Oficio de Papel

• Más muertos y más represión en Oaxaca
• Autorizan la entrada de fuerzas federales
• Reviven caso de corrupción en el ISSSTE

Al momento de escribir estas líneas han aumentado los muertos en Oaxaca por la negligencia del gobierno federal, el abuso del gobierno estatal y la complicidad del PRI y del PAN para mantener a un gobernador represor, corrupto y prepotente, que se escuda en las faldas del Senado de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Ante la incapacidad del gobierno de Vicente Fox para solucionar las demandas del pueblo oaxaqueño, el gabinete de “seguridad y respeto” que él encabeza ha decidido tomar por la fuerza (con el Ejército, la Armada y la Policía Federal Preventiva) el pueblo de Oaxaca que hasta este domingo aún es resguardado por miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decisión que sin duda manchará aún más de sangre a su gobierno.

Y en medio de esta crisis de fin de gobierno que Vicente Fox no ha podido frenar por su incapacidad e incompetencia mostradas a lo largo del sexenio, sus órganos de procuración de justicia, llámese Procuraduría General de la República, han decidido dar un último golpe de distracción antes de dejar el poder en contra del grupo de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien por un lado tratan de coptar en el gabinete de Felipe Calderón para justificar su asunción al poder -se dice que le ofrecieron a Cárdenas la Dirección General de Pemex- y por el otro persiguen a sus colaboradores cercanos por delitos cometidos desde hace nueve años.

Se trata de la causa penal renovada número 82/2006, con antecedente de la averiguación previa PGR/UEDO/279/2003, por el delito de peculado por más de 129 millones de pesos en perjuicio del ISSSTE y que hasta ahora sólo han detenido a Porfirio Barbosa Rodríguez, colaborador del gobierno michoacano de Lázaro Cárdenas Batel y persona muy cercana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Por qué si se trata de un delito cometido entre los años de 1998, 1999 y 2000, el gobierno foxista ha esperado hasta un mes antes de concluir su gestión para actuar en contra de funcionarios cardenistas involucrados en el desvío de fondos públicos, cuando es un asunto que la prensa ya había revelado desde hace más de cuatro años y en el que también están involucradas la ex perredista Rosario Robles cuando fue jefa del gobierno del Distrito Federal y la perredista Socorro Díaz en su calidad de ex directora del ISSSTE. La única explicación que encontramos a esto es que es una acción de distracción a otros graves problemas que vive el país, como es el caso Oaxaca.

Una vieja historia de corrupción

La Procuraduría General de la República mantuvo congeladas las investigaciones en contra de una red de ex servidores públicos del gobierno del Distrito Federal que, coludidos con directivos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) del ISSSTE, montaron una red de corrupción sólo equiparable a los grandes fraudes a los que nos tienen acostumbrados los banqueros, y que causó un daño patrimonial por el desvío de 131 millones de pesos de las arcas del erario capitalino. Dicho expediente, fue abierto en el 2001 y lo mantuvo en la reserva el Ministerio Público Federal hasta encontrar el momento político adecuado para sacarlo a la luz pública y proceder en contra de los funcionarios cardenistas corruptos.

Ese caso que estuvo archivado corresponde a una operación fraudulenta realizada cuando el gobierno del Distrito Federal firmó durante tres años (1998, 1999 y 2000) cuatro convenios para adquirir vales del ISSSTE por 5 mil millones de pesos para distribuirlos entre la burocracia capitalina, a fin de que fueran canjeados en farmacias y tiendas de ese instituto; sin embargo, los directivos del SITyF otorgaron descuentos y bonificaciones por 131 millones de pesos a los funcionarios del gobierno capitalino, pero ese dinero nunca fue reintegrado a las cuentas del erario público de la ciudad.

Los ex funcionarios involucrados fueron citados en su momento a declarar ante la PGR, como el ahora detenido ex oficial mayor del gobierno del DF, Porfirio Barbosa, y el ex director y el ex subdirector del SITyF, Rodolfo Pérez Reyes y José Navarrete Ancona, respectivamente.

De acuerdo con el expediente policial, los 131 millones de pesos fueron a parar a las empresas fantasma John and Frank con sede en México, de la cual aparece como propietario una persona que trabajaba como maletero del Aeropuerto del Distrito Federal, así como la inmobiliaria Piedra Angular, con residencia en Nicaragua y que pertenece a Esperanza Vázquez, supuesta socia del ex subdirector del SITyF, José Navarrete Ancona. Todo esto se sabía desde hace cinco años, pero nunca se hizo nada, por ello sorprende que a un mes de terminar su gestión, la PGR actúe en un viejo caso de corrupción.

Las indagaciones habían avanzado hasta que los investigadores de la PGR descubrieron cuentas bancarias en Maryland, Estados Unidos, en donde supuestamente se realizaron los depósitos con parte del dinero defraudado y cuyos fondos habrían servido para adquirir propiedades y otros bienes, igual habría sucedido en la nación nicaragüense.

De los recursos desviados, 80 millones de pesos corresponden presuntamente al pago que se hizo a la empresa John and Frank, y de los restantes 51 millones, una parte se entregó a trabajadores del gobierno del DF, quienes recogían maletas hasta con 2 millones de pesos en cada entrega, y otra parte de recursos fue a parar a la inmobiliaria de Nicaragua.

Desde febrero de 2003 el área jurídica del ISSSTE, en coordinación con la Contraloría Interna, presentó una denuncia de hechos ante la PGR, pero al parecer hay instrucciones de no avanzar en las investigaciones. Las cuatro áreas del gobierno capitalino que estuvieron involucradas en el desfalco millonario son la Oficialía Mayor, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Policía Bancaria y la Secretaría de Seguridad Pública.

Desvían Fondos Capitalinos

En una operación similar a los grandes fraudes financieros, en donde se utilizaron empresas fantasmas, prestanombres y cuentas bancarias en el extranjero, los ex servidores públicos firmaron cuatro convenios por parte del gobierno del DF para comprar 5 mil millones de pesos en vales del ISSSTE; sin embargo, los directivos del SITyF simularon el otorgamiento de descuentos y bonificaciones por 131 millones de pesos, en lo que supuestamente estuvieron de acuerdo funcionarios del gobierno capitalino encabezados por el ex oficial mayor Porfirio Barbosa entre los años 1998-2000.

Dichos convenios fueron signados durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles al frente del gobierno del Distrito Federal, y por parte del ISSSTE la directora general era Socorro Díaz. Una de las líneas de investigación de la PGR apuntaba a empresas que financiaban campañas electorales, por lo que también se investiga si el dinero fue utilizado para fines políticos.

En la Contraloría General del gobierno capitalino, que preside Berta Luján, tienen información de que los oficios presentados por funcionarios del ISSSTE como prueba de la entrega de bonificaciones y descuentos, y que habrían sido firmados por el ex oficial mayor Porfirio Barbosa, pueden ser apócrifos, porque los documentos no están foliados, el logotipo de esa dependencia es falso y se trata sólo de copias y no de documentos originales.

Cuando fue entrevistada Rosario Robles sobre este caso de corrupción, la ex líder perredista rechazó que su administración estuviera implicada, y para deslindarse culpó a su ex jefe Cuauhtémoc Cárdenas, pues aseguró que la firma de los convenios se realizó cuando éste era jefe de gobierno, para quien trabajó Porfirio Barbosa.

La versión de Socorro Díaz

Entrevistada en su oportunidad sobre este desvío de recursos con fondos del ISSSTE, su ex directora general Socorro Díaz explicó que “en ninguna circunstancia he firmado un convenio comercial, administrativo o de cualquier tipo con Rosario Robles, ni en su carácter de presidenta del PRD ni cuando fungió como secretaria general o jefa del gobierno capitalino. Las tiendas del ISSSTE integran un organismo desconcentrado de la administración central que tiene autonomía de gestión, administrativa, presupuestal y organizativa.

“De acuerdo con las carpetas de trabajo que conservo, el Consejo Directivo de la cadena de tiendas y farmacias, formado por representantes de Secodam, SHCP, Secofi, FSTSE e ISSSTE autorizó la emisión de ISSSTE-vales con el fin de aumentar sus ventas y obtener el fortalecimiento de sus finanzas.

“Durante los años de 1998 y 1999 vendieron vales a 52 organismos y entidades del sector público, entre los cuales estuvo el DDF. Para los efectos tanto de las operaciones de compraventa como de los descuentos y bonificaciones, el Consejo Directivo instruyó a la Contraloría Interna de ese organismo desconcentrado verificar su realización para darles la mayor transparencia.

“En la última sesión del Consejo Directivo en la que se trató el tema de las ventas de ISSSTE-vales efectuadas al gobierno del Distrito Federal (2 de diciembre de 1999), el director de las tiendas informó a los consejeros que fueron debidamente cumplidos los lineamientos establecidos”.

Según información de la Secretaría de la Contraloría, el SITyF otorgaba bonificaciones indebidas que iban desde 0.5 al 3 por ciento de esos 5 mil millones, lo que significó un desvío de fondos públicos por 131 millones de pesos y violaciones al artículo 41 de la Ley de la Banca y a la Ley de Adquisiciones.

En los informes de la Auditoria Superior de la Federación está la revisión que hizo al SITyF, en donde se confirma las irregularidades en los convenios signados con cuatro entidades públicas: el gobierno capitalino, el Metro (convenio firmado el 7 de diciembre de 1998), la Policía Bancaria (contrato firmado 30 de diciembre de 1999) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (convenio firmado el 18 de abril de 2000).

En las investigaciones de la Secretaría de la Contraloría se determinó que ningún consejo o comité directivo del ISSSTE aprobó la firma de dichos contratos por los 5 mil millones de pesos con el gobierno del Distrito Federal, y también que dichas bonificaciones por 131 millones de pesos nunca ingresaron a las cuentas de esos órganos de gobierno, lo que representó claramente un desvío de fondos públicos y la comisión del delito de peculado.

Sólo en el caso del ISSSTE, según el expediente, había 18 ex funcionarios como presuntos responsables del desvío de fondos públicos y de violar la normatividad interna; entre ellos están el ex director del SITyF, Rodolfo Pérez Reyes; el ex subdirector José Navarrete Ancona; el ex jefe de Servicios de Tesorería, José Bernardo Gil; el ex jefe de Servicios, Raúl Moreno Mungía; el ex jefe del Departamento de Bancos y Valores, Efrén Enrique Monroy; el ex subdirector de Finanzas, Carlos Eduardo Ruiz, y la ex jefa del Departamento de la Red de Vales, María Adriana Romero.

Por lo que respecta al gobierno capitalino se identificó a 25 ex servidores públicos involucrados, entre quienes destacan el ex oficial mayor Porfirio Barbosa; Brenda Estrada, ex coordinadora administrativa de la jefatura de gobierno; José Antonio Tomasena, ex subdirector general del Metro; Miguel Ángel Montero, ex asesor técnico del Metro; Sergio Alfonso Suárez, ex coordinador especial de la Policía Auxiliar del DF; Raúl Gómez Herrera, ex coordinador especial de la Policía Auxiliar; Juan Antonio Lira, ex coordinador de la Policía Auxiliar, y Fidel Correa Montejo, ex director administrativo de la Policía Auxiliar.

Hace cuatro años escribíamos en esta columna que este caso de corrupción sería “sólo uno de los muchos casos que seguramente quedarán pendientes para la justicia del próximo sexenio”. Ahora confirmamos que así será.

• El dinero sucio se lava en los bancos
• Protege la CNBV imagen de la banca
• 40 sanciones a bancos por 7 millones

Cada año, la Asociación de Bancos de México realiza un seminario dizque para prevenir el blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros de la banca. Sin embargo, en la práctica los resultados siempre han sido negativos y, al mismo tiempo, preocupantes, pues México prácticamente se ha convertido en un paraíso fiscal en donde el crimen organizado y los llamados “hombres de cuello blanco”, que en muchas ocasiones son los mismos, lavan el dinero proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico, pederastia, trato de blancas, secuestro y fraudes financieros, entre otros delitos.

Hace más de una década el gobierno mexicano y sus instituciones iniciaron la aplicación de medidas en contra del blanqueo de capitales, pero hasta ahora los resultados son prácticamente nulos, pues las áreas financieras encargadas de vigilar y sancionar estas prácticas ilegales se han vuelto cómplices para evitar escándalos internacionales que pongan en entredicho la autoridad del gobierno en turno, como claramente sucede a Vicente Fox.

Un clásico ejemplo de lavado de dinero es la entramada red de operaciones financieras realizada por Raúl Salinas de Gortari a través de los circuitos bancarios de México y de otros países, lo cual puso en evidencia la ausencia total de controles por parte de las instituciones de crédito para detectar recursos de procedencia ilícita. Aquel caso se convirtió en una verdadera llamada de atención no sólo para el sistema bancario mexicano, sino también para el estadounidense, pues aquel llamado hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari recibió todo el apoyo de la banca de ese país para abrir una millonaria cuenta en Citibank.

En aquel momento, de acuerdo con un histórico reporte generado por la Auditoria General del Congreso de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés), Citibank no se preguntó el origen de los recursos de Raúl Salinas, y sin mayor problema entre 1992 y 1994 este hombre transfirió más de 100 millones de dólares de México a Estados Unidos, Suiza, Francia e Inglaterra, no sin antes pasar por paraísos fiscales del Caribe. Lo importante era captar la cuenta. En una de las pocas entrevistas que concedió sobre este caso, la ex fiscal suiza Carla Del Ponte aseguró que para el gobierno de ese país el caso era tan importante como el de los judíos y su oro depositado en bancos suizos por los nazis. Dinero sucio, dinero manchado de sangre o corrupción que no debía aceptarse.

Ante tal grado de corrupción bancaria y gubernamental por permitir cuantiosas operaciones financieras ilegales, el gobierno de estados Unidos respondió en aquellos días con una operación de investigación llamada Casablanca, en donde demostró cómo funcionarios bancarios mexicanos se dejaban extorsionar a cambio de permitir lavar dinero sucio en los bancos. Se trató de una operación encubierta que, aunque violatoria de las leyes mexicanas, logró poner en jaque a las autoridades financieras y de procuración de justicia.

Hoy en manos del capital extranjero –estadounidense, español y canadiense–, la abusiva banca que opera en el país incumple con su obligación de acotar el paso a capitales de procedencia ilícita; generar los expedientes que mandan los acuerdos multilaterales (FATF y GAFI) y, sobretodo, rechazar cuentas abultadas cuyo origen no puede conocerse. Es decir, con la banca extranjera se incentivó e incrementó el negocio del lavado de dinero sucio en México, mientras que el gobierno federal tiene que guardar silencio para no molestar a los “inversionistas” extranjeros.

En ese sentido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores segura que sólo se han aplicado 40 sanciones a bancos por conductas irregulares vinculadas con la prevención y combate contra el lavado de dinero, por un monto total de sólo 7 millones de pesos, por incumplir la integración de expedientes. Es decir, prácticamente no hay prevención alguna para combatir esa práctica ilegal del manejo de dinero sucio, y si no se persigue este delito el crimen organizado y los grandes defraudadores siguen impunes.

Pero más allá de las mínimas sanciones económicas que aplica el gobierno federal, lo que  preocupa es la protección que les da a los bancos la CNBV, organismo público que  insiste en otorgar impunidad y protección a instituciones crediticias que no cumplen con las mínimas prevenciones para combatir el blanqueo de capitales y, por el contrario, mantiene como información reservada el nombre de los bancos sancionados y el monto del castigo, con lo cual evita que la población conozca la corrupción interna de la banca.

Para las emisoras del mercado de valores la CNBV libró una batalla de casi dos años para dar a conocer las investigaciones por violaciones a la Ley del Mercado de Valores. En el caso de los bancos parece no regir la misma lógica, a pesar de que se trata de instituciones que custodian los recursos de miles de cuenta habientes e inversionistas.

Las más recientes estimaciones del FBI (organismo policial de los Estados Unidos) sobre el lavado de dinero indican que esta actividad podría representar entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mundial y que las principales transferencias de recursos se registran en México, Colombia y Suiza. Sin embargo, la CNBV y la ABM siguen como Fox en un mundo irreal y aseguran que los montos para detectar el blanqueo de capitales ha bajado de 10 mil a 3 mil dólares, pero el problema claramente no proviene de pequeños montos sino de las grandes cuentas que con el consentimiento de banqueros y empleados de primer nivel autorizan y reciben dinero ilícito de manera complaciente.

Banca vulnerable al lavado de dinero

En una exhaustiva investigación de la reportera Nancy flores, se da cuenta de cómo en forma discrecional y bajo el criterio de proteger la imagen y el prestigio de los bancos privados, la CNBV se niega a informar sobre el requerimiento hecho a varias instituciones financieras para que paguen multas por apenas 7 millones de pesos, y mantiene procesos abiertos en contra de éstos por violaciones a la legislación que previene el delito de lavado de dinero.

El vicepresidente jurídico de la CNBV, Benjamín Vidargas, asegura que “de 2004 a 2005 se han emitido 40 sanciones y tenemos multas pagadas por alrededor de 7 millones de pesos”.

De acuerdo con datos oficiales de esa Comisión –obtenidos a través de la Ley de Transparencia y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)–, en ese periodo la CNBV cobró 16 millones 169 mil 948 pesos a los bancos por concepto de sanciones fijadas por diversas violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, entre las que destaca la referente a la prevención del blanqueo de capitales con el 43.5 por ciento de estas multas, lo que podría derivar en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vidargas asegura que “sí, ya hemos aplicado varias sanciones a diferentes intermediarios financieros por no cumplir sobre todo con la integración de expedientes. Para el lavado de dinero hay una cuestión fundamental, que es el conocimiento del cliente. Esto significa no nada más saber que yo me llamo Benjamín Vidargas y que vivo en tal lugar, significa saber cuánto gano y a qué me dedico, para que yo pueda tener un perfil transaccional de la persona. Entonces si un banco, una casa de bolsa, un intermediario financiero, ni siquiera tiene bien integrado el expediente, pues cómo podemos pensar que verdaderamente está conociendo a su cliente”.

El funcionario afirma que las irregularidades detectadas se refieren básicamente a la falta de presentación de reportes, y explica que el proceso para la imposición de sanciones económicas es largo “porque (los intermediarios financieros) pueden defenderse, pueden interponer medios de defensa y hasta que se concluye con ese medio defensa se impone la sanción. Hay muchas sanciones que están en proceso”.

La sanción más alta a Bancomer

De 2001 a 2005 los bancos han saldado 26 millones 441 mil 563 pesos por penas económicas derivadas de las infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito: en 2001, por 3 millones 804 mil 259 pesos; en 2002, por 121 mil 882 pesos; en 2003, por 6 millones 345 mil 473 pesos; en 2004, por 14 millones 840 mil 656 pesos, y en 2005, por un millón 329 mil 291 pesos.

Según Benjamín Vidargas es a partir de 2004 cuando las sanciones incluyen faltas en contra de la normatividad preventiva del lavado de dinero. En ese año, las instituciones bancarias que violaron la Ley de Instituciones de Crédito fueron ABN AMRO Bank, Serfin, Banca Mifel, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco del Centro, Banco Inbursa, Banco Interacciones, Banco J.P. Morgan, Banorte, Banamex, Banco Regional de Monterrey, Santander Mexicano, Bank Tokio–Mitsubishi, Bansi, BBVA Bancomer, Comerica Bank México, GE Capital Bank, Ixe Banco, ING Bank y HSBC.

Sin especificar qué sanciones corresponden a las violaciones que podrían derivar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el informe entregado por la CNBV revela que la sanción más alta correspondió a BBVA Bancomer, que el 19 de agosto de ese año debió pagar 6 millones 966 mil pesos.

En orden de importancia le sigue Santander Mexicano, que pagó un millón 822 mil pesos, mientras que Banco Interacciones debió saldar un millón de pesos.

En 2005, las 14 sanciones impuestas ascendieron en total a un millón 329 mil pesos y fueron aplicadas en contra de Banco Azteca, Banco del Centro, Banamex, Banco J.P. Morgan, Bank of America México, BBVA Bancomer, Bank of Tokyo–Mitsubishi México, Comerica Bank México y Scotiabank Inverlat.

El 7 de abril del año pasado Banamex amortizó la multa más alta de ese ejercicio por 392 mil 850 pesos; mientras que Banco Azteca pagó 327 mil 375 pesos y Bank of Tokyo–Mitsubishi 183 mil 268 pesos.

Para Benjamín Vidargas “toda la materia de lavado de dinero parte de un supuesto: el conocimiento del cliente. Si el banco, el intermediario financiero, no tiene conocimiento de ese cliente, está mal. De ello que muchas de las sanciones que hemos aplicado han sido por la falta de integración de expedientes”.

El vicepresidente jurídico explica que en materia de prevención al lavado de dinero “la Comisión ha ido evolucionando mucho. Cuando llegamos en 2001 la Comisión se dedicaba sólo a ver que los manuales antilavado de dinero de los bancos estuvieran bien hechos, pero esa no era una labor propia que debíamos ejercer, teníamos que ir más allá. Empezamos con la integración de expedientes y con una serie de disposiciones, una supervisión en cuanto a lavado de dinero, porque no se supervisaba eso. En ese tenor hemos ido desarrollando metodologías de supervisión para vigilar el lavado de dinero. Y empezamos a sancionar por ese motivo a partir de 2004 y 2005”.

El servidor público detalla que otro motivo de sanción es la omisión de reportes sobre las operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que por ley deben enterar todas las instituciones financieras a la CNBV.

El doctor Ricardo Gluyas, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en lavado de dinero, explica que el sistema de inteligencia financiera para prevenir este ilícito opera por medio de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes que pasan por tres comisiones nacionales (Bancaria y de Valores; Seguros y Fianzas, y Sistema de Ahorro para el Retiro) y son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El académico indica que “estos reportes son objeto de un análisis de inteligencia financiera, se comparan con bases de datos de la propia Secretaría, como puede ser el padrón de importadores o los domicilios fiscales, y si se encuentran inconsistencias entre los niveles de ingreso declarados para efectos fiscales y los niveles de operación se procede penalmente”.

Para Benjamín Vidargas el lavado de dinero por medio del sistema financiero mexicano “es un problema del cual debemos ocuparnos y atenderlo”, aunque aclara que “no se puede aseverar que se lave dinero a través del sistema financiero, y tampoco se puede decir que se lava dinero con la compra venta de coches o de inmuebles o joyas: el problema de México es el manejo de efectivo, esa es una cuestión que se debe reconsiderar”.

* Un trágico final de sexenio
* Acusan a Marta de corrupción
* La campaña de Julio Frenk

Un trágico fin de sexenio es lo que está viviendo Vicente Fox y familia. Por un lado la crisis política de Oaxaca, en donde la Secretaría de Gobernación ya cambió el discurso de conciliación por el de la amenaza para usar la fuerza militar y policial en contra de maestros y miembros de la APPO. En tabasco se prevé enfrentamientos violentos este domingo con motivo del proceso electoral para elegir mandatario local entre militantes del PRI y del PRD, con la intervención de provocadores y policías mandados por el gobernador Manuel Andrade. El presidente electo Felipe Calderón sigue a salto de mata e imposibilitado de realizar actos públicos sin la protesta contundente de simpatizantes del perredista Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo. La violencia y el crimen organizado se generalizan y México parece más a la Colombia de las décadas de los 60 y 70 cuando los cárteles de la droga controlaban ese país sudamericano.

Y por si fuera poco para la desgracia del presidente de la República, su gestión termina en medio de protestas y críticas a su mandato por la extrema pobreza que vive el país, conjugada con el desempleo, la marginación, los abusos y tráfico de influencias desde el poder, la corrupción gubernamental, la complicidad de los órganos de control y vigilancia y la falta de rendición de cuentas.

En medio de esta crisis, la señora Marta Sahagún y sus hijos los hermanos Bribiesca son señalados por comisiones del Congreso, por voces diversas de la población y por la prensa independiente de corruptos y de traficantes de influencias, además de abusar de la figura presidencial para obtener jugosos beneficios económicos mediante contratos de servicios, obras y bienes públicos.

En ese sentido, el fin de semana leíamos una nota en el diario La Jornada en donde se afirmaba que empresas fantasmas, presuntamente vinculadas a los hijos de Martha Sahagún, obtuvieron contratos para realizar trabajos de reconstrucción en carreteras del país.

Esa información se desprende de una acusación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en donde su líder Martín Curiel Gallegos denunció que en las reparaciones de carreteras concesionadas se han creado un gran número de empresas constructoras “al vapor”, las cuáles son beneficiadas por contratos multimillonarios, en donde aparentemente participan los hermanos Bribiesca Sahagún.

Afirma La Jornada que como ejemplo de las irregularidades y los pésimos materiales para la construcción de las carreteras, destaca la autopista de El Sol. Esta carretera de México a Acapulco nació y sigue siendo del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que no obstante las millonarias sumas erogadas, no han logrado rehabilitar, lo cual hace temerario el transitar sobre ella por el cúmulo de accidentes fatales que allí se han suscitado.

A esta crisis de la “familia presidencial” se agrega el testimonio confidencial de Magda Muñoz, la única testigo clave en el caso de corrupción y tráfico de influencias de los Bribiesca en su relación con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en donde de acuerdo con un expediente abierto en la Procuraduría general de la República se revela que Marta Sahagún financió los negocios inmobiliarios de sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, y de su socio Miguel Khoury. En esta acusación también se involucra al presidente Vicente Fox y a otros políticos.

Una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, indica que Marta Sahagún de Fox no sólo protege los negocios inmobiliarios de sus hijos, Manuel y Jorge, con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) - que supuestamente han causado daños al erario público por mil 175 millones de pesos, según documentan legisladores -, sino que los financia.

Las declaraciones de Magda Muñoz, ex colaboradora de la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de Miguel Khouri Siman y de los hermanos Bribiesca Sahagún, hechas a una comisión de diputados, señalan que la esposa del presidente aportó recursos económicos para sanear las finanzas y, además, operó como socia.

Considerada como la única testigo clave en el proceso judicial que se sigue en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los Bribiesca Sahagún, Magda Muñoz señala que para amarrar el negocio, se pretendió utilizar la Sofol (Sociedad Financiera de Objeto Limitado) de Marta Sahagún, denominada Sin Patria. Propósito que finalmente se frustró.

Ahora, la PGR deberá resolver las denuncias penales presentadas por los diputados de la Comisión Especial que indagó el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún.

En la denuncia, ventilada en la delegación de la PGR en la ciudad de México, se habla de 27 créditos litigiosos de vivienda en 15 ciudades del país, que el IPAB vendió a la empresa Construcciones Prácticas, con lo que benefició a Manuel y Jorge Bribiesca y a su socio Miguel Khoury Siman, quienes finalmente comercializaron las casas.

Se calcula que por las operaciones, logradas según algunos legisladores a través del tráfico de influencias, los hermanos Bribiesca habrían causado un daño patrimonial de por lo menos mil 100 millones de pesos en contra del IPAB, en el que tendría responsabilidad directa Mario Beauregard, titular del instituto.

Reconciliación con The Lancet

En lo que pareciera una reconciliación en antiguos frentes, el aún titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk Mora, metió el acelerador a su campaña rumbo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al fungir como anfitrión de un foro organizado por la revista científica internacional The Lancet. Lo revelante de este hecho es que el encuentro auspiciado por México con líderes del sector salud se realiza precisamente en el momento en que arranca la campaña oficial por la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el hecho que más llama la atención y genera suspicacias es que se trata de la influyente publicación que dio a conocer las irregularidades en las que incurrió Julio Frenk al participar en el maquillaje de los indicadores globales del sector salud que editó en 2000 el organismo multilateral.

Fue a través de un artículo de Philip Musgrove, ex editor del tristemente célebre informe de la OMS y ex directivo en una de las áreas del Banco Mundial dedicadas al estudio de las políticas de salud, que The Lancet dio a conocer al mundo la manipulación de cifras en la que participó Frenk cuando estaba a cargo de la dirección ejecutiva de Investigación e Información para Políticas de la Salud. En 1998 Frenk asumió este cargo cuando la doctora Gro Harlem Brundtland fue nombrada directora de la OMS. De acuerdo con el testimonio escrito de Musgrove, quien ahora edita la publicación Health Affairs, no sólo Frenk estuvo al tanto de las inconsistencias en las que incurriría la OMS al dar a conocer un reporte con cifras que no estaban completamente validadas, sino que la propia directora de la OMS tuvo conocimiento de que estos indicadores no contaban con el respaldo metodológico adecuado. La revelación en un amplio artículo publicado en las páginas de The Lancet el 24 de mayo de 2003 le habría costado a Frenk no llegar a la dirección de la OMS en la anterior contienda en la que Lee Jong Wook resultó electo.

Sin embargo, la repentina muerte de Lee Jong Wook reabrió el debate sobre la dirección general de la OMS que no sólo involucra el puesto de mayor nivel en el influyente organismo multilateral sino la posición de diálogo y contrapeso frente a los poderosos intereses de farmacéuticas y gobiernos desarrollados frente a países pobres.

Musgrove ha revelado cómo en 2000, cuando Vicente Fox se perfilaba claramente para ocupar la presidencia de la República, Frenk decidía, de manera unilateral, modificar los indicadores de salud de México para mostrar una situación crítica del sistema de salud que justificaría cualquier reforma. En ese momento, el nombre de Frenk ya se ubicaba en la lista de posibles candidatos a ocupar la cartera de la Secretaría de Salud. Chile, en cambio, recibió un trato preferencial en la presentación de los indicadores. Para Musgrove, el hecho se reveló como un gran problema para los miembros de la OMS, pues el organismo multilateral enfrenta una importante responsabilidad ética. No sólo se trata de las aportaciones que realizan los 192 países miembros sino de las consecuencias que tiene su trabajo, pues a partir de los indicadores que elabora la OMS se toman decisiones sobre asignación de recursos, inversiones, cambios radicales en las políticas de salud. A partir de ello, puede, decidirse, como sucedió en el caso de México la propuesta y hasta la aplicación de un programa como el Seguro Popular o hasta la constitución de un tercer instituto de salud que sustituya al IMSS y al ISSSTE ante la pesada carga al erario que representan sus pasivos en pensiones.

Por ello, Musgrove consideró sumamente grave que Frenk y hasta la directora de la OMS consintieran en tratar con tanta ligereza dichos indicadores. Dice Musgrove que ante las evidencias de que los indicadores fueron modificados, maquillados, buscó hablar con Frenk, a quien asegura haber respetado durante su estancia en la OMS en Ginebra, para expresarle su temor de que la decisión de fabricar números se convirtieran en una bola de nieve lejos de aparecer como un éxito político. Pero Frenk no escuchó y el informe de la OMS correspondiente a 2000 se publicó con los indicadores maquillados por Frenk y Bruntland.

La revelación se convirtió en un verdadero escándalo entre la comunidad médica internacional. En junio de 20003, The Lancet publicó una amplia réplica a las aseveraciones de Musgrove firmada, precisamente por Frenk y Bruntland, en la que aseguran que las críticas de Musgrove, considerado entre las seis personas más importantes en la elaboración de los indicadores, ponen en entredicho el trabajo de más de 170 científicos de 69 países que participaron en su elaboración.

Ahora, tres años después y rumbo a la contienda por la OMS, la Secretaría de Salud a cargo de Julio Frenk patrocina un evento internacional del influyente semanario inglés fundado en 1823 y que hasta ahora aparece como una autoridad en el conocimiento médico del mundo.

En un boletín, la dependencia destacó que durante tres días, expertos de todo el mundo compartieron sus experiencias en reformas del sistema de salud y asegura que el encuentro académico se dio a conocer a propuesta de la revista científica internacional The Lancet.

En ese foro, la declaración final de Frenk no podía ser más proeslitista: “El reto que enfrentamos es asegurarnos de tener el poder de las ideas y que este poder influya en las ideas y acciones de quienes están en el gobierno y la sociedad civil y tienen el poder de transformar la realidad”. Ojalá que su política no sea influir y transformar no sólo las ideas sino también los indicadores.

Los candidatos

Frenk no tendrá el camino libre en su intento por llegar a la OMS. Se trata de una posición que interesa a 13 candidatos de las principales regiones del mundo, que durante las próximas tres semanas tendrá que definirse. El titular de la Secretaría de Salud, quien asegura permanecer en el cargo a solicitud del presidente Vicente Fox, ya comenzó su estrategia de cabildeo y lo ha hecho de manera inteligente. Cuenta ya con el apoyo de una decena de países a los cuales, como en el caso de la India, buscó directamente con el argumento de impulsar políticas de salud que impulsen el desarrollo de países pobres.

Pero, como asegura la propia publicación The Lancet en un debate sobre quién deberá ocupar la dirección de la OMS, nunca como en esta elección se había presentado tal número de candidatos con influyentes posiciones en el ambiente médico y de políticas desalad. Los europeos están sumamente interesados en dirigir el organismo con candidatos de Francia, Islandia y España. Por África, a pesar de los grandes problemas de salud que enfrenta la región, sólo se tiene la candidatura de Pascoal Mocumbi, ex presidente de Mozambique. En el proceso, seis de los candidatos, como en el caso de Julio Frenk, han sido directivos de la OMS; dos de los candidatos son o han sido jefes de Estado y tres más, también igual que Frenk, son o han sido secretarios de salud. Así que las condiciones se equilibran. Así, será el próximo Así, será el próximo 9 de noviembre cuando se decida el nombre del nuevo director de la OMS

* Nuevas evidencias de corrupción de los Bribiesca
* El testimonio del empresario Alvaro González
* Manuel Bribiesca negoció contratos de PEMEX

Sólo faltan un mes y tres semanas para que Vicente Fox y su familia salgan de la residencia oficial de Los Pinos. A partir de ese momento, la familia Bribiesca Sahagún sentirá el vacío de la protección presidencial y enfrentará, ahora sí, las acciones de la justicia por todos los hechos de corrupción que cometió al amparo del poder presidencial.
Aquí hemos documentado ampliamente cómo en actos desesperados del gobierno foxista se ha tratado por todos los medios de encubrir y proteger a los hijitos de la esposa del presidente de la República, principalmente en las áreas encargadas de combatir la corrupción gubernamental, como son la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, en donde en el colmo del cinismo los han exonerado y les han entregado una carta de impunidad a sus excesos y a su enriquecimiento desmedido logrado mediante contratos de obras y servicios obtenidos irregularmente del mismo gobierno federal.
Traficantes de influencias es lo que son los hijos de Marta Sahagún. Manuel y Jorge Bribiesca, y su tío Guillermo Sahagún, utilizaron durante seis años el gafete de la Presidencia de la República para abrir puertas en secretarías de Estado, empresas paraestatales como Pemex, organismos descentralizados e institutos, fondos y fideicomisos, de donde negociaron contratos para beneficiarse ellos mismos y también a favor de empresas privadas que los contrataban (sin documentos de por medio para no dejar huellas) a cambio de jugosas comisiones. Todo esto lo supo su madre Marta Sahagún y no hizo nada para frenarlo pues, al contrario, motivó el abuso de los “niños traviesos” a quienes a veces recriminó por ser tan burdos y obvios en sus excesos.
Decíamos hace varias semanas que en el absurdo del gobierno foxista, la Secretaría de la Función Pública, la cual está sometida a las órdenes de Vicente Fox, había resuelto el mes pasado que “no se encontraron elementos” que permitieran investigar y denunciar penalmente a los hijastros del presidente de la República por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, acusación que había hecho una Comisión Especial de Diputados después de una exhaustiva investigación

Pero también comentamos que los hombres cercanos a Felipe Calderón aseguran que en cuanto el presidente electo asuma el cargo lo primero que hará será investigar a los hijos de Marta Sahagún, a quien además le guarda odio y rencor por haber hecho hasta lo imposible para evitar que el chaparrito, peloncito y de lentes fuera el candidato del PAN a la Presidencia de la República. Pero tampoco hay que creerles a los miembros del equipo de Calderón, pues hemos visto en la herencia presidencial que cuando son del mismo partido se cubren unos a otros.
Algunos casos de corrupción y tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca Sahagún son la protección que Manuel y Jorge, junto con su tío Guillermo, daban a empresas privadas como Oceanografía, Grupo Miguel y Construcciones Prácticas, sólo por mencionar algunas, en donde según declaraciones del propio Manuel Bribiesca cobraban elevados porcentajes por realizar gestiones para obtener contratos de obras, servicios y bienes gubernamentales. Esto explica la riqueza acumulada por esa familia en los últimos años.

Traficante de influencias
Nuevas evidencias de corrupción revelan que desde mediados de 2001 - cuando su madre Marta Sahúagn aún no contraía matrimonio con Vicente Fox y se desempeñaba sólo como vocera de la Presidencia -, Manuel Bribiesca operaba abiertamente negocios con el sector público federal.
Así lo demuestra una reunión casual que sostuvo con Roberto Muñoz Leos, hermano del entonces director de Pemex (Raúl) y ex titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, antes de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
En una amplia entrevista que hizo la reportera Nancy Flores al empresario celayense Álvaro González, quien presentó a Roberto Muñoz Leos con Manuel Bribiesca, recuerda cómo el primogénito de Marta Sahagún solicitó “ayuda” al entonces funcionario público para “destrabar” algunos negocios que tenía con la paraestatal más importante de México. La respuesta negativa de Roberto Muñoz Leos fue inmediata y siguió un regaño de 20 minutos al hijo de la primera dama.
Entrevistado en sus oficinas de la empresa Corrugados de Celaya sobre su supuesta relación de negocios con Bribiesca Sahagún, Álvaro González explicó así a la reportera su relación con los hermanos Bribiesca.
“Yo no soy operador de los negocios de Manuel. Lo conozco porque es el hijo de la señora Marta, pero no tengo relación con él. Ni siquiera de amistad”. El empresario explica que aquél fue un encuentro casual, no una reunión concertada.
“Manuel se hospedaba en el mismo hotel que yo. Todo fue una simple casualidad. Ese día mi amigo Mariano Chimés, quien era colaborador de Pemex en el equipo de Roberto Muñoz Leos y actualmente trabaja en Capufe (Caminos y Puentes Federales), me acababa de presentar a Roberto. Estábamos desayunando cuando Manuel entró al restaurante. Sí los presente, pero no para que hicieran negocios.”
Álvaro González detalla que en aquella ocasión no se pactó nada, pues Roberto Muñoz Leos puso a Manuel como “lazo de cochino”. “Le cuestionó que cómo se le ocurría solicitarle algo así; que él no sólo no era corrupto sino que ni siquiera se llevaba bien con su hermano Raúl (entonces director general de Pemex)”.
El amigo de la familia Fox-Sahagún advierte: “jamás operé nada, ni siquiera a favor mío, menos lo iba a hacer a favor de Manuel o de cualquiera. Soy un hombre de trabajo, y si mi objetivo fuera hacer mucho dinero pues haría crecer mi empresa; sé cómo hacerlo, porque toda mi vida me he dedicado al cartón. Mi familia siempre ha sido cartonera”.