Archivo de: Marzo, 2006

Lunes 27 de marzo de 2006

* Blinda SHCP fideicomiso del Seguro Popular
* Bancos y SAT se alían para el cobro del DTA
* Las candidaturas profundizan crisis del PRI

En el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) el fideicomiso que custodia la operación del Seguro Popular, programa impulsado desde 2003 por la administración foxista y particularmente por su secretario de Salud, Julio Frenk, se considera información reservada hasta por un periodo de 12 años, lo que hace pensar que algo anda mal con dicho seguro, sobre todo si se toma en cuenta que es el programa más ambicioso que ha impulsado el presidente Fox para supuestamente combatir la pobreza y el cual tiene un expediente abierto en Función Pública por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la elaboración de credenciales para 5 millones de familias en pobreza extrema.
Una vez más, se enarbola el secreto fiduciario para proteger un instrumento creado por el gobierno para administrar en privado recursos del erario federal. Aún más grave, en esta ocasión se trata de recursos que forman parte de las partidas presupuestales que corresponden a los gobiernos estatales y municipales para cubrir gastos e inversiones en servicios de salud para la población abierta, que con o sin cobertura del Seguro Popular, necesita servicios de salud.
El contrato que avala este fideicomiso fue dado a conocer por la Secretaría de Salud gracias a una resolución del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pues hay un rechazo sistemático a rendir cuentas sobre su operación y gasto, a pesar de utilizar recursos públicos.
De acuerdo con el documento, fue el 16 de noviembre de 2004 cuando en la Dirección Jurídica de Banobras, que dirige el ultraderechista Luis Pazos, se firmó con la Secretaría de Hacienda el contrato de fideicomiso de inversión y administración que gestiona los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.
Por parte de la Secretaría de Hacienda el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado López, signó como fideicomitente de este instrumento jurídico, mientras que el titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk, sólo compareció en la firma del contrato.
Como sucedió en el caso del fideicomiso abierto en el Banco de México que avaló hace una década la operación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la Secretaría de Hacienda buscó blindar de futuras irregularidades a este fideicomiso, por lo que asegura en el documento que mediante oficio 315-A-06372 de fecha 18 de agosto de 2004, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando su titular era la polémica Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, actualmente sujeta a diversos procesos penales y administrativos en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República, en donde de esta última es actualmente oficial mayor, emitió su autorización presupuestaria, previa opinión de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la misma dependencia para aplicar las partidas necesarias del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, a través del oficio número 529-11-DLCF-149, con fecha del 15 de noviembre de 2004, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, emitió la autorización jurídica para firmar el contrato que respalda el fideicomiso que desde hace dos años ejecuta los recursos del Seguro Popular y que sin lugar a dudas deberán ser revisados por el próximo gobierno ante posibles anomalías en su administración.


Alianza del SAT con la banca
Para las empresas mexicanas y multinacionales que demandaron la nulidad del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), la banca privada, hasta ahora, aparece como un aliado de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En casi todos los amparos presentados el año pasado ante la Suprema Corte de Justicia, las compañías importadoras hacen referencia al pago de derechos realizado a través de los bancos, pues se trata del único comprobante con el que cuentan para acreditar la erogación de tales recursos, tal y como se los ordena la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas, cuyo titular es José Guzmán Montalvo, quien por cierto busca protección en el Congreso federal para asumir alguna curul en la Cámara de Diputados y así lograr el fuero que sin duda le hará tanta falta en el próximo gobierno, cuando se investiguen todas las corruptelas y anomalías cometidas en el sistema de las aduanas del país.
La omisión no es casual; en un análisis sobre este caso de la firma de contadores y abogados fiscales Mancera Ernst & Young, se revela que los importadores inconformes con el DTA también enfrentan problemas para acreditar el IVA correspondiente a estas operaciones. Hasta ahora y a pesar de la ola de juicios de amparo en contra de la Secretaría de Hacienda, las autoridades tributarias y responsables de las aduanas del país no tienen previsto cambio alguno en la relación unilateral que aplican en materia de DTA.
Sin embargo, para mejorar la relación que mantienen con la banca y que se norma a través del Código Aduanero y del Instructivo de Operaciones para Recepción de Pagos al Comercio Exterior a través de Módulos Bancarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene reuniones con las instituciones de crédito con el propósito de acelerar las estrategias de automatización para el cobro del DTA y no, precisamente, para beneficiar a los contribuyentes.
De acuerdo con un documento de la Asociación de Bancos de México, durante 2005 las autoridades hacendarias iniciaron el Proyecto de Centralización de Aduanas, para lo cual sostuvieron con los representantes de la banca juntas de seguimiento mensuales con Aduanas y funcionarios de Sistemas del SAT, con el propósito de optimizar el cobro de derechos vinculados con la operación al comercio exterior.
Los temas que se analizaron en estas reuniones fueron la unificación de reportes centralizados, el cierre de módulos aduanales, el envío de información vía un solo enlace al SAT y la reducción de costos operativos.
Los bancos que participan en este servicio desarrollan con Aduanas y el SAT el proyecto de modernización que deberá concluir en 2006 y que se considera de gran impacto para la administración de los recursos en las aduanas.
Por ello, entre la Tesorería de la Federación, la Administración General de Aduanas y la banca, está pendiente la autorización de la última versión del Manual de Operación con Instituciones Bancarias; el protocolo de comunicación entre aduanas, prevalidadores y la banca.
Entre las demandas de los banqueros frente a las autoridades aduaneras del país se encuentra la eliminación de las actas circunstanciadas en caso de que el personal de las instituciones de crédito incurra en errores en la certificación de pedimentos.
La banca también busca reducir costos a toda costa y bajo el argumento de agilizar los trámites para los usuarios de servicios de comercio exterior, busca la modificación de las reglas aduaneras para que al entrar en vigor la Centralización de Aduanas se eliminen los cheques certificados. En general, la banca busca que al concluir la centralización del servicio de aduanas del país, todos los pagos sean electrónicos y con el menor costo para este sector.


La empresaria Angélica Fuentes Téllez, exrepresentante en la ciudad de México del gobierno de Chihuahua, decidió renunciar a la oficina de Vinculación Empresarial en la campaña de Roberto Madrazo y con ello siguen las deserciones.
La directora del Grupo Imperial Corporativo y accionista de una de las empresas gaseras más importantes del país, Angélica Fuentes Téllez aseguró que el candidato del PRI a la presidencia tenía ya “más de un buen interlocutor” con los hombres de negocios del país. Se trata, sin duda, de una declaración política, pues hasta ahora ha quedado demostrado que ni Madrazo ni el PRI han reconstruido del todo los vínculos que tenían con el sector privado. No es casualidad la ausencia de nombres vinculados al sector empresarial en las 362 fórmulas de candidatos priistas de mayoría relativa al Senado y a la Cámara de Diputados, nominados por la Alianza por México.
Si la fractura con Elba Esther Gordillo profundizó la crisis en la que se encuentra sumido el PRI y el negro episodio del ajuste de cuentas con Arturo Montiel sirvió como amenaza, la impugnación - alentada desde el gobierno sonorense de Eduardo Bours - ante el Instituto Federal Electoral para que el PRI “democratizara” el proceso de selección de legisladores de mayoría relativa, culminó en el enfrentamiento de la militancia priista, de sus sectores más añejos pero, sobre todo, hizo evidente la dinámica de las fuerzas y grupos que aún dominan a ese partido.
Al interior del PRI se reprocha a la dirigencia que alentaran la inscripción de los militantes del partido que, cumplieran o no con los requisitos estatutarios, tendrían oportunidad -se les dijo- de contender por un curul. Además, si bien el silencio de muchos inconformes está justificado por el temor a futuras represalias partidistas, exdiputados y senadores del PRI que se conforman ahora con suplencias, dudan de la veracidad de las 90 mil encuestas realizadas para determinar las 362 fórmulas.
Esta es una fractura en ese partido político que en los próximos días se verá reflejada en la caída aún más de las encuestas en donde Roberto Madrazo sentirá el rechazo de sus propios militantes y a quien sus asesores le advierten del riesgo de convertirse en la tercera fuerza del país, muy lejos de las candidaturas del segundo lugar que es el panista Felipe Calderón y mucho más del número uno en que se ha convertido el perredista Andrés Manuel López Obrador.

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Lunes 20 de marzo de 2006

*El sindicalismo blanco y la historia de Ramón Gámez

*Buscan aerolíneas contratos colectivos de protección

*Contrata el SAT a Cotecna y Societé para las aduanas

La semana pasada un juez determinó que el líder sindical Ramón Gámez, sentenciado por el delito de pederastia, tendría que cumplir en prisión una pena de 17 años. En diciembre pasado,  Gámez había obtenido su libertad gracias al pago de una fianza y, por supuesto, a la corrupción de algunos funcionarios del Poder Judicial.

Los medios de comunicación dieron amplia cobertura a la orden de aprehensión del “líder sindical”. Televisa destacó esta información sin informar sobre los negros antecedentes de este dirigente de sindicatos blancos que ha hecho de los contratos de protección una verdadera industria.
La omisión informativa del Grupo Televisa pareciera intencional e interesada en cubrir su propia agenda, pues Ramón Gámez es el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS) que firmó un contrato de protección con la aerolínea Volaris, en la que Emilio Azcárraga Jean y su corporativo de medios es accionista junto con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe.
A pesar de los oscuros antecedentes de Gámez en el sindicalismo de protección, Volaris decidió firmar los contratos colectivos de trabajo de sus empleados con esta base sindical, pues para mantener la operación de esta nueva aerolínea de bajo costo necesita mantener costos laborales mínimos y replicar el modelo europeo y estadounidense que, por cierto, comienza a colapsarse ante las demandas de trabajadores que buscan planes de pensiones y mejores ingresos.
Las llamadas aerolíneas de bajo costo, según confirma la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores (ASPA), decidieron firmar sus contratos colectivos de trabajo con el STIAS, pues se trata de un sindicato blanco que acepta contratos de protección que bajo cualquier circunstancia privilegian los intereses de las empresas.
Los antecedentes de un líder charro
Posterior a la quiebra de Aeroméxico en 1988, el STIAS de Ramón Gámez surge al amparo y protección política de Arsenio Farell, entonces secretario del Trabajo, para agrupar a los trabajadores de la nueva aerolínea Aerovías de México. Aunque el STIAS llegó a representar a los pilotos de Aeromar, los pilotos de esta compañía ahora están afiliados en ASPA; lo mismo sucedió con Aerocaribe cuyos pilotos y sobrecargos abandonaron las filas del sindicato de Gámez.
Sin embargo, el STIAS ha llegado a representar a más de 2 mil 500 empleados de la industria de la aviación bajo contratos de protección, pues cuenta con registros avalados por la Secretaría del Trabajo El enfrentamiento más claro fue el que se presentó en el año 2000, cuando ASPA demandó ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo la nulidad del contrato colectivo de trabajo firmado entre la aerolínea Aviacsa y el STIAS, un conflicto que llegó al Poder Judicial. Es previsible que ASPA impugne y demande la nulidad de los contratos de protección firmados por el STIAS y las nuevas aerolíneas.
Bajo el esquema sindical irregular impulsado por Gámez, las nuevas aerolíneas de tarifas bajas están exigiendo a sus pilotos que firmen pagarés que avalen el pago de su capacitación con el propósito de reducir sus costos y estar en posibilidades de ofrecer precios cada vez más bajos, lo que contraviene a la Ley Federal del Trabajo.
Estas circunstancias, que operan en perjuicio de los trabajadores, obviamente no han sido impugnadas por la representación sindical. La situación laboral del sector de la aviación llamó ya la atención de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual confirma que las nuevas aerolíneas de bajo costo están firmando contratos colectivos de protección patronal. Incluso, dice la UNT, dichos contratos se firmaron aún antes de haber contratado pilotos, sobrecargos o personal de tierra, como sucedió con el de la empresa Interjet. 
Pero no sólo Televisa, la cual por cierto tiene en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Sitatyr) una de las bases sindicales más activas, buscó el apoyo de Gámez. Mexicana de Aviación, que ahora forma parte del Grupo Posadas, al crear su aerolínea de bajo costo, Click, decidió firmar con el STIAS, a pesar de que la aerolínea que ahora forma parte del Grupo Posadas mantenía sus contratos con sindicatos como ASPA.
Al presentar sus servicios, la aerolínea Volaris, en la que participa el Grupo Inbursa a través de una Sociedad de Inversión de Capital de Riesgo (SINCA); el Grupo Aéreo TACA, el Grupo Protego y el fondo Discovery Americas y el Grupo Televisa, reconoció su relación contractual con el STIAS y aseguró que se trataba de un sindicato que le “ayudaba a medir sus parámetros de productividad”.
Volaris arranca con una inversión de más de 100 millones de dólares y una agresiva campaña en medios de comunicación; sin embargo, decidieron no incrementar los gastos con beneficios para los trabajadores, en un sector en el que más de 6 mil pilotos desempleados aceptarían cualquier condición de empleo.
Al STIAS se no le considera un sindicato sino como un negocio protegido por las autoridades que se apoyan en “grupos de golpeadores, en equipos de gente autoritaria y grupos de choque” que pactan con las empresas la firma de supuestos contractos colectivos de trabajo y que contraviene el artículo 123 de la Constitución. Es obvio que en el expediente de Ramón Gámez la Secretaría del Trabajo encontró en el modelo impulsado por Arsenio Farell Cubillas el instrumento ideal para debilitar al sindicalismo combativo en medio de las frustradas negociaciones para modificar una nueva Ley Federal del Trabajo que apuesta por la disminución de los beneficios laborales del sector obrero.
Sin embargo, el sindicalismo blanco y corrupto impulsado con pseudo líderes como Ramón Gámez resultó tan corrupto como al que se fustiga en la figura de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, con el cual durante los últimos años se refrendo el pacto con Napoleón Gómez Sada para mantener bajo control a los mineros del país y permitir, sin mayores problemas, el auge de grupos mineros como el de la familia Larrea en el Grupo México, Peñoles del Grupo Bailleres y el Corporativo SanLuis de Antonio Madero Bracho.
Bajo la gestión sindical de Napoleón Gómez Sada se logró la privatización de Altos Hornos de México (AHMSA), con minas de carbón, la venta de la Compañía Minera Autlán, con los más importantes yacimientos de ferroaleacciones y, por supuesto, la privatización de la legendaria mina de Cananea.
Cotecna abre sus cartas
Frente al silencio de la Secretaría de Hacienda sobre las nuevas empresas que se harán cargo del segundo despacho de revisión aduanera, las compañías extranjeras que se vieron beneficiadas por la dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz dan a conocer los términos de este contracto que estará vigente hasta febrero de 2010.
Este es el caso de la compañía Cotecna que, con sede en Ginebra, liberó el pasado 9 de marzo un comunicado en el que asegura que su participación en las aduanas mexicanas traerá nuevas tecnologías en 16 aduanas del país. La SHCP ha defendido la participación de empresas extranjeras en los puestos aduanales del país al asegurar que se trata de corporaciones internacionales con amplia experiencia, lo que justifica el pago de más de 110 millones de dólares, pues evitará el contrabando técnico y reducirá los problemas de corrupción.
Sin embargo, entre los antecedentes de Cotecna aparecen datos que contradicen a las autoridades, pues aunque destaca el manejo de las aduanas del programa de la ONU durante la vigencia del programa Petróleo por Alimentos en Irak, también aparecen los problemas de corrupción en los que se vio involucrada.
La otra empresa que participará en estos contratos para la administración del segundo reconocimiento aduanero, como hemos documentado en este espacio, es Societé Generale que, junto con Cotecna, estuvo involucrada en problemas de corrupción por pagar comisión por 11.9 millones de dólares a la ex primer ministra de Paquistán, Benazir Bhutto, para verse favorecidas en contratos de inspección aduanera.
Cotecna pertenecía a Societé Generale cuando se presentó este escándalo; sin embargo, en México decidieron participar de manera independiente; en la práctica no obstante se aplicará el control de una sola empresa en el segundo reconocimiento aduanero.
El contrato para la inspección aduanera firmado con el Servicio de Administración Tributaria, según la propia Cotecna, es por el momento el único de este tipo en el mundo e implica el segundo reconocimiento de las declaraciones de importadores y exportadores para validar el origen, el valor, la partida arancelaria, el valor imponible y los impuestos y aranceles correspondientes a las mercancías.
Además, Cotecna llevará a cabo revisiones selectivas de la existencia de los proveedores y compradores en el extranjero y asistirá al SAT en la creación de una base de datos de precios y una base de datos digital.
Estos controles, conocidos en el país como “segundo reconocimiento” y realizados después del despacho de las mercancías, tienen como objetivo, dice la empresa europea, reducir el fraude y prevenir el uso de documentación falsificada o triangulación, que oculte el verdadero origen de las mercancías.
Aproximadamente 150 colaboradores ofrecerán servicios en 16 aduanas en todo México. Cotecna proveerá un equipo moderno y una infraestructura que permitirá una comunicación en tiempo real con el SAT, al igual que un acceso permanente, a través de Internet, a información almacenada en bases de datos digitales.
Así, Hacienda busca privatizar su servicio aduanal, sobre todo a empresas extranjeras, para evitar que un nuevo gobierno pudiera investigar la enorme corrupción propiciada por Francisco Gil Díaz.
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Lunes 13 de marzo de 2006

* Hacienda sustituye al Fideicomiso Aduanas I
* Crean un nuevo fideicomiso público: FACLA
* Telmex denuncia irregularidades en licitación

Como una maniobra salvadora de fin de sexenio, la Secretaría de Hacienda ha creado un nuevo fideicomiso público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), el cual sustituye al polémico fideicomiso privado Aduanas I, que sirvió durante 14 años al gobierno federal para desviar miles de millones de pesos de la Tesorería de la Federación.
Con la constitución del FACLA el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, trata de evitar cualquier investigación en su contra en el próximo gobierno por el manejo irregular y corrupto que ha hecho en el sexenio de Vicente Fox, con el dinero recaudado por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) entre importadores y exportadores en México.
En sigilo, Gil Díaz trata de borrar las huellas de corrupción dejadas por la constitución y operación del Fideicomiso Aduanas I y de su empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos), instrumentos que utilizó desde 1993 cuando en su calidad de subsecretario de Ingresos planeó recaudar fondos fuera del presupuesto federal mediante el cobro de impuestos a todas las personas que importaran y exportaran mercancías al país, cuyo dinero era manejado sin control alguno y del cual aún se guardan 8 mil millones de pesos en Nacional Financiera.
Sin embargo, el FACLA ha quedado al descubierto debido a una investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades por más de 330 millones de pesos relacionadas con la primera licitación pública financiada por ese fideicomiso.
Telmex acusa al SAT
Un trabajo periodístico de la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea, explica que de acuerdo con información de la empresa Teléfonos de México (Telmex), la primera licitación pública que involucra recursos hasta por 338 millones 739 mil pesos y que es financiada por el FACLA, viola la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la reglamentación de telecomunicaciones.
Las irregularidades se descubrieron en el proceso de licitación identificado con el número 06101072-018/2005, cuando la empresa Telmex de Carlos Slim presentó en noviembre una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que ésta dependencia investiga las posibles anomalías cometidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que preside José María Zubiría Maqueo, quien es subordinado de Francisco Gil Díaz.
En una carta fechada el 21 de noviembre de 2005 y dirigida a Luz Angélica Ramírez Medina, administradora de adquisiciones del SAT, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Telmex, Rafael Torres Castro, advierte que la compañía telefónica ya acudió a la SFP para denunciar la pretensión del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de violar diversas disposiciones legales.
El documento obtenido por Nancy Flores a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revela que Telmex también notificó las supuestas irregularidades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que se pronunciara al respecto, pero dicha dependencia se declaró incompetente para analizar la legalidad de los servicios. Sin embargo, para la empresa privada esta resolución es ilegal, por lo que la impugnó en tribunales de justicia.
Según las bases de la licitación, el 27 de septiembre de 2005 el SAT convocó a las personas morales de nacionalidad mexicana con títulos de autorización para la prestación de Multiservicios Administrados de Comunicaciones (MAC), emitidos por la Cofetel, a participar en el proceso para “la contratación de la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados” que se instrumentarán en las 48 aduanas del país.
El presupuesto y el procedimiento de licitación para la contratación de dichos servicios, fue autorizado por el Comité Técnico del FACLA, también encabezado por Zubiría Maqueo, el 1 de octubre de 2004, según establece el acuerdo 5-01/10/04.
Transparencia negada
Para el SAT, la licitación impugnada por Telmex es de suma importancia: forma parte de las acciones emprendidas por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para transparentar y devolver los miles de millones de pesos que maneja discrecionalmente a través del fideicomiso “privado” Aduanas I y de la empresa ISOSA, ambos constituidos hace 14 años por el propio Gil Díaz.
Dichas disposiciones, que incluyen la licitación coloquialmente llamada MAC, se realizan desde finales de 2003, luego de que en una reunión privada el presidente Vicente Fox ordenara al secretario de Hacienda cancelar de inmediato el rentable negocio aduanero.
Según la Auditoría Superior de la Federación, el SAT es responsable de haber causado daños al patrimonio nacional por más de 9 mil millones de pesos, al omitir enterar a la Tesorería de la Federación los recursos del DTA y depositarlos indebidamente en el fideicomiso privado Aduanas I.
Por más de una década los ingresos obtenidos por el cobro del DTA financiaron a la empresa ISOSA, contratada desde su creación –1993– por el Aduanas I para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados en las 48 aduanas mexicanas, y que desde noviembre pasado fueron adjudicados por el SAT a Telmex, a pesar de que esta empresa condicionó su participación en el proceso licitatorio por considerarlo ilegal.
De acuerdo con la carta a través de la cual Telmex condiciona su participación en el proceso de licitación 06101072-018/2005, el fideicomitente del FACLA violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al informar que “cualquier implicación provocaría una modificación a la presentación de los servicios”.
En dicho oficio el apoderado general para pleitos y cobranzas, Rafael Torres Castro, dice: “en nombre de Telmex me permito informar que mi representada participará dentro del procedimiento de licitación, aunque consideramos que se están violando diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
El análisis jurídico de la empresa de telefonía expone que “el uso de Gateway (servicio contemplado en las bases de la licitación) va en contra de la regulación en materia de telecomunicaciones y que se contravienen las disposiciones de interconexión y al Plan Fundamental de Numeración”. Además, advierte que los planteamientos del SAT propician la evasión de pagos de interconexión.
La carta de Telmex indica que la licitación viola lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en el Anexo I de las bases se establece que “los servicios serán provistos tanto para los diferentes empleados del SAT como para los terceros contratados por la dependencia pública”. Según Telmex, “aún y cuando el SAT no comercializara de manera directa los servicios, los terceros contratados por el SAT evitarían el pago por los servicios de telecomunicaciones”.
Otras irregularidades denunciadas por la empresa de telefonía se refieren a la evasión de pagos de uso de infraestructura e interconexión, pues el tráfico público conmutado será enrutado a través de la red del SAT, y a la prestación de servicios de telefonía a través de la red de Internet, pues esta modalidad no está regulada en México con lo que se eluden los pagos correspondientes por la entrega y terminación de llamadas a las redes públicas.
Al finalizar la exposición de las supuestas irregularidades, Teléfonos de México solicita a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria cancelar el proceso de adjudicación, pues de lo contrario se causarían daños y perjuicios en contra de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Rechaza el SAT acusación de Telmex
Once días después de recibir la carta de Telmex, la administradora de adquisiciones del SAT, Luz Angélica Ramírez Medina, contestó que dicha “solicitud no es procedente, por extemporánea, toda vez que ya venció el plazo para solicitar aclaraciones”, además señala que al haber vencido el plazo para presentar inconformidad, “se trata de un acto consentido por Teléfonos de México”.
En el oficio con número de folio 327-SAT-III-B1, fechado el 2 de diciembre de 2005, la funcionaria indica que como la Cofetel no se ha pronunciado en ningún sentido con respecto a las supuestas irregularidades, la petición resulta improcedente por inoperante.
El diputado Miguel Ángel Toscano considera que el caso de la licitación que involucra recursos del FACLA revela un problema de ley en donde Telmex, seguramente en el estricto sentido del derecho, pudiera tener razón.
Como dice en la carta, va a participar dejando claro que no está de acuerdo en permitir que alguien más ocupe sus servicios de interconexión sin que les paguen. Evidentemente Telmex es un monopolio muy agresivo y lo único que no quiere es tener más competencia, entonces viniendo de quien viene, que es de Telmex, hay que tomarlo con las reservas debidas.
Consultada por Telmex sobre las posibles irregularidades detectadas, la Cofetel indica que el SAT es el único responsable de las políticas, bases y lineamientos de la licitación para la contratación de los servicios de procesamiento electrónico de datos, según consta en el oficio CFT/D01/P/259/05, firmado por el presidente de dicha Comisión, Jorge Arredondo Martínez.
El documento fechado el 16 de noviembre del año pasado y dirigido al apoderado legal de Teléfonos de México, Francisco Javier Islas Mancera, señala además que la “Cofetel no resulta ser la autoridad competente para entrar en el estudio de opinión de las bases de licitación de referencia, pues es el SAT quien bajo su responsabilidad emite las políticas, bases y lineamientos así como las respectivas aclaraciones y modificaciones que en su caso se manifiestan en las juntas de aclaraciones”.
A pesar de las controversias que se desahogan en la SFP y en tribunales de justicia, el 30 de noviembre de 2005 el SAT adjudicó la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos a Telmex. En una denuncia dirigida al administrador general de Tecnología de la Información del SAT, Javier Vega Flores, se revela que ese día dicho funcionario público mantuvo reuniones con personal de primer nivel de la compañía de telefonía de Carlos Slim, minutos antes de anunciar el fallo.

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Lunes 06 de marzo de 2006

* La Presidencia según el secretario particular de Zedillo
* El Expediente “LEO”: historia negra de Liébano Sáenz
* PGR lo investigó por narcotráfico y “lavado” de dinero

Cuando los políticos deciden que llegó el momento de escribir libros, como ocurre con quien fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), Liébano Sáenz, quien acaba de publicar La Presidencia Moderna. Análisis de una institución que es urgente comprender, lo que más vale la pena de esas “obras” es precisamente lo que no está escrito en ellas, lo que censuran sus propios autores y lo que nunca desean que la población entere.
Y este es precisamente el caso de Liébano Sáenz, quien en su análisis sobre la Presidencia de la República omite narrar aquella negra historia que lo vinculó con la delincuencia organizada en su modalidad del narcotráfico. Ese caso que obligó a la Procuraduría General de la República a abrir una investigación silenciosa conocida con la clave “LEO” en contra del entonces poderoso secretario de la Presidencia, quien era señalado por varios delincuentes convertidos en testigos protegidos como enlace y protector de bandas de narcotraficantes, pero su privilegiada posición de secretario particular de Zedillo le dio la protección de Los Pinos y la Procuraduría simplemente tuvo que cerrar el expediente y exonerarlo después de que Liébano declaró como indiciado ante el Ministerio Público Federal por delitos contra la salud.
En aquellos años un subprocurador de la PGR que consideraba que desde la Presidencia de la República se protegía al crimen organizado, proporcionó una copia del expediente que había sido abierto contra Liébano Sáenz en la entonces llamada Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), lo que motivó una exhaustiva investigación periodística que nunca se publicó en El Universal porque el entonces presidente Ernesto Zedillo censuró la información por tratarse de “un asunto de seguridad nacional” y advertía que de hacerse público afectaría las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Para los que quieran conocer parte de esa historia del expediente “LEO”, recordamos ahora algunos datos que han sido borrados de los archivos judiciales:
Con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza, el 22 de junio de 1999 apareció en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el cuerpo acribillado del agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).
Para la Procuraduría General de la República este crimen fue un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico; es decir, nada nuevo, pero en este caso hay elementos que lo hacen distinto, como el hecho de que ese policía fue el responsable de la investigación ordenada por la UEDO y que dio como resultado la integración del expediente clasificado confidencialmente en la PGR con el nombre de “LEO” y que corresponde al otrora poderoso secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, José Liébano Sáenz, cuyos antecedentes fueron prácticamente “borrados” de los archivos de la Procuraduría por instrucciones presidenciales.
Después de concluir sus indagaciones, en donde encontró evidencias de relaciones de Liébano con narcotraficantes y “lavadores” de dinero, el agente de la UEDO se vio bajo presiones y amenazas de muerte, por lo que intentó salvarse renunciando a la PGR, pero no se lo permitieron su jefe José Trinidad Larrieta Carrasco ni el propio procurador Jorge Madrazo Cuellar.
El agente Rodríguez Armendáriz temía por su vida. En varias ocasiones solicitó a sus superiores, incluido el propio Madrazo, que lo transfirieran a algún consulado fuera del país, como ocurrió con Samuel González, ex titular de la UEDO, quien fue enviado a Sevilla después de haber sido el responsable del intenso interrogatorio a Liébano Sáenz, a quien le preguntó hasta de una supuesta relación íntima que mantuvo su hermana con uno de los principales jefes del cártel de Juárez. Pero en la PGR nunca atendieron las peticiones que hizo por escrito el agente especial, cartas cuya copia tiene Oficio de papel, y en su desesperación Rodríguez Armendáriz solicitó su baja de la UEDO para intentar huir del país y ocultarse en el extranjero.
La última carta que escribió antes de su muerte, el agente la entregó en la secretaría particular de la oficina del procurador Jorge Madrazo, en donde decía que temía por su vida y le pedía auxilio al abogado de la nación. La respuesta nunca llegó y la PGR fue incapaz de proteger a uno de sus mejores agentes que, su único error, fue investigar a fondo al secretario particular de un presidente de la República.
Un militar desertor


El 4 de diciembre de 1995, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, recibió un reporte militar con el número 39872 de la comandancia de la Quinta Región Militar del Ejército Mexicano, en donde se relatan declaraciones de un subteniente desertor de la Fuerza Aérea, Francisco Corona García, apodado “El Negro”, y aprehendido por el Grupo de Información Militar el 3 de diciembre del mismo año.
En sus declaraciones, el subteniente reconoce haberse incorporado a la banda de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y asegura haber presenciado una conversación en donde Amado le dice a su lugarteniente Eduardo González Quirarte: “Compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle un regalito de Navidad al licenciado Liébano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus”. El regalo, según el reporte militar, era una residencia.
En la reunión, el subteniente Corona le preguntó a González Quirarte que quién era el licenciado Liébano Sáenz, porque no lo conocía. “Es el secretario particular del señor presidente de la República”, respondió su interlocutor.
En el interrogatorio al que fue sometido el militar desertor, recordó cómo en otra reunión González Quirarte le dijo que Amado Carrillo llevaba una buena amistad con el licenciado Liébano Sáenz, pues a través de él se había financiado parte de la campaña del candidato a la Presidencia de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Incluso, declaró el subteniente Corona, González Quirarte entregó personalmente unas camionetas para la citada campaña.
El único problema de este reporte militar entregado al secretario de la Defensa Nacional y en poder de Oficio de papel, es que lo firma el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante de la quinta región militar, quien después en su calidad de comisionado del Instituto Nacional de Combate Contra las Drogas (INCD) sería encarcelado por sus nexos con el mismo Amado Carrillo Fuentes. Pero las dudas persisten, porque la información fue entregada al general Cervantes Aguirre 14 meses antes de que Gutiérrez Rebollo fuera deshonrado y encarcelado por delitos de narcotráfico y “lavado” de dinero, es decir, cuando todavía era considerado como uno de los militares más cercanos a Cervantes Aguirre y quien le tenía toda la confianza, pero a pesar de ello, el Ejército nunca investigó al secretario particular del presidente de la República.
Operación encubierta de EU


Una amplia investigación sobre el tráfico de narcóticos de México a Estados Unidos llevó a un grupo de agentes especiales asignados a la Fuerza de Misiones Financieras de San Diego a realizar una operación encubierta en México, en donde se hacían pasar por un importante grupo de “lavadores” de capitales.
Según el reporte oficial de ese cuerpo policiaco de Estados Unidos y cuyo documento fue proporcionado a la Procuraduría General de la República, se precisa que la investigación se centró en los mexicanos Arturo Pacho Ruiz, ex accionista de la Casa de Servicios del Desierto, vinculada a la sociedad de ahorro y préstamo de San Luis Río Colorado, Sonora, conocida como El Arbolito, y Francisco Ávila.
La investigación señala que Pacho Ruiz ofreció a los agentes estadounidenses encubiertos arreglar una cita con el secretario particular del presidente de la República, Liébano Sáenz, para discutir el “lavado” de grandes cantidades de dinero.
El 7 de junio de 1997, el agente especial Michael Coleman, del Departamento de Justicia de California, Agencia Antinarcóticos, actuando de manera confidencial se reunió con Francisco Ávila y Arturo Pacho Ruiz en el restaurante Tom Ham`s Lighthouse, ubicado en 2150 Harbor Drive, San Diego, y de allí se trasladaron a una embarcación secreta, en donde se encontraron con otro agente encubierto del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Durante la reunión, Pacho Ruiz les dijo que había sido compañero de la Universidad con Ernesto Zedillo, el presidente de México, y que vivían a sólo tres casas de distancia. También aseguró que estudió leyes junto con Liébano Sáenz, quien era un buen amigo desde la infancia.
El narcotraficante Pacho Ruiz les explicó a los agentes encubiertos que cuando Liébano Sáenz estuvo a cargo de las aduanas mexicanas, éste le otorgó el puesto de responsable de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas, en donde permaneció durante dos años. Según Pacho Ruiz su generación estaba tomando el control del gobierno mexicano, lo que le permitía ofrecer a los simulados “lavadores” de dinero un encuentro con el número dos de Los Pinos.
Francisco Ávila les trató de explicar a los agentes estadounidenses encubiertos cómo operaba la política en México: el presidente mexicano se mantiene en el cargo por seis años y lo conveniente es que en los últimos tres se empiece a sacar el dinero del país, porque seis meses antes de concluir la gestión, ya no se podrá transferir fondos, debido a que un equipo de auditores entran a la Presidencia de la República. Por ello, recomendó el narcotraficante, es el momento de tener una buena conexión en la Presidencia.
La respuesta de los agentes fue inmediata: nosotros podemos realizar ese trabajo del “blanqueo” de capitales. El amplio documento en inglés elaborado por investigadores policiacos estadounidenses y que contiene hasta fotografías de Pacho Ruiz y Francisco Ávila, parece más una historia de película que una serie de hechos reales; sin embargo, ese tipo de documentos han servido para iniciar investigaciones penales en contra de mexicanos que, en este caso particular, fueron ignorados por el entonces procurador Jorge Madrazo.

Published in: Archivo | on Marzo 6th, 2006 | No Comments »