Oficio de Papel

El fraude transexenal del Fideicomiso 954-8
Gil Díaz opera la extinción del F-Aduanas I
El patrimonio asciende a los 20 mil millones

El gobierno de Vicente Fox cierra su penúltimo año de gobierno con algunos pendientes, entre los cuales destaca el Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como Aduanas I, cuyo patrimonio asciende a casi 20 mil millones de pesos y que por más de una década sus fondos han sido utilizados de forma discrecional por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, entre ellos su creador Francisco Gil Díaz, quien en 1993, en su calidad de subsecretario de Ingresos lo constituyó con carácter de privado para evitar así regulación alguna, aunque en sus arcas guarde recursos públicos.

Pues resulta que la oscura historia del fideicomiso Aduanas I, que incluye daños patrimoniales en contra del erario público por 9 mil 347 millones de pesos –según lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, parece llegar a su fin. Y es que desde hace un par de semanas en la oficina del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga –subordinado de Gil Díaz– se discuten los últimos detalles sobre el futuro de este fideicomiso.

Fuentes de primer nivel del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que Hacienda se encuentra en la última etapa del proceso de “transparencia” que ordenó el presidente Vicente Fox Quesada en diciembre de 2003. Según los informantes el análisis versa sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción.

La resolución en manos del procurador fiscal se tomará a más tardar el 31 de diciembre de este año, con lo que se espera quede concluida la oscura historia de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II y de las empresas Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) e Integradora de Activos S.A. (IASA), todos constituidos por Gil Díaz como privados a pesar de recibir recursos públicos.

Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda obtenidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revelan que los fideicomisos fueron creados hace más de una década por el propio secretario de Hacienda, bajo la asesoría jurídica del panista Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación y fallido aspirante a la Presidencia de la República.

Guardadito multimillonario

De acuerdo con el balance general correspondiente al primer trimestre de 2005 y cuya copia está en poder de esta columna, este fideicomiso acumula un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

La información integrada por la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin), que fue proporcionada por el SAT después de un complejo proceso entablado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), detalla que el activo resguardado sólo en el contrato Aduanas I se contabiliza hasta marzo de 2005 en 7 mil 263 millones 63 mil pesos.

En lo que podría considerarse como un revés para el secretario de Hacienda, principal promotor del secreto fiduciario, se prevé que la decisión ordene que, antes de que concluya este año, la millonaria suma se reintegre al erario público.

Según el SAT, el análisis que prepara el procurador fiscal sobre Aduanas I determinará la manera en que se restituirán los recursos que durante 12 años fueron destinados “irregularmente” al fideicomiso privado, en donde la SHCP participa como fideicomitente y fideicomisaria, mientras que Nafin participa como fiduciaria.

Pero la decisión que Mancera Arrigunaga tomará en las próximas semanas no es sencilla, pues el contrato del Fideicomiso 954-8 fue modificado en dos ocasiones por los sucesores de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos: Ismael Gómez Gordillo y Tomás Ruiz, este último actual director de la Lotería Nacional.

Además, el procurador fiscal deberá corregir la “aberración” jurídica empleada por la Secretaría de Hacienda para justificar su participación en la creación y operación de Aduanas I, bajo el argumento de que lo hizo como “gestor de negocios privados” de los importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el IFAI durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos en contra del SAT.

Proceso “limpieza”

A petición del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, a finales de 2003 se realizó una reunión privada en la residencia oficial de Los Pinos. En esa ocasión, el presidente Vicente Fox ordenó a Francisco Gil Díaz transparentar y devolver los miles de millones de pesos manejados discrecionalmente a través de los fideicomisos aduaneros.

Como lo documentó esta columna, en ese acto el secretario de Hacienda aceptó reintegrar los recursos a las finanzas públicas y se comprometió a desaparecer a la brevedad dichos mandatos jurídicos y a transparentar, mediante licitaciones públicas, la contratación de empresas para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos de las aduanas de todo el país, hasta ese momento concesionados a ISOSA e IASA.

A partir de entonces, Gil Díaz inició el procedimiento de “legalización” de los fideicomisos y de las empresas relacionadas con éstos. El proceso no ha sido fácil y, a dos años de aquella reunión, aún se evalúan los mecanismos para evadir las repercusiones judiciales que se pudieran derivar de la decisión final.

Documentos oficiales del SAT revelan los primeros ajustes hechos por la SHCP en esta materia. Entre las medidas adoptadas por la dependencia destaca la creación de un fideicomiso público que sustituye a los privados Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior, conocido como Aduanas II.

La nueva figura jurídica se dio a conocer el 22 de julio de 2004 con la publicación de las modificaciones a la regla 1.3.5 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha regla está relacionada con el cobro del Derecho de Trámite Aduanero y con las contraprestaciones generadas por el servicio de procesamiento electrónico de datos, ambos pagos previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera.

El fideicomiso identificado con el número 80380 fue constituido en Nafin con el carácter de “público” y, según refieren las fuentes informativas del Servicio de Administración Tributaria consultadas sobre la creación del nuevo contrato, éste sustituye al fideicomiso Aduanas I.

Sin embargo, la propia regla descubre que el fideicomiso público también suplanta al Aduanas II, pues detalla que el pago a las empresas que prestan los servicios de apoyo y control del despacho aduanero, relativos al servicio del segundo reconocimiento –antes administrado por el fideicomiso de los Consorcios–, también se hace con los recursos depositados en el recién creado contrato.

Según indica el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, realizado por la Secretaría de Hacienda, el fideicomiso 80380 se creó para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera. El documento puntualiza que, al tercer semestre de 2005, dicho contrato compromete recursos por 3 mil 156 millones 910 mil pesos.

La constitución y operación del contrato 80380 evidencia que la Secretaría de Hacienda reconoce la naturaleza “pública” de los recursos que integran las contraprestaciones relacionadas con el artículo 16, y que hasta julio del año pasado eran destinados a los fideicomisos operados al margen de la ley, según advierte la ASF.

Pese a esto, el SAT insiste en la versión de que los recursos correspondientes a dichas contraprestaciones son “privados”. De acuerdo con el análisis del recurso de revisión 685/05, integrado por el comisionado del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, el órgano encabezado por José María Zubiría considera que “el fin del Fideicomiso Aduanas I es el de percibir y administrar recursos provenientes exclusivamente de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, que son recursos de índole privada, y no recursos del derecho de trámite aduanero ni algún tipo de recursos públicos”.

Al respecto, la regla 1.3.5 señala la nueva ruta de los recursos: las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de las contribuciones de comercio exterior concentrarán a la Tesofe la totalidad de los recursos obtenidos por las operaciones de comercio exterior, incluidas las “contraprestaciones” y el DTA. Posteriormente, el SAT está obligado a reportar el monto total a la Tesorería y esta última a transferir los recursos al fideicomiso.

ISOSA en manos de Nafin

El mismo día que se dio a conocer la creación del fideicomiso 80380, también se ratificó la participación mayoritaria del Estado, a través de Nafin, en las empresas ISOSA e IASA. Sin embargo, ambas son consideradas como privadas.

De acuerdo con los títulos de propiedad firmados el 22 de julio del año pasado, Nafin, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso 954-8, refrenda la propiedad de 999 mil 999 acciones representativas del capital fijo de ISOSA, y de 999 mil 998 acciones de IASA. Dichos documentos revelan que Nacional Financiera es dueña mayoritaria de ambas empresas, pues éstas constan de un millón de acciones cada una.

El vínculo entre ISOSA, IASA y Aduanas I no es reciente, se estableció desde hace más de una década. Según reveló el SAT durante el proceso jurídico correspondiente al recurso de revisión 906/05, tutelado por la presidenta del IFAI, María Marván Laborde, el fideicomiso referido es responsable de la contratación de esas compañías para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos y del apoyo y control de los despachos aduaneros en todo el país.

“Entre Aduanas I y el SAT la relación es en virtud de una autorización, es decir, al fideicomiso denominado Aduanas I se le autorizó para prestar un servicio, entonces quien contrató con ISOSA es Aduanas I y no el órgano desconcentrado, autorización que constituye un acto unilateral del Estado”, argumentó el SAT en su defensa, aunque omitió decir que desde 1993 Nafin es dueña de ésta.

La afirmación del órgano desconcentrado, que por primera vez rindió un informe formal sobre su participación en la constitución y operación de los fideicomisos aduaneros, descubre que la SHCP permitió que la empresa prestara sus servicios por más de una década sin mediar licitación alguna y sin rendir cuentas a nadie. Situación que también se reprodujo con la empresa IASA.

Actualmente el complejo escenario relacionado con el fideicomiso Aduanas I es analizado por el procurador fiscal. Así, en las próximas semanas Mancera Arrigunaga deberá presentar a Francisco Gil Díaz –principal implicado en la creación y operación de estas figuras, y quien incluso fungió en 1993 como presidente de los comités técnicos de ambos fideicomisos– el esquema modificatorio del Aduanas I. Y según se espera, éste deberá “cubrir” las irregularidades relacionadas con el manejo de los millonarios recursos públicos que aún se resguardan en el fideicomiso 954-8, y que ascienden a más de 7 mil millones de pesos.

Mas renuncias del gabinete foxista en enero
Sale el subsecretario Carlos Hurtado López
Renuncia a Pemex Refinacion Bueno Torio

Las renuncias al gabinete foxista continuarán en enero. Para algunos será una forma de deslindarse de los fracasos de este gobierno panista y otros en busca de nuevas posiciones que les permitan seguir obteniendo recursos públicos. Por ejemplo, en la Dirección General de Pemex Refinación ya anunció que se va en enero su titular Juan Bueno Torio, en busca de una curul en el Senado, mientras que en Hacienda el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado López, también dejaría el cargo el próximo mes.

En el caso de este subsecretario de Hacienda enfrenta presiones por haber utilizado y decidido el destino de recursos federales de manera discrecional durante los 5 años de la administración foxista, lo cual podría derivar en serias investigaciones para el próximo gobierno de oposición.

Ha sido a través diferentes mecanismos como el gobierno federal, bajo el encubrimiento de la Subsecretaria de Egresos, ha pasado por alto la normatividad presupuestal y las atribuciones del Poder Legislativo. Un ejemplo claro de corrupción foxista son los mil 65 fideicomisos públicos que operaron hasta el año pasado y de los cuales en 2005 aún se mantienen alrededor de 660, cuya administración se ha caracterizado por eludir a todos los órganos de control y vigilancia y evadir así la responsabilidad de rendir cuentas.

Otro caso son los Pidiriegas, el gran negocio de endeudar legalmente por miles de millones al país, lo cual pasó de ser la panacea a una pandemia financiera. Un ejemplo más son las transferencias que de manera unipersonal se autorizan por miles de millones en afectación al Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a actividades distintas a las autorizadas por la Cámara de Diputados. También destaca la falta absoluta de supervisión de la Secretaría de Hacienda en la utilización del erario público por las dependencias gubernamentales. O la negligencia de autorizar modificaciones presupuestales millonarias sin tener el más mínimo respeto a las leyes, lo que ha metido en un caos financiero al país y del cual apenas hemos visto la punta del iceberg.

A lo anterior hay que agregar los casos de corrupción en la Lotería Nacional, con el fideicomiso Transforma Mexico, el desvío de fondos públicos en Provida, Enciclomedia, Fonden y otras tantas manifestaciones de soberbia financiera, que sólo demuestran que el escenario a corto plazo para los órganos fiscalizadores es de un verdadero fracaso durante el gobierno del cambio.

El robo de petrolíferos en Pemex

Ante la imposibilidad de que Juan Bueno Torio pueda asumir la Dirección General de Pemex, principalmente por las pugnas que enfrenta con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien lo acusa de corrupción y de haber traficado con productos petrolíferos, el director general de Pemex Refinación finalmente renunció al cargo en busca de una posición en el Senado de la República, desde donde intentará en seis años postularse como candidato panista a la gubernatura de Veracruz, posición anhelada por Bueno Torio.

Antes de salir de Pemex, lo cual ocurrirá en los primeros días de enero de 2006, Bueno Torio reconoce que el robo de combustible en la filial de Petróleos Mexicanos es tan cotidiano que “cada semana agarramos dos o tres grupos de personas” que extraen petróleo o derivados de éste.

Hace unas semanas agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, varias pipas con más de 500 mil litros de gasolina en la Cuenca de Burgos, pero el todavía director general de Pemex Refinación minimiza el hecho y aduce que en la región “todas las semanas estamos deteniendo cinco o seis personas. La otra vez se detuvo a un grupo de 17 y ahorita que estamos pasando el ‘Diablo espesor cero’ hemos encontrado muchas tomas clandestinas ocultas”.

El “Diablo espesor cero” es un mecanismo que se introduce en los ductos petroleros y detecta si alguno de ellos tiene fugas. Cuando esto sucede significa que el ducto fue perforado y que tiene un hoyo que es utilizado como toma clandestina.

Sobre ese robo de combustibles descubierto en Reynosa, en las primeras informaciones se habló de la detención de 16 pipas, pero en un boletín de prensa emitido por la PGR sólo se consigna siete vehículos capturados que contenían gas condensado mezclado con agua. Bueno torio explica que los delincuentes utilizan ese combustible para adulterar la gasolina y venderla más barata a distribuidores clandestinos y gasolineros.

Para combatir este robo hormiga que deja ganancias por miles de millones de pesos a bandas delictivas asociadas con empleados petroleros, Bueno Torio sostiene que las detenciones que se hacen semana a semana demuestran la eficiencia del grupo de seguridad física de Pemex que está al mando del general Víctor de la Peña. Sin dar más detalles, el director de Pemex Refinación explica que en el aseguramiento se realizaron “muchas detenciones”, pero confirma que ninguno es funcionario de la paraestatal.
Lo cual hace difícil creer que en el robo de combustibles no haya funcionarios petroleros involucrados.

“Es un trabajo de inteligencia muy importante que se hizo para identificar todo el tema y al final agarraron a los delincuentes. Hay muchas personas detenidas. Tenemos muy buenos resultados de todo esto. El grupo de seguridad ha hecho muy buen trabajo”, afirma el funcionario petrolero, quien dice que la seguridad de todas las instalaciones de la paraestatal dependen de este grupo de expertos integrado por 100 investigadores especializados para todas las instalaciones petroleras.

En contraste, durante los operativos realizados el año pasado, encabezados por la Policía Federal Preventiva para evitar el robo de combustible a Pemex, participaron mil 463 elementos de esa corporación policiaca distribuidos en tres turnos. Al final de los operativos de 2004 se habían recuperado 5 mil 200 millones de pesos.

Bueno Torio dice que en lo que va de este año se han recuperado 5 mil 800 millones de pesos, pero reconoce que las estimaciones de la pérdida anual por robo rebasa los 12 mil millones. “En este año vamos a terminar con pérdidas por robo en alrededor de 6 mil millones. Ahí vamos comiéndole una buena cantidad al problema”.

Reporte de la PGR en Tamaulipas

En lo que va del año la Delegación de la PGR en Tamaulipas ha asegurado 21 tractocamiones y 40 autotanques y ha efectuado tres cateos en precarios almacenes clandestinos. Entre todos contenían más de 1 millón 100 mil litros de combustible robado a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, se ha consignado sólo a 14 personas, de las cuales ninguna está tras las rejas.

César Romero Valenzuela, delegado de la PGR en el estado, se muestra cauto al hablar de las líneas de investigación que, todo parece indicar, apuntan a empresas transportistas en connivencia con funcionarios de la paraestatal. Sólo concede que ese delito únicamente puede realizarse mediante un “financiamiento importante, porque un camión no cuesta cualquier cantidad”. Además, es necesario que los delincuentes conozcan también “el manejo de los tractocamiones y del propio combustible, porque no es tan fácil manejar un tanque cargado”.

Los casos no están aún cerrados. La investigación continúa pero los acusados, incluso los detenidos en flagrancia, enfrentan su proceso en libertad toda vez que el delito no es considerado grave y por lo tanto, tienen derecho a fianza.

Romero Valenzuela rechaza informar siquiera si los presuntos delincuentes tienen actividades empresariales, pero explica que “de la investigación se desprende que en realidad son particulares” no improvisados, sino que ya realizaban este delito “cotidianamente”. El funcionario ignora si entre los inculpados hay servidores públicos.

No obstante reconocer que los delincuentes tenían una estructura operativa, con jerarquías y división del trabajo, Romero Valenzuela dice que no se les puede considerar delincuencia organizada. “Hasta ahora no tenemos datos que nos arrojen que estén ligados entre sí. Lo que hemos encontrado es que ellos trabajan, por ejemplo, como quien realiza una reparación en su casa. Obviamente hay un patrón que contrata al carpintero y al fontanero. Les da las órdenes de lo que tienen que hacer, pero sin que éstos sepan que están cometiendo un ilícito.”

El delegado de la PGR en Tamaulipas señala que los delincuentes no sólo roban a la paraestatal y dañan el medio ambiente, sino que ponen en alto riesgo a la población porque el combustible es altamente inflamable. “Es peligrosísimo porque su alta explosividad puede arrojar resultados fatales. Y es que los delincuentes llegan al pozo, transportan el combustible y lo almacenan obviamente sin tener las condiciones adecuadas y eso es precisamente lo que lo hace riesgoso.”

Romero Valenzuela dice que la Procuraduría ha detectado que “muchos de los tanques van hacia Veracruz y a San Luis Potosí; pero la mayoría van para el lado de Cadereyta, Nuevo León”, mientras que la extracción ilegal del combustible tiene lugar principalmente en Reynosa y en los linderos de este municipio con el de San Fernando.

El combustible extraído ilegalmente mediante tomas clandestinas de ductos de Pemex Refinación, se trata de un condensado conocido popularmente como “de campo o huachacol”. Es una mezcla de agua, aceite y gas. De ahí se derivan sustancias de las que pueden extraerse diesel y gasolina

Inhabilitan al “Chino Chon”

Al salir Santiago Levy de la Dirección General del IMSS, la Secretaría de la Función Pública separó temporalmente de sus funciones a Luis Miguel Chon Chon, conocido como “El Chino Chon”, quien se desempeñaba como director general de Tecnologías de la Inovasión y era el encargado de adquirir numeroso equipo de cómputo que cuyas compras hasta ahora no han sido aclaradas.

En Función Pública están nerviosos porque la Auditoría Gubernamental no había podido sancionar a ese funcionario que ha sido separado por tres meses del cargo y contra quien hay diversas acusaciones de corrupción y desvío de fondos públicos.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por “El Chino Chon” están IBM con contratos informáticos por cientos de millones pesos, como la compra de equipo por 26 millones de dólares que está sin uso alguno; la existencia de por lo menos 15 proyectos informáticos institucionales que tiene a la entidad a punto del colapso, de lo cual tiene conocimiento Antonio Alvarado, director general de Afiliación y Vigencia. Peor aún, a unos meses de que concluya la administración del cambio, en sustitución de Chon enviaron desde Hacienda al junior Igor Roseta, recomendado de Francisco Gil Díaz, quien dejó momentáneamente su cargo en la Oficialía Mayor de Hacienda para atender el área informática del IMSS. Los funcionarios públicos de la Dirección de Inovación rinden informe diario vía telefónica y piden instrucciones a “El Chino Chon” como si nada hubiera pasado.

La cabeza de Cabeza de Vaca pende de un hilo
Se recrudecen las confrontaciones en la PGR
Pugnas ponen en riesgo la seguridad nacional

Lo que parecía un simple trámite de fin de sexenio, el nombramiento de Daniel Cabeza de Vaca al frente de la Procuraduría General de la República, se ha convertido por la inexperiencia de su titular en una severa crisis de seguridad nacional para el gobierno de Vicente Fox, pues el Ministerio Público de la nación es el principal responsable del combate al crimen organizado, principalmente a las bandas del narcotráfico, y a la vigilancia del cumplimiento y el resguardo de las leyes federales.

Pero lo que nunca le dijeron a Cabeza de Vaca antes de aceptar el cargo, son las viejas pugnas internas que hay en la PGR desde antes de que Fox asumiera la Presidencia de la República, y si a eso se agrega la infiltración de narcotraficantes como agentes federales y en algunos mandos medios y hasta superiores, aunado al poder corruptor del dinero producto del tráfico de drogas o de cualquier otro delito, pues las cosas se complican aún más. Pues todo eso parece que lo ignoraba el novel procurador, quien le apostó todo su capital a un solo hombre en la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador responsable del combate a la delincuencia organizada, de quien Cabeza de Vaca presume tener una estrecha relación con el Ejército, dígase el secretario de la Defensa, general Clemente Vega García, y como es esta institución la que en este gobierno como en ningún otro se ha responsabilizado del combate a las mafias del narcotráfico, pues muy poco o casi nada le dejan hacer a la Subprocuraduría de Vasconcelos, quien se queja además de no contar con un grupo agentes policiales a su servicio.

Sin embargo, lo que más motivó a Cabeza de Vaca para apoyar incondicionalmente a Santiago Vasconcelos en las luchas internas por el control de la PGR, es la estrecha relación que este subprocurador mantiene con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, y por ende con el Departamento de Justicia de ese mismo país, lo que creía el inexperto procurador que significaba el apoyo incondicional del gobierno de George Bush a su gestión al frente de la PGR, lo cual ha resultado un verdadero fracaso, pues es precisamente de los Estados Unidos de donde provienen las más duras críticas en contra de Cabeza de Vaca, sin que Vasconcelos ni el Ejército hagan algo para frenarlas, al grado de plantearse ya su remoción y sustituirlo por el mismo José Luis Santiago Vasconcelos.

Entre los primeros ajustes de cuentas cobrados en la PGR por el supersubprocurador Vasconcelos, fue presionar a Cabeza de Vaca para que removiera a su principal colaboradora en la lucha en contra del “lavado” de dinero, Luz María Núñez Camacho, quien desde las administraciones priistas se había convertido en una enemiga letal de Santiago Vasconcelos, debido a su rectitud, honestidad y transparencia como llevaba a cabo las investigaciones, pero sobre todo porque sus vínculos en el gobierno estadounidense apuntaban a otras instituciones relacionadas con su misma actividad y confrontadas con la DEA y la CIA: el Departamento del Tesoro y la Agencia de Aduanas, responsables de combatir el blanqueo de capitales en ese país.

Además de esa pugna que se resolvió a favor de Vasconcelos con la destitución hace tres meses de Núñez Camacho, sin importar su amplia experiencia por más de 20 años en materia de prevención y combate al “lavado” de dinero en México, está la confrontación entre el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, un joven policía entrenado en otros países en las diversas áreas de inteligencia y que en México siempre había estado vinculado a órganos de seguridad nacional como el Cisen, con el subprocurador Santiago Vasconcelos, un policía de la vieja escuela de la PGR y que para su fortuna había logrado sobrevivir a fuertes crisis cuando esa institución se había visto envuelta por el control de las bandas del narcotráfico, lo que había concluido con la detención y encarcelamiento de generales encargados de combatir el tráfico de drogas.

A lo anterior hay que agregar la violencia desatada entre bandas del narcotráfico; la confrontación de éstas con el Estado mexicano; las polémicas y muy poco sustentadas detenciones de familiares de jefes de la mafia, como es el caso del hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapito”, a quien se le atribuye el delito de “lavado” de dinero sin evidencias claras de ello y para mantenerlo preso lo acusan de otros delitos como homicidio; así como el fracaso de otras detenciones de supuestos jefes de bandas de tráfico de indocumentados o los procesos abiertos en contra de periodistas por el sólo hecho de cumplir con su labor de informar y opinar sobre las actuaciones del subprocurador Santiago Vasconcelos.

Pues en medio de esta aguda crisis interna de la PGR, que pone en riesgo la seguridad nacional del país, la cabeza de Cabeza de Vaca pende de un hilo que se podría romperse antes de que concluya el sexenio.

Conflicto binacional por cambios en PGR

Como se recordará, las pugnas en la PGR se agudizaron cuando en una carta clasificada como “personal y confidencial”, el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, pidió replantear los ajustes promovidos al interior de la PGR y que fortalecían a José Luis Santiago Vasconcelos, lo que nunca se atendió y provocó que Washington “castigara” a la administración de Fox.

Días antes de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se exasperara con el cierre temporal del consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la exhibición de la lista del Departamento del Tesoro sobre los supuestos lavadores de dinero del cártel de los Arellano Félix, el embajador estadounidense Tony Garza envío una carta clasificada como “personal y confidencial” a Daniel Cabeza de Vaca, procurador general de la República.

El documento fechado el 8 de julio de 2005, revela la molestia generada al más alto nivel en Washington por la remoción de Luz María Núñez Camacho, hasta entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

La misiva, que inicialmente se presenta con un amistoso saludo, finaliza con la petición expresa de dar marcha atrás a los movimientos: “Con todo respeto quisiera solicitarle que la titular de la Unidad de Lavado de Dinero, licenciada Luz Núñez Camacho, permanezca como titular en la misma hasta que las investigaciones y operativos sensibles que están en proceso concluyan.”

Después de agradecer la atención que se dé a la solicitud, Tony Garza expresa: “Le reitero que, de usted considerarlo necesario, estoy en la mejor disposición de reunirme con usted para ahondar sobre el tema.”

En 38 líneas, Tony Garza explica a Cabeza de Vaca el particular interés del gobierno estadounidense, y sobre todo del procurador de los Estados Unidos, porque la ex funcionaria continúe al frente de dicha área dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a cargo de Santiago Vasconcelos: el cambio en esa Unidad causaría el fracaso de las investigaciones y operativos sensibles que se llevan en conjunto, calificó el diplomático.

Además, el embajador prevé que tras la salida de Núñez Camacho no habrá continuidad, confianza y capacidad técnica, elementos indispensables para concluir los complejos y susceptibles trabajos, pues la administración estadounidense considera que la ex funcionaria es la “más apta y confiable” autoridad mexicana para conducir la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Según la carta diplomática, bajo el mando de Núñez Camacho la Unidad Contra el Lavado de Dinero ha logrado avances “nunca antes vistos en México”, como los operativos conjuntos con la Agregaduría de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna en materia de aseguramientos de dinero en ambos lados de la frontera, que resultó en el decomiso de aproximadamente 21 millones de dólares y la detención de 39 personas.

A pesar del malestar generado en las esferas más altas de Estados Unidos, cuyas repercusiones se observan en las recientes y duras medidas adoptadas por ese país, la PGR no sólo expulsó de sus filas a la exservidora pública, sino que durante 21 días mantuvo acéfala la Unidad contra el blanqueo de capitales donde se llevan a cabo “investigaciones complejas y operativos de altísima importancia y sensibilidad para ambos países.”

Expedientes abiertos

Una compleja investigación de la reportera Nancy Flores, revela que unos 100 pendientes dejó Luz María Núñez Camacho en la dependencia que dirige Daniel Cabeza de Vaca; entre los que destaca la testificación con carácter oficial, es decir, en calidad de funcionaria de la PGR, en el juicio iniciado hace dos meses en tribunales de Nueva York en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

También destaca el expediente de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, acusado por la Procuraduría General de la República de transferir 30 millones de pesos a la ciudad de Las Vegas, Nevada, recursos que se presumen son de procedencia ilícita.

O el expediente de Jaime Ross Castillo, quien es señalado por una supuesta defraudación al Banco ScotiaBank por aproximadamente 5 millones de dólares, además de estar implicado en lavado de dinero a través de instituciones financieras en Estados Unidos y Suiza.

De acuerdo con el documento firmado por Tony Garza, los tres casos eran atendidos con especial interés por el gobierno estadounidense y por la ex titular de la Unidad Contra el Lavado de Dinero, Núñez Camacho.

El diplomático advierte que “estos avances e investigaciones conjuntas que la licenciada Núñez está llevando a cabo,

Venta de Aeroméxico: crónica de un remate anunciado
Eleva Conesa artificialmente los pasivos de Aeroméxico
Inicia privatización de sistemas de banca de desarrollo

El presidente de Cintra, Andrés Conesa, está convencido de que la venta de Mexicana de Aviación fue un verdadero éxito, pero la historia reciente de su venta y los pasivos acumulados en el IPAB, sin embargo, lo desmienten.

A partir del próximo 16 de diciembre, Gastón Azcárraga, presidente del grupo hotelero Posadas, se convertirá en propietario del ciento por ciento de los títulos de Mexicana de Aviación, del ciento por ciento de las acciones de la nueva aerolínea de bajo costo Click, del 50 por ciento de la empresa de reservaciones SEAT, del 50 por ciento de la aerolínea de carga Aeromexpress, del 50 por ciento de Alas de México, del 50 por ciento de la compañía Turboreactores y de la mitad de la compañía de reservaciones Sabre.

Por todo ese paquete, el también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) –amigo muy cercano de Vicente Fox, con quien al menos una vez al mes se reúnen para charlar- pagará alrededor de 165.5 millones de dólares.

En el manejo de las aerolíneas mexicanas, la corrupción y el componente político siempre han estado presentes en su administración y operación. Ejemplos: en la campaña de Ernesto Zedillo se otorgó forzadamente un donativo por 25 millones de dólares extraído de la caja de Aeroméxico, lo que detonó la crisis y el encarcelamiento de Gerardo De Prevoisin. Ahora, la protección y subsidio que ofrece el gobierno federal ante los altibajos en el precio de la turbosina -que en los últimos meses ha aumentado más de 50 por ciento- también proviene de una relación política perfecta con el gobierno federal.

Así, Gastón Azcárraga comienza con el pie derecho. La administración de Andrés Conesa, responsable de la venta de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se esforzó en difundir entre los medios de comunicación que la venta se cerró en más de mil 456 millones de dólares, pues Posadas tendrá que asumir pasivos, como parte de la transacción, por 294 millones de dólares y 997 millones de dólares por concepto de arrendamiento de aviones.

Con estos grandes descuentos, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sólo recuperará 82 millones de dólares. Además, Conesa advierte que este monto podría no ser el valor final de la transacción. En 90 días, advierte el ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, podría conocerse si el monto se eleva o disminuye.

Pero conocedores de la forma de operar del gobierno federal, seguramente el ajuste será a la baja en perjuicio, una vez más, de los mexicanos. Así, en la etapa final del gobierno foxista se concreta el proceso para rematar a las principales compañías aéreas del país, un proyecto al que sindicatos se habían opuesto, por considerar que se dañaba de manera irremediable a la aviación comercial.

En 1997, al frente del consejo de administración de Cintra, Ernesto Martens buscó colocar el 30 por ciento de las acciones de Cintra en el mercado de valores, en una operación que impidió la Comisión Federal de Competencia, al calificarla como monopólica, pues de facto se consolidaban financieramente las fortalezas de Aeroméxico y Mexicana.

Martens buscaba obtener más de 500 millones de dólares por el 30 por ciento, con lo que se valuaban a estas dos aerolíneas en más de mil millones de dólares. Ocho años después, no sólo se dejó de considerar a Aeroméxico y a Mexicana como un monopolio, sino que la administración foxista otorgó licencias a Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz, y a Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, para operar sus propias aerolíneas, lo que, sin duda, disminuyó el impacto de la venta de las subsidiarias de Cintra.

Ahora, el particular esquema para establecer el precio de Mexicana de Aviación provocó el enojo de la comunidad bursátil, pues durante los últimos meses inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores se dedicaron a adquirir acciones de Cintra -la controladora de Aeroméxico- en espera de que la venta sí fuera un éxito y sus títulos subieran de precio. La sorpresa, sin embargo, fue que Conesa decidió vender en menos de 4 pesos las acciones de Mexicana de Aviación, cuando hace tres meses las acciones de Cintra llegaron a niveles de 8 pesos.

Al parecer, los analistas de casas de bolsa como Vector, Monex, Santander y Banorte, entre otras intermediarias bursátiles, no tomaron en cuenta para las valuaciones sobre Mexicana de Aviación el cargo como pasivo de casi mil millones de dólares por arrendamiento de aviones. Para ellos, Conesa y su agente vendedor, la correduría europea Credit Suisse, cometieron una grave e intencionada equivocación al convertir un costo de operación en pasivo.

El Grupo Financiero BBVA Bancomer, que mantenía casi 14 por ciento del capital de Cintra y con varios asientos en el Consejo de Administración de la Controladora, conoció a la perfección la situación de las aerolíneas, por lo que decidió vender en el mercado su participación y no esperar a la “exitosa” venta de Conesa. Así, BBVA Bancomer logró vender sus acciones en casi 8 pesos y no en los 4 que logró el doctor Conesa, quien, por cierto, recibe un sueldo mensual superior a los 60 mil dólares, además de haber pactado un bono adicional por entre 18 y 24 meses de sus ingresos si logra vender las dos aerolíneas antes de que concluya la administración actual. Buen negocio en medio del remate de la aviación mexicana.

La buena noticia, dice Conesa optimista, es que dadas las pérdidas fiscales que se han acumulado para estas acciones, la operación no está gravada, por lo que los accionistas de esta controladora no pagarán impuestos al recibir los recursos de esta operación. Sin embargo, para el IPAB la pérdida en esta operación es mayúscula y contraviene a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual ordena a sus funcionarios maximizar los ingresos obtenidos por la venta de activos resultado del rescate de activos bancarios.

Un poco de historia

En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón, que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop, y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.

El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.

Fue Ana María Botín, del Grupo Santander, quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez si no se eliminaba la participación en Cintra. Por ello, en septiembre de 1999 el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora.

Antes de verse presionado por el resto de la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra. Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra. Ahora, los analistas estiman que por Aeroméxico podría recibir apenas un monto ligeramente superior al de Mexicana.

Una década después, la banca comercial dejó de ser el principal acreedor de Aeroméxico y Mexicana de Aviación.

En el particular estilo de administrar esta controladora y “prepararla” para la venta, Andrés Conesa, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, redocumentó a largo plazo todos los pasivos de estas aerolíneas con créditos de Nacional Financiera, según consta en los registros públicos de la controladora. De hecho, los dos únicos créditos que mantiene Cintra con bancos comerciales son el préstamo con Inbursa, que se tendrá que pagar en el año 2011 y un crédito con Banamex por más de 200 millones de pesos.

Conesa informó que habría pagado este crédito antes de la venta de Mexicana y no que lo redocumentó para su pago al 2011. El presidente de Cintra también aseguró que la urgencia de vender estas firmas radicaba en la imposibilidad a la que se enfrentaba el gobierno para dedicar recursos del presupuesto. Tal vez, por esa razón acudió a Nafin para obtener los recursos que necesitaba para preparar a estas aerolíneas para su privatización.

Conesa asegura que, a diferencia de otras privatizaciones, Mexicana se vendió sin cargo al erario. Recuerda, por ejemplo, el caso de los ferrocarriles que se vendieron sin pasivo alguno, pues el gobierno federal se hizo cargo de la liquidación del contrato laboral con los ferrocarrileros. Pero la historia, una vez más, lo confrontará.

Arranca privatización de sistemas en Nafin

Nacional Financiera, el banco de desarrollo que dirige Mario Laborín, dio a conocer las bases de la licitación para otorgar a una empresa privada contratos para la administración de los servicios de cómputo central de la banca de desarrollo, proceso que deberá concretarse antes de que concluya el año.

De acuerdo con las bases de licitación, la empresa que resulte ganadora del contrato que otorgará servicios de cómputo al Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras, el Fira y la Sociedad Hipotecaria Federal, deberá contratar a parte del personal de estos bancos de desarrollo que actualmente administra, monitorea y da soporte a la infraestructura y procesos tecnológicos.

La contratación de este personal no sólo busca reducir el impacto en cuanto a despido de trabajadores de la banca de desarrollo ante los procesos de reducción de costos que impulsa la Secretaría de Hacienda para este sector, sino “evitar riesgos derivados de la toma de control” de la compañía que administre a partir de enero los sistemas de la banca de segundo piso.

Así, se planea la recontratación de 75 personas, consideradas parte del recurso humano crítico para mantener el control sobre los sistemas de la banca de desarrollo. Entre las compañías interesadas se encuentran Kyo Networks, de María Asunción Aramburuzabala; Avantel; Triara, de Carlos Slim; IBM; Hewlett Packard, y EDS.

El contrato de servicios de cómputo también involucra la responsabilidad de que la empresa ganadora adquiera todo tipo de equipo para esta área que necesiten los bancos de desarrollo. Además, podrá utilizar las instalaciones de cada uno de los bancos involucrados en este proyecto.

La propuesta que resulte ganadora será aquella que logre mejorar los presupuestos que cada banco había establecido para satisfacer sus necesidades de sistemas y cómputo. Para los próximos cuatro años, Nafin necesitará 80.9 millones de pesos para financiar esta migración de sistemas, el Bancomext 136.8, Banobras 81.6, el Fira 74 millones y 70.7 para la Sociedad Hipotecaria Federal.

Los recursos para ejercer estos contratos, sin embargo, estarán sujetos a las partidas que asignen los presupuestos de los próximos cuatro años para la banca de desarrollo, así como al calendario de gastos que se les autorice.