni a los funcionarios responsables.
Sin justificación alguna, en aquellas obras de Los Pinos ordenadas irregularmente por Fox se informó que no se habían licitado porque se trataba de un asunto de seguridad nacional, pero la Contraloría desechó esa versión porque el amigo del presidente, el arquitecto Artigas, subcontrató a diversas empresas privadas todas las obras y la compra de bienes y servicios para la residencia de Los Pinos, lo que dejaba indefenso al jefe del ejecutivo y a su familia al permitirse libremente la entrada y salida de trabajadores de dichas empresas. Pero afortunadamente no ocurrió nada ante la vulnerabilidad de la seguridad en Los Pinos y la pasividad del Estado Mayor Presidencial, quizás porque a nadie interesaba Fox y compañía.
Por eso ahora cobra relevancia este nuevo contrato que acaban de otorgar en Los Pinos para la instalación de poderosas cámaras y micrófonos para registrar todo lo que se hace y se dice allí.
Pero ante el silencio cómplice de todos los involucrados, daremos algunos datos relevantes que fuentes de la Presidencia de la República aseguran ocurre de manera irregular, con la fe de que alguna autoridad de “inteligencia” en este país, llámese Cisen, Inteligencia Militar, PGR, SSP, Función Pública o Estado Mayor Presidencial, revise a profundidad la seguridad en Los Pinos y la de sus inquilinos, pues se afirma que son vigilados más allá de lo permisible.
La empresa privada contratada se llama Security Network Systems S.A., y aunque tiene nombre en inglés es mexicana y tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, en donde su director es el ingeniero Jesús Martín Garza Elizondo, quien hasta ahora se ha negado desde hace tres semanas a dar respuesta para explicar cómo es que le fue otorgado dicho contrato sin licitación y que las fuentes de la Presidencia aseguran ascendió a 25 millones de dólares, es decir algo así como 275 millones de pesos. Este dato por supuesto está sujeto a confirmación hasta que alguna autoridad explique si dicho monto corresponde con la realidad.
Dicha empresa, SNS por sus siglas en inglés, hasta antes de ser investigada por este reportero tenía una página en Internet en donde aseguraba ser experta en la venta e instalación de equipos de seguridad y vigilancia, y como prueba de ello relataba allí haber equipado las patrullas policiales pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Pero misteriosamente su página ha salido de Internet y aunque está la referencia de SNS no hay acceso, es decir fue cancelada. ¿Por qué?
Pero demos más información por si acaso Germán Martínez, secretario de la Función Pública, se pone a trabajar e investiga la legalidad de otorgar dicho contrato a la empresa privada SNS, cuando se trata de un asunto de seguridad nacional. Hasta ahora sabemos que uno de los responsables en Los Pinos del área de las telecomunicaciones es Alejandro Cota, quien habría tenido alguna participación en la contratación del sistema de observación y vigilancia y que como antecedente tiene haber trabajado en Cosmocolor, una empresa propiedad de Jorge Kawachi y que tuvo problemas penales cuando el gobierno capitalino de Oscar Espinosa Villareal le asignó un contrato para la impresión de licencias de conducir.
Pero los datos duros de la contratación de la empresa SNS y que deben ser investigados, o al menos que Felipe Calderón sepa quiénes, cómo y desde dónde es vigilado en Los Pinos, refieren que un general del Estado Mayor Presidencia fue el responsable de dicha contratación a esa empresa privada y que se trata de 100 cámaras de video con micrófonos integrados (el equipo es de origen koreano), pero lo más grave es que sólo 70 de esas cámaras son visibles, mientras que otras 30 estarían ocultas en los lugares más sensibles y privados de la residencia oficial de Los Pinos.
Esas 100 cámaras se sumarían a las 50 que ya había desde la administración foxista, de tal manera que serían 150 aparatos de audio y video que registran cada movimiento y cada palabra que se haga y diga en la casa oficial del presidente de la República. Así que si usted secretario de Estado, ministro, embajador, artista o presidente de otra nación visita la casa presidencial, ponga su mejor cara y cuide lo que dice, pues como decía Orson Wells, el “gran hermano” te vigila.

El Proyecto ERP
Un amable lector envía información referente a más negocios sucios a los que nos tiene acostumbrados Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, y por razones de seguridad omitimos su nombre:
Es motivador saber que existen personas preocupadas por hechos irregulares que suceden en la gestión de algunos servidores públicos de todos los niveles. Les felicito por dar a conocer a la opinión pública situaciones no bien vistas relacionadas con Francisco Gil Díaz, en este sentido, quiero compartirles lo siguiente.
En 2003 el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, inició con su equipo de trabajo a través de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) el proyecto ERP (Enterprise Resource Planning), rebautizado como GRP, que consistió en la instalación de un sistema integral de administración de recursos de la compaña Peoplesoft, que involucra a la SHCP e incluye al SAT y al SAE. Para adjudicar los trabajos a las compañías Neoris, Cemex y Peoplesoft, nadie conoce los contratos y no hubo licitación, pero ya se pagó mucho dinero.
Todo el proyecto tiene un costo de casi 100 millones de dólares, más los costos operativos de SHCP, SAT y SAE (recursos humanos, materiales, cómputo y oficinas) por casi tres años.
Como ejemplo, 2 puntos:
1. El estudio del proyecto SHCP, SAT y SAE y la administración del proyecto tan solo costo 15 millones 500 mil dólares ¿Sólo para un estudio de proyecto?
2. El documento en Word de casi 100 hojas donde se refleja el resultado de la evaluación del proyecto por ISOSA costo 5 millones de dólares.
El sistema medio opera en el SAT con muchos problemas y en la SHCP no se usa, esto último es como tirar a aproximadamente 10 millones de dólares. Otro negocio más de Gil Díaz con ISOSA que le representó una ganancia millonaria no solo a él sino también a sus seguramente socios, quienes son los responsables de las consultorías y del sistema.
La pregunta es ¿cómo se contrataron tanto el sistema como las compañías consultoras? ¿Quién decidió qué comprar y a quién? ¿Cuál es el costo real? ¿Por qué no se utiliza en la SHCP si la gente ha trabajado en el proyecto más de tres años?

El cuñado incómodo de Gil Díaz
Desde hace tiempo se publicó aquí en Oficio de papel cómo la familia de Francisco Gil Díaz se ha beneficiado desde las aduanas del país, en donde varios de los parientes del ex secretario de Hacienda encontraron acomodo en puestos clave para hacer negocios, aprovechando el control que Gil Díaz ha mantenido sobre la Administración General de Aduanas.
En ese sentido un lector que pide el anonimato nos informa sobre los negocios del cuñado de Gil Díaz, Leoncio Fernández, casado con Alicia y quien se desempeña como agente aduanal en Nuevo Laredo:
Leoncio Fernández es líder de la familia en los negocios aduaneros, en donde ha sido asesor de Gil Díaz en materia aduanal, pues era el poder real tras la Asociación de Agencias Aduanales (Caarem).
Pues este cuñado de Gil Díaz prestó su patente para que la empresa Burmex importara insumos textiles y en una revisión de auditoría a la empresa (la cual fue aleatoria) se descubrió que no coincidían los materiales importados con los pedimentos de importación correspondientes, lo que constituye un delito de contrabando, por lo que de comprobarse sería responsable penalmente.
Pero para eximirlo de responsabilidad alguna, Gil Díaz en su calidad de secretario de Hacienda instruyó al presidente del SAT, José María Zubiría (quien se mantiene en el cargo en el gobierno de Felipe Calderón), para que por conducto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, administrador general del área Jurídica de Ingresos, emitiera una resolución miscelánea, la cual se publicó en septiembre de 2004 (en contravención a la ley), para permitir la autocorrección de la empresa importadora Burmex, como si el delito se hubiera cometido en el punto de entrada por la aduana, cuando en realidad todo se descubrió mediante una auditoría aleatoria.
Así, el cuñado de Gil Díaz evitó la responsabilidad penal y se omitió el pago de las contribuciones correspondientes, ya que la mercancía no reportada debió tratarse como de origen chino y pagar las cuotas compensatorias.
Ambos funcionarios, Zubiría y Gutiérrez Ortiz Mena, continúan en el SAT, encubiertos y protegidos por el actual secretario Agustín Carstens.