Oficio de Papel

*Avanza lavado de dinero y el ataque a migrantes en EU

*Defienden monopolios privilegios; se enfrenta a Cofeco

*Roberto Hernández, consejero en Citigroup sin dividendos

Los inmigrantes latinos en Estados Unidos, que ya suman más de 12 millones tan sólo en los últimos cinco años, no sólo sufren el acoso de legislaciones que buscan mantener el sistema de Apartheid laboral al que se encuentran sometidos sino que también son perseguidos e investigados en sus actividades de envío de efectivo a sus países de origen.

Las más recientes estimaciones del FBI sobre el lavado de dinero indican que esta actividad podría representar entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mundial y que las principales transferencias de recursos se registran en México, Colombia y Suiza. Las redes financieras, algunas de ellas informales, utilizadas por los inmigrantes para enviar recursos desde Estados Unidos se han convertido en un talón de Aquiles, de acuerdo con el FBI, de la seguridad nacional de ese país.  Una posición cómoda que busca dejar al gobierno estadounidense a salvo  de investigar a su sistema bancario y su participación en el blanqueo de capitales.

La posición del FBI también pretende dirigir a toda costa esos recursos a los circuitos bancarios formales y capitalizar el boom de remesas de los migrantes, el gigante dormido que el próximo primero de mayo se hará presente una vez más en las calles de las principales ciudad de Estados Unidos.

En un amplio testimonio ante el Senado de Estados Unidos el pasado 4 de abril, el Jefe de la Unidad de Investigaciones sobre Operaciones Financieras del Terrorismo y Blanqueo de Capitales del FBI, Michael Morehart, aseguró que en Colombia el mercado negro de divisas suma ya más de 5 mil millones de dólares y que se mueven entre los circuitos financieros de ese país y Washington. Las llamadas Hawalas se mantienen como el principal sistema de envío de remesas entre ciudades de Estados Unidos y comunidades de todo el mundo, que también han hecho florecer el blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas. Las Hawalas son redes financieras informales, sistemas subterráneos de transferencias que el FBI asegura han sido utilizadas para que Al-Queda transfiriera recursos entre Estados Unidos y Asia.

El FBI reconoce tímidamente que el lavado de dinero aún vulnera las estructuras del sistema bancario estadounidense pero también revela que los negocios altamente intensivos en efectivo como estaciones de gasolina, tiendas de conveniencia, actividades bancarias offshore, compañías dedicadas a la venta de lubricantes, operaciones de envío de efectivo y casinos, están captando la atención de grupos terroristas y organizaciones dedicadas al lavado de dinero.

El más reciente reporte de actividades sospechosas entregado al FBI por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) señala que aproximadamente el 73 por ciento de los servicios de transferencia de efectivo está involucrado en el lavado de dinero o al menos forman parte de su estructura.

Así, mientras las transferencias electrónicas aumentan su presencia en el sistema financiero, las medidas para detectar fraudes y lavado de capitales disminuyen su efectividad, pues cada día resulta más complicado ubicar la identidad de los clientes de estas redes que, sin mayores problemas, tienen acceso a los sistemas financieros formales a través de bancos en el exterior.

Un banco en el extranjero puede realizar operaciones denominadas en dólares y mover fondos dentro y fuera de Estados Unidos con el simple pago de comisiones. Este esquema elimina la necesidad de que la banca extranjera busque la autorización del gobierno estadounidense para abrir sucursales en ese país, pues con sólo una cuenta en una corporación financiera norteamericana es posible realizar innumerables operaciones e, incluso, operar con otros bancos en cualquier parte del mundo.

Actualmente, el FBI mantiene más de 1,200 casos pendientes que involucran investigaciones sobre lavado de dinero de recursos que provienen de actividades criminales como el tráfico de drogas, fraudes cibernéticos y de seguros, fraudes en el sistema de salud, hipotecas, así como actividades terroristas nacionales e internacionales.

Por ello, se ha incrementado la cooperación internacional para combatir las amenazas del lavado de dinero. Miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio de internet con altos sistemas de seguridad desarrollado por el FinCen dirigido a compatir información de vital importancia para contrarrestar el avance del blanqueo de recursos. Además 150 países, en el marco de este esfuerzo, han adoptado nuevos estándares de vigilancia para evitar el ingreso de estos recursos a sus circuitos financieros.

Junto con el lavado de dinero, las actividades terroristas borran su huella y el propio FBI reconoce los problemas para detectar sus avances, pues no se registran progresos para detectar sus actividades.

El aún limitado acceso a los registros bancarios impide identificar las actividades financieras de las redes del terrorismo que en los últimos años utilizan figuras como los donativos y los fondos procedentes de negocios aparentemente ilícitos. Por ello, el Acta de Secrecía Bancaria ha permitido identificar el tipo de transacciones que se realizan entre Estados Unidos y los sistemas financieros del exterior.

Así, por ejemplo entre 2000 y 2005, el 38.6 por ciento de todas las transferencias monetarias que se reportaron registraron montos entre 10,000 y 14,999 dólares. Durante el mismo periodo, 18.5 por ciento se ubicaron entre 15 mil y 19,999 dólares mientras el 10.8 por ciento fue entre 20 mil y 24 mil 999 dólares; sólo el 6 por ciento fue entre 25,000 y 24,999; el 4.7 entre 30 mil y 34 mil 999 y sólo el 2 por ciento por más de 100 mil dólares. El FBI también identificó los datos personales de los individuos que realizaron más de 13 mil transacciones, con lo que ubicó al 3.1 por ciento en investigaciones vinculadas con posibles delitos.

Para el FBI, el modus operandi en el envío de remesas y transferencias de efectivo busca eludir las medidas de vigilancia sobre operaciones sospechosas y relevantes marcadas por los acuerdos internacionales. Se trata, claramente de actividades vinculadas con el crimen organizado y no con la presencia de inmigrantes que sólo han contribuido con su trabajo la economía de ese país pero que ahora se pretende tratar como criminales.

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El próximo martes, la Cámara de Diputados podría escribir una página negra en su historia de legislaciones aprobadas al vapor y sujetas a negociación política y prebendas si es que al terminar la discusión para aprobar la nueva Ley Federal de Competencia deciden sucumbir a las presiones de Teléfonos de México para reducir la influencia y potestades de esta comisión para vigilar que se respete la competencia en el mercado mexicano. Aunque se trata de una iniciativa impulsada por Fernando Sánchez Ugarte, ex presidente de esta comisión, Eduardo Pérez Mota se impuso la tarea de sacarla adelante. Este lunes, en la ciudad de México, el presidente de la Comisión Federal de Competencia ofrecerá una conferencia que se prevé como un desafío al intenso cabildeo que Telmex realiza entre los diputados para impedir la aprobación de esta legislación que pondría en riesgo el poder dominante de la telefónica en el mercado de telefonía básica y de larga distancia. El mensaje también estará dirigido al grupo regiomontano Femsa, otro de los corporativos que se ha opuesto al fortalecimiento de las atribuciones de la Cofeco entre las que destaca la posibilidad de ordenar la venta de activos de una empresa que viole la ley de manera reincidente; la potestad de conceder amnistías a las compañías que habiendo participado en una colusión de precios o en prácticas que atenten contra la competencia decidan abandonarlas y proporcionar información a la comisión sobre las empresas que participaron en las prácticas irregulares. La Cofeco, sin embargo, tuvo que ceder en pretensiones como la de establecer sanciones penales a empresarios que violaran la Ley de Competencia, tal y como sucede en otros países. En reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pérez Mota acusó recibo de la demanda de los principales hombres de negocios del país de reducir el impacto de esta ley en una economía que, hasta ahora, está sustentada en esquemas de monopolio y de oligopolios, en el mejor de los casos, a pesar de la apertura de las fronteras. Y para muestra basta un botón: la telefonía, el mercado de la cerveza, el del cemento y vidrio.

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Por quinto año, Roberto Hernández,  fundador de la casa de bolsa Accival, junto con Alfredo Harp, fue ratificado como consejero del gigante financiero Citigroup. En 2003, Harp dejó su asiento en el Consejo de Administración de ese corporativo. Hernández, sin embargo, fue reelecto el pasado18 de abril en la asamblea de accionistas de la firma estadounidense propietaria de Banamex. El inversionista mexicano fue el único de los miembros del consejo de Citigroup que no recibió compensación alguna o pago de dividendo. Casualmente, en el documento público que da cuenta de la reunión anual de consejeros del grupo estadounidense, también se reporta que Hernández junto con sus familiares representaron para Citigroup un gasto de 2.5 millones de dólares en gastos de aviones privados.

* Congreso Mundial de Inteligencia en el Sheraton
* Asigna la Cofetel contratos millonarios sin licitar
* Gil Díaz reintegra a la Tesorería 2.5 mil millones

La próxima semana (del 24 al 28 de abril) se realizará en México la reunión mundial de organismos de inteligencia con el propósito de discutir, según la agenda del gobierno estadounidense, los actos de terrorismo y delincuencia organizada que tanto preocupan a Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, y cuyo encuentro es promovido por la IALEIA (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), una organización privada en la que confluyen también organismos gubernamentales.

El anfitrión de tal encuentro será el presidente de IALEIA Capítulo México, Jorge Espejel Contreras, director general de Información e Integración de la Secretaría de la Función Pública, pero también participarán verdaderos expertos en materia de seguridad nacional como Genaro García Luna, director general de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR, y otros directivos del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen).

Por parte de Estados Unidos se dice que viene el mismo director general de la DEA, así como otros importantes funcionarios de organismos policiales e inteligencia del gobierno de ese país. Pero para darles mayor seguridad a éstos, el encuentro se realizará en el hotel Sheraton de Paseo de la Reforma, esa cadena de hoteles de Estados Unidos y cuyos propietarios se vieron envueltos hace unas semanas en un escándalo diplomático y administrativo por expulsar de sus instalaciones en México a funcionarios cubanos cuando negociaban asuntos petroleros con empresarios estadounidenses.

Según la propia IALEIA “el Congreso Mundial de Inteligencia está dirigido no sólo a miembros de IALEIA, sino a todos los profesionales y estudiosos en la materia y a aquellos que han promovido durante años esta actividad en pro de la administración de información, la procuración de justicia y el cumplimiento de la ley. También a los profesionales de los diversos campos de procuración de justicia y de la seguridad, tanto pública como privada”.

Entre los principales objetivos de dicho Congreso está ofrecer sesiones formativas e informativas para dar a conocer las metodologías y técnicas de vanguardia en materia de inteligencia; constituir un espacio de análisis sobre la problemática, las causas y efectos de las actividades de inteligencia; brindar a los asistentes la posibilidad de conocer, interactuar y establecer vínculos profesionales con colegas de otras dependencias, entidades y países.

En el Congreso habrá conferencias magistrales enfocadas a la difusión de información, talleres especializados en el ciclo de inteligencia para el aspecto formativo, que le permitirá al asistente aprender técnicas de punta, así como mesas redondas en las que participarán destacados especialistas que atacarán desde distintas perspectivas problemas de la actualidad.

La Cofetel y el sexenio de la corrupción

Será en unas semanas cuando el presidente Vicente Fox enfrente la responsabilidad de nombrar a los cinco comisionados independientes que conformarán la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el organismo que durante los últimos cinco años tuvo el reto de otorgar con equidad concesiones sobre el espectro radioeléctrico del país para compañías de telefonía y telecomunicaciones.

Sin embargo, el balance de la gestión de la Cofetel y de su todavía presidente Jorge Arredondo, exhibe pérdidas para el país y el sector de las telecomunicaciones con problemas severos de corrupción y tráfico de influencias.

El problema con la Cofetel fue que como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sus decisiones estuvieron supeditadas, en todo momento, a la autorización de la Subsecretaría de Comunicaciones a cargo de Jorge Alvarez Hoth, un ex ejecutivo que forjó su carrera en las filas del Grupo Televisa y que ahora observamos los resultados de esas preferencias.

Desde los primeros meses de la administración foxista se planteó la necesidad de una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Por un lado, los grupos más progresistas de concesionarios de estaciones de radio y televisión exigían un marco legal moderno que eliminara el componente político en los procesos de renovación de concesiones o en esquemas como la conversión de estaciones de AM en FM, las llamadas “combo”.

Mientras tanto, los competidores de Teléfonos de México como Avantel, Alestra y Telefónica de España exigían que se declarara y regulara sobre la dominancia de Telmex, pero sobretodo que se fortaleciera a la Cofetel para no depender de la Subsecretaría de Alvarez Hoth y de la Secretaría de Comunicaciones a cargo de Pedro Cerisola, un ex directivo de Telmex.

Las negociaciones para reformar estas dos leyes se extendieron por más de cuatro años. En medio de ese proceso, Alvarez Hoth negoció con los dueños de la radio y la televisión la renovación de las principales concesiones; de él dependió en todo momento la Política de Convergencia Tecnológica del gobierno federal para que las compañías de televisión por cable pudieran ofrecer servicios de Internet.

Así, la Cofetel se convirtió en una onerosa y cosmética oficina adjunta a la gestión del subsecretario Alvarez Hoth, quien en todo momento se opuso a cualquier reforma a las leyes del sector que le restara competencia y, por supuesto, presupuesto a las áreas bajo su control.

La Cofetel, sin embargo, no perdió tiempo en adjudicar de manera directa importantes contratos para que asesores externos auxiliarán a su presidente en áreas como la “alineación estratégica de la Cofetel” para el periodo 2005-2010. Este fue el caso del contrato por sólo un mes que se le otorgó a la consultoría Inteligencia y Decisiones Estratégicas por un monto de 200 mil pesos; o el que se otorgó, también por asignación directa, a Digital Data por más de 2.5 millones de pesos, para desarrollar un proyecto de reestructura. El Grupo Arte y Comunicación también recibió un contrato por 121 mil pesos para trabajar en la alineación de la Cofetel.

Sin embargo, el principal contrato a cargo de la Cofetel fue el que otorgó directamente Jorge Alvarez Hoth por más de 20 millones de pesos para la elaboración de un reglamento para esta comisión. Ni Alvarez Hoth ni Jorge Arredondo ignoraban que la casi segura modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con 11 años de vigencia, eliminaría cualquier reglamento, causando un desfalco al presupuesto de la dependencia. Ignorando estas circunstancias, Alvarez Hoth instruyó a la Cofetel para que emitiera un nuevo reglamento interno en noviembre pasado para que entrara en vigor en enero de 2006.

¿Los beneficiados? En el sector de telecomunicaciones se asegura que Raymundo Vázquez, socio del ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, es el principal accionista del despacho de consultores que estuvo a cargo de la elaboración del nuevo y costoso reglamento que sólo pudo aplicarse durante un trimestre.

Además, el coordinador general de Organización y Tecnología de la Información, Edgar Roberto Meade García de León, llegó a ese puesto luego de que el despacho Servicios Especializados de Consultoría Estratégica, en donde laboraba, también fue contratado por la Cofetel para realizar trabajos por adjudicación directa.

Por lo anterior, la Auditoria Superior de la Federación ya tiene en la mira a la Cofetel y en su revisión para el ejercicio 2004 señala un gran número de irregularidades en las que incurrió esta comisión y que comentaremos en este espacio la siguiente semana.

Devuelve SHCP dinero a la Tesofe

Ante el riesgo que significa para el gabinete de Vicente Fox que llegue a la Presidencia de la República el candidato perredista Andrés Manuel López Obrador, quien ha advertido que enviará a la cárcel a los funcionarios corruptos, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aplica toda su capacidad para borrar las huellas de los abusos en que ha incurrido con el manejo del presupuesto público, así como reestructurar y rectificar procedimientos administrativos que lo puedan enfrentar a la justicia por violar leyes y normas.

En ese sentido, el doctor Gil Díaz dio instrucciones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de fideicomitente del Fideicomiso Aduanas I, reintegre 2 mil 456 millones 800 mil pesos a la tesorería de la federación, dinero correspondiente sólo a uno de los cuatro daños patrimoniales causados en el gobierno de Vicente Fox a las finanzas públicas, pero que de acuerdo con el auditor superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, confirma el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Hacienda y las corruptelas de su titular Gil Díaz.

En una amplia investigación de la reportera Nancy flores, de la revista Contralínea, se explica que de acuerdo con la ASF, en los ejercicios fiscales de 2001 a 2004 el SAT ha incurrido en quebrantos al erario público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar a la Tesote los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que han sido depositados “indebidamente” en el fideicomiso privado Aduanas I, constituido por Gil Díaz en 1993 cuando se desempeñaba como subsecretario de Ingresos.

Agrega que según las auditorías practicadas por la ASF, los daños patrimoniales ocurrieron en 2001 por 4 mil 561 millones de pesos; en 2002 por 2 mil 200 millones; en 2003 por 2 mil 585 millones, y en 2004 por 836 millones 346 mil pesos. Para los ejercicios 2005 y 2006, estos serán auditados cuando el gobierno de Vicente Fox haya concluido y corresponderá al siguiente gobierno determinar si se procede penalmente en contra de los responsables.

La diputada perredista Dolores Padierna dijo a la reportera Nancy Flores que el desvío de recursos y el fraude son muy claros, pues aunque la dependencia encabezada por José María Zubiría niega el desvío de los miles de millones de pesos hacia el Fideicomiso Aduanas I, al resarcir el 24 por ciento del monto total reclamado, el SAT acepta su responsabilidad sobre los quebrantos patrimoniales que se le imputan.

* Supuesta póliza de PGR para sobornar funcionarios
* Implicados Eduardo Romero y José Luis Soberanes
* En medio de acusaciones la oficial mayor de la PGR

En una carta enviada a este espacio la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, hace la siguiente denuncia:

“A lo largo de 44 meses he llevado a las esferas más altas del derecho, de la justicia y de la rendición de cuentas de nuestro país, las múltiples violaciones de mis derechos y garantías más incipientes que he sufrido desde el mes de agosto de 2002, a manos de la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien se ostentó como Directora General de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que increíblemente el 11 de mayo del año pasado fue nombrada Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, por lo que he sido víctima de una gran cantidad de injusticias y múltiples delitos graves maquinados por la citada doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, delitos que no solo me lastiman a mí como víctima directa, sino que en por lo menos 18 delitos federales denunciados de manera inevitable perjudican y hieren a la Nación, a la Administración Pública y al Presidente de la República”.

Con esta acusación a la oficial de mayor de la PGR, la exfuncionaria de Hacienda también entregó copia de una denuncia presentada el 28 de marzo en la PGR y dirigida al procurador Daniel Cabeza de Vaca, en donde dice que por debajo de la puerta de su domicilio recibió un sobre cerrado sin remitente que contenía dos hojas en copia fotostática de pólizas de pago de esa Procuraduría con cargo a nómina confidencial por diversos montos a favor de el doctor José Luis Soberánes Fernández, presidente de la CNDH, y de Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, así como de otros ocho servidores públicos.

En su acusación, Lilia Cortés García asegura que “dichos funcionarios han intervenido directamente en la substanciación, integración y resolución de las múltiples quejas y averiguaciones previas derivadas de las denuncias que he realizado precisamente en esas instancias normativas y órganos de gobierno, y que se deduce que dichas asignaciones presupuestales fueron autorizadas por la C. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien se desempeña desde el pasado 11 de mayo de 2005 como Oficial Mayor de esa Procuraduría General de la República a su digno cargo, siendo esta funcionaria la misma persona a quien he denunciado ante 47 instancias normativas nacionales y 9 internacionales por la comisión de innumerables delitos federales, entre los que se encuentran:

“Tráfico de influencias; usurpación de funciones; falsedad de declaraciones; abuso de autoridad; robo; desvío de recursos federales; corrupción; peculado; violación a la Constitución y leyes que de ella emanan en materia administrativa, presupuestal, laboral, transparencia en la función pública; violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; violación flagrante de las garantías individuales, derechos humanos, civiles, laborales y de género; acoso; hostigamiento; amenazas; violencia moral; promoción de conductas ilícitas; intimidación; uso indebido de recursos públicos; violencia psicológica; delincuencia organizada en el manejo de recursos federales y lo que resulte.”

Las supuestas pólizas de la PGR

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, son acusados junto con otros ocho funcionarios de recibir presuntos sobornos por más de 16 millones de pesos de manos de la oficial mayor de la PGR con el propósito de frenar las investigaciones en su contra que acumula por diversos delitos.

Las supuestas evidencias de corrupción que tiene en su poder Lilia Cortés son dos documentos “oficiales”, uno de los cuales en su parte superior tiene las siglas de la PGR y la leyenda con mayúsculas “PÓLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR 73540434”.

Con fecha del 12 de agosto de 2006, esta póliza tiene la firma presuntamente de la oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, y detalla movimientos financieros justificados bajo el capítulo 1000, clave de pago 91OM0096459, tipo de movimiento “Extraordinario”, antecedente No. 18634, No. Póliza OM/127465/05, Partida 1509, Región Centro, Zona 009, Clasificación 001, Prioridad “URGENTE”, acceso 215/05, egreso 564/05, actividad apoyo institucional, justificación O Superior, Dependencia Expedidora Dir. P.

De acuerdo con el documento y con la adscripción de “Investigación”, cuatro funcionarios de mandos superiores de la Secretaría de la Función Pública, encabezados por su titular Eduardo Romero Ramos, habrían recibido 10.05 millones de pesos extraídos del erario por parte de la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.

Según la supuesta póliza, la Oficialía Mayor destinó 5 millones de pesos al secretario Romero Ramos; otros 2.5 millones fueron para la titular del Órgano Interno de Control de la SFP, Aída Amanda Córdoba Chávez, aunque el documento tiene el error de los apellidos invertidos: Chávez Córdoba, y otros dos servidores públicos: Dora Alicia Rodríguez López, con un monto de 2.5 millones, y Gabriel Antonio Fararoni Rodríguez, sólo con 50 mil pesos.

Esta póliza con carácter de “URGENTE” tiene sellos de revisión y registro 27465, de recibido con fecha 12 de agosto de 2005, un sello de “PAGADO”, la firma de visto bueno de un director general y las siglas de instituciones bancarias: HSBC, Banamex y Banejército, de las cuales los recursos para el presunto soborno habrían salido de HSBC.

Estos supuestos documentos oficiales fueron mostrados a la funcionaria de la PGR directamente involucrada, la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien rechazó categórica haberlos elaborado y mucho menos firmado, y dijo que se trata de una “mala falsificación” de su rúbrica y de las pólizas que se utilizan en la Procuraduría.

Sin embargo, la exdirectora de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, afirma que las pólizas salieron de la Oficialía Mayor de la PGR y acusa directamente a Barra y Gómez Ortigoza de realizar esos sobornos y cohechos para comprar impunidad sobre los procesos y expedientes abiertos en su contra en la Secretaría de la Función Pública y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Por lo que respecta a la PGR, también ha habido reparto de dinero interno para frenar las averiguaciones previas en su contra y lograr que se les dé carpetazo”, agrega Cortés García.

Para verificar y confrontar la información que menciona directamente al titular de la Función Pública, se buscó entrevistar al secretario Eduardo Romero, pero ni en su oficina ni en la Dirección General de Comunicación Social aceptaron responder las constantes llamadas telefónicas hechas desde hace más de un mes.

De la segunda póliza relativa al supuesto pago de PGR por 6 millones de pesos para “comisiones de investigación” a seis funcionarios de la CNDH, el documento tiene la fecha del 27 de octubre de 2005, el logotipo de la PGR y la misma leyenda “POLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR”.

El capítulo presupuestal de donde habrían salido las partidas de dinero corresponde al número 1000, la partida 1509, la clave de pago es 91OM0101079, el tipo de movimiento es “Extraordinario”, el antecedente tiene el número 19755, la póliza número OM/1998/05, la región Centro, la Zona 009, la clasificación 001, prioridad “URGENTE”, el acceso 36905 y el egreso 882/05, la actividad de “Apoyo institucional”, la justificación O Superior, la dependencia Expedidora Di. P.

En la lista de asignaciones de recursos de la póliza 5 millones de pesos corresponden al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH; Susana Talía Pedroza de la Llave, 2ª Visitadora General, 500 mil pesos; Fernando Batista Jiménez, director general de la 2ª Visitaduría, 250 mil pesos; Arturo González Piñón, director de Área de la 2ª Visitaduría, 100 mil pesos; Salvador Arias Ruelas (en el documento tiene como error el segundo apellido: Ramírez), director de Área de 2ª Visitaduría, 100 mil pesos, y Rodolfo Rueda Martínez, visitador adjunto, sólo 50 mil pesos.

Igual que la primera póliza, ésta tiene la supuesta firma de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, cuenta con sellos de codificación, de recibido y de “PAGADO”. Además las siglas de la institución bancaria de donde habrían salido los fondos: HSBC.

Igual como se hizo con la Secretaría de la Función Pública, se buscó entrevistar al ombudsman José Luis Soberanes para que diera su opinión sobre esta póliza que le acredita supuestos pagos de PGR para investigaciones por 5 millones de pesos, pero sólo recibió el documento y en la CNDH informaron que harían una investigación al respecto.

La investigación de la CNDH

En un escrito de dos cuartillas, la CNDH afirma sobre dichas pólizas que son un “libelo acusatorio contra servidores públicos de la CNDH”, y añade que “al tener conocimiento de la existencia de un libelo surgido aparentemente de archivos de la propia PGR, se solicitó indagar el origen del mismo y determinar pericialmente las características de las firmas, sellos, logotipos y otros elementos que aparecen en éste, con la finalidad de hacer evidente su carácter apócrifo y complementar así las acciones legales iniciadas contra quien (es) resulte (n) responsable (s) del mismo”.

En cuanto al caso de Lilia Cortés que revisó la CNDH, esta informa que el 15 de febrero de 2005 el Senado de la República emitió un punto de acuerdo en el que se solicita al presidente de la CNDH iniciar una investigación formal en torno a la presunta violación de los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés. Por ello, personal de la Segunda Visitaduría General se reunió con la quejosa y se abrió el expediente por presuntas violaciones.

La Comisión solicitó de inmediato información a la PGR, al Órgano Interno de Control de la SHCP, a la SFP y al TFCA, autoridades señaladas por Lilia Cortés como responsables. También se revisaron los procedimientos administrativos del Órgano Interno de Control, del expediente del juicio laboral y de las averiguaciones previas en las que Lilia Cortés era parte denunciante y probable víctima del delito, diligencias a las que acudió la propia quejosa con el personal de la CNDH y de las cuales se levantaron las correspondientes actas circunstanciadas.

En este expediente, previa vista que se dio a la quejosa de los informes rendidos a la CNDH por las autoridades presuntamente responsables, a efecto de que aportara elementos de convicción para acreditar su pretensión, “no se acreditaron violaciones a derechos humanos en perjuicio de la señora Cortés por parte del OIC de la SHCP, de la SFP ni del TFCA”.

Sí en cambio, la CNDH encontró “diversas anomalías en la integración de una averiguación previa de la PGR, por lo que mediante procedimiento conciliatorio se determinó que se vulneraron - en perjuicio de la C. Lilia Cortés - los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20 y 21 constitucionales, por lo cual se solicitó dar vista al Órgano Interno de Control para que iniciara el procedimiento de responsabilidades correspondiente, lo cual la PGR aceptó e inició el expediente administrativo respectivo en contra de los servidores públicos responsables de la integración de la indagatoria de mérito”.

* Incertidumbre con credenciales del Seguro Popular
* Se habla de desorden administrativo y de desfalcos
* Fracasa el principal programa social de Vicente Fox

En mayo de 2004 se inició el proyecto de credencialización inteligente “Tu Salud”, con el objetivo principal de controlar el abasto de medicamentos a derechohabientes beneficiados con el Seguro Popular, pues actualmente los gobiernos estatales son los responsables de la compra masiva, almacenaje, administración y entrega de dichos medicamentos, sin control, alguno por parte de la Federación. Como se sabe, los sectores salud y de educación son entidades descentralizadas, por lo que los estados de la República manejan los recursos que les entrega el gobierno federal y nombran a los responsables sin intervención del centro.
Pues este proyecto de credencialización incidido en mayo de 2004 suponía que se utilizaría una tarjeta de las llamadas “inteligente”, la cual incluye un chip y tecnología de punta, en donde se encripta un expediente clínico-médico electrónico del usuario, pero todo ha sido un verdadero fracaso, ya que hasta febrero de 2006 no se logra aplicar y sólo faltan unos cuantos meses para que termine la administración de Vicente Fox.
Los responsables de este proyecto son el director general de Procesos de Credencialización, licenciado Manuel Martínez Olguín; el director general adjunto, químico Carlos Eduardo Cabrera Hidalgo, y el geólogo Ernesto Rocha Santoyo, quienes como antecedente fueron también los responsables de las tarjetas para la entrega de combustibles como Diesel y gasolina en un programa de la Secretaría de Agricultura y, hasta donde se sabe, este proyecto ha sido un fracaso.
En el caso del Seguro Popular, después de un año y medio de iniciado el proyecto y de realizar programas pilotos en los estados de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Baja California y Distrito Federal, a la fecha esos lugares no tienen resultados positivos. De igual forma en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) todo se ha ido en planes, reuniones y compromisos con los diversos estados, pero nada se ha podido concretar.
Lo más extraño ocurrió el 6 de enero de 2005, cuando el presidente Fox entregó credenciales a niños con cáncer internados en el Hospital Infantil de la ciudad de México, en donde resulta que las “credenciales inteligentes” eran apócrifas porque no tenían función alguna ni contenían información en el supuesto chip ni tampoco el expediente clínico electrónico de cada paciente, como engañosamente le hicieron creer al primer mandatario los responsables del Seguro Popular.
Y el motivo es que en diciembre de 2004 la empresa Inbursa, recomendada por el secretario de Hacienda, realizó la producción de 10 credenciales para los niños con cáncer, mismas que entregó como símbolo del programa el presidente Fox el 6 de enero de 2005. Un mes después, solicitaron otra vez el apoyo urgente a Inbursa para realizar otras 365 credenciales para niños con cáncer y éstas fueron entregadas otra vez por Fox, pero ante la escena conmovedora del presidente se ordenó que el acto propagandístico se realizara en Los Pinos para una mayor difusión. Cabe aclarar que dicha empresa privada nunca firmó contrato alguno para la producción de credenciales ni recibió el pago correspondiente por el apoyo solicitado.
Así, en abril de 2005 la empresa Intelogik entregó a la Dirección General de Procesos de Credencialización 25 computadoras y tres lap-top para iniciar los trabajos de “enrolamiento”, equipo que fue enviado a Mexicali, Baja California; Aguascalientes y Chihuahua, en donde se tenía planeada arrancaría formalmente el proceso de credencialización, pero hasta el 2006 eso no ha ocurrido, lo que hace creer que se trata más bien de un proyecto político electorero que de un verdadero programa de asistencia social en materia de salud para las millones de familias que están en pobreza extrema.
El 27 de septiembre de 2005, el director de Procesos de Credencialización de la CNPSS, Manuel Martínez Olguín, y el secretario particular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Salvador Corona Hernández, firmaron el acta de entrega de “credenciales inteligentes” del Seguro Popular; sin embargo, dichas credenciales tampoco cuentan con el famoso expediente clínico, de tal manera que su principal motivo es falso.
Por todo lo anterior, es evidente el compromiso que había de la CNPSS con algunas empresas para otorgarles los contratos de servicio de credencialización, lo cual para las beneficiadas significa ingresos por cientos de millones de pesos, pero el malestar crece por la manipulación de las licitaciones y las quejas ya se hicieron presentes ante la Secretaría de la Función Pública.
Esto hace suponer que la Dirección General de Procesos de Credencialización vela producción de credenciales como un negocio rentables, pues con el presupuesto de 2005 planean producir 3.5 millones de credenciales familiares que apenas en diciembre de 2005 fueron licitadas y que hasta marzo de 2006 no han podido concretar el proyecto.
Además, en los gobiernos de los estados hay inconformidad por saber que les quitarán un instrumento de captación política, pues anteriormente eran los gobiernos estatales los responsables de elaborar credenciales para la afiliación y servicio de los derechohabientes.
De los 9 millones de credenciales personificadas que se tienen programadas para 2006, aún no se ha establecido todo el equipamiento para la atención directa en clínicas, hospitales y farmacias oficiales, lo que pronostica una inversión multimillonaria que traería muy pocos beneficios a los derechohabientes del mal llamado “Seguro Popular”.
Entre los cuantiosos presupuestos autorizados para este fracasado programa, hay evidencias del oficio número 03960 con fecha 6 de diciembre de 2005, en donde se tiene la autorización de ejercer 80.5 millones de pesos en el Programa de Implementación de Tarjetas Inteligentes.
Con fecha del 7 de diciembre de 2005, otro oficio número 03397, bajo el concepto de “licitación anticipada”, se autoriza la ampliación presupuestal de 293 millones 844 mil 873 pesos para el mismo programa.
En la segunda quincena de diciembre de 2005, se da el fallo de la licitación y se adjudica a la empresa Image-Technologi México, conformada por las empresas Inbursa e Intelogik.
De todas las credenciales que se han entregado en actos oficiales encabezados por el presidente de la República, ninguna es funcional, pues sólo han sido utilizadas para tratar de recomponer la imagen presidencial. Es el caso también de las credenciales que se dieron a los programas de adultos mayores con enfermedades de cáncer uterino, cataratas en los ojos, braseros y la familia 2 millones afiliada al Seguro Popular.
Este proyecto lo manejo inicialmente el Registro Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, quienes tendían la intención de convertirla en “Tarjeta de Identidad”, con acreditación similar a la credencial de elector, pero el proyecto fracasó en manos del entonces secretario Santiago Creel Miranda y posteriormente se adjudicó a la Secretaría de Salud a través del llamado “Seguro Popular”, el cual contempla para el 2010 entregar que más de 50 millones de credenciales, lo que se ve no sólo difícil de cumplir, sino que primero tendrán que explicar el enorme gasto y las múltiples anomalías en las licitaciones y el engaño en el que han metido al presidente de la República.
Turismo en la agenda trilateral
Mientras en el salón Condesa 1-B del Hotel Fiesta Americana Condesa de Cancún concluía la reunión bilateral entre George W. Bush, presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, la cúpula del empresariado mexicano encabezados por Gastón Azcárraga y José Luis Barraza se reunían en privado con Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo del gobierno foxista, y con Chris Padilla, asesor del titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Alberto R. Gonzales.
Hacia las 18:00 horas del pasado jueves, tanto Rodolfo Elizondo como el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, encaminaban sus pasos al Salón Península 1 donde tendría lugar la reunión privada con el sector privado mexicano, así como los invitados de Estados Unidos y Canadá.
Ahí Rodolfo Elizondo reconoció que en lapso de recuperación de Cancún, tras el paso del Huracán Wilma, se registraron quejas de que los operadores turísticos no reservaban los lugares de sus clientes y tuvieron en muchos casos que regresar el dinero y en otros reintegrar los vuelos con el consecuente enojo de turistas.
También señaló que las embajadas de esas naciones pidieron que al registrarse los huéspedes en los hoteles se les exija identificación y su nacionalidad, pues al ser México un país inseguro eso ayudará en las labores de rescate en caso de desastre.
El funcionario federal presentó un video con duración de cinco minutos en el que los líderes empresariales mexicanos, canadienses y de Estados Unidos apreciaron crudamente la afectación que sufrió Cancún tras el paso del Huracán Wilma.
Posteriormente el secretario mencionó que en Cancún vive aproximadamente un millón de personas, destino que junto con la Riviera Maya cuenta con 50 mil cuartos de hotel, con lo que se genera una derrama de 4 mil millones de dólares.
Cancún, insistió, es una historia de éxito y “por eso importa mucho lo que sucedió aquí hace casi seis meses, porque nadie imaginó la intensidad de los huracanes, especialmente el Wilma: la buena noticia es que ahora ustedes están aquí y son testigos de la recuperación de este destino turístico”.