Oficio de Papel

* El “cuñado incómodo” dio la puntilla a Calderón
* Prepara el PAN nueva guerra sucia esta semana
* Equipo de campaña planea 3 casos contra AMLO

El caso Hildebrando o, como mejor se le conoce, “el cuñado incómodo” fue sólo la puntilla a la campaña del candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y la confirmación de que el próximo domingo México dará en las urnas un viraje hacia la izquierda como ha sucedido en otros países de Latinoamérica y de Europa, pues el capitalismo salvaje solamente ha servido para empobrecer aún más a miles de millones de seres humanos y ha concentrado la tierra, el agua y los sistemas de producción en muy pocas manos.
Inflado por los medios electrónicos y uno que otro periódico, Calderón Hinojosa ha soñado con las encuestas que lo colocan, todavía algunas, en el primer lugar de las preferencias electorales, pero en su equipo esos sueños se han ido esfumando lentamente y casi fueron borrados por completo cuando el populista y carismático López Obrador abrió el debate con la denuncia contra “el cuñado incómodo” Diego Zavala, ese joven empresario desconocido hasta hace apenas unas semanas y que recibió múltiples beneficios en el actual gobierno de Vicente Fox al asignarle las secretarías de Estado y entidades paraestatales cuantiosos contratos que le han permitido acumular una millonaria fortuna.
Molesto por el enriquecimiento desmedido de Diego Zavala, Felipe Calderón intentó primero defender al hermano de su esposa Margarita, pero en el recuento de los daños causados por ese escándalo de tráfico de influencias y abuso de poder, el candidato panista ha intentado sin éxito deslindarse tardíamente de la actuación de su cuñado, pues aunque sabía de la operación de la empresa Hildebrando S.A., nunca imaginó el crecimiento desmedido de ésta al amparo del poder público. En fin, el candidato de las “manos limpias” ha sido manchado por la corrupción familiar.
Ante su inminente caída en las encuestas, el equipo de campaña calderonista busca afanosamente revertir esas tendencias y para ello prepara para esta semana incrementar la guerra sucia en contra de López Obrador. Hasta ahora se identifican tres temas que podrían salir a flote en los siguientes días:
1. La investigación que por “lavado” de dinero ha intentado cuadrar la SIEDO (Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada) en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por el PRD, y cuyo expediente se relaciona con el caso de Jaime Eduardo Ross Castillo, un ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México, ex empleado de Scotiabank Inverlat y supuesto benefactor del PRD en campañas electorales, quien actualmente está preso en el Reclusorio Sur y sujeto a proceso penal.
Esta línea de investigación judicial en contra de los tres hermanos López Obrador se desprende de la averiguación previa PGR/023/LD/2002, abierta durante la administración del general Rafael Macedo de la Concha, y que consta de 18 tomos, da cuenta de un fraude financiero en detrimento del patrimonio de la institución canadiense Scotiabank Inverlat. Según la PGR, el ex gerente de la sucursal Polanco de dicho banco, Ross Castillo, es “responsable de haber planeado y ejecutado transferencias por 2.6 millones de dólares a cuentas bancarias radicadas en Suiza para, posteriormente, derivarlas a ‘cuentas puente’ abiertas en bancos de Estados Unidos”.
En este expediente la PGR a escudriñado todos los movimientos financieros de López Obrador y de sus familiares, según reconoció el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, Agustín González Guerrero, en una entrevista con la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, a quien le dijo que esta nueva indagatoria en contra del ex jefe de gobierno del Distrito Federal “no es de índole política, pues aunque algunas averiguaciones realizadas por la unidad contra el lavado de dinero involucran a actores políticos, nosotros sólo damos el seguimiento jurídico”.
Aunque la versión oficial se trata de desmarcar de los señalamientos hechos por el político de Macuspana, quien en varios momentos acusó a la PGR de fabricarle delitos, los expedientes que obran en los archivos de la dependencia, encabezada por Daniel Cabeza de Vaca, descubren que, como en los tiempos del “complot”, las autoridades federales buscan agotar todas las posibilidades para consignarlo por algún delito grave.
Así, la PGR investiga las cuentas bancarias de López Obrador en busca de fondos de procedencia ilícita, confirma el fiscal González Guerrero, quien acepta que tienen un expediente abierto por el delito de blanqueo de capitales por 2.6 millones de dólares, en el que según la Procuraduría están involucrados el propio Andrés Manuel y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador.
“En este caso se han indagado los hechos relacionados con esa denuncia y lo que ve nuestra competencia. Los ministerios públicos no nos dejamos guiar por las personas o los apellidos, tenemos que investigar porque alguna omisión implica responsabilidad para el Ministerio Público y para nosotros como coordinadores de ellos. Entonces el ministerio público, que tiene el monopolio de la averiguación, tiene que investigar a quien deba ser sin importar la filiación partidista o la posición que pueda ocupar en algún cargo de elección popular, porque la justicia es ciega. No debemos fijarnos en apellidos; hay que cumplir la formalidad”, afirmó el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.
Sin embargo, Jaime Ross desmiente las acusaciones de la PGR y desde el Reclusorio Sur, en donde está preso, afirma que este es un asunto político y no financiero que pretende llevar a tribunales al candidato presidencial del PRD por supuesto lavado de dinero.
Este delicado caso, que involucra a importantes actores políticos mexicanos, también es de interés para el gobierno de Estados Unidos, pues la embajada de ese país en México lo califica de “especial importancia”, según se revela en una carta clasificada como “personal y confidencial” que envió el embajador de ese país en México, Tony Garza, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el 8 de julio pasado, tras la destitución de Luz María Núñez Camacho como titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.
Según se desprende del documento confidencial en poder de esta columna, el embajador Tony Garza precisa al procurador mexicano el interés generado por esta “investigación conjunta” y que es atendida en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Dicha indagatoria se da en el marco de la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales, afirma Tony Garza, quien agrega que el caso Ross es un asunto “sensible” para ambos países.
Investigan a Ricardo Monreal
2. El segundo tema que prepara el equipo de campaña calderonista con apoyo de algunos sectores de gobierno relacionados con las áreas financieras y diplomáticas, es en contra del exgobernador zacatecano Ricardo Monreal, integrante de las redes ciudadanas en apoyo a López Obrador y persona muy cercana al candidato perredista.
Pues según las investigaciones oficiales foxistas, Monreal habría realizado transferencias millonarias hacia el extranjero, lo que de probarse sería un duro golpe para López Obrador. Hasta ahora las fuentes diplomáticas y financieras señalan que cerca de 90 millones de dólares fueron movidos de bancos instalados en México hacia una cuenta concentradora en un banco de España y de ahí, para borrar las huellas, el dinero se habrían disueltos hacia varias instituciones financieras como casas de bolsa, casas de cambio y otras.
Pero las gestiones que hasta ahora ha hecho el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, para que las autoridades financieras españolas proporcionen la información ha sido en vano, pues en ese país el secreto financiero sí funciona de manera oficial y no como sucede en México que sólo opera cuando se trata de encubrir a funcionarios y empresarios corruptos, pero cuando se trata de eliminar a opositores políticos entonces se abren con gran facilidad los archivos financieros y bancarios.
Pero la Procuraduría General de la República hace todo su esfuerzo para integrar un expediente que le permita acusar a Monreal, principalmente en esta semana, de los delitos de enriquecimiento ilícito y “lavado” de dinero.
Todos recordamos cómo el exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, narra en su libro “El oso y el puerco espín” como funcionarios del gobierno mexicano trataron de acusar a Ricardo Monreal de vínculos con bandas del narcotráfico, pero el diplomático estadounidense se negó a sostener que había una investigación de la DEA y del Departamento de Justicia en contra del exgobernador de Zacatecas.
Para Monreal este nuevo expediente abierto en su contra es sólo una cortina de humo que trata de golpear al candidato perredista a la Presidencia de la República, pero asegura que la información es tan falsa que ni la PGR ni la embajada de México en España ni la Secretaría de Hacienda tienen pruebas de tal acusación, por lo que si trataran antes del 2 de julio de acusarlo de algún delito inmediatamente procedería a las instancias legales para demandarlos por difamación, pues ni él ni nadie de su familia tiene tal fortuna.
El juicio testamentario
3. Como una medida desesperada para frenar el avance del candidato tabasqueño a la Presidencia, los panistas han hurgado en el pasado de López Obrador y de su familia, y encontraron algunas propiedades a quien fuera esposa del perredista, las cuales se ubican en la zona de la Macuspana, en Tabasco.
Pues a partir de ahí surgió una indagatoria que los llevó a un juicio testamentario que celosa y confidencialmente se guarda en un juzgado y que tiene que ver con esas propiedades que dejó Rocío Beltrán Medina.
En dicho documento confidencial se informa que dichos bienes, algunos de los cuales serían casas y terrenos baldíos, se pondrán a la venta inmediatamente.

* Humberto Artigas, el contratista del presidente
* Fox ordena asignar cuatro contratos irregulares
* La maniobra causa daño patrimonial por 44 m/p

Como la avestruz, la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública creen que escondiendo la cabeza pueden ocultar la corrupción en la que está involucrado el jefe del Ejecutivo por su participación en la remodelación a principios de sexenio de los inmuebles ubicados en Los Pinos, en donde se pagaron 66.5 millones de pesos y sólo hay comprobantes por 22.5 millones, lo que causó un daño patrimonial por 44 millones.
De acuerdo con la auditoría 2015 que hizo a mediados de 2001 la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría a la Oficina ejecutiva de la Presidencia de la República, en donde descubrió actos de corrupción e irregularidades administrativas ocasionadas por decisiones del presidente Vicente Fox, revela la impunidad y la mentira con que el “gobierno del cambio” ha actuado en todo el sexenio y que ahora trata de borrar para proteger al propio primer mandatario.
Mientras la oficina de prensa de la Presidencia afirma que no tiene nada que comentar sobre el resultado de esa auditoría que por cinco años mantuvo oculta la Secretaría de la Contraloría, primero, y la Secretaría Función Pública después, los apoderados de las empresas Humberto Artigas y Asociados S.C. y MYO S.A. de C.V. reconocieron que en diciembre del 2000 el presidente Vicente Fox Quezada los invitó personalmente a convertirse en proveedores y contratistas de obra de la Presidencia de la República, sin tener que participar en las molestas licitaciones públicas y cobrando lo que quisieran pues al fin y al cabo se trataba de fondos públicos.
Señalados por la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) de cometer actos de corrupción en contubernio con funcionarios de la Presidencia de la República, incluido Vicente Fox, los representantes de las empresas Humberto Artigas y Asociados, Mario Barjau Graniel, y MYO S.A de C.V., Rosalía Morales Arámbula, declararon a los auditores Tomás Limón Lepe y Luis Ernesto Castillo Guzmán que su participación en las obras de Los Pinos fue por “invitación directa del presidente Vicente Fox”.
Bajo los argumentos de “confidencialidad y seguridad nacional”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) guarda celosamente el grueso expediente que comprueba cómo se han hecho negocios ilícitos y asignado obras irregulares desde el arranque del gobierno foxista y que, a pesar de tener pruebas documentales de los fraudes y daños patrimoniales, ningún funcionario ni empresario beneficiado por Fox han sido investigados y muchos menos acusados penalmente.
Entre los delitos cometidos en la Presidencia de la República destacan el de daño patrimonial por más de 40 millones de pesos, el desvío de recursos públicos, las subcontrataciones de obras, los sobreprecios de las mismas, el pago de anticipos sin razón alguna, las omisiones de las autoridades, las negligencias de la Presidencia y las violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.
Las confesiones de un contratista
Al quedar al descubierto las anomalías en la asignación de contratos para la remodelación de las cabañas 1 y 2, de las residencias de Los Pinos y Miguel Alemán y de la casa anexa, los auditores de la Contraloría decidieron ejecutar una compulsa a las dos empresas intermediarias que subcontrataron a otras 10 empresas para realizar las obras y proporcionar los enseres domésticos, y allí se percataron que la dirección fiscal de ambos contratistas es la misma: calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, en la cual no hay oficinas, sino una residencia habitacional.
A las 15:30 horas del 21 de junio de 2001, el apoderado legal de la empresa Humberto Artigas y Asociados, Mario Barjau Graniel, respondió así a las preguntas de los auditores de la Secretaría de la Contraloría:
1. Mencione sus proveedores de materiales y suministros relacionados con las obras contratadas con la Presidencia de la República y proporcione copia de facturas correspondientes.

R. Los proveedores principales son los siguientes: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajo Especiales S.A. de C.V.; AICON S.A. de C.V.; arquitecto Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas. Estas empresas y personas físicas son subcontratistas, de los cuales se proporcionan facturas de los trabajos subcontratados.
2. Relacione el importe de las operaciones comerciales realizadas a la Presidencia de la República y proporcione copia de las facturas.

R. Se relacionan las facturas de Humberto Artigas y Asociados S.C. a nombre de la Presidencia de la República:

a. Factura 0345 del 15 de diciembre del 2000 por 1 millón 900 mil 950.05 pesos por el 30 por ciento de anticipo de la remodelación de las cabañas uno y dos, contrato AD-269-00.

b. Factura 0347 del 18 de diciembre del 2000 por 4 millones 250 mil 337.53 pesos por el pago de la primera estimación del contrato AD-269-00.

c. Factura 0349 del 19 de diciembre de 2000 por 146 mil 642.75 pesos como pago de la segunda estimación del contrato AD-269-00.

d. Factura 0352 del 21 de diciembre de 2000 con importe de 1 millón 542 mil 992.63 por el convenio modificatorio al contrato AD-269-00.

e. Factura 0353 del 26 de diciembre de 2000 con importe de 628 mil 694.72 por el convenio adicional único al contrato AD-268-00.

f. Factura 0402 del 22 de febrero de 2001 por 9 millones 26 mil 634.88 pesos correspondiente al 30 por ciento del anticipo para la remodelación de la residencia Miguel Alemán.

g. Factura 0407 del 28 de febrero de 2001 por 489 mil 734.38 pesos correspondiente a la primera estimación de remodelación a la residencia Miguel Alemán.

h. Factura 0408 del 8 de marzo de 2001 por 1 millón 466 mil 393.37 pesos correspondiente a la segunda estimación de la remodelación de la residencia Miguel Alemán.

i. Factura 0419 del 14 de mayo de 2001 con importe de 85 mil 926.26 pesos correspondiente a la tercera estimación de la remodelación en la residencia Miguel Alemán.

j. Factura 0421 del 21 de mayo de 2001 por 594 mil 684.81 pesos por la cuarta estimación de la remodelación en la residencia Miguel Alemán.

k. Factura 0414 del 20 de abril de 2001 por 2 millones 585 mil 399.20 pesos correspondiente al 30 por ciento de anticipo de remodelación de la casa anexa.

l. Factura 0415 del 20 de abril de 2001 por 4 millones 400 mil 289.32 pesos correspondiente al 30 por ciento de anticipo de obras exteriores.

ll. Factura 0424 del 30 de mayo de 2001 por 443 mil 321.47 pesos correspondiente a la primera estimación de obras exteriores pendiente de pago.

m. Factura 0426 del 11 de junio de 2001 por 228 mil 12.30 pesos correspondiente a la primera estimación de la remodelación de la casa anexa pendiente de pago.

Mario Barjau Granel proporcionó copias de las facturas señaladas y de los convenios del contrato número AD-269-00, por obras de remodelación de las cabañas 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos; contrato AD-009-01 de obra de remodelación de la residencia Miguel Alemán en Los Pinos; contrato de obra sin número y sin firma por obras exteriores de la residencia oficial de Los Pinos, y contrato sin número y sin firma por remodelación de la casa anexa de Los Pinos.
3. Describa cómo se hizo proveedor del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República y desde qué fecha.

R. Por invitación del Poder Ejecutivo a partir de diciembre de 2000.
4. Describa quién lo invitó a participar como contratista de obra y el trámite realizado al respecto.

R. Por conducto del licenciado Vicente Fox Quezada.
5. Indique cuál es su plantilla de personal y organigrama de la empresa, y proporcione documentación que lo avale.

R. El presidente de la sociedad civil es el arquitecto Humberto Artigas del Olmo; administrador y apoderado legal Mario Barjau Granel, y cuatro personas que realizan servicios de vigilancia, mensajería e intendencia.

6. Relacione sus principales clientes y proporcione copia de facturas expedidas.

R. Los principales clientes son: Líneas Aéreas Azteca, Bosques Real, Bancomer, Fideicomiso Club de Golf Bosques, Veredalta, Tei Super, Roca Fosfórica Mexicana y Canadá de Santa Fe. De lo cuales se proporcionan copias de facturas.
7. Proporcione copia de las declaraciones de impuestos y pagos provisionales de I.S.R. efectuado durante los ejercicios 2000 y 2001.

R. Se proporcionan copias de declaración anual del ejercicio 2000 y sus declaraciones provisionales, así como primera declaración provisional 2001-
8. Indique el personal que tiene registrado en el IMSS y proporcione el último pago correspondiente.

R. Se proporciona copia de cuotas obrero-patronales al IMSS correspondiente a mayo de 2001 del personal que labora en la sociedad civil Humberto Artigas y Asociados.
9. Mencione si la empresa Humberto Artigas y Asociados forma parte de algún grupo empresarial.

R. No. Esta sociedad civil es una empresa independiente y la empresa MYO S.A. de C.V. colabora con esta sociedad civil para dar a sus clientes un servicio integral.

* La Auditoría 2015 arroja más irregularidades de Fox
* Buscan en Los Pinos al culpable de filtrar expedientes
* Silencio oficial en Presidencia y en la Función Pública

Desde la Presidencia de la República buscan al responsable de filtrar el expediente en poder de la Secretaría de la Función Pública que contiene la auditoría confidencial 2015, clasificada como de seguridad nacional, y que involucra directamente al presidente Vicente Fox en la asignación irregular de contratos a las empresas Humberto Artigas y Asociados S.A. de C.V. y MYO S.A. de C.V., las cuales sirvieron para triangular los trabajos para la construcción de obras y adquirir bienes para la residencia oficial de Los Pinos y en esa intermediación ganaron el 200 por ciento más del costo total de dichos trabajos, es decir casi 45 millones de pesos.
A pesar de las evidencias de corrupción en la casa presidencial, en donde está envuelto el presidente Fox y su equipo de administración, la oficina de prensa de la Presidencia de la República se negó a explicar la actuación ilícita del jefe del Ejecutivo y se limitó a responder la petición de información como “no hay comentario alguno al respecto”, con lo cual avalan las acusaciones que hizo desde el 2001 la Secretaría de la Contraloría, a cargo en ese entonces del panista Francisco Barrio Terrazas.
La misma respuesta negativa a la solicitud de entrevista con el director general de Auditoría Gubernamental la hizo la oficina de prensa de la Secretaría de la Función, que preside el panista Eduardo Romero Ramos, en donde dijeron que consultarían con el secretario la petición, pero ya no hubo respuesta alguna.
El nerviosismo y el miedo que hay en la cúpula gubernamental panista por este expediente que salió de los archivos confidenciales de la Secretaría de la Función Pública y que alcanza al presidente de la República por haber ordenado personalmente contratar a su amigo el arquitecto Humberto Artigas para remodelar, sin licitación de por medio, la residencia oficial de Los Pinos, incluidas las cabañas 1 y 2 que tanta nostalgia le causan a la primera dama Marta Sahagún, y que tuvieron un costo de 62 millones de pesos, así como la asignación directa de contratos a la empresa MYO S.A. de C.V. para la adquisición de enceres domésticos por más de 4 millones de pesos para hacer lucir bien las viviendas de la “pareja presidencial”.
Duplicidad de contratos
Entre los cuatro contratos y dos convenios modificatorios asignados a la empresa Artigas y Asociados S.A. de C.V., como ya lo señalamos la semana pasada en esta misma columna, hay duplicidad de contratos y veamos porqué:
Según el expediente integrado por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de la Función Pública, hubo duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 para remodelar las cabañas 1 y 2, por un monto de 6 millones 336 mil 500.16 pesos, el cual fue firmado irregularmente en dos ocasiones, una el 15 de diciembre de 2000 y la otra el 20 de mismo mes con plazos de ejecución distintos; además se realizaron dos convenios adicionales con importes superiores al 25 por ciento, con lo cual se infringió, de acuerdo con la Contraloría, toda normatividad establecida.
En el contrato del 15 de diciembre no se contó previamente con el oficio de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda, ya que éste fue emitido el 19 de diciembre y recibido el 21 del mismo mes.
El contrato suscrito el 20 de diciembre no cumplió con la calendarización para los pagos establecidos en el oficio de inversión, el cual programa erogaciones en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 2001; la emisión de facturas 345, 347 y 349 por 6 millones 297 mil 930.15 pesos, con fechas 15, 18 y 19 de diciembre, antes de la suscripción del contrato referido.
Derivado de ese contrato aludido, se celebró convenio modificatorio el 20 de diciembre de 2001 por la cantidad de un millón 552 mil 442.28 pesos por concepto de ampliación en el monto y el 22 de diciembre se suscribió otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos, que suman 2 millones 184 mil 987 pesos más del presupuesto original y representan el 34 por ciento adicional al contrato original. Esto, dice la Contraloría, rebasa el 25 por ciento establecido en la normatividad.
Otra anomalía es que ambos convenios fueron suscritos por Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia, cuando debió hacerlo el titular de la Dirección General de Administración, y tampoco se contó con la delegación de facultades correspondientes.
También hubo pagos anticipados
Otra irregularidad en los contratos orneados por Vicente Fox son los pagos anticipados que hizo la Presidencia de la República por 9.6 millones de pesos al contratista Humberto Artigas y Asociados, y lo más grave de estos anticipos es que se hicieron previamente a la suscripción del contrato de la obra AD-009-01 y de la facturación del anticipo, debido a que se trataba de un recomendado del presidente de la República.
En la adjudicación del contrato AD-009-01 a Humberto Artigas, suscrito el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782.99 pesos, con plazo de ejecución del 14 de febrero al 16 de abril de 2001, se efectuaron los pagos anticipados en calidad de “préstamo” al contratosta Artigas, previamente a la fecha de suscripción del contrato y facturación del anticipo respectivo.
De la compulsa practicada a la empresa Humberto Artigas y Asociados, los auditores de la Contraloría descubrieron que el 25 de enero de 2001 se recibió el pago anticipado por un millón 700 mil pesos, cantidad considerada en el monto de las facturas 402, 407 y 408 del 22 y 28 de febrero, y 8 de marzo respectivamente, cuyo importe asciende a un total de 10 millones 982 mil 762.63 pesos.
Según se desprende de un escrito con fecha del 8 de febrero de 2001, elaborado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Dirección de Finanzas y por concepto de venta de cheque de caja con cargo a la cuenta 51-50001208-0, se efectuó otro pago anticipado por 7.9 millones de pesos, que de acuerdo con la compulsa y ficha de depósito de la empresa Humberto Artigas y Asociados, el importe referido fue cobrado el 15 de febrero de 2001, acreditándose en su estado de cuenta 001-3953101-7 de Bancomer; no obstante que la factura 402 correspondiente al anticipo es del 22 de febrero de 2001, es decir se emitió posteriormente al cobro de la cantidad referida entregada como préstamo.
El auditor agrega que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República mediante cuenta por liquidar certificada (CLC) número 02-0000211 del 28 de febrero de 2001, la cual registra como beneficiario la misma Dirección General de Administración, tramitó el pago por 9 millones 26 mil 634.88 pesos de la factura 402, correspondiente al 30 por ciento del anticipo del contrato en cuestión, es decir también posterior a los préstamos.
Mediante la compulsa se informó que previo al cobro mencionado ya se había entregado otro cheque, el número 006450 por 7.9 millones de pesos en días anteriores; sin embargo, éste había sido devuelto por el banco el 14 de febrero de 2000, según se advierte en estado de cuenta bancario que fue proporcionado en el acto de compulsa mencionado.
En su conclusión el auditor sostiene que la Presidencia de la República otorgó condiciones financieras a los contratistas fuera de normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente.
En consecuencia, agrega, se dejó en estado de indefensión al gobierno federal al imposibilitarlo para efectuar reclamos que se susciten por incumplimientos, tanto en el inicio de la obra, fianzas de garantía de las entregas económicas por anticipado, lo que limita la aplicación de sanciones que se deriven de los trabajos ejecutados.
En este punto, la Contraloría recomendó que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en coordinación con el Estado Mayor Presidencial deberían conciliar los préstamos otorgados al contratista y los reembolsos que se hayan realizado, derivados de los contratos de obra celebrados con la contratista Humberto Artigas y Asociados, y de existir saldos proceder a la recuperación o comprobación respectiva y a su vez requerir el costo financiero que corresponda.
En las observaciones de la auditoría se indica que la empresa contratista Humberto Artigas informó que su plantilla de trabajadores y el organigrama de la empresa cuenta con solo 4 personas además de su presidente y apoderado legal: el vigilante, el mensajero y el de intendencia, únicos empleados que aparecen registrados en el IMSS según copia del pago correspondiente a mayo de 2001.
Por lo anterior, señala la auditoría, esa empresa no cuenta con la capacidad técnica ni financiera, tampoco su contratación se fundó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como se requiere para el ejercicio del gasto público federal.
Añade que en la adjudicación del contrato AD-009-01, Humberto Artigas subcontrató a otras empresas constructoras, lo cual no garantizó la confidencialidad de la información para el gobierno federal, por lo que necesariamente se debió efectuar licitación pública o procedimiento por invitación a cuando menos 3 contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
También considera que faltó planeación de las necesidades de la obra y procedimientos de selección de las empresas a contratar. Debido al grueso expediente confidencial de la Presidencia de la República y que está también en poder de Oficio de Papel, la próxima semana continuaremos con el tema.

* La Auditoría 2015 a la residencia oficial de los Pinos
* Confirma la Contraloría corrupción en la Presidencia
* Fox ordenó las obras irregulares por casi 70 millones

La cuenta regresiva para dejar la Presidencia de la República ha iniciado y con angustia su titular Vicente Fox trata de cubrir todas las irregularidades cometidas durante su administración, pero sobre todo aquellas en donde él mismo participó y también en donde su familia se ha visto involucrada.
Como es sabido los hijos de Marta Sahagún, esposa del presidente, serán los primeros en enfrentar la justicia y, seguramente, alguno de ellos si no es que todos, pisará la cárcel. Pero las huellas de corrupción no se quedan sólo en la familia política del presidente, llegan hasta la misma residencia oficial de Los Pinos y es directamente Vicente Fox quien, según documentos confidenciales de la Secretaría de la Contraloría elaborados en junio de 2001, habría ordenado la asignación de contratos directos para obras, servicios y bienes sin licitar para beneficiar a sus “amigos” contratistas que sólo eran intermediarios y que incumplieron con los trabajos recomendados para la remodelación de la casa presidencial, además de inflar los costos de las obras.
Consultadas sobre esos documentos secretos que guarda la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sus archivos confidenciales y que revelan las corruptelas ordenadas por Fox para cumplir los caprichos de su esposa Marta Sahagún y que ocasionaron daños patrimoniales e irregularidades en el manejo presupuestal de casi 70 millones de pesos, las oficinas de prensa de Los Pinos y de la SFP se concretaron a informar que después de consultar con sus superiores “no tenían comentarios al respecto”, es decir que dan por buena esta información que acusa a la Presidencia de la República de actos de corrupción en beneficio de contratistas y de la “familia presidencial”.
Al inicio de su primer semestre en el poder, el “gobierno del cambio” lo primero que hizo fue ordenar la remodelación de Los Pinos y la compra de muebles y enceres domésticos por un monto cercano a los 70 millones de pesos que, según la entonces Secretaría de la Contraloría, ocasionó un despilfarro, un abuso y una violación a las leyes de Obras y de Responsabilidades, en una clara muestra de lo que sería todo el sexenio y, sobre todo, contrario a lo que había prometido Vicente Fox de ejecutar un gobierno honrado y transparente.
En aquel año de 2001 la reportera Anabel Hernández dio cuenta en el diario Milenio del caso conocido como El Toallagate, en donde puso al descubierto el dispendio con que arrancaba el gobierno de Vicente Fox, pero eso era sólo la punta del iceberg que cubriría los actos ilícitos que marcarían la asignación del gasto público durante la administración foxista.
En medio de una fuerte campaña contra la corrupción - su principal promesa de campaña y pilar de su programa de gobierno -, Fox favoreció a un grupo de empresarios “amigos” con obras por más de 66 millones de pesos y cuya asignación fue calificada como irregular, deshonesta y violatoria a las normas y leyes en la materia por la entonces Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a cargo en ese momento del panista Francisco Barrio Terrazas, quien después intentaría la candidatura presidencial por el PAN.
El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba los actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox, según declararon los propios contratistas.
En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.
Consultada sobre estas graves acusaciones de corrupción en Los Pinos, la Presidencia de la República por conducto del coordinador de prensa Carlos Enrique Garza Falla informó, después de “consultarlo” con sus superiores, que la Presidencia no tiene opinión alguna sobre los señalamientos al presidente Fox ni tampoco sobre los resultados de esa auditoría.
En la Secretaría de la Función Pública su área de comunicación social también explicó que consultarían para determinar si harían algún comentario, pero nunca hubo respuesta.
La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.
Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido por abusos en el uso de fondos públicos y la asignación de contratos a los hijos de la esposa del presidente.
Las onerosas “cabañas”
La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.
En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.
La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.
¿El resultado? , se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades.
Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.
El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox, cuya empresa del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.
Vulnerada la Seguridad Nacional
El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutarse este tipo de obras en la Residencia Oficial.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.
El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.
El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”
Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.
Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.
Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En las observaciones de la auditoría se afirma que entre los efectos negativos por la asignación directa de los contratos “se posibilita la contratación de obras con empresas que no cuenten con infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos y que no se garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.
Sostiene que estas adjudicaciones al contratista Humberto Artigas se hicieron al margen de disposiciones normativas, con lo cual se afectó la transparencia de las contrataciones realizadas y se incurrió en sobreprecios innecesarios al no cumplir con procedimientos normativos que permitan la adecuada selección de las empresas. Por falta de espacio y debido a lo voluminoso del expediente de la Contraloría, continuaremos con esta historia de corrupción el próximo lunes.