Oficio de Papel

La Historia Oculta de la Venta de Banamex
La Discriminación del Crédito a los Latinos
Las Prácticas Financieras Sucias de Citibank

La compra de Banamex por parte de Citibank guarda historias que aún permanecen ocultas y, tal vez con el tiempo, algún día se conocerán. En esa transacción multimillonaria, el escenario constante fue infringir las reglas, lo que generó protestas en México y en Estados Unidos, en donde la opinión pública, los usuarios del crédito, los organismos financieros y hasta las agrupaciones políticas se sorprendieron ante la decisión del banco más grande del mundo por adquirir el capital mayoritario del banco mexicano.

Organizaciones civiles en Estados Unidos pusieron en tela de juicio la transacción por 12 mil 500 millones de dólares mediante la cual Citibank adquirió los activos del banco múltiple más importante del sistema financiero mexicano; el 26.4 por ciento de los activos bancarios y el 21 por ciento de las cuentas. Así, la Reserva Federal tuvo que explicar a organizaciones estadounidenses de usuarios de servicios financieros porque otorgó, por la vía rápida, la autorización para que Citibank comprara Banamex.

Sobre ello, las organizaciones no gubernamentales estadounidenses como Rainforest, Action Network, The California Reinvestment Coalition, The Woodstock Institute y Greenlining Institute, solicitaron a la Reserva Federal de EU que analizara detenidamente la solicitud de Citibank para adquirir Banamex, pues consideraban que ese banco no podía seguir expandiéndose sin corregir los vicios de su operación.

Vicios que en México ya conocíamos y que tuvieron efectos debastadores cuando se descubrió que en Citibank estaba la cuenta concentradora que durante años movió el flujo de decenas de millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari a cuentas en bancos de Europa y el Caribe, sin importar el origen del dinero. La historia posterior ya la conocemos todos, al grado que aún permanecen congeladas en Suiza varias cuentas bancarias a nombre de Raúl y de sus familiares y amigos.

La organización Inner City puso en jaque al Citibank en Estados Unidos al cuestionar las prácticas financieras de su subsidiaria Citifinancial, al calificarla como depredatoria y discriminatoria.

Fue el primero de junio cuando Citigroup envío a la Reserva Federal su solicitud de autorización para integrar a su estructura los activos de Banamex. Sólo tres días después del anuncio, un grupo de organizaciones civiles enviaron a la FED, a la Comisión de Instituciones Financieras de Estados Unidos y a la Comisión Nacional Bancaria, así como a autoridades financieras de Argentina, Islas Gran Caymán, Bahamas y Reino Unido, su inconformidad ante la operación.

Sin embargo, en sólo 15 días, tiempo récord porque las autorizaciones generalmente se otorgan en 60 días, la FED aprobó la transacción que Citigroup buscaba concretar en México, e ignoró las acusaciones de prácticas depredatorias del gigante financiero, las cuales, según las organizaciones no gubernamentales de EU, se trasladarían fácilmente al mercado mexicano. En 1998, por ejemplo, la FED tomó varios meses en analizar la adquisición de Norwest por parte del banco Wells Fargo, a pesar de que las protestas fueron aisladas.

Estas organizaciones no gubernamentales también alertaron sobre el peligro de que la multinacional de servicios financieros controlara, al adquirir Banamex, uno de los acervos históricos y artísticos más importantes del país, pues no confiaban en la promesa pública hecha por Citibank de mantenerlo en territorio mexicano.

Los temores de los detractores de Citibank en Estados Unidos se incrementaron cuando el 8 de agosto estallaron en el Distrito Federal varias bombas en sucursales de Banamex, hechos atribuidos al grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), lo que se relacionó directamente con la inconformidad de la opinión pública ante el control estadounidense del principal banco mexicano.

El diario británico Financial Times aseguraba que en México se generó entre la población un resentimiento contra el gobierno mexicano por autorizar la venta de Banamex.

Avantel: el Cambio de Manos

La organización Inner City criticó directamente a la Reserva Federal, un mes después de que se anunció la compra de Banamex, sobre la participación del banco mexicano en la empresa telefónica Avantel, que estuvo a cargo del ahora secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Esto puede explicar las autorizaciones gubernamentales para la venta de Banamex sin el pago de impuestos correspondiente.

Hacia el 28 de julio del 2001, la Reserva Federal informó a Inner City sobre la conversación que sostuvo con los abogados de Citibank, a quienes se les cuestionó sobre el camino legal que tomarían para vender, en el plazo de 90 días, su participación indirecta en la empresa telefónica Avantel, en donde la inversión extranjera estaba restringida a una posición minoritaria.

Sin resolver este problema ni los plazos establecidos, Citibank obtuvo la autorización de la Reserva Federal en un episodio que las ONG´s ubican como la “vergonzosa sumisión” de la FED al poder económico de Citibank.

Citigroup no sólo contó con la complacencia de las autoridades mexicanas y estadounidenses en turno, sino que, según consta en la documentación judicial en contra de Citigroup por prácticas discriminatorias, el banco estadounidense aprovechó sus relaciones políticas, como la que mantenía con Robert Rubin, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y miembro de su consejo de administración, quien se convirtió en el principal promotor de la compra de Banamex.

Pero la sumisión se hizo pública, pues el 17 de julio de 2001 el hasta entonces presidente de Banamex, Roberto Hernández, declaró que las autoridades de la CNBV y de la Secretaría de Hacienda permitirían a Citigroup y Banamex “romper las reglas” (al conservar el capital mayoritario de Avantel), en tanto no se encontraba una vía alterna a la venta del 55 por ciento que ahora detentaba Citibank.

El funcionario que permitió a Citibank violentar las disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras fue Jorge Nicolín, presidente en ese momento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien sin embargo se deslindó del asunto y aseguró que el Congreso mexicano tendría “la última palabra sobre la modificación de las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera”.

Las Promesas Olvidadas

En una de las primeras entrevistas que concedió Manuel Medina Mora, director general de Citibank- Banamex, aseguró que bajo el control del banco estadounidense, si bien se deslistarían las acciones de Banamex de la Bolsa Mexicana de Valores, el plan inmediato de los nuevos propietarios era colocar los títulos de su subsidiaria en el mercado mexicano.

“Citigroup va a alistar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque queremos que todos los accionistas puedan tener sus operaciones en México, y esto es un grupo ya global, con un accionariado impresionantemente diversificado en el mundo, europeos, americanos, latinoamericanos, pues son accionistas del Citigroup, ¿no? Y ahora la parte mexicana será de las más importantes”, dijo Manuel Medina Mora.

Sin embargo, Citigroup retiró las acciones de Banamex de la BMV que cotizaban bajo la clave de pizarra Banacci, pues decidió que no le resultaba estratégico dar a conocer información a sus competidores sobre sus operaciones en México. La misma estrategia seguiría BBVA con las acciones de Bancomer -GFB-.

Legisladores de Estados Unidos, en específico de California, en donde tiene su sede el California Commerce Bank, una filial de Banamex, así como organizaciones civiles, esperaban que Citibank-Banamex colocara sus acciones en el mercado mexicano para reabrir los expedientes en contra de Citibank y cuestionar su expansión. Además, a pesar de que diversas organizaciones lo solicitaron a la FED las observaciones sobre la compra de Citigroup, en México no se incluyeron en los procesos de affidávit (declaraciones juradas) en los que se encontraban involucrados varios empleados de Citigroup por falsear información y engañar a clientes de Citifinancial.

En julio de 2001, Citigroup necesitaba la autorización de Citibank lo antes posible para realizar la oferta pública de recompra de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que le permitiría controlar el total de las acciones del banco mexicano y concretar la compra vía mercado de capitales y hacer deducible por completo la operación.

Casualmente, en un hecho sin precedentes, la FED autorizó la compra antes del 2 de agosto, fecha límite para cerrar el periodo de recompra de acciones. Antes, cuando se presentó la fusión entre Citicorp y Travelers, la FED también permitió que el gigante estadounidense contara con un plazo de dos años en el que realizó el cabildeo suficiente para contrarestar la legislación antimonopolios Glass-Steagall en 1998.

Los favores que otorgó el gobierno mexicano a Citibank se extendieron al campo de las telecomunicaciones, cuando se permitió que las acciones de Avantel fueran depositadas en un fideicomiso de capital neutro.

Mientras tanto, entre los partidos de oposición de la Cámara de Diputados y Senadores aumentaba la inconformidad por la exención de impuestos que logró Citigroup al concretar la compra de Banamex vía el mercado de valores, lo que significaba una pérdida para el erario de más de 3 mil 800 millones de dólares.

También resurgieron las acusaciones por lavado de dinero en contra de Citibank, como aquellas transferencias de dinero de Raúl Salinas de Gortari hacia cuentas en todo el mundo o el expediente denominado Casa Blanca, en el que estuvo involucrado Banamex en operaciones de blanqueo de capitales producto del narcotráfico.

Por ello, las ONG´s estadounidenses y las organizaciones de usuarios de servicios financieros en ese país hicieron llegar a las oficinas de la FED en Nueva York la información vinculada con la situación de Banamex y su participación en el Fobaproa, pues, en teoría, se trataba de un banco en problemas y no de una institución financiera sana que, según Citibank, compraría para fortalecer sus operaciones en México.

James Beit, supervisor de Banca de la Reserva Federal de Nueva York fue informado sobre las investigaciones y conclusiones de la General Accounting Office (GAO) –GAO/OSI-1- sobre el ingreso de dinero “sucio” a los circuitos financieros a través de las cuentas que abrió Raúl Salinas de Gortari en Citibank, lo que representó un serio problema de imagen para la institución.

En noviembre del 2000, una investigación del senado estadounidense concluyó que Citigroup no contaba con controles suficientes para prevenir el blanqueo de capitales. Con estos antecedentes, sin embargo, Citigroup no enfrentó problemas para adquirir Banamex, a pesar de las acusaciones ante el Departamento de Justicia que pesaban en su contra por discriminación del mercado latino, prácticas que se exportarían a México.

En Estados Unidos las ONG´s informaron a la FED que Citibank había recibido el compromiso de las autoridades de recibir un “subsidio” anual de 120 millones de dólares correspondientes al pago de intereses por los bonos Fobaproa hasta por 2 mil 500 millones.

Pero ante la negativa de la FED para dar cauce legal a las quejas en contra de la expansión de Citigroup, las ONG´s enviaron información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, y el coordinador general de Normatividad, Federico Núñez González, fue informado sobre el peligro de que Citigroup exportara sus prácticas discriminatorias en el negocio crediticio, pues en Estados Unidos quedó comprobado que sólo otorgó el 8 por ciento de sus créditos hipotecarios a la población latina.

En Chicago, citaron como ejemplo la filial de Citigroup dedicada al crédito hipotecario, Citicorp Mortgage negó 4.48 veces más seguido el crédito a hispanos que a la población estadounidense, al tiempo que imponía elevadas tasas y mayores costos financieros, pero esto ya no importaba, pues lo más importante para el gobierno del cambio era entregar Banamex a la banca extranjera.

Protege Función Pública a la Familia Creel
Archiva Dos Acusaciones Contra Santiago
Exonera a Dolores de un Daño Patrimonial

Con abierta ventaja sobre sus compañeros de partido, Santiago Creel Miranda construye desde la Secretaría de Gobernación su candidatura panista por la presidencia de México con cargo al erario público. Pero esos hilos del poder que mueve el elegido foxista desde Bucareli, lo mismo sirven para protegerse de investigaciones electorales por el rebase que hizo en topes de campaña, que para brindar protección a familiares en desgracia cuando son descubiertos en actos de corrupción.

Así, esta historia de irregularidades y abusos de poder, que por cierto incluyó la campaña de la asociación fantasma México en Paz y que contribuyó con ésta a urdir el proceso de desafuero en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se teje desde las oficinas del Palacio de Cobián, en donde trabajan a marchas forzadas para sacar adelante la candidatura de su desgastado inquilino que ya anunció renunciará este semana.

Ahora toca el turno a la Secretaría de la Función Pública para encubrir irregularidades de los miembros del gabinetazo. Como ha sido una constante en este gobierno foxista, la tarea sucia de exonerar y archivar expedientes para evitar investigaciones y acciones legales futuras la hace el afanador Eduardo Romero Ramos, quien a través de su Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Gobernación, según consta en la respuesta a la solicitud de información 26005 hecha a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), reclasificó dos denuncias ciudadanas en contra de Santiago Creel Miranda.

A pregunta al OIC de cuántas investigaciones se seguían en contra del secretario de Gobernación, la respuesta fue que sólo se tienen 2 registros de quejas admitidas por la Dirección General de Atención Ciudadana, por lo que el contralor interno de Gobernación, Manuel Eduardo Villalobos Hermosillo, determinó reclasificar los expedientes como simples peticiones ciudadanas, lo que le permitió a la Secretaría de la Función Pública afirmar que ambas acusaciones ya “quedaron debidamente atendidas el 27 de agosto de 2003 y el 21 de abril de 2004”; sin embargo, aun cuando el Órgano Interno de Control en Gobernación asegura que ya fueron solventadas las dos acusaciones contra Creel Miranda, no entregó los expedientes para conocer en qué consistían las denuncias y con ello nos hace creer que simplemente nunca integró los archivos correspondientes y con ello evita dejar huellas de esas acusaciones.

Exonera Función Pública a Dolores Creel

El manto protector que se urde desde las oficinas del secretario Romero Ramos a favor del próximo candidato presidencial panista, también alcanza a cobijar a la hermana incómoda de Santiago Creel, de nombre Dolores, quien sin mayor trámite de investigación fue exonerada por Función Pública, a pesar de que el expediente abierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la identifica como presunta responsable de un daño patrimonial por 600 mil pesos en perjuicio de las finanzas públicas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Ahora resulta que la eficiente Función Pública mandó al archivo de la basura el caso identificado con el número SO-000008/2003-GC, y la razón es que en ese expediente se da cuenta de la investigación en contra de Dolores Creel por su presunta implicación en un desvío de recursos públicos por un millón de pesos que supuestamente fueron destinados a un proyecto personal.

Pero, tras meses de arduas auditorías de la ASF, el Órgano Interno de Control en el Conaculta (área responsable de las pesquisas) simplemente dictó un “acuerdo de improcedencia” y dejó sin sanción a la ex funcionaria pública sólo por ser hermana de quien será el candidato presidencial panista. Como se recordará, este escándalo inició el 6 de diciembre de 2003, cuando Dolores Creel fue asaltada mientras circulaba en un automóvil propiedad del Conaculta.

Aquel incidente de fin de semana le produjo innumerables cuestionamientos, desde el uso irregular de un vehículo oficial, hasta los 22 mil dólares que le fueron robados, pues estos recursos también pertenecían a la institución. Según se supo, el dinero iba a ser destinado a un proyecto personal consistente en la realización de un video biográfico del escritor mexicano Octavio Paz.

Con esta decisión avalada por el secretario Romero Ramos y por el titular del OIC en Conaculta, Benito Hugo Martínez Estrada, la familia Creel Miranda cobró parte del bono de impunidad que se acostumbra entre funcionarios de primer nivel y sus parientes. ¿En dónde quedaron entonces las campañas publicitarias promovidas por Gobernación en contra de la corrupción y la ilegalidad que se resumen al robo de chocolates?

No hay que olvidar que apenas hace unas semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Santiago Creel por el supuesto rebase en los topes de campaña por 2.1 millones de pesos, cometido en el 2000 durante su candidatura por la jefatura de gobierno del Distrito Federal; irregularidad que, aunque fue comprobada por el Instituto Electoral local, también continúa impune.

El Perdón de Romero Ramos

De acuerdo con la versión oficial de la Secretaría de la Función Pública, Dolores Creel fue investigada porque “como coordinadora general de la (desaparecida) Unidad de Proyectos Especiales en el Conaculta, presuntamente se autoasignó la cantidad de un millón de pesos para la realización de un video personal”.

La dependencia, responsable de auditar el servicio público y de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos, confirma a través del IFAI que, hasta el 20 de mayo de 2005, ésa era la única averiguación que se tiene en contra de la hermana del secretario de Gobernación por presuntas irregularidades durante su gestión pública.

El pasado 20 de mayo, Romero Ramos reveló el móvil de la exoneración de Dolores Creel. Ese día Elizabeth Velasco, reportera de La Jornada, entrevistó al funcionario durante la presentación de los comerciales denominados Cineminutos 2005: honestidad en corto.

Según la nota, al referirse a la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la señora Creel Miranda, el secretario precisó que “aún no se tiene conclusiones definitivas, ni tampoco en el plano de la legalidad”. ¿Es decir…?

Romero Ramos explicó que las cifras descubiertas por la ASF (daño patrimonial por 633 mil 361 pesos) “se aproximan a las nuestras, pero no quisiera anticiparlas; es cuestión de montos”, advertía. Pero también adelantaba el perdón a Dolores Creel, “es posible que los auditados subsanen las irregularidades”.

Romero Ramos señaló que la revisión que realiza la SFP “está en su etapa de conclusión y las observaciones están en la redacción definitiva. Estará concluida en unos días más, (y) es posible su solventación (sic)”. El funcionario indicó que las auditorías, cuando tienen observaciones, conceden al auditado 45 días para que subsane las irregularidades que existieran o presente aclaraciones.

Tiempo que, obviamente, no fue requerido, pues la exoneración ya estaba pactada al más alto nivel. De acuerdo con la respuesta que se obtuvo a través del IFAI, la única investigación que siguió la dependencia en contra de Dolores Creel está concluida por “notoriamente improcedente”, además de que no se fijó sanción alguna a la ex funcionaria y consanguínea del inquilino de Bucareli.

Las Pruebas del Daño Patrimonial

En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta Pública 2003, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que en las operaciones de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales del Conaculta, relacionadas con la realización del video homenaje a Octavio Paz, “se identificaron irregularidades que hacen presumir un daño patrimonial por 633 mil 361 pesos”.

El documento elaborado por el máximo órgano de vigilancia del Congreso de la Unión señala que “de los gastos que se efectuaron para realizar el film en homenaje a Octavio Paz, el Conaculta no presentó evidencia del cumplimiento del contrato suscrito con un prestador de servicios para la preproducción, producción y trabajo terminado por 117 mil 900 pesos”.

Agrega que “a este prestador de servicios y a otros dos se les cubrieron pasajes por 105 mil 700 pesos, y viáticos por 196 mil 400 pesos, sin que se presentara la evidencia de los trabajos que realizaron”. Otro desvío de fondos públicos fue que el Conaculta pagó boletos de avión de tres personas que “no tienen el carácter de servidores públicos”.

Para la entidad fiscalizadora encabezada por el auditor Arturo González de Aragón, precisa que en estos casos “no se obtuvo la autorización de la titular de la dependencia (Sara Guadalupe Bermúdez)”, en contravención de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

La ASF agrega que, en el caso de los viáticos por más de 190 mil pesos, si se obtuvo la autorización de Sara Bermúdez por los periodos del 19 al 31 de diciembre de 2003 en dos casos y en otro del 11 al 17 y del 25 al 31 de diciembre de 2003.

“Se comprobó que se emitieron los oficios de comisión/orden de ministración de viáticos; para el coordinador de eventos internacionales, para el encargado de servicios técnicos y para la entonces titular de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales. No obstante, la comisión se amplió hasta finales de enero de 2004, sin que éste periodo fuera autorizado por la titular del Conaculta como lo disponen los mismos Lineamientos”.

La ASF también indica que “se rentaron dos cámaras por 211 mil 600 pesos sin que se presentara el material videográfico que se generó con estos equipos; inclusive, para el film se dispuso de 270 videocasetes, de los cuales 16 fueron utilizados, se hizo la devolución de 214 a la videoteca y de 40 videocasetes con un costo de mil 700 pesos; al respecto, señala, el Conaculta no presentó evidencia de que éstos se utilizaron para el objeto que fueron adquiridos”.

Ante esta situación, el órgano de vigilancia realizó un pliego de observaciones por el probable daño al patrimonio de la hacienda pública federal, por un monto de 633 mil 361 pesos, “correspondiente a las irregularidades determinadas en el ejercicio de los recursos que se destinaron para la realización del film en homenaje a Octavio Paz en la India”.

Avanza Denuncia en la PGR

El 19 de mayo pasado la Auditoría Superior de la Federación informó que se presentó la denuncia de hechos en contra de Dolores Creel ante el Ministerio Público Federal, por el presunto daño patrimonial que ascendió a 633 mil pesos.

Durante los trabajos de revisión de la cuenta pública 2003, en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el auditor José Manuel Portal Martínez señaló que, además de esta denuncia penal, la ASF confía en que los recursos serán devueltos a la federación. “Se espera la restitución, en su caso, porque el video no se realizó”.

Portal Martínez explicó que “lo que se pagó corresponde a la preproducción del filme; sin embargo, por los elementos que tenemos no está concluido el trabajo, por tanto, en este sentido se debe definir la restitución de los recursos”.

El auditor Julián Olivas señaló que “fue solicitado por el Ministerio Público Federal, copia de nuestra auditoría que practicó el área de Cumplimiento Financiero; recabamos internamente las copias certificadas y hoy se presentaron en la PGR para anexarse a los trabajos de investigación que está haciendo la Procuraduría”.

Ahora, la tarea está en manos del estrenado procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien ya no siente lo duro sino lo tupido de su nueva responsabilidad y, en este caso, tendrá que demostrar que en el Ministerio Público no influyen los lazos familiares ni se trabaja por consigna, pues si evade aplicar la ley la historia se lo demandará.

Consumen los Pidiregas a Pemex y a la CFE
Omite la CFE Reportar Deuda por 8 mil m/p
Abre Expediente el Órgano Interno de Control

Todo parece indicar que la administración de Vicente Fox se quedará con las ganas de privatizar el sector energético, lo que según el gobierno del cambio es un freno a sus reformas estructurales, mientras que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad enfrentan graves problemas económicos, sobre todo por la contratación de deuda en los mercados financieros internacionales.

Y es que ambas paraestatales registran elevados niveles de deuda que casi operan en números rojos. Así, en ocho años las amortizaciones generadas por los Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro de Gasto, mejor conocidos como Pidiregas, se han consumido los activos del sector.

Tan sólo en Pemex la inversión total destinada a los Pidiregas ascenderá en el 2005 a un billón 197 mil 357 millones de pesos; monto que supera la deuda interna del país, estimada por el Banco de México en un billón 125 mil 877 millones de pesos.

Por si esto fuera poco, el complejo esquema que aplican los Pidiregas ha permitido que funcionarios corruptos se sirvan con la cuchara grande parte del dinero obtenido a través de las líneas de crédito, beneficiando a empresas trasnacionales o incluso mediante el desvío de los recursos.

En el caso de la CFE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su más reciente informe que al no reconocer como deuda las operaciones de financiamiento de los recursos obtenidos a través de los fideicomisos F-163 y el 80276, asociados a proyectos Pidiregas, por un importe de 8 mil 275 millones 847 mil pesos, la empresa incumplió con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas aplicables.

Los Fideicomisos F-162 de la CFE

Como todas las historias de fideicomisos que opera el gobierno federal, la CFE también tiene su lado oscuro. En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, la ASF documenta que el 2 de octubre de ese año se constituyó el Fideicomiso irrevocable número F-161, cuyo fideicomitente es ING (México), S.A. de C.V., y el fiduciario es Bank Boston, S.A.

Dicha compañía estatal suscribió un contrato de indemnización con Bank Boston, en el que garantiza indemnizar al fiduciario respecto de las obligaciones de pago derivadas del contrato de fideicomiso y del mecanismo de financiamiento.

Así, a través de este fideicomiso la Comisión Federal de Electricidad obtuvo de ING una línea de crédito hasta por 6 mil millones de pesos para financiar obras de proyectos Pidiregas. Un par de meses después, el 9 de diciembre, esa línea de crédito se incrementó hasta por 8 mil millones de pesos y el plazo para disponer de estos recursos se extendió hasta el 31 de diciembre de 2004.

Para la ASF los proyectos financiados con recursos obtenidos a través del fideicomiso F-161 no deben ser considerados Pidiregas, puesto que no cumplen con las especificaciones; pese a ello, señala el órgano de fiscalización, la CFE les dio este tratamiento.

Otra anomalía relacionada con la operación del fideicomiso consistió en que la empresa omitió revelar como deuda titulada el monto, nada despreciable, de 5 mil 950 millones 159 mil pesos, tanto en sus estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2003, como en la cuenta pública del mismo ejercicio fiscal, en infracción de la Ley General de Deuda Pública; del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Revelación Suficiente”.

De acuerdo con la investigación de la Auditoría Superior, el pasivo se registró entre el 16 de octubre y el 19 de diciembre de 2003. En esas fechas, la CFE suscribió 15 pagarés por 5 mil 950 millones 159 mil pesos a favor de ING Bank México, a un plazo de 10 años con seis meses. Los títulos, agrega el informe, también fueron endosados a favor de Bank Boston, por lo que este último entregó a la CFE el valor nominal de los pagarés.

El Fideicomiso F-161 está facultado para emitir certificados bursátiles preferentes y subordinados a través del intermediario colocador (ING), entre el público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a fin de adquirir derechos de crédito o pagarés suscritos por la Comisión Federal de Electricidad, hasta por el valor de las disposiciones del crédito.

A través de este fideicomiso, señala el máximo órgano de vigilancia, la CFE efectuó un programa de certificados bursátiles con objeto de refinanciar proyectos de obra pública financiada, a través de la bursatilización de derechos de crédito a cargo de la propia paraestatal. Los valores emitidos fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores he inscritos en el Registro Nacional de Valores.

No obstante por la gravedad de los hechos, la ASF determinó que “como resultado de la revisión practicada, se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en que la CFE no reveló como deuda titulada por 5 mil 950 millones de pesos”.

Por este motivo, a principios de año solicitó al Órgano Interno de Control de la CFE que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo para aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos responsables.

Además recomendó al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y al director general de la CFE, Alfredo Elias Ayub, que en lo sucesivo se revele el pasivo de casi 6 mil millones de pesos como deuda titulada en sus estados financieros y en la cuenta pública.

Otro Fideicomiso 80276

En el caso del Fideicomiso 80276, la Comisión Federal de Electricidad tampoco reveló como deuda en sus estados financieros, ni en la cuenta pública, un saldo insoluto por 2 mil 325 millones 688 mil pesos.

Según el informe del órgano de fiscalización del Congreso, los recursos se obtuvieron a través de la bursatilización de la cartera de cobranza, cedida de manera virtual al fideicomiso constituido el 22 de abril de 2003 entre ING (México), S.A. de C.V. como fideicomitente y en Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) como fiduciario.

En este caso, advierte la Auditoría Superior, la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a pagar a través de contratos de cesión de cartera a Nafin, en infracción de la Ley General de Deuda Pública; del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio de Contabilidad Gubernamental.

El amplio análisis que se encuentra en proceso de revisión en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, revela que el 22 de abril de 2003 la CFE contrató los servicios de ING para estructurar una bursatilización de cuentas por cobrar a través de la cesión al patrimonio del fideicomiso de los derechos de cobro, después colocar los valores en la BMV.

“En los criterios de elegibilidad de la cartera de cobranza susceptible de ser cedida al fideicomiso, se estableció que la CFE tendrá la responsabilidad de certificar que los derechos de cobro estén documentados a través de los contratos de suministro, reunir los requisitos de legitimidad y autenticidad, y que provengan del suministro de energía eléctrica de alta o mediana tensión.”

Con esto, explica la Auditoría Superior de la Federación, la paraestatal cedió de “manera virtual” al fideicomiso los derechos de cobro de su cartera. Asimismo, celebró un contrato de administración de cartera en el que se comprometió a realizar la cobranza y pagar al fiduciario esos derechos de cobro que fueron, a su vez, cedidos por el fideicomiso a la CFE a través de contratos de cesión en forma gratuita y sin rembolsar cantidad alguna incurrida por la empresa durante la administración de la cartera.

Complejidad financiera

De acuerdo con los objetivos del fideicomiso 80276, éste tiene la facultad de adquirir los derechos de cobro cedidos por la CFE; con base en ese patrimonio, emitir certificados bursátiles preferentes y subordinados en la BMV; y con el producto neto de la colocación entregada a Nafin, pagar nuevamente a la CFE los derechos de cobro cedidos. Por si fuera poco, este complejo mecanismo determina que, con los recursos obtenidos al final de la cadena, la paraestatal llevará a cabo las inversiones de infraestructura.

El informe señala que, los recursos serían utilizados para pagar obras complementarias a proyectos Pidiregas como El Cajón y para la transformación y transmisión de energía eléctrica, modernización y equipamiento de subestaciones, líneas de transmisión y mantenimiento mayor.

Para la Auditoría Superior de la Federación “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en que la CFE no reveló como deuda en sus estados financieros y en la cuenta pública el saldo insoluto por 2 mil 325 millones 688 mil pesos. Por este motivo, la entidad fiscalizadora solicitó a la Contraloría Interna que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Descubre Contraloría Irregularidades en Hacienda
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A principios de mes publicamos la dolorosa decisión que tuvo que tomar el secretario Francisco Gil Díaz para separar del cargo a su experimentadísima directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien por su alta capacidad manejaba el 75 por ciento del presupuesto federal, pero debido a las acusaciones en su contra presentadas ante la PGR (Averiguación Previa 3745/DDF/2002) y ante la Secretaría de la Función Pública por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daño presupuestal, tuvo que renunciar.

Pero esta funcionaria no fue dejada en el desamparo por su jefe, pues Gil Díaz utilizó sus influencias para que fuera nombrada oficial mayor de la Procuraduría General de la República, en sustitución de Germán Gallegos, quien dejó el cargo a la salida de la PGR del general Rafael Macedo de la Concha.

Así las cosas parecen resueltas para todos; sin embargo, la titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aída Amanda Córdova Chávez, piensa otra cosa y en las auditorías realizadas a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos, motivadas por la denuncias en contra de Barra y Gómez Ortigoza, los auditores emitieron observaciones y recomendaciones.

De acuerdo con el oficio número 06/113/397-1294/2004, con fecha del 29 de noviembre de 2004, la contralora Córdova Chávez hace tres observaciones a Barra y Gómez Ortigoza, en donde confirma diversas irregularidades administrativas en las que ha incurrido:

1. La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” operó con una estructura orgánica anterior a la que debería corresponder de acuerdo a las modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP de fecha 31 de julio de 2002, no obstante que en el mes de septiembre de 2002, la Dirección de Técnica Operativa de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP inició las gestiones de Registro de la Estructura Orgánia y Ocupacional de esta Dirección General ante las áreas correspondientes.

2. La DGPyP “A” no cuenta con manuales de procedimientos acordes a las funciones establecidas en las modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP de fecha 31 de julio de 2002.

3. Constancias de nombramiento de servidores públicos adscritos funcionalmente a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” desactualizadas.

“Al respecto, solicito gire sus instrucciones a fin de que se implanten las medidas preventivas y correctivas contenidas en el informe de referencia, conforme a los términos y plazos acordados en el comentario de las observaciones, toda vez que en un plazo de 45 días hábiles realizaremos la auditoría de seguimiento correspondiente, a fin de constatar la solventación de las observaciones detectadas”.

Es decir, para evitar enfrentar cualquier roce con el Órgano Interno de Control de Hacienda, Gil Díaz prefirió remover a su directora general estrella y evadir las responsabilidades ocasionadas por la operación irregular del área que manejaba.

Otro Problema para Gil Díaz

Pero la salida de Hacienda de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza no soluciona el conflicto, pues las averiguaciones en su contra y de las cuales les da un seguimiento puntual la Cámara de Senadores, siguen su curso.

Además, tal parece que las irregularidades en esa secretaría de Estado son una constante, pues también el Órgano Interno de Control en Hacienda hizo recomendaciones y observaciones al director general de Programación y Presupuesto “B”, Pablo S. Reyes Pruneda, a quien mediante el oficio número 06/113/397-1293/2004 la contralora Aída Amanda Córdova Sánchez le explica las operaciones administrativas incorrectas que realizó al manejar el 25 por ciento del presupuesto federal:

1. La Dirección General de Programación y Presupuesto “B” operó con una estructura orgánica desactualizada en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2002 al 31 de diciembre del mismo año.

2. Falta de manuales de procedimientos específicos de las actividades sustantivas que realiza la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”.

3. Constancias de nombramiento de servidores públicos adscritos funcionalmente a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” desactualizadas.

4. Plazas presupuestales adscritas a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” en el periodo de 1 de agosto de 2002 al 31 de diciembre del mismo año, no consignadas en una estructura orgánica autorizada.

En fin, tal parece que el desorden y las torpezas del gabinetazo empezarán a tener solución hasta que dejen el cargo. Habrá que esperar un año más.

El Oscuro Plan de la Banca

Hace algunos días informamos sobre las estrategias de los principales bancos del sistema crediticio nacional para asegurar el pago de los bonos Fobaproa, mediante los cuales se concretó el oscuro y fraudulento rescate bancario. Dimos a conocer las emisiones de certificados bursátiles por parte de Banamex y Banorte, que tuvieron como garantía, precisamente, los bonos Fobaproa, con lo que sacaron de sus balances esta deuda y la transfirieron a inversionistas del mercado de valores.

Bueno, pues sucede que todas estas acciones forman parte del plan que la banca ha puesto en operación este año, considerado como clave en la conclusión del rescate bancario, y a partir de septiembre comienza el vencimiento de estos pagarés que, hasta donde sabemos, su legalidad sigue en duda luego de que no se ha cumplido a cabalidad el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Como antecedentes y testimonios que documentan las irregularidades en la operación del Fobaproa y, en consecuencia, en la emisión de deuda que fue comprometida con los bancos, se encuentran las auditorias realizadas por el contador canadiense Michael Mackey, los resultados de las revisiones hechas por el ex contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez y, finalmente, los puntos de acuerdo emitidos por la Cámara de Senadores a través de la Comisión de Seguimiento del IPAB, que exigen el cumplimiento de la Ley en la materia.

Sin embargo, los bancos tienen prisa por cerrar cuanto antes este oscuro capítulo del rescate bancario, pues si se llegaran a aplicar los descuentos que marca Michael Mackey como operaciones irregulares al monto de los pagarés, así como también lo ha hecho notar la Auditoría Superior de la Federación, pues tendrían que usar las reservas previstas desde hace años en el caso de una aplicación estricta de la ley.

Por ello, será en junio próximo cuando el IPAB, en una Junta de Gobierno en donde mandan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, fije el monto de los pagarés IPAB que intercambiará a los bancos que mantienen en sus balances los bonos del Fobaproa, con los que se busca cerrar de manera definitiva el capítulo del rescate bancario.

De acuerdo con funcionarios del IPAB, sería en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del instituto cuando se analicen los resultados de las revisiones de Gestión, Existencia y Legalidad que se acordaron con Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC en un intento más por cumplir con las disposiciones del artículo Quinto Transitorio de la Ley del Protección al Ahorro Bancario.

Se estima que el monto que asumirá el IPAB como intercambio de los bonos Fobaproa por deuda IPAB superará los 120 mil millones de pesos; sin embargo, legisladores y ex funcionarios del instituto como Adalberto Palma, quien fuera vocal independiente del IPAB, consideran que se sigue incumpliendo el artículo Quinto Transitorio.

El convenio firmado entre Hacienda y los bancos viola el procedimiento establecido en el Congreso para sustituir los pagares de Fobaproa por obligaciones del IPAB y para aceptarlos como deuda pública, pues según Adalberto Palma hasta ahora los resultados de las auditorias realizadas por Michael Mackey, contenidas en los cuadernos de trabajo y en los llamados bank reports, no se han aplicado para reducir el costo fiscal de la deuda del Fobaproa, por lo que, dijo, aún no puede cerrarse el rescate bancario con el intercambio de pagarés como pretenden algunos bancos y la Secretaría de Hacienda.

Para Mario Di Constanzo, asesor en el Senado de la Comisión de Seguimiento del IPAB, aseguró que el resultado de las revisiones contables no arrojarán descuentos significativos, además de que los despachos contratados por el IPAB (Hernández, Marrón y Cía, S.C.; Gossler, S.C., y De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.), a los cuales se les pagó 7 millones de pesos, no tienen facultades para señalar ilegalidades además de realizar su revisión al margen de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de capitalización y constitución de reservas.

Utilizan Electoralmente Encuesta de Ingreso-Gasto
Pretende Sedesol Adelantar Resultados de Pobreza
Irregularidades de Joel Ortega en Gustavo A. Madero

Los principales indicadores con que el gobierno de Vicente Fox mide la pobreza que hay en el país son los resultados que arroja la Encuesta Ingreso-Gasto que realiza el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), por lo que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó oficialmente a ese instituto que adelante el levantamiento de dicha información correspondiente al periodo 2004-2006, algo inusual, a fin de evaluar los programas contra la marginación aplicados durante la gestión del gobierno federal panista antes de que concluya su administración.

Los resultados de esa Encuesta Ingreso.-Gasto pretenden ser utilizados por el gobierno de derecha de Vicente Fox, con miras al proceso electoral del 2006, y fortalecer con ello a su criticado y desgastado precandidato presidencial Santiago Creel Miranda, quien no levanta ni en las encuestas internas de su propio partido.

En un oficio enviado por la Sedesol al INEGI se confirma que esa dependencia pretende evaluar los resultados de los programas asistenciales aplicados por el gobierno foxista un año antes de lo que tradicionalmente se realiza con fecha al 15 de junio del 2006, apenas unas semanas antes de los comicios en los que se renovará el Poder Ejecutivo.

Así, la junta de gobierno del INEGI, que preside el siempre polémico Francisco Gil Díaz, analiza la propuesta y evalúa si se contaría con los recursos para adelantar dicha encuesta. De aprobarse, pues se analiza la crítica que esto podría levantar en la oposición, la capacitación se iniciaría a marchas forzadas en las próximas semanas; el levantamiento se realizaría entre agosto y noviembre de esta año; la captura de diciembre a febrero del 2006, y el procesamiento tendría lugar entre marzo y mayo del próximo año, es decir, en plena campaña presidencial, por lo que se pretende explotar el gasto presupuestal en el combate a la pobreza como un efecto positivo para el candidato del PAN, pero a estas alturas será muy difícil que la administración foxista pueda engañar a los mexicanos, pues el presidente se la ha pasado mintiéndonos con que cada día hay menos pobres en el país.

De esta forma, el INEGI estaría en posibilidad de dar a conocer la última Encuesta Ingreso-Gasto del gobierno foxista el 15 de junio del 2006, luego de que la administración panista haya dado a conocer que durante estos cuatro años la pobreza extrema ha disminuido en 16 por ciento, mientras que la pobreza alimentaria ha pasado de 42.4 a 34.8 por ciento.

A unos días de que se dé a conocer la Encuesta Ingreso Gasto del INEGI, correspondiente al periodo 2002-2004, analistas del Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) consideran que los resultados de las estadísticas podrían arrojar que los niveles de pobreza disminuyen como resultado de los programas asistencialistas, del efecto de las remesas de los migrantes y por las políticas públicas dirigidas a ofrecer servicios de salud y vivienda para las clases marginadas.

Sin embargo, en el plano real Marcos Chávez, investigador del Colegio de México, sostiene que más del 70 por ciento de la población sigue padeciendo la pobreza que aqueja a la economía y que se manifiesta en la falta de empleos formales y en bajos salarios.

Para investigadores del CIDE la evolución de la pobreza ha seguido fielmente el ciclo económico a la baja del país, de manera independiente al criterio utilizado para definir a la población como pobre.

Siempre controvertida por sus resultados desde que la administración foxista la utiliza para destacar los logros en materia de combate a la pobreza, la Encuesta Ingreso-Gasto del INEGI, que se realiza cada dos años, se dará a conocer el próximo 10 de junio, según lo anunció Gilberto Calvillo, presidente del instituto ante representantes de todo el país de los Comités Técnicos Consultivos de Estadística.

Construyen Mercado por Plaza Escultórica

A su paso por la delegación Gustavo A. Madero (GAM), el actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, dejó varias cuentas pendientes. Se trata de una serie de obras que a la fecha no han sido concluidas ni tampoco fiscalizadas por la Contraloría del Distrito Federal, dependencia que se encarga más por encubrir irregularidades que investigar y sancionar a los responsables de corruptelas de funcionarios capitalinos.

Una de esas obras inconclusas es la llamada Ferroplaza, que se empezó a construir en terrenos de Ferrocarriles Nacionales de México y cuya obra quedó inconclusa a pesar de ser considerada por Joel Ortega como “la más importante de su gestión”, con la que se presume incurrió en daño patrimonial a Ferronales.

De acuerdo con una amplia investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, dicha obra inconclusa fue clausurada y abandonada antes de concluirse, pero ese capricho del actual secretario de Seguridad Pública costó al erario público 50 millones de pesos.

Joel Ortega aprovechó el pantanoso proceso de liquidación de la paraestatal para gestionar la obra y, supuestamente, confundió lo que era una Plaza Escultórica –como puntualmente señala el contrato de comodato inicial- con un mercado, que fue lo que intentó construir y con ello incurrió en varios delitos como daño patrimonial y malversación de recursos públicos.

Una Historia de Corrupción

Esta historia de corrupción y malos manejos en la delegación Gustavo A. Madero inició en septiembre de 1995, cuando la Dirección de Ferronales y el Departamento del Distrito Federal (DDF) firmaron un contrato de comodato para que en el inmueble conocido como Patio de Estación “La Villa” (de 17 mil metros cuadrados) se construyera una Plaza Escultórica y un Museo del Ferrocarril, que en su conjunto se denominaría “Ferroplaza”.

Para octubre de 1989, Manuel Camacho Solís solicitó a Carlos Orozco Sosa, director general de Ferronales, que la delegación pudiera hacer uso de la estación ferroviaria y de los terrenos aledaños para incluirlos en el plan de reordenamiento urbano del área colindante a la Basílica de Guadalupe.

En respuesta, Ferronales ordenó que operara como museo. Ante ello, un grupo de ferrocarrileros propusieron que se hiciera algo semejante al Museo Ferrocarrilero de Puebla y el acuerdo no se ejecutó legalmente, sino seis años después.

El convenio establecía que la Estación “La Villa”, ya entonces en desuso, se destinara para uso estrictamente “educativo y cultural”, según el contrato No. 6-SB-7-105, integrado en el expediente 023-SB-7-24063 de la Subdirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Ferronales.

El documento indica que cualquier uso distinto al acordado sería causa de rescisión del contrato, y que además las obras debían efectuarse en un plazo no mayor a un año. Su dilación se consideró como causa de anulación del contrato.

Mediante acta administrativa, el entonces director de Ferronales, Luis de Pablo Serna, hizo entrega del inmueble a Oscar Espinosa Villarreal, pero luego de un año el contrato de comodato quedó sin efecto porque la delegación no hizo las obras. Así, el inmueble pasó otra vez a manos de Ferronales.

Sin considerar los antecedentes y la prohibición expresa del convenio, el 26 de enero de 2001, a través del oficio SF/079/01, la Secretaría de Finanzas capitalina autorizó recursos no determinados para la construcción de la Ferroplaza, con afectación a la partida presupuestal 5100066100-04.

Entre los irregulares manejos de Joel Ortega está el otorgar el contrato a una constructora de “portafolios”, que a partir de los problemas generados desapareció del domicilio físico que utilizaba en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

En octubre de ese año, a través de Licitación Pública No. 30001127-056-01, la delegación Gustavo A Madero, encabezada por Joel Ortega, otorgó el contrato No. DGAM/DGSU/LP/OP/POA2001/055 del inmueble a Favel Constructora S. A. de C. V., con un presupuesto de 21 millones 122 mil 757 pesos, a ejecutarse en tres meses. El monto se cubriría en dos ejercicios fiscales de la delegación: 7 millones 945 mil pesos para el ejercicio 2001, y 13 millones 177 mil pesos en el 2002.

El proyecto de Favel hablaba de “un conjunto modular de espacios abiertos que interactúan entre sí, para ofrecer al público consumidor una unidad comercial con locales convenientemente adaptados según el giro y dividido por zonas”.

A unas semanas de que iniciara la obra, la estructura, y sobre todo el giro que el delegado dio al inmueble, despertó la inquietud de los vecinos de la zona, quioenes sabían que Ferronales lo había dispuesto para construir un museo del ferrocarril.

También sabían que la Confederación de Ferrocarrileros de la República Mexicana dio cuenta de las irregularidades cometidas por Joel Ortega al entonces diputado federal Emilio Goicochea, hoy secretario particular del presidente Vicente Fox. En distintos oficios girados en septiembre de 2002, entre el entonces diputado panista y Joel Ortega se confirmó que la delegación no contaba con la titularidad de los predios donde se efectuaba la magna obra, pero para callar los reclamos de los ferrocarrileros inconformes y eliminar los obstáculos que le impidieran concluir la obra, Joel Ortega se reunió con ellos para convencerlos de los beneficios.

Cuantioso Daño patrimonial

Mediante el oficio N.401-22-D1086, del 23 de julio de 2002, el director de Licencias, Inspecciones y Registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Dionisio Zabaleta López, hizo observaciones al delegado sobre el irregular mercado que construía en los inmuebles de Ferronales, entre ellas:

“La estación de ferrocarril, construida en los primero años del siglo XX, guarda buena parte de la memoria histórica del desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país y del ambiente urbano en el perímetro de La Villa”. Además, las bardas de la Ferroplaza colindan con una capilla que forma parte de las construcciones del conjunto de la Basílica de Guadalupe.

En distintas ocasiones Ferronales hizo del conocimiento del delegado Joel Ortega que la obra, además de irregular, constituía un daño patrimonial al organismo federal. El oficio No. SGCAG-DAG-0118/02, del 31 de octubre de 2002, dirigido a Joel Ortega por el titular del área de Ferronales, Pablo Rivera Albarrán, indica: “Me refiero al inmueble Patio de la ex Estación La Villa, ya que es de nuestro conocimiento que esa Delegación, sin mediar autorización de nuestra parte, está llevando a cabo obras en prejuicio del patrimonio de este Organismo”, y pide que se suspendan de manera inmediata, y poner el inmueble a disposición de Ferronales.

Pero el delegado no acató la orden e ilegalmente siguió con la obra. Para septiembre de 2003, Andrés Chavarín González, entonces subdirector general de Ferronales, envió un nuevo oficio al delegado, en el que le indicaba la urgencia de regularizar la situación de los inmuebles propiedad de Ferronales, que ya estaban en el inventario del proceso de liquidación.

La obra fue clausurada por Felipe Calderón Hinojosa, director de Banobras para que Ferronales renegociara sobre el inmueble que, para finales de 2003, según informó Ortega Cuevas a Banobras, la construcción del Mercado Ferroplaza tendría un avance del 95 por ciento.

A pesar de los inconvenientes, nuevamente el gobierno capitalino sigue en negociación con Ferronales para alcanzar un acuerdo, pero por falta de espacio esta historia continuará mañana…

La Abundancia de los Once Ministros de la Corte
Sus Salarios Rebasan los 600 mil Pesos Mensuales
La Subordinación de la Corte al Poder Ejecutivo

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus once exquisitos ministros tendrán que explicar al Congreso los abusos y los excesos en los que incurren con el gasto asignado del Presupuesto Público Federal, pues hasta ahora nadie fuera de esa camarilla de poder vigila o fiscaliza el derroche que hacen con el dinero del pueblo mexicano.

Así, la semana pasada nos enteramos por una buena nota de los reporteros Enrique Méndez y Roberto Garduño, del diario La Jornada, que “la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envió un severo extrañamiento, acompañado de una solicitud para iniciar una investigación al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por las anomalías financieras en que incurrió el Poder Judicial de la Federación en el manejo de recursos públicos destinados ilegalmente a fideicomisos para seguros médicos, mantenimiento y construcción de vivienda, pago de servicios básicos y pensiones de los magistrados de la Corte”.

En ese mismo corte un equipo de reporteros de la revista Contralínea publicó en su número más reciente, correspondiente a mayo, un amplio reportaje sobre la sumisión de la Suprema Corte a los designios presidenciales; las deficiencias profesionales e intelectuales de los ministros; los excesos en que incurren al asignarse salarios y prestaciones millonarios; la constitución de fideicomisos secretos fuera del escrutinio público; las pensiones de escándalo para los exministros, y las denuncias acumuladas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre casos documentados que evidencian fallos a modo de ese órgano de impartición de justicia.

Pero el problema mayor al que tendrán que enfrentarse los miembros de la Suprema Corte, es que ante la abundancia en que viven los once ministros y sus empleados, hay 80 millones de mexicanos que sobreviven en medio de la pobreza extrema, en donde la mitad de ellos, es decir 40 millones de niños, mujeres, ancianos y hombres, todos mexicanos, carecen de recursos para alimentación, vivienda, salud y educación. Esa es la afrenta mayor que tendrán que resolver solos con su conciencia los once ministros.

Por ejemplo, en la investigación del reportero Manuel Pineda se revela que los sueldos, compensaciones y gastos de operación que tiene asignados la Suprema Corte, son los más altos que reciba un servidor público de la nación, pues los once ministros representan al erario público un gasto de más de 70 millones de pesos anuales.

De acuerdo con información obtenida de los informes de la Suprema Corte y que publica en su página de Internet, los sueldos de los ministros son del orden de los 300 mil pesos mensuales, pero según las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación dichos salarios podrían ascender en realidad al doble de esos recursos, es decir 600 mil pesos al mes.

Sólo los gatos personales representan más del 50 por ciento de los egresos anuales, con mil 763 millones 967 mil 396 pesos, de los 3 mil 118 millones del presupuesto que tiene asignada la Suprema Corte para el ejercicio de 2005. En ese contexto, el salario del ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, más prestaciones y compensaciones, es de casi 650 mil pesos mensuales; es decir, al año gana casi 8 millones de pesos, mientras que los otros 10 ministros perciben 536 mil 700 pesos, que representan 6 millones 432 mil pesos anuales para cada uno. Con estos datos, que bueno que sólo tenemos once ministros, pues si fueran más no alcanzaría el presupuesto público para pagarles sus salarios.

Estos altos sueldos y prestaciones como bonos, pagos especiales y partidas presupuestales que maneja a su antojo la Corte, son el pago que durante décadas han recibido los ministros por defender los intereses del presidente en turno y se derivan de una vieja práctica utilizada por el Ejecutivo para mantener el control del Poder Judicial.

La Sumisión de la Corte

De acuerdo con el doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y especialista en control de la constitucionalidad, Miguel Covián Andrade, dijo al reportero Zósimo Camacho que la Suprema Corte, que debe ser garante del respeto a la Constitución y a las leyes mexicanas, “se distingue por su ineptitud, subordinación al Poder Ejecutivo y el derroche de los recursos”.

Además, no obstante la reforma al Poder Judicial llevada a cabo en 1995, la Suprema Corte es incapaz de hacer cumplir la Constitución, pues se trata de un tribunal que debe ser por definición objetivo e imparcial, lo cual no cumple ese órgano judicial.

“La incompetencia de la Corte tiene su origen en la propia estructura jurídica del sistema político mexicano. Tanto la subordinación al Poder Ejecutivo que padece la Corte, como la ineptitud de los ministros y el dispendio de recursos sin rendir cuentas a nadie, sólo se erradicarán con una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación”, sostiene el doctor Covián, y agrega que “los ministros de la Corte reúnen dos características muy negativas para el ejercicio de la competencia que tienen asignada: no conocen la materia constitucional, ni mucho menos la muy especializada de control de la constitucionalidad, y actúan en varios casos muy importantes conforme a los intereses del presidente de la República”.

Desde 1995, año en que se reformó el Poder Judicial, las resoluciones de la Suprema Corte procurar no importunar al Poder Ejecutivo, lo que explica que la Presidencia de la República nunca ha perdido una sola controversia.

Otro problema para la Suprema Corte son los casos documentados que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los fallos a modo que evidencian cómo la máxima instancia de la justicia mexicana es la primera en violar la Constitución que debería proteger.

Así, una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez da cuenta de cómo en los archivos de la CIDH está la primera resolución aceptada por ese organismo internacional en contra de la Suprema Corte, la número 01/90 de mayo de 1990, presentada por miembros del PAN y que integra tres casos relativos al proceso electoral para elegir diputados en Chihuahua el 7 de julio de 1985, las elecciones para gobernador de Durango en julio de 1986 y para gobernador de Chihuahua también en 1986.

Los Fideicomisos de Escándalo

En un amplio informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se revela el manejo irregular con que la Suprema Corte de Justicia administra más de 3 mil millones de pesos a través de fideicomisos. Una investigación de la reportera Nancy Flores explica de los mil 553 fondos que la administración de Vicente Fox ejecuta y que al cierre del ejercicio fiscal de 2003 involucraron más de 660 mil millones de pesos, siete pertenecen a la Suprema Corte, uno al Consejo de la Judicatura Federal y tres al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esos 11 fideicomisos comprometen recursos por 3 mil 272 millones 729 mil pesos; pero tan sólo las aportaciones hechas por la Suprema Corte a sus siete contratos representan el 97 por ciento de este monto.

Según la ASF “la figura del fideicomiso propicia el manejo de los recursos públicos al margen de los controles que se establecen en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en su reglamento, y contribuye a la opacidad en su manejo por el secreto fiduciario y la deficiente normativa para su operación”.

La lista de los 11 fideicomisos atribuidos a las entidades judiciales, abre con el fideicomiso del plan de pensiones complementarias a funcionarios superiores del Poder Judicial de la Federación, identificado con el número 4657-4y que administra mil 865 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2003. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un patrimonio que genere rendimientos para el pago de pensiones complementarias.

El 19 de marzo de 2003, Mariano Azuela, entonces recién estrenado presidente de la Suprema Corte, instruyó a la fiduciaria para que el fondo fideicomitido invirtiera en papel bancario y/o gubernamental en el mercado de dinero. A partir de esa fecha, los recursos públicos custodiados por este contrato fueron transferidos a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde jugaron riesgos para dieron jugosas ganancias para los ministros.

Otro escándalo de la Suprema Corte son las pensiones que se han preocupado en asegurarse los ministros cuando se jubilan. En una investigación de la reportera Claudia Ruiz se explica que en el 2005 la Corte destinará 133 millones 359 mil pesos al pago de las pensiones para los aproximadamente 40 ministros retirados, según cálculos de la Cámara de Diputados.

En contraste con las bajas pensiones que reciben unos cuantos trabajadores mexicanos, los exfuncionarios judiciales perciben en promedio 154 mil pesos mensuales, más los servicios de una secretaria, un auxiliar de oficina y un chofer que les paga el Poder Judicial de la Federación con dinero público.

Pretende SACSA Cobrar al Gobierno Facturas Apócrifas
La Empresa es Protegida por un Hijo de la Primera Dama
Acusa Cabal por Fraude Procesal a 2 Exsenadores Priistas

Son diversos los frentes legales que mantiene abiertos la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), filial del Grupo Miguel y propiedad del empresario prófugo Alfredo Miguel Afif, quien a pesar de enfrentar acusaciones por evasión fiscal, fraude y daño patrimonial millonario en perjuicio de Petróleos Mexicanos, tiene a su favor el apoyo incondicional de un miembro de la “familia presidencial”, Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de la señora Marta Sahagún de Fox y quien ha utilizado el poder de la Presidencia para abrir puertas de secretarías de Estado y cabildear en beneficio de esa empresa del Grupo Miguel.

Pues la semana pasada dimos cuenta de la historia del desalojo de SACSA de sus instalaciones del aeropuerto de Toluca y que dio motivo a una serie de acusaciones cruzadas, demandas, amenazas, persecuciones policiales y evasiones de la justicia, así como sospechas fundadas de que atrás de esa maniobra legaloide había intereses de funcionarios del primer nivel del gobierno foxista para obtener recursos económicos mediante la extorsión, el chantaje y el fraude.

Así, mediante un oficio (101.665) de fecha 20 de mayo de 2004, la Dirección General de Aeronáutica Civil notificó la conclusión del permiso del taller aeronáutico número 68 a la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. de .C.V. (SACSA), ubicado físicamente en el aeropuerto de Toluca, debido a la “pérdida de sus instalaciones por el desalojo que ordenara el juez primero civil de Toluca, originado por el juicio de controversia del arrendamiento inmobiliario (expediente 609/2001), promovido por la empresa Operadora de Aviación General de Toluca”.

Posteriormente, el 27 de mayo de ese mismo año la empresa SACSA, inconforme con la resolución judicial, interpuso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la demanda de nulidad y en la que hace mención de la controversia del arrendamiento.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “SACSA nunca acreditó ante la autoridad aeronáutica el debido cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas 145/I-SCT3-2001 y 145/II-SCT3-2001, por lo que no fue posible autorizar el funcionamiento de las mismas”.

En respuesta, SACSA sostiene que Aeronáutica Civil violó una suspensión definitiva que le otorgó un Tribunal para evitar que le fuera cancelado el permiso para operar un taller aeronáutico en el aeropuerto de Toluca y, según la parte legal, esto obliga a la SCT a revertir dicha cancelación y anula todas las acciones subsecuentes instrumentadas por el gobierno federal.

Para comprender este espinoso caso que cada día se revuelve más y en el que intervienen varias dependencias federales como son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recordamos que el inicio del conflicto empezó en septiembre de 2001 hasta que en marzo del año pasado la empresa SACSA fue desalojada con la fuerza pública, en cumplimiento de un mandato judicial, de sus instalaciones en el aeropuerto de Toluca, en donde había construido talleres, almacenes, tiendas y otros servicios en una superficie de 75 mil metros cuadrados, con una inversión de 75 millones de dólares, para prestar servicios aéreos como venta, renta y reparación de aviones y helicópteros.

Interviene Gobernación en Conflicto

Pues en medio de estos conflictos legales que han venido en cascada en contra de SACSA y de su propietario Alfredo Miguel, cabe destacar que curiosamente el principal cliente de la empresa emproblemada es el mismo gobierno federal, pues varias dependencias gubernamentales como secretarías de Estado, paraestatales y organismos descentralizados contrataban los servicios, como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IMSS y el ISSSTE entre otros.

Así, documentos internos confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública revelan que SACSA pretende cobrar al gobierno federal diversas facturas por la suma de 9 millones 105 mil 816.9 pesos por el servicio de renta de aeronaves; sin embargo, la intervención oportuna de los órganos de Control de Seguridad Pública y de la Policía Federal Preventiva lograron frenar tales cobros al descubrir que se trata de una supuesta simulación de renta de servicios, pues no hay forma de comprobar que las aeronaves de SACSA fueran utilizadas por el gobierno.

De confirmarse lo anterior, estaríamos ante un cuantioso fraude realizado mediante la simulación de renta de servicios aéreos por parte de SACSA a funcionarios del gobierno priista de Ernesto Zedillo, de tal forma que sólo se facturaba pero no había uso de las aeronaves.

El 26 de noviembre de 2004 la Contraloría de la Policía Federal Preventiva envió un oficio mediante el cual informa que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal remitió una carpeta con las facturas por la suma de 9.1 millones de pesos, en donde la empresa privada SACSA reclama su pago.

Pero de acuerdo con un dictamen del Órgano Iterno de Control es de “especial atención las facturas de Servicios Aéreos del Centro, S.A. de C.V., por un monto de 5.8 millones de pesos, ya incluidos en los adeudos improcedentes del punto anterior, en vista de que esta empresa pretende cobrar la renta de tres helicópteros Bell, según contrato formalizado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año de 1994, por servicios proporcionados a la entonces Policía Federal de Caminos, por rentas generadas a partir de 1994 a 1998 y 1999 inclusive; al respecto la Coordinación de Transportes Aéreos no tiene registro alguno o evidencia de los arrendamientos señalados ni de la razonabilidad de los precios facturados, considerando los descuentos y rebajas ofertadas por el proveedor.

“Este caso conviene se analice por la Secretaría de Gobernación con su similar de Comunicaciones y Transportes, para determinar la situación de estos agudos en el proceso de transferencia de activos y de pasivos suscitada en el año de 1999. La Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva no tienen injerencia alguna para promover su pago”.

Por lo anterior, al inicio de 2005 la SSP efectuó una nueva revisión de todos los expedientes, a fin de encontrar una solución al problema, por lo que su Dirección General de Asuntos Jurídicos opinó lo siguiente:

“De igual forma, el Órgano Interno de Control señala que no existen antecedentes sobre los contratos que reclama SACSA y que tampoco fueron analizados ni determinados durante el proceso de transferencia de activos de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya que los pasivos no se registraron ni presupuestaron en el ejercicio en el que se sustrajeron, concluyendo que dichos adeudos deberán pagarse por la dependencia que devengó y contrató los servicios.

“De todo lo anterior, esta aérea considera que no es procedente efectuar el pago de las prestaciones que reclama SACSA, por lo manifestado con anterioridad, en vista de la documentación soporte y la violación a principios jurídicos, por lo que en todo caso la empresa deberá demandar el pago ante los tribunales federales competentes”.

En un documento oficial de la SSP con fecha del 7 de marzo de 2005, se explica que la Dirección General de Recursos Financieros de esa dependencia revisó el expediente integrado sobre SACSA, con la participación de la Coordinación

Entre Abogados te Veas

El exbanquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche acusó penalmente a los priistas y exsenadores Salvador Rocha Díaz y José Trinidad Lanz Cárdenas, como responsables del delito de fraude procesal cometido en su agravio por haberle perdido un juicio millonario.

Cuando Cabal se vio en apuros legales, tanto financieros como penales, que lo llevaron primero a ser prófugo de la justicia mexicana y después a prisión en Australia, se puso en manos de un grupo de abogados a los que les confió su vida y destino personal. Entre su equipo de defensa estuvieron Rocha Díaz y Lanz Cárdenas, este último también había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que Cabal Peniche fue demandado en tribunales civiles por la empresa Hidrosina, propiedad de William Karam, exsocio del banquero y cuya acusación se encuentra radicada en la Subprocuraduría de Procesos, Fiscalía de Procesos en lo Civil, Septuagésima Agencia Investigadora, con el expediente APFPC/74/49603-12.

Pues Karam y su empresa le reclamaron a Cabal 20 millones de pesos que le había prestado para su defensa cuando el banquero estuvo preso en Australia y desde la cárcel no podía operar su fortuna acumulada fraudulentamente. Así, a lo largo de diez años de litigio esos 20 millones se han convertido por los intereses en una suma aproximada de 150 millones de pesos.

Por esta razón, al considerar Cabal que su grupo de abogados encabezado por los exsenadores priistas Salvador Rocha Díaz y Trinidad Lanz Cárdenas no solamente fueron negligentes sino que de manera franca y decidida realizaron componendas con el abogado de la parte acusadora Alejandro Capdevielle Flores, los ha denunciado como los autores de un fraude procesal.

Con ello, el cuerpo actual de abogados del empresario ha emprendido una táctica para pretender recuperar la imagen de Cabal y reincorporarlo al mundo de los negocios. Y no obstante las resoluciones contrarias que se han obtenido en los últimos meses, como sucedió en el que demandaron al Fobaproa los derechos por la nulidad de las acciones de los bancos, la revancha se ha ampliado y ahora Cabal denuncia a dos viejos priistas que por las mañanas elaboraban leyes en el Senado de la República y por las tardes defendían a delincuentes y defraudadores, aún cuando éstos cometieran daño patrimonial en perjuicio de la nación.

Así, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal da trámite a la denuncia en contra de Salvador Rocha Díaz, José Trinidad Lanz Cárdenas y Pastor Suárez Turnbul. Ya daremos cuenta de este caso inusual.