Oficio de Papel

Una carta confidencial de Tony Garza a Cabeza de Vaca
Aumenta la violencia el crimen organizado en elecciones
Asigna Pemex contrato millonario a consultoras privadas

A finales del año pasado dimos cuenta en esta columna de la confrontación que ya se preveía entre los gobiernos de México y de Estados Unidos con motivo del tráfico de drogas, de la lucha en contra de bandas de narcotraficantes y el problema de la migración. Comentábamos que las pugnas habían llegado a tal grado que desde julio del año pasado el embajador estadounidense Tony Garza había enviado una carta clasificada como “personal y confidencial” al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en donde lo exhortaba a replantear los ajustes promovidos al interior de la PGR para fortalecer al subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, pero como dicha advertencia promovida desde Washington nunca la entendió el notario convertido en procurador, las amenazas de la administración Bush van en aumento y en los últimos días hasta el presidente Vicente Fox ha tenido que salir al paso a las duras críticas del gobierno de Estados Unidos.

Sólo para recordar algunas de las medidas adoptadas en los últimos meses por la Casa Blanca para presionar a México en la relación bilateral, destacan el cierre temporal del consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la exhibición de la lista del Departamento del Tesoro sobre los supuestos lavadores de dinero del cártel de los Arellano Félix; los constantes regaños y amenazas del embajador Tony Garza al gobierno foxista; la construcción de un muro fronterizo para frenar el cruce de migrantes mexicanos, y la investigación de las autoridades estadounidenses por la supuesta participación de soldados mexicanos en el tráfico de drogas hacia el país vecino.

Pero volvamos al documento confidencial del embajador Garza enviado el 8 de julio de 2005 al procurador Cabeza de Vaca, en donde le precisa el malestar que hay al más alto nivel en Washington por la remoción de la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, Luz María Núñez Camacho, asunto que preocupa sobremanera a Estados Unidos, pues en cuestión de dinero sucio ese país es el único autorizado por él mismo para manejar las cuantiosas sumas que los delincuentes mundiales buscan lavar.

Ante ello, en una clara y abierta ingerencia en asuntos internos de México, el diplomático estadounidense exige que se dé marcha atrás a los cambios de funcionarios en la PGR: “Con todo respeto quisiera solicitarle que la titular de la Unidad de Lavado de Dinero, licenciada Luz Núñez Camacho, permanezca como titular en la misma hasta que las investigaciones y operativos sensibles que están en proceso concluyan.”

Agrega la carta del embajador: “Le reitero que, de usted considerarlo necesario, estoy en la mejor disposición de reunirme con usted para ahondar sobre el tema.” En 38 líneas, Tony Garza explica a Cabeza de Vaca el particular interés del gobierno estadounidense, y sobre todo del procurador de los Estados Unidos, porque la ex funcionaria continúe al frente de dicha área dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a cargo de Santiago Vasconcelos: el cambio en esa Unidad causaría el fracaso de las investigaciones y operativos sensibles que se llevan en conjunto, calificó el diplomático.

Además, el embajador prevé que tras la salida de Núñez Camacho no habrá continuidad, confianza y capacidad técnica, elementos indispensables para concluir los complejos y susceptibles trabajos, pues la administración estadounidense considera que la ex funcionaria es la “más apta y confiable” autoridad mexicana para conducir la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Según la carta diplomática, bajo el mando de Núñez Camacho la Unidad Contra el Lavado de Dinero ha logrado avances “nunca antes vistos en México”, como los operativos conjuntos con la Agregaduría de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna en materia de aseguramientos de dinero en ambos lados de la frontera, que resultó en el decomiso de aproximadamente 21 millones de dólares y la detención de 39 personas. “Investigaciones complejas y operativos de altísima importancia y sensibilidad para ambos países.”

El malestar de Washington se centra, según la carta del embajador, en tres asuntos importantes para Estados Unidos: la testificación con carácter oficial de Núñez Camacho en el juicio que se lleva a cabo en tribunales de Nueva York en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el expediente abierto en contra de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, acusado por la Procuraduría General de la República de transferir 30 millones de pesos a la ciudad de Las Vegas, Nevada, recursos que se presumen son de procedencia ilícita, y el expediente del financiero Jaime Ross Castillo, quien es señalado por una supuesta defraudación al Banco ScotiaBank por aproximadamente 5 millones de dólares, además de estar implicado en lavado de dinero a través de instituciones financieras en Estados Unidos y Suiza.

De acuerdo con el documento firmado por Tony Garza esos tres casos son atendidos con especial interés por el gobierno estadounidense, por lo que advierte que han sido puestos en riesgo por Cabeza de Vaca.

Avanza la colombianización

Aunque todas las entidades gubernamentales responsables de la seguridad nacional y de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico rechazan que México se esté colombianizando, es un hecho el descontrol que hay en el país por la actividad de las mafias para traficar drogas hacia Estados Unidos, principal consumidor mundial de estupefacientes.

Pero este grave problema puede complicarse aún más en estos tiempos electorales o tal vez habría que preguntar si el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes han sido enviadas por alguien para desestabilizar el país en estos momentos del arranque formal de las campañas políticas rumbo a la Presidencia de la República, en donde el contendiente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, lleva ventaja por más de 10 puntos porcentuales a los dos contrincantes más cercanos: Roberto Madrazo del PRI y Felipe Calderón del PAN.

De ser cierto lo anterior, el país podría vivir la más cruel violencia en las calles que jamás hayan desatado las bandas del narcotráfico en todo el país, y por ahora hay varios indicios que así lo demuestran, como son las ejecuciones todos los días en las ciudades fronterizas del norte o el enfrentamiento ocurrido la semana pasada en el puerto de Acapulco y en el que intervinieron narcotraficantes, soldados, policías municipales y agentes de la AFI, lo que dejó varios muertos y heridos, así como el derribamiento de un helicóptero de la PGR.

Y un factor determinante para considerar que el crimen organizado ha tomado por asalto al país, es cuando los grupos criminales adquieren tal fuerza que enfrentan al Estado sin que los órganos de seguridad nacional puedan hacer gran cosa para evitarlo, tal y como ha sucedido en otros tiempos en países como Italia y Colombia.

Por ello suenan huecas las declaraciones del vocero presidencial y de los jefes policiales cuando afirman que la seguridad nacional del país no está en riesgo, mientras que los medios de comunicación nos informan todos los días de hechos criminales que demuestran lo contrario.

Contratos millonarios en Pemex a consultores

La Secretaría de la Función Pública revisa con atención la asignación directa de contratos millonarios a consultores externos en la paraestatal Petróleos Mexicanos y entre los presuntos involucrados están Juan José Suárez Coppel y el ex director de Pemex Exploración, Luis Ramírez Corzo, actual director general de la empresa petrolera del Estado. Un ejemplo es que en cuatro años adjudicaron más de 20 contratos por alrededor de 80 millones de dólares.

Una de las principales empresas beneficiadas por la subsidiaria de Pemex fue Dupont México, que encabeza Douglas Muzika, la cual fue contratada sin licitación pública, como establecen las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades, supuestamente para realizar servicios de Fortalecimiento de Elementos de Seguridad y Protección Ambiental en Instalaciones de Ductos.

Otro contrato asignado por Ramírez Corzo fue en 2003, por 7 millones de pesos, para que Heasy Group instrumentara una estrategia interna de recursos humanos; uno más por 33 millones de pesos para que McKinsey & Company Inc México, de Manuel Mallen, diera asesoría para el mejoramiento operativo y económico a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.

Pero como la lista es larga, en el 2002 otorgó un contrato de manera directa por 8 millones de dólares para el Centro Dedicado de Interpretación Centro de Visualización, a fin de recibir un servicio de asesoría técnica de subsuelo para el Programa Estratégico de Gas.

Otros contratos fueron otorgados por Marcos Ramírez cuando era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, al adjudicar durante 4 años contratos directos por más de 70 millones de dólares. La empresa favorecida por el actual director Corporativo de Operaciones fue SAP, de Miguel Cruz y Célis, quien sólo en 2003 recibió 24 millones de dólares para instrumentar módulos adicionales, mientras que la firma Charles River Asociates fue contratada por 5 millones de dólares para ofrecer servicios de consultoría para la innovación en producción. La lista es larga y ya volveremos al tema conforme avancen las indagaciones oficiales.

Privatización de servicios de la banca

Nacional Financiera dio a conocer las bases de una licitación para otorgar a una empresa privada contratos para la administración de los servicios de cómputo central de la banca de desarrollo, proceso que deberá concretarse antes de que concluya el año.

De acuerdo con las bases de licitación, la empresa que resulte ganadora del contrato que otorgará servicios de cómputo al Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras, el Fira y la Sociedad Hipotecaria Federal, deberá contratar a parte del personal de estos bancos de desarrollo que actualmente administra, monitorea y da soporte a la infraestructura y procesos tecnológicos.

La contratación de este personal no sólo busca reducir el impacto en cuanto a despido de trabajadores de la banca de desarrollo ante los procesos de reducción de costos que impulsa la Secretaría de Hacienda para este sector, sino “evitar riesgos derivados de la toma de control” de la compañía que administre a partir de enero los sistemas de la banca de segundo piso.

Así, se planea la recontratación de 75 personas, consideradas parte del recurso humano crítico para mantener el control sobre los sistemas de la banca de desarrollo.

Entre las compañías interesadas se encuentran Kyo Networks, de María Asunción Aramburuzabala; Avantel; Triara, de Carlos Slim; IBM; Hewlett Packard, y EDS.

El contrato de servicios de cómputo también involucra la responsabilidad de que la empresa ganadora adquiera todo tipo de equipo para esta área que necesiten los bancos de desarrollo. Además, podrá utilizar las instalaciones de cada uno de los bancos involucrados en este proyecto.

La propuesta que resulte ganadora será aquella que logre mejorar los presupuestos que cada banco había establecido para satisfacer sus necesidades de sistemas y cómputo.

Para los próximos cuatro años, Nafin necesitará 80.9 millones de pesos para financiar esta migración de sistemas; el Bancomext 136.8, Banobras 81.6, el Fira 74 millones y la Sociedad Hipotecaria Federal 70.7 millones.

Los recursos para ejercer estos contratos, sin embargo, estará sujetos a las partidas que asignen los presupuestos de los próximos cuatro años para la banca de desarrollo, así como al calendario de gastos que se les autorice.

Empresas privadas compiten con Pronósticos y Lotería
Televisa utiliza los permisos que le otorgó Gobernación
Otra vez Creel y Gil Díaz son los presuntos responsables

Ante la ineficiencia y complicidad de los órganos de control del gobierno foxista para proteger a funcionarios que han hecho negocios desde sus cargos públicos y que con ello han incrementado su patrimonio, diversas comisiones de la Cámara de Diputados, así como la Auditoría Superior de la Federación, llevan a cabo investigaciones y auditorías en contra de funcionarios corruptos para evitar que en el último año del gobierno panista se incremente el desvío de fondos públicos.

Por ello la semana pasada la comisión camaral que investiga la entrega de permisos para juegos y sorteos anunció que para este jueves están citados al Congreso los miembros del Consejo Consultivo de la Secretaría de Gobernación para que expliquen las concesiones otorgadas por el ex secretario Santiago Creel y su sucesor Carlos Abascal. Entre los funcionarios que tendrán que acudir a declarar están Arturo Chávez Chávez, subsecretario de Gobierno y presidente del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos; Manuel I. Fierro Evans, titular de la Unidad de Gobierno; Marco Antonio Herrera, titular del Órgano Interno de Control e invitado permanente en dicho Consejo, y Alfredo Gómez Barrera, director general adjunto de Juegos y Sorteos.

Todos recordamos las concesiones otorgadas días antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación en busca de la candidatura panista a la Presidencia de la República y que entre los principales beneficiados con dichos permisos destaca el Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga.

Pues bien, un dato que deben preguntar los legisladores el próximo jueves 26 a los burócratas de Gobernación, es quién autorizó a Televisa para realizar una auditoría a la empresa gubernamental Pronósticos para la Asistencia Pública, que dirige Eduardo González González, bajo el pretexto de que dicha entidad dedicada a juegos y sorteos se pondría a la venta antes de que concluyera el gobierno de Vicente Fox por algo así como 700 millones de dólares. Hasta ahora todo apunta que el supuesto responsable de tal autorización para revisar los libros y la operación de Pronósticos fue directamente el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Pero el problema no termina allí, sino que dicha auditoría a Pronósticos habría sido sólo una simulación para permitirle a Televisa revisar con lujo de detalle todos los movimientos financieros de la empresa pública y aprendiera el manejo de juegos y sorteos para crear otra empresa privada que los pudiera reproducir una vez que la Secretaría de Gobernación le otorgara los permisos y con ello el negocio le saldría prácticamente regalado en lugar de pagar los 700 millones de dólares que el gobierno cobraría por la firma Pronósticos.

De confirmarse lo anterior por parte de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, estaríamos ante un tráfico de influencias de dos secretarios de Estado: uno de Gobernación, Santiago Creel, que renunció el año pasado, y otro el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que le habrían allanado el camino a sus amigos de Televisa para que puedan competir deslealmente en contra de la empresa del Estado, como es Pronósticos para la Asistencia Pública.

Para nosotros no es extraña ni nueva la complicidad de Creel y Gil Díaz en negocios sucios, basta recordar que los dos siniestros personajes son los responsables de la constitución en 1993 del Fideicomiso Aduanas I y de la empresa privada ISOSA (Integradota de Servicios Operativos S.A.), a través de los cuales se cobró ilegalmente el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) a todos los importadores y exportadores de la República Mexicana y de cuyos fondos aún se guardan 8 mil millones de pesos en un fideicomiso privado abierto en Nacional Financiera.

Pero volvamos al negocio sucio de los permisos para juegos y sorteos entregados desde los sótanos de Gobernación. Resulta que por estos días el Grupo Televisa abrirá en Puebla su primer centro de apuestas con bingo, videolotería y melate, como una manera de competencia desleal en contra de las empresas Pronósticos y Lotería Nacional, pues al parecer buscarán incluso instalar las casas de juego al lado de las de Pronósticos. Es decir, el plan Creel-Gil Díaz se cumplió para beneficiar a la empresa Televisa, aunque todavía no se sabe a cambio de qué.

Lotería: ex monopolio de los sorteos

A finales del año pasado, una buena nota de la reportera Elizabeth Velasco, publicada en el diario La Jornada, daba cuenta de que la empresa de origen holandés Novamedia se convierte en la principal competidora de la Lotería Nacional, gracias al permiso que le otorgó la Secretaría de Gobernación, según una denuncia que hacía el dirigente de la agrupación Di no a los casinos, Daniel Olivares Villagómez.

Según la información, dicho permiso había sido autorizado por el propio Carlos Abascal, titular de Gobernación, y consistía en permitir esquemas de juego muy similares a los de la Lotería Nacional. De confirmarse todo lo anterior, estaríamos ante un desmantelamiento de las pocas empresas, en este caso de juegos y sorteos, que le dejan dividendos al gobierno federal y que antes de que concluya su gobierno, Vicente Fox pretende deshacerse de ellas para evitar que un gobierno distinto al PAN pueda operarlas y con ello obtener mayores recursos para su operación.

Así, considerada hasta hace poco el monopolio de los sorteos, la Lotería Nacional vive ahora una creciente competencia que le merman sus finanzas y su operación. A 235 años de su constitución, la Lotenal enfrenta un nuevo escenario que le resta competitividad en el mercado que, paradójicamente y al menos en el terreno formal, monopolizó por más de dos centenarios.

El director general de la Lotería, Tomás Ruiz González, reconoce que desde el punto de vista administrativo, la institución se encuentra en una situación muy complicada porque se ha enfrentado a una mayor competencia. “La Lotería, que originalmente tuvo el monopolio de los sorteos en México y de los recursos para la asistencia pública, tiene que enfrentar mayor competencia tanto de particulares como de opciones que ni siquiera son legales, de sorteos y de juegos que se manejan de manera clandestina e ilegal en el país.”

El funcionario explica que entre los principales competidores que se apropian del mercado destacan las loterías instantáneas, como los famosos rascaditos privados, que operan con y sin autorizaciones, además de los juegos clandestinos que se practican en algunos estados de la República, sobre todo en ferias errantes.

Ante la pérdida de competitividad, la institución creada en 1770 bajo el nombre de Real Lotería General de la Nueva España, ya genera estrategias para recobrar participación en el mercado. “Estamos tratando de modernizar a la institución en algunos aspectos donde venía muy rezagada para que esté en mejores condiciones de enfrentar la competencia que vemos en el mercado, y más ahora con las nuevas autorizaciones a otros particulares para poder llevar a cabo distintas formas de juegos y sorteos, pues la Lotería tiene que actualizarse”, dice Tomás Ruiz, quien también fuera subsecretario de Hacienda.

Ruiz González agrega que para ello se ha revisado la estructura de los sorteos. “Estamos buscando nuevos productos que puedan ser más atractivos para universos de gente más joven que está en busca de otras alternativas de juegos y sorteos, hemos cambiado la imagen y el diseño de los billetes y hemos buscado modernizarnos en esta parte para competir mejor.”

Transforma México

En julio del año pasado, Tomás Ruiz fue convocado por Vicente Fox para asumir la dirección de la Lotería Nacional. Su llegada se dio en medio de severas acusaciones en contra de su predecesora Laura Valdez, ha quien se le relacionaba con supuestos desvíos de recursos públicos a favor de la fundación Vamos México, presidida por su amiga y esposa del presidente, Marta Sahagún.

En aquélla época se especulaba que la ex directora había utilizado de manera irregular los recursos captados por el fideicomiso Transforma México. Ruiz González recuerda: “se trataba de un momento complicado porque políticamente se habían hecho cuestionamientos importantes, sobre todo en relación con el destino de los recursos que recauda la Lotería para la asistencia social, se había cuestionado la figura del fideicomiso Transforma México.”

El funcionario señala que desde que asumió el cargo “hemos trabajado precisamente para transparentar y aclarar cómo se habían utilizado los recursos para la asistencia social durante los primeros cuatro años de este gobierno.”

Y sobre la transparencia a la que está obligado el organismo asegura: “Durante este año hemos hecho una tarea a fondo por transparentar a la institución, para ello hemos atendido una serie de auditorías muy exhaustivas en la Lotería, tanto por la propia Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De hecho todavía seguimos en el proceso de aclaración, pero afortunadamente en sus últimas etapas.”

El director de la Lotería destaca que ya se han logrado avances muy importantes en el informe que presentó el Auditor Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del año 2003. “Ya tuvimos un primer resultado positivo para la institución en el que se aclaró que del fideicomiso de la Lotería no se desviaron recursos para la organización Vamos México, no hay ningún desvío en este sentido, ni desvíos que pudieran tener un contenido político para apoyar a parientes o a personas relacionadas con la familia del presidente”, precisa Tomás Ruiz.

Sin embargo, en su más reciente informe sobre la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, la ASF determinó que en la operación del fideicomiso Transforma México se registraron anomalías por más de 31 millones 900 mil pesos.

Al respecto, Tomás Ruiz advierte que las observaciones de la ASF se refieren a “errores administrativos” de las organizaciones beneficiadas y de la propia institución. “La Auditoría Superior fue hasta el detalle de ver incluso cómo habían operado los programas, se fue a los lugares para ver la obra específica y descubrió irregularidades pequeñas pero no en el destino de los recursos, sino en el cumplimiento de los tiempos.”

Aclara que “no se trata de desvíos de recursos, a excepción del caso de Provida, pero en el grueso de las organizaciones se comprobó que el destino de los recursos estaba cumplido, sin embargo se habla de faltas al contrato que ascienden a un monto cercano a los 30 millones, porque o no se hizo la comprobación en tiempo o se pidió una prórroga que se atendió fuera de tiempo.”

No obstante, para el funcionario “hay casos desafortunados en los que tenemos que ser muy claros en descalificar como el caso de Provida, porque hasta donde tenemos conocimiento si hubo un incumplimiento del contrato y por eso está actuando la Lotería y el fideicomiso, en particular, con todo el rigor para obtener la devolución de los recursos con todo y sus intereses y para perseguir a los responsables presentando las denuncias penales, porque éste si es un caso de desvío de recursos por 3 millones 400 mil pesos.”

Tomás Ruiz reconoce que el fideicomiso fue una “buena idea” pero detalla que presentó errores de instrumentación. “Lo que buscaba el fideicomiso era precisamente darle transparencia a algo que durante muchos decenios había sido una caja negra: los recursos de la Lotería; todo el mundo se preguntaba a dónde iban los recursos que recauda la Lotería y en esta administración se intentó dar transparencia y de una figura donde además del gobierno participen organizaciones de la sociedad dedicadas a la asistencia social, por eso el Comité Técnico del fideicomiso estaba representado por organizaciones civiles dedicadas a la beneficencia. Pero aunque el propósito era dar transparencia, desafortunadamente no se logró y se convirtió en lo contrario, en un problema político porque no se supo manejar de manera más abierta.”

El Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud
Las empresas Philip Morris y British American Tobacoo
Pretenden pagar menos impuestos a cambio de donativos

Las compañías cigarreras –Philip Morris y British American Tobacoo- y la Secretaría de Salud deberán dar a conocer la información y documentación que respaldan el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, constituido en 2004 en Banobras para recibir los donativos de un peso por cajetilla vendida en el mercado mexicano.

De acuerdo con el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Juan Pablo Guerrero, la Secretaría de Salud no puede apelar a la Ley de Instituciones de Crédito y al secreto fiduciario para negar a la opinión pública el acceso al acta constitutiva del fideicomiso cigarrero, así como a la información financiera que respalda el monto de las aportaciones hechas por estas compañías.

Sin embargo, una consulta de información a la Secretaría de Salud sobre el contrato del fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, puso en evidencia la decisión de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Salud de mantener en secreto los pormenores del acuerdo firmado con las compañías cigarreras del país, para exentarlas del pago de impuestos a cambio de los “donativos” para poner en operación el Seguro Popular, una de los principales programas impulsados por Vicente Fox en la última parte de su gobierno.

Desde agosto pasado, bajo el folio de solicitud 0001200074405, la Secretaría de Salud recibió la solicitud de entregar copia del contrato y acta constitutiva del Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, así como el saldo neto de aportaciones realizadas por las empresas cigarreras que aportan recursos desde julio de 2004.

Se informó que el fideicomiso es administrado por Banobras y se justificó ante la Comisión de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud que resultaba relevante conocer las bases jurídicas bajo las cuales se estructuró y constituyó dicho fideicomiso, pues involucra el compromiso del gobierno federal de exentar del cobro de impuestos a las compañías cigarreras.

Para la Secretaría de Salud no fueron suficientes los 20 días hábiles que contempla la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 44 para responder la solicitud; por ello, solicitó una prórroga para que su Comité de Información se allegara de mayores elementos para decidir si la dependencia que encabeza Julio Frenk entregaba o no la información que desde ese momento se consideró reservada durante 12 años por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

En cambio, la Secretaría de Salud se limitó a informar que el saldo neto de dicho fideicomiso contaba con recursos por 699 millones 239 mil 224.8 pesos, por concepto de aportaciones de la industria tabacalera al 1 de agosto de 2005.

Después de la prórroga, la dependencia refrendó su decisión de mantener reservada esta información, pues no puede ser entregada por tratarse de un secreto fiduciario.

De esta forma, la Secretaría de Salud argumentó que la Ley de Instituciones de Crédito impide a Banobras entregar dicho contrato, pues se lo impide la Ley de Instituciones de Crédito que, incluso, contempla responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes. De esta forma, la Secretaría de Salud asegura que aunque se encuentra dispuesta a transparentar la gestión pública, está imposibilitada para entregar dicho documento.

Por ello, el pasado 12 de octubre de 2005, en el expediente 1981/05, se abrió ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública un recurso de revisión e impugnación ante la decisión de la Secretaría de Salud de declarar reservada la información sobre el fideicomiso constituido para beneficiar a las cigarreras.

El comisionado a cargo del proceso, Juan Pablo Guerrero, consideró que la Secretaría de Salud no podía apelar al artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues no se trata de un banco, además asegura que el IFAI ya se ha pronunciado sobre la necesidad de transparentar la administración del gobierno federal que se ejerce a través de fideicomisos públicos.

Sin embargo, la dependencia recordó al IFAI las consideraciones sobre el daño que podría causar a los intereses que se protegen con los artículos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito.

El IFAI replicó que ha sido el propio titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk, quien ha difundido información sobre el fideicomiso cigarrero, al dar a conocer que en 2004 se anunció un nuevo acuerdo con la industria, que entre otras medidas agregaría un peso al precio de cada cajetilla de 20 cigarrillos para aportarlo al Fideicomiso de Protección Social en Salud a fin de compensar, así fuera parcialmente, los enormes costos en que incurre el sistema de salud al atender las graves consecuencias del tabaquismo. Además, destacó que en 2006 se tendrían más de 3 mil 920 millones de pesos, una “aportación extraordinaria” que se está usando para ampliar lo que el presidente Fox ha llamado la cobertura vertical del Seguro Popular.

Así, el IFAI concluye que las aportaciones al Fideicomiso 2089 provienen del incremento de un peso al monto que pagan los consumidores por cada cajetilla de cigarros; y que el gobierno federal estima que ese fideicomiso recaudará alrededor de 3 mil 920 millones de pesos para finales de 2006.

Por tanto, es posible observar que el propio secretario de Salud ha hecho pública información relativa a los montos estimados de las aportaciones citadas al fideicomiso, hasta finales del 2006. Así que la Secretaría de Salud deberá justificar, sin apelar a La Ley de Instituciones de Crédito, si entrega o no la información solicitada sobre el acuerdo con las cigarreras.

Feudos en el IMSS

Un caso preocupante es lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad pública que cuenta con una estructura de alrededor de 380 mil empleados y que por su bajo presupuesto tiene graves deficiencias en atención pública. Entre los muchos problemas que enfrenta el IMSS está la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública le impuso por tres meses a Luis Miguel Chong, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a quien se le vincula con diversas irregularidades en la evolución de su declaración patrimonial, es decir hay un enriquecimiento desmedido que difícilmente podrá ser explicado con dinero lícito, además de que tiene varios señalamientos de corrupción como responsable de la adquisición de bienes informáticos.

Otro de los graves problemas que se dio con el relevo en la Dirección General del Instituto, fue cuando a finales del año pasado renunció Santiago Levy y el presidente Fox designó como sustituto a Fernando Flores, un funcionario que llega sin fuerza al cargo y que ha permitido los excesos del director de Administración, el químico Sergio Salazar, quien determina los programas y las acciones que se ejecutan en áreas estratégicas del IMSS.

Lo que le valió a Salazar para ocupar ese importante cargo dentro del IMSS fue su estrecha relación que mantiene con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien ha mandado a varios de sus compinches a las áreas administrativas y financieras de varias entidades públicas para controlar el manejo del dinero, los contratos de obras y servicios y las relaciones laborales.

En el caso del IMSS se ha designado también como director de Tecnologías de la Innovación al economista Igor Roseta, quien viene de la Oficialía Mayor de Hacienda y que ahora tendrá que resolver el caos informático en el que está envuelto ese Instituto. Por ejemplo, entre los problemas en esa área destaca el equipo informático que con un valor de 26 millones de dólares se mantiene subtulizado en las bodegas del IMSS. Otro caso para resolver es que el sistema informático no esta correlacionado y los miles de millones de pesos que se han invertido en estos programas prácticamente han quedado inservibles.

La población derechohabiente del IMSS, calculada en unos 55 millones de personas, sufre las consecuencias de este enorme rompecabezas y desorden administrativo e informático al que ha sometido Fox a esta institución médica popular, al grado que la operación de la base de datos personales de cada uno de los mexicanos que tienen el Instituto o algún esquema de seguridad social, es manejado por la empresa privada Procesar, que manipula a placer el dinero del sistema de ahorro para el retiro y los datos confidenciales de más del 85 por ciento de los mexicanos.

Por lo anterior, es previsible que el IMSS sea una de las instituciones públicas que en el próximo gobierno sea sujeto a una revisión exhaustiva para determinar el elevado grado de corrupción, los conflictos de interés y el desvío de fondos públicos en que se ha visto envuelto.

Violan base de datos confidenciales de trabajadores
Dos empresas controlan información de 34 millones
El gobierno federal renovará la concesión a Procesar

Para evitarse problemas y eludir su responsabilidad como administrador público, el gobierno federal mantiene concesionada la base de datos personales de 34 millones de trabajadores, la cual otorgó a través de la Secretaría de Hacienda a la empresa privada Procesar.

En el mayor de los sigilos para evitar cualquier protesta pública de sindicatos independientes de trabajadores, información privada como domicilio, salario, número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) y hasta el monto de los ahorros destinados a las pensiones y a la adquisición de vivienda, se han mantenido concentrados durante más de 9 años en instalaciones de Procesar, en sociedad con la empresa privada estadounidense Sungard.

Procesar es la administradora de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y ha tenido que acudir hasta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender reclamos de trabajadores que consideran que sus garantías individuales han sido quebrantadas en el manejo de sus ahorros para el retiro, administrados a través de las Afores.

Y estos quejosos que sienten vulnerados sus derechos humanos no podían estar más acertados, pues la información privada de las personas, es decir sus datos personales, debe ser vista como un asunto de seguridad nacional, pues la vida privada de los mexicanos se encuentra en los mayores niveles de protección por parte de la Constitución y en consecuencia el gobierno federal, que debería de ser un garante de ello, es el único responsable del resguardo y buen uso que se le dé a esta información privilegiada, pues dichos datos personales en manos equivocadas serviría para desestabilizar políticamente al país o simplemente una herramienta criminal para las bandas organizadas, esto sin contar el mal uso comercial que le podrían dar industrias, empresas y consorcios de toda índole.

Así, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo quinto, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, reputación, vida privada y familiar”; en esta misma declaración, en el artículo octavo, se fundamenta que “toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”. Por ello, es una violación a las garantías individuales y a los mismos derechos humanos de las personas el mal uso que se haga de esta base de datos que han sido confiados para su custodia al gobierno federal y éste los ha concesionado durante nueve años a empresas privadas.

Procesar realiza a través de sus sistemas de cómputo operaciones por más de 18 mil millones de pesos entre traspasos de saldos de fondos para el retiro y nuevas aportaciones para las pensiones correspondientes a los 34 millones de trabajadores mexicanos, lo cual de acuerdo con las leyes mexicanas debería estar reservado para el manejo exclusivo del gobierno federal.

Sin embargo, la concesión otorgada por 10 años a la empresa Procesar para administrar la base de datos personales más grande del país, concluye en diciembre de 2006, y ahora sus accionistas se preguntan si vale la pena permanecer en una compañía en la que no es posible generar utilidades ni incrementar las comisiones por sus servicios y mucho menos repartir dividendos, entonces ¿cuál es el interés de las empresas para manejar esta importante base de datos?

Tal vez sea porque se trata de una base de datos personales con más de 2 mil millones de registros, que representa un verdadero tesoro para los sectores comercial y financiero, y esto es lo menos riesgoso, pues en ningún país del mundo se centraliza tal cantidad de información sobre pensiones. Esto se podría entender porque los accionistas de Procesar son precisamente los bancos privados y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), lo cual les significa un verdadero, rentable y jugoso negocio privado.

Aún en ciernes, pero con el respaldo de los preceptos constitucionales, las legislaciones que protegen a las personas y sus datos personales de un mal uso, buscan garantizar que se utilice esta información sólo para los fines específicos y con la confidencialidad que el propietario de la información necesita, de tal manera que el usuario no pierda el control de los mismos y, en todo momento, sepa quién tiene sus datos, para qué los utiliza o a quién se los cede o comunica.

Pero para proteger, el gobierno federal obliga a la empresa Procesar, propiedad de bancos y Afores, no sólo a la custodia, operación y gestión de los recursos vinculados con la base de datos personales más grande del país, sino que la empresa privada tiene la obligación, de acuerdo con su título de concesión, de garantizar la total confidencialidad de información que constituye un bien público federal.

Aunque Procesar cuenta con estrictos controles y supervisión por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta ahora ésta no ha impulsado la participación de otras empresas en el manejo de la base de datos con el ánimo de no dispersar los controles y vigilancia; sin embargo, será durante los próximos meses cuando la propia Consar y la Secretaría de Hacienda analicen si se refrenda la concesión de Procesar que en diciembre de 2006 cumplirá los 10 años de vigencia permitida o modificará el esquema de control de esta información que representa, sin duda alguna, un tema de seguridad nacional.

Aún más, a pesar de que el gobierno considera a esta base de datos un bien público federal, cuya administración podría requisarse en caso de algún conflicto, la fiscalización de su operación tampoco está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como debería de ser por tratarse de información privada, sino del despacho privado de auditores Price Waterhouse and Coppers.

Constituida en 1996 durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo y diseñada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (Consar) y el IMSS, la compañía Procesar, única concesionaria de la administración y custodia de la base de datos del SAR, es la responsable de la seguridad e integridad, pero sobretodo de la confidencialidad de la información de los trabajadores acreditados ante el sistema individualizado para el retiro.

Control de empresas privadas

Los accionistas de esta singular compañía son 15 de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que operan en el mercado mexicano y seis bancos que reciben la recaudación del IMSS. Además, en lista de espera para formar parte de su capital, se encuentran los bancos Inbursa, IXE y Bajío.

Sin embargo, el interés por participar en esta empresa no radica en la rentabilidad que reportan las operaciones de Procesar que, junto con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es uno de los pocos monopolios que operan en el mercado mexicano, a pesar de que la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro sí contempla la posibilidad de que otras empresas participen en la administración de la base de datos del SAR.

El gran incentivo es que, después de una crisis bancaria y de la mala experiencia a cargo del gobierno federal para individualizar las cuentas del SAR 92, las Afores necesitaban una entidad que centralizara y operara de manera eficiente la información del nuevo sistema de ahorro para el retiro, su principal fuente de negocios.

Su operación, finanzas y resultados son tan secretos como la base de datos que debe custodiar. Las oficinas centrales de Procesar están equipadas con un circuito cerrado de cámaras que vigilan y graba a cada minuto al personal y visitantes que ingresan.

El personal de Procesar cuenta con una tarjeta personalizada que también registra el ingreso a cada área del edificio. Además, las computadoras de escritorio que se comunican a un sistema central de cómputo carecen de unidades para descargar información, con lo que se busca evitar el robo de cualquier tipo de datos. De hecho, por cuestiones de seguridad el site central que controla todo este cúmulo de información no se alberga en el mismo edificio de las oficinas centrales de Procesar, en la colonia Anáhuac de la ciudad de México, sino en el Centro de Cómputo Diveo en Interlomas con respaldos en Metepec y operados por la compañía estadounidense Sungard, especializada en la recuperación de información en momentos de crisis y que destacó por su actuación en Nueva York después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. De manera adicional, en el Centro de Cómputo de Diveo un robot se encarga de almacenar la información.

Para trabajar con Procesar, Sungard tuvo que acelerar sus proyectos de expansión en México y construir su Centro de Cómputo en Metepec, pues la base de datos de Procesar, por tratarse de un bien público federal, no podía salir del territorio nacional.

Procesar también es responsable de la identificación de las cuentas individuales para su ubicación en las distintas Afores, de la certificación de los registros y el control del proceso de traspasos de fondos, así como de instruir al Banco de México sobre la distribución de los fondos de las cuotas recibidas para cada una de las administradoras.

¿Por qué una empresa privada controla esta gran responsabilidad? Esa es la pregunta que también se ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues después de los trabajadores que cotizan en el sistema individualizado de pensiones, las principales beneficiarias del manejo eficiente de los saldos de estos fondos, de los traspasos y de la información general son, precisamente, las Afores y los bancos, accionistas de Procesar.

A la Suprema Corte el expediente de ISOSA
Decenas de protestas de consorcios privados
Gigante, Palacio de Hierro, Chrysler y Hasbro

El caso ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y sus dos fideicomisos Aduanas I y Aduanas II -que durante la última década han convertido en patrimonio privado de la Dirección General de Adunas miles de millones de pesos que se cobran a los importadores y exportadores por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA)- se ha transformado en una seria inconformidad por parte de empresas nacionales y transnacionales de todos los sectores que consideran inconstitucional e ilegal este cobro y que buscan la compensación de recursos que consideran no debieron haber pagado.

Hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia llegó el expediente ISOSA; sin embargo, los abogados de compañías como Daimler-Chrysler, Hasbro, Gigante, Palacio de Hierro, Diamantex, Latin Sports, Inveco, Seismograph, Quimikao y Dincaco, por sólo mencionar algunas, se han limitado a poner en tela de juicio el monto de los derechos cobrados y los procesos obligatorios que Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, ha impuesto para sacar las mercancías importadas de los recintos aduanales.

Hasta ahora, estas empresas no se han ocupado de los instrumentos y figuras jurídicas planeadas por la Secretaría de Hacienda para reservar los recursos del DTA a la administración de Aduanas I y Aduanas II, sin referir sus cuantiosos montos a la Tesorería de la Federación. Por el momento los abogados corporativos de esas empresas consideran que las investigaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación deberían de ser tomadas en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se resiste a aceptar los resultados de dichas auditorías.

Así, la discusión jurídica sobre la aprobación del decreto, que en diciembre de 2004 reformó el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos para establecer el monto del DTA a partir del valor de las mercancías y no del costo del servicio que ofrecen las empresas concesionadas por Gil Díaz para el Segundo Reconocimiento en Aduanas, provocó una ola de demandas de amparos que los ministros de la Suprema Corte han analizado durante los últimos doce meses.

En los juicios de garantía se reclama la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Derechos y el representante de la Secretaría de Hacienda, Mario Ruiz Hernández, subprocurador Fiscal de Amparos de la Procuraduría Fiscal, logró que en cada caso de empresas inconformes con el DTA, los juzgados de Distrito sobreseyeran las demandas presentadas en contra del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del jefe de Administración Tributaria, Rubén Aguirre; del administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, y del administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, el asunto se remitió a los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se buscó aprovechar la jurisprudencia sobre la Ley Federal de Derechos y argumentar que en servicios que se pagan al amparo de esta Ley se cubre sólo el costo que involucra para el Estado proporcionarlos.

Así, el expediente contra la Secretaría de Hacienda se remitió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para después llegar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde los ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Valls, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudino Pelayo han otorgado los amparos presentados en los juicios de garantía iniciados por varias de las principales empresas del país.

Sin embargo los ministros, hasta ahora, han dado más peso a los nuevos argumentos de la Secretaría de Hacienda, presentados por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual al ver prácticamente perdidos sus argumentos para defender el Derecho de Trámite Aduanero, convenció al Poder Judicial de que concediera el amparo contra el cobro del DTA a partir del valor de las mercancías (0.8 por ciento sobre el monto total de lo importado), pero que se dividiera el monto original para mantener intocables los recursos que se destinan al servicio que ofrecen las compañías concesionarias del segundo despacho aduanero.

Con ello, la Secretaría de Hacienda ha ganado tiempo al interponer un recurso de revisión sobre todos estos amparos y espera que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia le dé la razón y resuelva de manera definitiva sobre este expediente que podría obligar a la dependencia a reintegrar miles de millones de pesos por concepto de DTA. En fin, esta es una batalla que todavía no se gana ni se pierde pero que mientras avanzan los días el nerviosismo crece en las oficinas del secretario Gil Díaz, sobre todo porque el sexenio está a punto de fenecer y nadie sabe quién gobernará este país los próximos seis años.

Proteger Función Pública a Gil Díaz

Una investigación de la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, revela cómo sin rendir cuentas a nadie y en tan sólo año y medio, de enero de 2002 a junio de 2003, el fideicomiso Aduanas I erogó 2 mil 348 millones de pesos derivados del cobro irregular del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), según un análisis de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La cifra ejercida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –fideicomitente– sin licitación alguna, equivale al 74.3 por ciento de los ingresos obtenidos en este mismo periodo, que ascendieron a 3 mil 160 millones de pesos y que, aunque son recursos públicos, se sufragan sin ningún tipo de vigilancia bajo el amparo del secreto fiduciario.

La suma de la que se dispone al margen del presupuesto federal en el fideicomiso 954-8, conocido como Aduanas I, no es menor. Tan sólo al primer trimestre de 2005 esta figura fiduciaria resguardó un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos, indican los estados financieros y balances generales obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Y a pesar de que tanto la SFP como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han comprobado irregularidades en el manejo de los millonarios recursos públicos, a través de este fideicomiso que opera con carácter de privado, hasta ahora ningún servidor público ha sido responsabilizado por estos hechos.

Documentos oficiales descubren que entre los operadores del Aduanas I destaca el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos durante la administración salinista (1988-1994) constituyó esta figura fiduciaria el 23 de mayo de 1993 en Nacional Financiera (Nafin).

Pero el llamado “fiscal de hierro” no es el único funcionario del gobierno foxista implicado en la creación y administración del controvertido fideicomiso: una vez firmado el convenio, Gil Díaz colocó en el Comité Técnico del Aduanas I a sus subordinados y hombres de confianza: Rubén Aguirre Pangburg –actual subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, Luis Manuel Gutiérrez Levy –quien ahora se desempeña como oficial mayor en esa dependencia– y Emilio Romano –director general de Mexicana de Aviación, recién vendida al Grupo Posadas de Gastón Azcárraga–.

Otro alto funcionario relacionado con la operación directa del fideicomiso es José María Zubiría, titular del SAT –dependencia señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de millonarios quebrantos patrimoniales supuestamente cometidos en el primer trienio foxista a través del Aduanas I–.

Además de estos personajes, el resultado de la auditoría de la SFP, identificada con el número 160/2003, evidencia que la fiduciaria Nafin, dirigida por Mario Laborín Gómez, también tiene responsabilidad en este caso.

En su recomendación preventiva el Órgano Interno de Control (OIC) en Nafin señala que “para salvaguardar su responsabilidad fiduciaria se deberá vigilar que el esquema operativo del fideicomiso y disposiciones legales aplicables se ajusten a los fines y términos establecidos en el contrato y convenio modificatorio”.

Anomalías en Aduanas I

El oficio número 06/780/514/2003, girado por el titular del OIC en Nafin, Jorge Sánchez Vaca, señala que entre las irregularidades detectadas en la administración del fideicomiso SHCP Aduanas I, destaca la omisión del SAT de enterar los recursos provenientes del cobro del DTA a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En la cédula de observaciones, también correspondiente a la auditoría 160/2003, se revela que el monto involucrado en esta anomalía equivale al total de los ingresos: 3 mil 160 millones de pesos, pues el SAT no reportó ni un solo peso a la Tesorería como lo marca la ley.

El documento de fecha 24 de septiembre de 2003 indica: “El mecanismo establecido por el SAT, para la transferencia de los recursos al fideicomiso a través del sistema bancario para cubrir las contraprestaciones de los importadores y exportadores de la República Mexicana, difiere de lo estipulado en el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso que indica que éstos serán entregados por conducto de la Tesofe”.

La observación “por su relevancia fue incorporada al Sistema de Información Periódica de la Secretaría de la Función Pública”, advierte el informe del OIC. Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior, esta anomalía ha implicado daños patrimoniales por 9 mil 347 millones de pesos, supuestamente cometidos por el SAT en el primer trienio de la administración foxista.

Según documenta la ASF, al no enterar los recursos provenientes del DTA a la Tesofe y depositarlos en forma indebida al fideicomiso, la institución encabezada por Zubiría incurrió en por lo menos tres quebrantos en contra de la hacienda pública: en 2001 por 4 mil 561 millones; en 2002 por 2 mil 200 millones, y en 2003 por 2 mil 585 millones de pesos.

Complicidad en SFP

En su informe sobre la auditoría 160/2003, la SFP comprueba las anomalías que han generado los supuestos daños al patrimonio federal, y aunque ésta no es la primera vez que la dependencia encabezada por Eduardo Romero Ramos detecta irregularidades relacionadas con el cobro del DTA, hasta ahora ningún servidor público ha sido llamado a cuentas.

El 24 de octubre de 2002 la coordinación de asesores del entonces secretario Francisco Barrio Terrazas recibió un análisis elaborado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, entonces denominada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

El documento expone que “por principio, su manejo (del fideicomiso) no se encuentra regulado por las disposiciones que rigen el ejercicio de los recursos públicos. El artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que todos los fondos que dentro territorio nacional se recauden por cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el gobierno federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería, en la forma y términos que establezca el reglamento de la referida Ley”.

Sin embargo, el mismo análisis de siete fojas justifica legalmente este hecho al exponer que tanto las contraprestaciones pagadas por importadores y exportadores como el DTA se enmarcan en el “supuesto de excepción previsto en el artículo 32 del reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación”.

Así, la actuación de la SFP –institución responsable de sancionar los abusos y la corrupción en el Poder Ejecutivo– se ha reducido a idear el descargo a favor de funcionarios de primer nivel de la actual administración, entre ellos el secretario de Hacienda.

El 12 de septiembre de 2005, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, el secretario de la Función Pública Romero Ramos dijo que las investigaciones en proceso sobre supuestas irregularidades en el fideicomiso Aduanas I no necesariamente implicarían sanciones y responsabilidades contra servidores públicos, lo que garantiza la impunidad de los implicados.