* El nuevo rostro de Marta Sahagún de Fox
* Le restan 4 meses para dejar Los Pinos
* “La imagen y la honra” de los Bribiesca

Con el rostro más rejuvenecido del que mostraba hace ya casi seis años cuando arribó a Los Pinos acompañada de Vicente Fox, la primera dama Marta Sahagún citó el viernes pasado a conferencia de prensa en el salón de usos múltiples de la residencia presidencial para defender “el buen nombre” de su familia, así como la imagen y la honra, dice ella, de sus hijos, quienes por cierto están acusados de crear una amplia red de negocios al amparo del poder político de su madre y su padrastro el presidente de la República y de traficar con esas influencias para cobrar jugosas comisiones por la obtención de contratos públicos para empresas privadas.
Con odio combinado con temor e irritación, la esposa del presidente arremetió desde la casa presidencial en contra del diputado federal Jesús González Schmal, ex miembro distinguido del PAN y actual presidente de la Comisión de Investigación Encargada de Verificar la Legalidad de los Contratos de Entidades Públicas con la Empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V., relacionada con los hijos de la primera dama, a quien calificó de “mentiroso y cobarde” y con el poder que cree tener por ser la esposa de Fox lo retó a confirmar sus dichos (producto de la investigación de toda una comisión de diputados pertenecientes a cinco partidos políticos) “cuando el fuero se le acabe”, porque, advirtió Marta, “su fuero tiene un límite”.
A cuatro meses de que Fox termine su mandato y Marta tenga que abandonar las cabañas que habitó en Los Pinos, la primera dama parece olvidar que también a ella se le acabará la protección y el abuso de que gozó por ser la esposa del jefe del Ejecutivo y como un boomeran le regresará la frase que ahora arroja a la cara de González Schmal: “cuando el fuero se le acabe”.
Responde González Schmal
Pero a esas declaraciones amenazantes de Marta Sahagún también hubo el mismo viernes la respuesta mesurada, sensata e inteligente del diputado federal:
“Hemos escuchado con azoro las expresiones de la señora Martha Sahagún de Fox en respuesta a las notas periodísticas que seguramente leyó hoy en la mañana y que se refieren al informe que rindió la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Entidades Públicas con la Empresa Construcciones Prácticas SA de CV de la Cámara de Diputados.
“No contestaremos los insultos ni exabruptos de la señora porque carecen de la comprensión de que es un asunto jurídico serio encomendado a esta Comisión por el pleno de la Cámara de Diputados para atender la demanda ciudadana de aclarar las informaciones y publicaciones relativas a un supuesto enriquecimiento súbito de los hijos de la Primera Dama.
“El origen de esta investigación se basó en los datos que publicaron escritoras y periodistas, que con fundamento testimonial y documental dieron a conocer las irregularidades en la cesión de contratos, por lo que se pidió a la Cámara de Diputados profundizar en los hechos presuntamente de corrupción. Así surgió la Comisión.
“Lamentamos que la señora Fox recurra a la diatriba y a la descalificación de mi persona para cumplir con el cometido que la Cámara de Diputados encomendó a nueve legisladores de cinco partidos (PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia) porque el PAN declinó participar en la investigación, y que en mi caso, dado que fui designado Presidente de la Comisión, simplemente cumplo con el deber de llevar a cabo los trabajos de la misma.
“Desearíamos que la señora Fox en vez de recurrir a las descalificaciones temerarias, se refiera estrictamente a los hechos que han sido objeto de las denuncias y que fuese ante el Ministerio Publico Federal ante quien desvirtuara las pruebas documentales y testimoniales que se aportaron a esa autoridad por parte de la Comisión, y en lo personal por los diputados de la misma, y con ello, demostrara lo que verbalmente afirma, ya que la Comisión acudió a las instancias constitucionales para integrar la Averiguación Previa correspondiente en la que sus hijos han comparecido, pudiendo por consecuencia sin cortapisas ejercer su derecho a la defensa y al descargo de las presunciones que se les atribuyen.
“Si la intención de la señora Sahagún es intimidarme no lo logrará. Mi responsabilidad no es renunciable. Cumpliré como lo estamos haciendo los integrantes de la Comisión que es el deber de luchar porque en México se erradique la corrupción y se dignifique el cargo presidencial por quien lo ocupe.
“No me anima ni a mí, ni a los demás integrantes de la Comisión animadversión personal alguna. Que lástima que así se interprete por quien debería responder a los hechos y no descargar ira en contra de quienes en cumplimiento de un deber tienen que proseguir con la investigación encomendada”.
Apoyan diputados a González Schmal
Diputados y senadores en activo y electos de Convergencia reprobaron que Martha Sahagún amenace y pretenda intimidar a Jesús González Schmal por el trabajo que el legislador realiza en la investigación del súbito enriquecimiento de los hijos de la esposa del presidente Fox, como lo declaró el diputado federal electo José Manuel Del Río Virgen:
“Nosotros hacemos responsable a la señora Martha Sahagún de lo que pudiera pasarle al diputado convergente Jesús González Schmal o a cualquiera de sus familiares cercanos”, advirtió Del Río Virgen, quien añadió que el análisis del enriquecimiento de los hermanos Bribiesca Sahagún no nace de una preocupación personal de González Schmal, sino de un mandato del pueblo de México que a través del pleno de la Cámara de Diputados ejerce su soberanía.
En respuesta a la carta que leyó la esposa del presidente Fox en la residencia oficial de Los Pinos, Del Río Virgen acusó que las oficinas públicas no son el espacio para que la señora Sahagún litigue un tema privado y personal como es el enriquecimiento expres de sus hijos.
“Si la señora Martha no está de acuerdo con el resultado de la investigación de la comisión especial, que litigue en tribunales, pero que no lo haga ni en los medios, ni haciendo uso de las oficinas de la Presidencia de la República”, agregó Del Río Virgen.
En entrevista afirmó que la señora Martha Sahagún leyó una cuartilla de puros descalificativos contra González Schmal y ni un argumento en contra del resultado de la investigación donde se muestra cómo los hermanos Bribiesca compraron bienes inmuebles a precios irrisorios al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los vendieron en cientos de millones de pesos, con daño patrimonial al erario de 354 millones de pesos.
La presunción del tráfico de influencias está más que justificado y la comisión cumple con su obligación de presentar los resultados. El pleno de la Cámara y las instancias jurisdiccionales determinarán la responsabilidad de los hijos Bribiesca y de los funcionarios públicos que permitieron esas adquisiciones.
Por lo tanto, la LX legislatura va a continuar con la investigación de los hijos de Martha Sahagún y de todo acto de corrupción.
La “honra” de los Bribiesca
Con la conclusión del gobierno foxista también termina un sexenio de impunidad, corrupción y abuso de poder. En medio de esto aparece Marta Sahagún, quien hasta ahora sólo escuchaba halagos de la mayoría de los medios de comunicación que siempre están dispuestos a servir a la primera dama en turno, pero una vez que el marido deje el poder serán esos mismos medios los más feroces perseguidores y críticos de la imagen, figura y honradez de la señora Sahagún y familia. Esto parece desconocerlo la primera dama, pero a cuatro meses de que salgan de Los Pinos las críticas y acusaciones de corrupción en su contra y de sus hijos apenas comienzan.
Así entonces hay que refrescarle la memoria a nuestra primera dama, de cómo su hijo mayor Manuel Bribiesca dijo en una entrevista que le hicimos a finales de 2004 en una suite del hotel Camino Real, en donde bajo el resguardo de una veintena de miembros del Estado Mayor Presidencial aceptó realizar gestiones ante secretarios de Estado a favor de grupos empresariales, con lo cual se confirma el delito de tráfico de influencias del cual es acusado ahora por la comisión investigadora del Congreso.
En las declaraciones que hizo Bribiesca en dos reuniones, una a finales de 2004 y otra en enero de 2005, en donde reconoció que su hermano Jorge y su tío Guillermo Sahagún realizaron gestiones ante el entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que le otorgaran contratos a la empresa Oceanografía. Pero también Manuel aceptó haber hecho gestiones ante el secretario de Seguridad Pública para proteger al empresario Alfredo Miguel, quien ha enfrentado durante casi todo el sexenio la persecución fiscal de Francisco Gil Díaz.
Ahora por más que Marta Sahagún alegue en conferencia de prensa que sus hijos son inocentes de todo lo que el perverso diputado González Schmal los acusa, baste recordar las presiones que ejerció la familia del presidente de la República para que en Pemex se asignara un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) a Oceanografía para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell.
Pero si Marta Sahagún ha olvidado esas presiones que ella y sus hijos ejercieron en la Dirección General de Petróleos Mexicanos a favor de la empresa privada Oceanografía, hay un funcionario de alto nivel en Pemex que narró en detalle cómo se hacían las llamadas desde Los Pinos para presionarlo a él y a Muñoz Leos para beneficiar a empresas privadas a cambio de jugosas comisiones de varias decenas de millones de dólares. Querrá más pruebas de lo que la primera dama llama “honor y honradez”.

* Calderón se adelanta y elabora su “Gabinetazo II”
* En la lista los panistas Barrio, Medina y Cárdenas
* El candidato panista se inclina por la continuidad

Adelantados a la decisión final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual analiza las pruebas del supuesto fraude cometido por el gobierno federal en complicidad con el IFE y el PAN para darle el triunfo de las pasadas elecciones presidenciales a Felipe Calderón Hinojosa, el equipo compacto del candidato panista elaboró una lista previa de los posibles candidatos a ocupar los cargos más importantes en lo que ya se conoce como el “segundo gabinetazo”.
Hace dos semanas presentamos aquí la primera parte de la lista que salió de las oficinas del equipo de campaña de Calderón Hinojosa, en donde aparecen nombres vinculados con responsabilidades en presuntos delitos electorales, peculado, tráfico de influencias, corrupción, complicidad, violación a los derechos humanos y hasta con relaciones bandas del narcotráfico.
Ahora, con base en una exhaustiva investigación realizada por las reporteras Nancy Flores y Erika Ramírez (revista Contralínea números 59 y 60), publicamos la segunda parte del nuevo “gabinetazo” que involucra las áreas sociales, educativa y agrícola.
En materia de política social, Calderón Hinojosa propone como secretarias de Desarrollo Social a la ex funcionaria del gobierno perredista del Distrito Federal, Clara Jusidman, quien ocupó esa misma cartera cuando Cuauhtémoc Cárdenas gobernó la capital. Otra aspirante a ese mismo cargo es la panista Beatriz Zavala Peniche, a quien se señala como beneficiaria indirecta del Fobaproa y del IPAB: su esposo, Javier de Jesús Romero Osorio, mantiene deudas con dicho fondo por más de 65 millones de pesos provenientes de préstamos irregulares obtenidos de los bancos Oriente y Unión, según el reporte de auditoría de Michael Mackey. Además, es prima de Carlos Cabal Peniche, ex banquero acusado por delitos de fraude y lavado de dinero.
Para la Secretaría de Agricultura, el panista decidirá si recicla al ex priísta y actual panista Florencio Salazar o le da otra oportunidad al fracasado Javier Usabiaga, quien perdió en su intento por gobernar su estado natal Guanajuato, debido seguramente a que era el candidato oficial de Vicente Fox. Ambos funcionarios con una gris actuación durante el gobierno foxista, que se ha caracterizado por su rechazo y abandono del campo mexicano. Más aún en el caso de Usabiaga, apodado el “rey del ajo”, dejó asuntos pendientes en la Contraloría por presuntos hechos de corrupción, en donde intervino directamente Vicente Fox para impedir que fuera sancionado.
De acuerdo con el expediente DAGV/DV/073/2003, integrado por la Secretaría de la Función Pública, da cuenta de un presumible desvío de recursos y peculado por 11.3 millones de pesos en contra del erario federal, cometido durante la gestión de Usabiaga. Los recursos habrían sido destinados al pago de un contrato adjudicado directamente a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, que hasta octubre de 2000 era presidida por el subsecretario de la Sagarpa, Antonio Ruiz García, lo que además implica conflicto de intereses.
En cuanto a Educación Pública y según sus propias propuestas, Felipe Calderón dejará esta Secretaría en manos del líder nacional panista y destacado miembro del Yunque, Manuel Espino; otro fuerte candidato es el elbista y supuesto “adversario” por el Partido Alianza en la contienda electoral, Roberto Campa, pero también aspira al cargo otro miembro del equipo político de la maestra, Benjamín González Roaro, ex titular del ISSSTE en el gobierno foxista.
En el primer caso, el actual presidente del Partido Acción Nacional se mostró siempre opositor a la candidatura de Felipe Calderón, pero al final tuvo que doblegarse y aceptar su candidatura. El segundo caso no es más afortunado, pues el ex priísta Roberto Campa hizo el trabajo sucio a Calderón en los debates electorales, siempre con línea de su jefa Gordillo. Ambos políticos también conforman la dupla por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual indica que están firmes para ocupar un asiento en el gabinetazo.
Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Calderón ha pensado en Luis Téllez Kuenzler, quien estuvo involucrado como secretario de Energía en el desvío millonario de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, aquello que se llamó el Pemexgate. A este ex priista le gustaría más ocupar la cartera de la Secretaría de Hacienda, pero Felipillo aún no decide.
En aquel tiempo Téllez se desempeñaba como secretario de Energía, por lo cual se presume que en función de su cargo no sólo habría tenido conocimiento de la operación que permitió triangular, por lo menos mil 580 millones de pesos al sindicato de Pemex y luego al equipo de campaña de Labastida, sino que además autorizó directamente los convenios, pues era el titular del Consejo de Administración de la paraestatal.
Gabinete ampliado
Además de Estrada Cajigal, quien es considerado por Calderón para ocupar un cargo en el llamado gabinete ampliado, en esta lista destaca el nombre de la panista Mariana Gómez del Campo Gurza, sobrina de la pareja Calderón-Zavala, la cual desde el 6 de junio pasado protagonizó el que es el primer escándalo familiar relacionado con el manejo de recursos públicos.
En el cierre de campaña López Obrador dio a conocer los negocios del hermano de Margarita Zavala, Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, con el gobierno federal. Ahora se descubre el nombre de la sobrina política de Felipe quien, de llegar a un cargo público en el gabinete, se convertiría en beneficiaria directa de la siguiente administración.
Al lado de ella se encuentran los ex presidenciables del PAN. Así, alguna entidad o paraestatal podría ser conducida por Santiago Creel Miranda, quien antes de terminar su gris gestión al frente de la Secretaría de Gobernación autorizó indiscriminadamente la apertura de casas de apuestas a favor de Televisa, solapó el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres, presuntamente destinados a su frustrada campaña por la Presidencia, y participó en el llamado fraude transexenal de los fideicomisos aduaneros junto con Francisco Gil Díaz.
También figuran los ex gobernadores panistas Alberto Cárdenas, Carlos Medina y Francisco Barrio Terrazas, este último operó como cómplice en la Contraloría en donde congeló importantes investigaciones, como la auditoría 1015/01 referente a la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos. El expediente involucra a Vicente Fox en daños al erario por casi 70 millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya fincado responsabilidad alguna.
En este mismo gabinete ampliado, el presidente electo le reserva un lugar a la ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, señalada por un supuesto desvío de recursos públicos durante su administración en esa dependencia. Los recursos se destinaron al pago de la reunión internacional de la APEC celebrada en Acapulco, Guerrero, en 2002, organizada sin licitación por la empresa Santa Fe, en la que participa su hija Patricia Parrodi.
En esa misma lista se encuentran Juan Carlos Romero Hicks, el futbolista americanista Carlos Hermosillo, Cecilia Romero, Gabriela Ruiz del Rincón, María Elena Álvarez Bernal, María del Rosario Castro Lozano, Gerardo Priego, Carlos Torres, Cuauhtémoc Cardona, Cecilia Laviada, Rafael Pérez Cuellar, Demetrio Sodi, José Luis Luege Tamargo, Antonio Díaz Lara, Jorge Lara Rivera y Francisco de Silva.
Para cerrar su gabinete, Felipe Calderón busca que la operadora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, acepte la Secretaría de Medio Ambiente, como una forma de congraciarse con los perredistas; para Relaciones Exteriores deberá elegir entre los diplomáticos Arturo Sarukán y Ricardo Pascoe; en Función Pública podrían ser impuestos Germán Martínez Cázares o Salvador Vega Casillas; en Turismo, Patricia Mercado o Rodolfo Elizondo, y en Salud, el secretario capitalino, Ricardo Barreiro Perera.
Ante la posibilidad de formar parte de los cuadros del gobierno de continuidad que, de confirmarlo el Trife, encabezaría Felipe Calderón, tres de sus más allegados colaboradores y amigos se dicen dispuestos a contribuir en las decisiones de gabinete.

De acuerdo con entrevistas que les hizo la reportera Erika Ramírez, la ex senadora Cecilia Romero; Jorge Lara, ex asambleísta, y Francisco de Silva, vicepresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esperan impacientes el ascenso al poder del candidato de las “manos limpias”. 
Cecilia Romero ha sido señalada como promotora del patrocinio a la disidencia cubana mientras se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores. La también ex aspirante a jefa delegacional en Coyoacán descalifica el proceso de impugnación que ha presentado el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que espera ser llamada por su “amigo” Felipe Calderón para ser una más de quienes integrarían el gabinete ampliado de la administración panista.
Defensora de la victoria virtual que anticipó el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, luego de que se conocieran los resultados del conteo de los 300 distritos, la ex senadora advierte que “estamos preparándonos para defenderlo por las vías legales y por el camino que nos hemos trazado los mexicanos”.
Con una mención en la lista de candidatos a formar parte del gabinete calderonista, Cecilia Romero se dice a la espera de una llamada de su “amigo” para iniciar con los preparativos y llegar al poder.
Jorge Lara, asambleísta por el Distrito Federal y fuerte promotor del desafuero de López Obrador, señala que “la prioridad en este momento es tener el resultado de la elección y corroborar el triunfo de Felipe Calderón”.
Autodenominado como un demócrata, como lo hiciera Felipe Calderón a lo largo de su campaña para contender por la Presidencia de la República, Francisco de Silva, vicepresidente de Condusef, también espera el ascenso del panista al poder. 
Sin embargo, el todavía funcionario público de la administración foxista señala que habrá que esperar hasta que se den los últimos resultados que tendrá que dar el Trife para considerar ocupar un cargo en caso de ser llamado a formar parte de cualquiera de las administraciones que quede en el poder. 

* Investigan cuentas bancarias de líderes del PRD
* Abre expediente a Monreal por lavado de dinero
* PGR acecha a Manuel Camacho y Jesús Ortega

 A la incertidumbre creada por el Instituto Federal Electoral y su presidente Luis Carlos Ugalde, al manipular el proceso electoral del pasado 2 de julio a favor del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa, se suma ahora la intervención de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores para presionar judicial y fiscalmente a los principales operadores del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. 
El objetivo del gobierno foxista es presionar hasta el límite a los perredistas Manuel Camacho Solís, Jesús Ortega y Ricardo Monreal, entre otros, para distraer su atención y con ello reducir las críticas que los tres hacen en contra de la operación del IFE que busca consumar el “fraude electoral” que dé la victoria al candidato de ultraderecha Felipe Calderón. 
Un ejemplo de esta sucia maniobra del gobierno de Vicente Fox es el expediente abierto en la Procuraduría General de la República en contra de Ricardo Monreal Avila, ex gobernador de Zacatecas y uno de los hombres más cercanos al perredista López Obrador, a quien investigan por supuestas transferencias de 90 millones de dólares hacia bancos extranjeros.  
Miembros del PAN y fuentes del gobierno federal confirmaron que las indagaciones que llevan a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda –de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– en coordinación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con autoridades estadounidenses, incluyen a otros dirigentes perredistas como el mismo López Obrador y sus hermanos e hijos; a miembros del equipo de campaña de la Coalición Por el Bien de Todos como Manuel Camacho Solís, Jesús Ortega, Ricardo Monreal y Claudia Sheimbaum. 
Pero estas presiones no sólo se quedan el primer equipo de López Obrador, sino que también incluyen a varias personas presas por delitos de fraude y que tuvieron algún contacto con el candidato perredista, por lo que fueron sometidos a intensos interrogatorios para obligarlos a que acusaran a Andrés Manuel de diversos delitos, como son Gustavo Ponce y Jaime Ross. 
El caso Monreal 
Autoridades financieras de España y de Estados Unidos, responsables de combatir el delito de “lavado” de dinero, consideran a la isla de Aruba (que forma parte de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea y que se ubica en las Pequeñas Antillas, al sur del Mar Caribe) como un paraíso fiscal utilizado por defraudadores y evasores de impuestos que, para ocultar sus fortunas ilícitas, transfieren por ahí recursos para terminar en bancos europeos, principalmente Suiza. 
Por esa misma ruta (México-Estados Unidos-Aruba-España-Suiza) la PGR investiga a Ricardo Monreal Avila, ex gobernador de Zacatecas, por una acusación en su contra por transferir supuestamente 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos de Suiza. 
De acuerdo con un acta circunstanciada elaborada en la PGR y confirmada con fuentes de alto nivel de esa misma entidad de justicia, el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente información a las autoridades judiciales y financieras de Estados Unidos y de España sobre probables transferencias de millones de dólares que hubieran hecho Monreal y su ex secretario particular hacia instituciones financieras de Europa vía paraísos fiscales del Caribe. 
En las pesquisas intervienen también especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Secretaría de Hacienda y autoridades de la agregaduría de la PGR con sede en España, pues en este país supuestamente habría una cuenta concentradora en un banco español y de allí, para borrar el origen, el dinero se habría desviado hacia otras instituciones financieras como casas de bolsa y casas de cambio, según los informantes responsables de las pesquisas. 

La PGR está a la espera de la información solicitada a las autoridades estadounidenses que, a través de su sistema de intervención financiera en todo el mundo y la búsqueda de dinero sucio, pudiera servir para acusar penalmente a Monreal Avila por el delito de “lavado” de dinero. 
Según Juan Hernández Vigueras, miembro de ATTAC Madrid, “muchas investigaciones sobre evasión y fraudes en España se pierden en la isla de Aruba, una encrucijada de la Unión Europea y los Estados Unidos”. 
El investigadora explica en un artículo escrito a finales del año pasado que en el seminario de ATTAC realizado en Barcelona sobre los paraísos fiscales, el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo y varios inspectores españoles de Hacienda aludieron a Aruba que con frecuencia aparece en investigaciones sobre evasión y fraude fiscal en España que se terminan perdiendo en esa isla. 
De acuerdo con un testigo y ex colaborador de Ricardo Monreal, cuya identidad mantiene en secreto la PGR, el ex mandatario zacatecano habría obtenido el dinero producto de actividades ilícitas, por lo cual la PGR lo investiga para deslindar cualquier posible vínculo con bandas del narcotráfico y por presumibles fraudes a través de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador de Zacatecas, en donde aseguran beneficio a la empresa constructora Plata, propiedad de un amigo muy cercano a Monreal y quien se hizo cargo prácticamente de toda la obra pública en Zacatecas, lo que le permitió acumular una cuantiosa fortuna durante el gobierno de Monreal. 
Monreal se defiende 
Impugnador principal del llamado “fraude electoral” en contra de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal rechaza haber transferido dinero hacia cuentas extranjeras de Europa o de cualquier otra región y (como la entrevista se realizó antes del proceso electoral del 2 de julio) asegura que las investigaciones en su contra son sólo una cortina de humo tendida por el gobierno de Vicente Fox para distraer la atención de las elecciones y golpear una vez más a López Obrador. 
El ex mandatario zacatecano dice que la información que indaga la PGR es tan falsa que no podrían mostrar pruebas del delito que le imputan, “por lo que si tratan de acusarme de lavado de dinero, inmediatamente procederé legalmente en contra de ellos por difamación, pues ni yo ni nadie de mi familia tiene fortuna alguna”. 

P. La investigación apunta a que usted hizo transferencias por 90 millones de dólares, ¿qué opina?

R. Es falso, no es cierto, no pueden probar nada porque no tienen forma de hacerlo. 
P. ¿Usted tiene cuentas bancarias en el extranjero?

R. No, nunca y muchos menos con tanto dinero, imagínate si tuviera eso, házmela buena. 
P. ¿Por qué cree que se lleve a cabo tal investigación?

R. No lo se, pero es como una cortina de humo. Tratan con esto de golpear a López Obrador, porque vamos a ganar.  
P. ¿Sabía de esta investigación en su contra?

R. No, aunque ya en otra ocasión se me quiso involucrar con lavado de dinero, cuando la Procuraduría le pidió al que fuera embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que declarara que era investigado por la DEA y por el Departamento del Tesoro. Parte de esto narra Davidow en su libro El oso y el puerco espín y después yo me lo encontré y me contó que querían inculparme, sin pruebas, de vínculos con el narcotráfico. 
P. ¿Ha sido citado por la PGR para declarar?

R. No, ni lo harán, porque no tienen evidencias. 
P. ¿Se trata sólo de una maniobra político-judicial?

R. Sí, pero no les va a resultar, y si intentan hacer algo voy a acudir a las instancias legales para demandarlos por difamación, ellos saben que soy una persona que toma acciones y en una acusación tan grave no me voy a quedar callado. 
P. ¿Podría tratarse de algunas operaciones financieras que hizo en el extranjero cuando era gobernador (de Zacatecas)…? 

R. No, tampoco. No hay nada. Esto debe quedar claro, no tengo nada que me puedan imputar. 
En entrevista vía telefónica, el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, dijo que la sede diplomática no lleva a cabo pesquisa alguna sobre Ricardo Monreal, simplemente porque no le corresponde, y si hubiera algo sería la agregaduría de la PGR en España y no la embajada. 
Sin embargo, las fuentes han informado que es precisamente el embajador de México en España quien lleva personalmente la petición de información financiera y judicial en contra de Monreal, pero hasta ahora las autoridades españolas al parecer han negado cualquier información financiera sobre el ciudadano mexicano porque, de acuerdo con su legislación, el secreto financiero sí se respeta en ese país europeo y no, como ocurre en México, se utiliza políticamente. 
Dispendio del gasto público 
A escasos cuatro meses de que concluya el sexenio, miembros del gabinete de Vicente Fox buscan por todos los medios llenarse las bolsas con fondos públicos y borrar cualquier huella que los relacione con hechos de corrupción. Un análisis del consultor financiero Mario Di Costanzo informa que de acuerdo con datos contenidos en la Cuenta Pública de 2005, se observa que persiste el derroche de recursos públicos destinados a sufragar los gastos asociados a las percepciones de los “altos mandos” de las diversas secretarias de Estado. 
De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, para 2005 los sueldos y salarios que pagó el gobierno a la burocracia adscrita únicamente a las secretarias de Estado ascendió a 156 mil 337 millones de pesos, a estos gastos habría que añadirles 7 mil 739.9 millones que correspondieron a los servicios generales y 18 mil 488 millones que representaron las erogaciones destinadas a cubrir los servicios generales de las dependencias de la administración pública federal. 
De esta manera, explica Di Costanzo, si añadimos a los gastos las erogaciones destinadas a cubrir las pensiones en cada secretaria de Estado, que ascendieron a 108 mil 488 millones de pesos y los subsidios y transferencias que cada secretaria le transfiere a las entidades de su sector y que ascendieron a casi 200 mil millones de pesos, resulta que el gasto corriente de la administración pública centralizada fue de 539 mil 67.2 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente la tercera parte del gasto público total. 
Agrega que es importante mencionar que si se revisan los componentes del gasto en servicios personales, se observa claramente que buena parte de ellos están conformados  por tres conceptos que representan las prebendas que los funcionarios públicos de alto nivel mantienen y que incrementan en forma sustancial sus ingresos mensuales. 
Así, por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República se observa que el pago de sueldos y salarios a 862 millones de pesos, de los cuales las partidas denominadas como “Otras prestaciones sociales y económicas”, las “Remuneraciones Adicionales y Especiales” y las “Cuotas de Seguridad Social y Seguros” ascendieron a 729 millones de pesos. 
Mas aún en el caso de la SHCP se observó que mientras el gasto directo en sueldos a sus empleados fue de 2 mil 73 millones de pesos, los gastos por “otras prestaciones sociales y económicas” ascendieron a mil 124.8 millones de pesos, las remuneraciones “adicionales y especiales” se ubicaron en 216.2 millones de pesos y los gastos por concepto de “seguridad social y seguros” ascendieron a 254.3 millones de pesos. Este comportamiento se observa prácticamente en la totalidad de las Secretarias de Estado. 

* La lista del “gabinetazo” de Felipe Caderón H.
* Figuran nombres con investigaciones penales
* En Hacienda Paco Gil Díaz impone a Cárstens

Después de la escandalosa manipulación del proceso electoral del 2 de julio, en donde el IFE como árbitro ha jugado a favor de Felipe Calderón, será el Tribunal Federal Electoral el que decida con las pruebas que presente el equipo de Andrés Manuel López Obrador si hubo irregularidades que permitan dar el triunfo al candidato perredista. Por lo pronto, ya se preparan multitudinarias movilizaciones como la ocurrida este sábado en el zócalo capitalino para protestar por lo que consideran el mayor fraude electoral de la historia.
Pero mientras eso ocurre en el terreno electoral, en el equipo compacto de Felipe Calderón se ocupan en elaborar lo que sería su “gabinetazo” al más puro estilo foxista, pues de acuerdo con una lista salida de entre los muros de la casa de campaña de Felipe, aparecen nombres vinculados con responsabilidad en delitos electorales, peculado, tráfico de influencias, corrupción, complicidad, violación a los derechos humanos y hasta presuntos vínculos con el narcotráfico.
Así, de confirmarse la decisión del IFE para que el próximo presidente sea nuevamente un panista, veremos en el gabinete calderonista personas que en lugar de manejar el dinero de los mexicanos a través del presupuesto público, deberían estar frente a jueces en procesos penales por diversas anomalías.
Y es que la lista de posibles colaboradores seleccionados por el panista, y de la cual saldrán los futuros secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del gabinete ampliado, incluye nombres como el del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, desaforado en abril de 2004 por el Congreso local para permitir a las autoridades judiciales determinar su responsabilidad sobre los supuestos vínculos que mantiene con el narcotráfico.
El motivo que ese polémico panista siga al frente de cargos públicos a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República por su relación sentimental con la hija del líder del cártel de Juárez, Juan José Esparragoza Moreno, alias “el Azul”, y por los nexos detectados en su primer círculo: Eduardo Becerra Pérez, ex secretario de Gobierno; Guillermo Tenorio Ávila, ex procurador, José Agustín Montiel López y Raúl Cortés García, ex jefes policíacos, desde entonces procesados por narcotráfico en el penal de máxima seguridad de La Palma, es que la PGR recibe órdenes del presidente y eso hace poco convincentes las investigaciones.
Amparado en septiembre de 2004 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó la no procedencia del juicio político en su contra, Estrada Cajigal podría obtener un bono de impunidad al concluir su mandato, que coincide con el cambio de administración federal. De concretarse su nombramiento en el gabinete calderonista, la protección al más alto nivel le valdría todo un sexenio y sería la persona que metería los intereses del narcotráfico a la administración pública federal.
Pero el caso de Estrada Cajigal no es el único. En la lista del autodenominado “candidato de las manos limpias” también figuran ex funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción, tráfico de influencias, desvíos de recursos, manejo irregular de fondos públicos, complicidad, delitos electorales y violación a los derechos humanos.

Por ejemplo dos áreas sensibles como son la política interior y la seguridad pública, podrían ser encabezadas por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, responsable de violar los derechos humanos de un centenar de altermundistas en mayo de 2004, según lo documentado por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que el gobierno foxista ha ignorado por tratarse de uno de sus príncipes.

A pesar del desafortunado antecedente que le valió el mote de “represor” – al comprobarse la tortura en contra de los opositores a la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada el 28 de mayo de ese año en Guadalajara –, Ramírez Acuña figura en la terna propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación (Segob), al lado del español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, y de Josefina Vázquez Mota, señalada por utilizar información privilegiada obtenida durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, en beneficio de Calderón Hinojosa. Estos dos últimos panistas también compiten por la titularidad de la Secretaría de Energía.
Además, el gobernador de Jalisco aparece en la dupla para administrar la Secretaría de Seguridad Pública, ante su eficaz sentido de la represión en contra de manifestantes pacíficos, junto con Juan Molinar Horcasitas, quien fuera coordinador de la asociación Amigos de Fox, involucrada en la violación de los estatutos electorales en 2000, uno de los más férreos defensores del desafuero de López Obrador y el abogado moral de Marta Sahagún en el proceso judicial en contra de la revista Proceso y de la periodista Olga Wornat.
En cuanto al área judicial, el próximo procurador general de la República se debate entre los panistas Rogelio Carvajal Tejada y Juan de Dios Castro, quien al igual que Molinar Horcasitas destacó como promotor del frustrado desafuero en contra del ex jefe de gobierno. También aparece interesado en este cargo el operador panista Germán Martínez, hombre de todas las confianzas de Felipe.
Otra área sensible corresponde a la política hacendaria. En este caso Calderón tiene la mirada puesta en Agustín Carstens Carstens, ex subsecretario de Ingresos durante la administración zedillista, ex gobernador suplente por México en el Banco Interamericano de Desarrollo, ex funcionario del Banco Mundial, y actual subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, aunque lo que más pesa es la recomendación que de él hace el actual secretario Francisco Gil Díaz, quien con ese nombramiento asegura su impunidad en el sucio manejo que ha hecho del presupuesto público y, sobre todo, en el caso del fraude en el fideicomiso Auanas I y la empresa ISOSA.
En la terna por la Secretaría de Hacienda también se encuentran Gerardo Ruiz del Rincón, secretario del Comité Técnico de Financiamiento de la campaña de Felipe, y Julio Castellanos Ramírez, ex colaborador del panista en la Secretaría de Energía y ex oficial mayor de Sedesol.
Para la Secretaría de Economía, el panista tiene contemplado a otro de sus hombres de confianza y coordinador de propuesta en política pública durante la campaña, Ernesto Cordero, y a Eduardo Sojo Garza Aldape, ex titular de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas durante el gobierno foxista, ex coordinador de asesores del aún presidente y operador del fideicomiso privado número F/0894, que en 2000 manejó irregularmente fondos públicos.
Sojo Garza Aldape fungió como coordinador económico del Equipo de Transición de Fox, al cual se le transfirieron en forma indebida 24 millones de pesos del erario público, bajo el supuesto esquema de apoyo presupuestal diseñado y propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la administración zedillista. Sin ser funcionario público, de julio a noviembre Sojo cobró un salario mensual de 85 mil 300 pesos.
En Presidencia Felipe Calderón, el llamado “círculo cercano”, incluye el polémico nombre de Antonio Sola Reche, quien de naturalizarse mexicano estaría en posibilidades de ocupar un lugar privilegiado en el próximo gobierno.
Y es que como pago de la llamada “campaña del miedo” – similar a la que hizo en contra del mandatario de España, José Luis Rodríguez Zapatero –, el publicista español, militante del Partido Popular y hombre cercano al ex presidente del país Ibérico, José María Aznar, en el gabinete tentativo Calderón lo vislumbra como su jefe de Opinión Pública e Imagen.
Sin embargo, su situación migratoria actual le impide, al menos en el papel, inmiscuirse en asuntos políticos de México, según lo revelado por la Segob a petición del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo con el boletín de prensa 143/06, de fecha 19 de mayo de 2006, la estancia en el país de quien fuera coordinador de Imagen durante la contienda electoral y que figura, es como no inmigrante visitante remunerado / profesional, con lo que se le faculta para prestar servicios como asesor de Imagen y Publicidad a la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, casualmente propiedad de Jorge Manzanera, coordinador de las redes durante la campaña del panista.
En ese primer círculo, Calderón también incluye a César Nava Vázquez, quien se podría colocar en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La relación de confianza entre ambos hombres los llevó a protagonizar un presunto hecho de corrupción en agosto de 2003. Y es que el presidente electo y el secretario general adjunto del PAN fueron señalados por posible tráfico de influencias.
Se trata de un “apoyo financiero” autorizado por Calderón en su calidad de director del Banco a favor de la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que es accionista Emilio Baños Urquijo, suegro de Nava Vázquez. La operación involucró recursos públicos por 2 mil millones de pesos.
Felipe Calderón también reserva un par de lugares para los ex “Amigos de Fox”, Jordy Herrera y Max Tejeda Martínez. El primero ocuparía la secretaría particular, cargo que desempeñó cuando Calderón era secretario de energía, mientras que el segundo sería el titular de la Unidad de Comunicación Social.

* Sólo le quedan cinco meses a la “pareja presidencial”
* Temerosos, Vicente y Martha esperan los resultados
* Un presidente impune en la residencia de Los Pinos

Al momento de escribir esta columna millones de mexicanos se han dispuesto a cambiar este país a través de las urnas y, masivamente, acuden a depositar su voto para elegir a quien será el próximo presidente de la República.
Después de un largo proceso de campaña que llegó hasta el hartazgo y dejó onerosos gastos a los mexicanos, lo cual debe ser corregido, a partir de este lunes estrenaremos presidente electo y sabremos si la democracia mexicana avanza.
Pero mientras esto sucede a los ojos del mundo que observan atentos el desarrollo de un proceso electoral del país que hace frontera con la primer potencia mundial y que, de seguir las tendencias, daría un viraje hacia la izquierda, tal y como lo han hecho otros países latinoamericanos, en un oscuro cuarto de Los Pinos se sume en su angustia la “pareja presidencial” que, temerosa, vivirá los últimos cinco meses de un gobierno absurdo, fatuo, necio, inútil, grotesco, corrupto, negligente, tonto y perezoso, en espera del juicio de la historia y de las investigaciones judiciales que ya se ven en contra de familiares de la “pareja presidencial” que fueron beneficiados con las influencias del poder político.
Seguro de que ninguna acusación por corrupción lo alcanzará, a pesar de que haya pruebas documentales y fehacientes de ello, porque así lo protege la Constitución, el todavía presidente Vicente Fox observará cómo se derrumba lo que creé haber construido con un gabinete inútil que sólo saqueó al país pero que nada hizo para combatir la desigualdad social, la pobreza extrema y las injusticias.
Por el contrario, sólo una prueba de la corrupción presidencial que quedará impune es la investigación que hizo el mismo gobierno foxista a la administración de la Presidencia de la República en los primeros seis meses de su mandato (1 de diciembre de 2000-31 de mayo de 2001), en donde según el informe de la auditoría en poder de esta columna, fue el mismo presidente Fox quien dio instrucciones para beneficiar mediante irregularidades administrativas a su amigo el arquitecto Humberto Artigas, al asignarle directamente obras de remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y la compra de enceres domésticos por un monto total de 66.5 millones de pesos, de los cuales sólo se gastaron unos 22 millones y el resto, más de 40 millones, pudieron haber servido para construir aquel rancho oculto llamado La Estancia y propiedad del presidente, que por una excelente investigación periodística de las reporteras Areli Quintero y Anabel Hernández supimos que fue el mismo arquitecto Artigas quien lo construyó.

Presidente impune
En otro trabajo periodístico de Nancy Flores supimos que fueron el presidente Vicente Fox y el empresario Humberto Artigas los únicos actores que negociaron la adjudicación directa de contratos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos - que causaron daños al patrimonio público y violaciones a la seguridad nacional -, según le informó a la reportera la representante legal de la empresa MYO, la arquitecta Ralía Morales Arámbula, quien señala al Estado Mayor Presidencial como responsable de las obras.
“Si eso es tráfico de influencias, pues entonces sí, cometí tráfico de influencias”, acepta con descaro la arquitecta, quien es la representante legal y accionista de la empresa MYO, S.A. de C.V., tras la pregunta sobre la invitación directa que le hizo personalmente el presidente Fox para que participara en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y de las cabañas 1 y 2, sin que mediara licitación alguna como lo marca la Ley.
La breve respuesta de Morales Arámbula corrobora que Fox Quesada es el alto funcionario de Los Pinos que ordenó la adjudicación directa de las obras a favor de su amigo Humberto, quien a su vez subcontrató los trabajos de la compañía MYO y de otras 10 empresas, tal como lo asentó la misma arquitecta en la compulsa relacionada con la auditoría 2015/01.
Ya el 21 de junio de 2001 Morales Arámbula había revelado a las autoridades de la Dirección General de Auditoría Gubernamental la responsabilidad del presidente de México en la contratación indebida de las empresas, que derivó en daños patrimoniales y en violación a la seguridad nacional, asunto que fue velado por la dependencia bajo el supuesto de confidencialidad.
En aquella ocasión los auditores de la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) requirieron a la accionista de MYO, quien comparte domicilio fiscal con la empresa Humberto Artigas y Asociados, S.C. en calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, que describiera “cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha”, a lo que respondió: “fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000”.
Los funcionarios públicos insistieron: “describa quién la invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto”, y ella reiteró que “la invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox”.
Hasta ahora, la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos ha omitido fincar responsabilidades por estas anomalías, quizá porque el primer implicado es el presidente de la República. La negligencia se da a pesar de que el amplio expediente de investigación confirma que la Presidencia violó las leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Responsabilidades al adjudicar directamente los contratos por 66.5 millones de pesos.
El asunto no es menor. De acuerdo con la auditoría 2015/01 las irregularidades en las que supuestamente está involucrado Vicente Fox, jefe directo del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y en su momento Francisco Barrio Terrazas, no se reducen a la contratación indebida de la empresa Humberto Artigas y Asociados, que ocasionó daños patrimoniales, sino que al subcontratar varias empresas, entre ellas MYO, se puso en riesgo la vida del propio mandatario - pues se conocía a detalle su residencia - y, por tanto, se quebrantó la seguridad nacional.
Para la diputada perredista Martha Lucía Micher, el gobierno de Vicente Fox “no sólo ha sido corrupto sino que ha sido un modelo de corrupción: se les ha enseñado a otras personas de las familias en el poder cómo hacer las cosas muy poco transparentes, con muy poca ética y sobre todo el patrimonio del pueblo”.
Entrevistada vía telefónica, la empresaria Rosalía Morales Arámbula revela que la negociación para adjudicar las obras se dio entre dos actores: el presidente Fox Quesada y el empresario Humberto Artigas del Olmo. “A mí me subcontrataron. El arquitecto Artigas me subcontrató para que lo hiciera (proveer de mobiliario y enseres a la Presidencia). Yo directamente no tuve nada que ver. Es más, al presidente lo vi una sola vez”.
Mientras busca deslindarse de las supuestas irregularidades que implican a la empresa MYO en daños al patrimonio público por al menos 2 millones 100 mil pesos y de incurrir en la presunta violación de la seguridad nacional, ambos ilícitos documentados por la Contraloría, Morales Arámbula explica que el Estado Mayor Presidencial tuvo conocimiento del proceso de contratación y de los avances y cumplimientos del mismo.
Entrevista con Morales Arámbula
P. Cuál es su postura sobre la auditoría 2015/01, referente a los dos contratos otorgados por la Presidencia a la empresa MYO, que señala un posible daño al patrimonio público por 2.1 millones de pesos e incumplimiento de contratos.