Oficio de Papel

• Desborda Crimen Organizado a los Estados Unidos
• Reporte de la Europol Advierte del Peligro Mundial
• EU es el Principal Mercado del Consumo de Drogas
• Utilizan a México Como Muro de Contención de EU
• Carta de la Madre de los Hermanos Cerezo Contreras
Tiene razón el gobierno estadounidense cuando alerta a su población sobre la enorme violencia que hay en México, […]

• Desborda Crimen Organizado a los Estados Unidos
• Reporte de la Europol Advierte del Peligro Mundial
• EU es el Principal Mercado del Consumo de Drogas
• Utilizan a México Como Muro de Contención de EU
• Carta de la Madre de los Hermanos Cerezo Contreras

Tiene razón el gobierno estadounidense cuando alerta a su población sobre la enorme violencia que hay en México, en parte provocada por la impunidad con que actúan las bandas del crimen organizado y en especial el narcotráfico, el cual ha incrementado su actividad ante un gobierno federal incapaz, corrupto y complaciente. Sin embargo, más allá de las declaraciones de ambos gobiernos que simulan desacuerdos y acusaciones que nadie les creé, debemos preguntarnos cuáles son los motivos de fondo que ocasionan tanta violencia en el país ante la justificada preocupación de la población, y una respuesta a ello es la droga (cocaína, anfetaminas, marihuana, heroína, crack) que cruza por territorio nacional para llegar al mercado consumidor más grande del mundo: Estados Unidos.

De tal manera que por un lado el gobierno estadounidense obliga a México a formar un muro de contención distrayendo la atención de sus cuerpos policiales y de seguridad nacional, incluidas las fuerzas armadas, para regular la llegada de droga procedente de Sudamérica y Europa, y por otra parte critica la enorme violencia que esta lucha genera por el control territorial en México de bandas del narcotráfico, las cuales sólo buscan introducir su mercancía a Estados Unidos.

Entonces se trata de un problema generado por el propio gobierno de George Bush que permite en su territorio la distribución y el consumo de droga entre la mayoría de su población, pero logra que las batallas callejeras y los crímenes se cometan en otros países subdesarrollados como México, Colombia y Perú, como una forma de alejar la violencia de los Estados Unidos. Qué pasaría si algún día México dejara de combatir a las bandas de narcotraficantes que buscan cruzar la droga a territorio estadounidense; pues lo más seguro es que la violencia se daría en el país vecino y los muertos no serían mexicanos.

En ese contexto de acusaciones y advertencias mutuas resulta interesante un amplio “Reporte Sobre el Crimen Organizado en Estados Unidos” elaborado por la policía europea, conocida como Europol. El objetivo de este reporte es buscar estrategias políticas para combatir el crimen organizado a nivel internacional, sustentar las decisiones hechas por la fuerza de ley en el establecimiento de prioridades y la captación de recursos, así como ayudar a los oficiales de la fuerza de ley a través de la apreciación norteamericana sobre los implicados en el crimen organizado en Estados Unidos.

Grupos del Crimen Organizado en EU

En el apartado de “Grupos del Crimen Organizado Norteamericanos que Controlan la Escena en los Estados Unidos”, precisa que se debe tomar en cuenta que el siguiente bosquejo sólo representa una selección de la multitud de grupos del crimen organizado que se sabe operan dentro y desde Estados Unidos, y se anticipa que una vez que se instrumenten los mecanismos de reporte dedicados al nivel de amenaza de estos grupos, se podrán desarrollar e incluir evaluaciones más concretas en el reporte.

El documento precisa que el crimen organizado de Latinoamérica está dominado por los grupos colombianos, los cuales son responsables en gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, en algunos de los estados miembros de la Unión Europea, especialmente España, Inglaterra y los Países Bajos, se mantienen células que supervisan la distribución de cocaína a grupos locales. Por ejemplo, en Rumania y Eslovenia se reporta un crecimiento en los nexos con los colombianos, y es posible que los grupos colombianos busquen expandirse hacia Estados Unidos construyendo canales en esos países para triangular las drogas.

Algo importante de este reporte de la Europol, es que en ningún apartado se menciona a México y mucho menos como si éste fuera un peligro en el crimen organizado a nivel mundial. Tampoco advierte, como lo hace el gobierno de Bush, que las bandas mexicanas tengan alguna influencia que cause peligro a la población y a las autoridades estadounidenses, pues por el contrario, la Europol precisa con claridad que el crimen organizado de Estados Unidos es un verdadero peligro para la paz mundial y para la seguridad de las naciones, así que el reclamo del gobierno panista de Vicente Fox debería de ser lo riesgoso que resulta para México compartir tan amplia frontera con el país más peligroso del mundo.

Otros grupos del crimen organizado que operan desde Bélgica, los Países Bajos e Italia, a menudo tienen varias nacionalidades, lo que privilegia la extensión de ramificaciones trasnacionales y su implicación en diferentes tipos de crimen. Para Bélgica y los Países Bajos esto se refiere al tráfico de drogas por parte de bandas que cuentan con mucho dinero, recursos humanos, habilidades criminalísticas y amplia experiencia, además de ser flexibles y estar sumamente integradas a la Web internacional de contactos criminales.

En cuanto a los grupos menores del crimen organizado, precisa que hay pandillas ilegales de motociclistas como los Ángeles del Infierno MC, Bandidos MC y Forajidos MC, que en conjunto es un problema mayor, especialmente en Dinamarca, pero que están totalmente representadas por todo Estados Unidos y sus miembros están implicados en varios crímenes.

El crimen organizado en Albania es un problema dominante. Los grupos étnicos albaneses del crimen organizado todavía son un problema mayor para algunos Estados miembros europeos y una amenaza latente para otros. Ellos han pasado de ser un simple servicio de proveedores a otros grupos criminales, a un grupo criminal en sus propios términos.

Los grupos del Crimen Organizado en Turquía continúan con el tráfico de heroína, pero buscan expandir sus crímenes; estos son actores importantes en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Muchos turcos implicados en el crimen organizado en Estados Unidos son de la segunda generación, y su familiaridad con el país y su cultura les ha permitido desarrollar nexos adicionales con otros grupos del crimen organizado. Ello podría facilitar su incursión en otras áreas del crimen.

Los grupos del crimen organizado de los países en transición como Polonia, Bulgaria y Rumania, representan un problema de crecimiento por su flexibilidad para cometer otro tipo de crímenes. Dada la importancia geográfica de Polonia, los grupos criminales polacos se están volviendo más notorios, lo que probablemente fomente su crecimiento. Los grupos del crimen organizado en los estados bálticos se beneficiarán de sus ligas internacionales con otros grupos dentro y fuera de Estados Unidos, planteando una amenaza creciente, mientras que los lituanos son particularmente prolíficos.

El crimen organizado de África también representa una amenaza para Estados Unidos. Los grupos del Oeste de África han consolidado su presencia a lo largo de Estados Unidos en los últimos cinco años, y cada vez con más frecuencia hacen mancuerna con otros grupos del crimen organizado para ejecutar sus actividades criminales, que al mismo tiempo los ha sacado de las investigaciones criminales, aún cuando sus principales actividades son el fraude, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, incluyendo niños.

En cuanto al crimen organizado asiático, la Europol señala que en Estados Unidos está encabezado por los grupos criminales chinos y vietnamitas, lo que se ha convertido en una amenaza latente para los estadounidenses.

Los grupos del crimen organizado chino están principalmente involucrados en la migración ilegal hacia Estados Unidos; sin embargo, algunos informes reportan una ampliación de sus actividades hacia el contrabando de armas y cigarros. Las bandas chinas mantienen un papel dominante dentro de sus comunidades y, a nivel norteamericano, la amenaza parece ser limitada en comparación a la amenaza planteada por otros grupos. Los grupos vietnamitas del crimen organizado han sido identificados por su movimiento constante en varias áreas del crimen, sobre todo en Alemania y República Checa, en donde están involucrados en el tráfico de heroína, contrabando de cigarros y delitos en aduanas. Polonia también alerta sobre la actuación de grupos vietnamitas en robo.

Tipos de Crimen

El reporte de la Europol señala que el narcotráfico es la actividad principal del crimen organizado. Explica que la industria mundial del narcotráfico involucra a los grupos norteamericanos y extranjeros en estrategia, operación y táctica. Los grupos turcos, por ejemplo, dominan el mercado de heroína hecha con el opio de Afganistán; los colombianos controlan la cocaína, mientras que los grupos daneses las drogas sintéticas. En la actualidad hay una tendencia más marcada en el tráfico polinarcótico; es decir, son más los grupos que se dedican al tráfico de varios tipos de drogas. Europa, con una diferencia mínima con los Estados miembros, presenta un incremento en el uso de drogas sintéticas y cocaína. En Francia hay alerta por primera vez del consumo del crack.

La migración ilegal es casi controlada por completo por el crimen organizado. Ello involucra a grupos del crimen organizado de los Estados miembros, de Afganistán, Albania, Angola, Bulgaria, China, Colombia, Ecuador, Estonia, Fyrom, Irán, Irak, Lituania, Marruecos, Polonia, Rumania, Rusia, Somalia, Turquía, Ucrania, Yugoslavia y Sudáfrica. Un dato importante es que las mismas rutas de la droga son usadas también por la migración ilegal: la ruta balcánica, la ruta del Centro y el Este de Europa, la ruta báltica, la ruta del este del Mediterráneo y la ruta de Noroáfrica.

El tráfico de personas secuestradas o engañadas es otra de las actividades del crimen organizado, que en lo general son del mismo origen étnico que sus secuestradores y son forzados a trabajar en condiciones precarias, obligados a permanecer en un estado cautivo recibiendo una cantidad mínima de ganancias. Las rutas utilizadas para el tráfico de personas son las mismas para la migración ilegal y el narcotráfico.

En la pornografía infantil no se ha probado la inserción del crimen organizado en este delito, pero es posible que los sitios Web que venden pornografía infantil sean creados por criminales como una manera de hacer dinero.

En los robos es muy difícil estimar si el crimen organizado está involucrado, mientras que en el fraude puede apuntar a blancos como compañías privadas e instituciones públicas. Los grupos nativos del crimen organizado privan a los Estados miembros de millones de euros, mientras que los grupos del oeste de África son expertos en el fraude de pagos. El robo de identidad y el fraude crediticio están creciendo de una forma alarmante.

El delito de extorsión está basado en el poder de intimidación de los grupos del crimen organizado. La extorsión florece donde la presencia del crimen organizado vence a un Estado soberano y constituye una parte fundamental de crímenes más complejos como el tráfico de personas, el secuestro para obtener un rescate, la explotación, la prostitución y en algunos casos la migración ilegal.

El delito de falsificación se ejecuta para facilitar y finalizar la penetración de crímenes como tráfico de drogas, tráfico de vehículos robados y seres humanos, piratería, migración ilegal, falsificación de monedas y muchos tipos de fraude. La falsificación del recién introducido euro ha dado buenos resultados.

La piratería deja al crimen organizado grandes ganancias. Europa del Este y Europa Oriental son los principales productores de piratería de música, películas, software, video juegos y artículos de decoración, pero los grupos criminales locales están involucrados en la distribución y la producción dentro de Estados Unidos.

En los crímenes del medio ambiente el comercio de especies en peligro de extinción es operado con frecuencia por los traficantes de drogas. La introducción del crimen organizado en la disposición ilegal de desechos tóxicos, especialmente al sur de Italia, amenaza con expandirse.

El contrabando de tabaco, alcohol y gasolina son realizados dentro de Estados Unidos y entre los Estados miembros. Usualmente el tabaco viene del extranjero, de países como China, Polonia, Uruguay, Malasia, Tailandia, Ucrania, Rusia y los Países Bálticos, mientras que el alcohol es principalmente exportado de sureste y el noroeste de los Estados miembros.

Las armas de fuego son exportadas de Los Balcanes y de Europa Oriental, para abastecer a grupos criminales y el mercado negro.

En el tráfico de vehículos robados la presencia del crimen organizado va en aumento. Alrededor de un millón 150 mil vehículos son robados anualmente, de los que el 34 por ciento no es recuperado. Todos los vehículos no encontrados, con documentos falsos, son vendidos en los Estados miembros, o con más frecuencia fuera de los Estados Unidos, en Europa Occidental, África y el Medio Este.

Tráfico de obras de arte y bienes culturales de Francia, Italia, Grecia, España y Portugal son hurtados por grupos especializados que frecuentemente operan en comisión y con frecuencia transitan por Bélgica y Los Países Bajos para llevar la mercancía.

Carta de Emilia Contreras Rodríguez

La madre de los hermanos Cerezo Contreras, Emilia Contreras Rodríguez, acusada por el gobierno federal de ser una de las líderes guerrilleras del Ejército Popular Revolucionario, envió una carta en donde acusa al gobierno de Vicente Fox de mantener como rehenes políticos a sus tres hijos actualmente presos en penales de alta seguridad acusados de pertenecer al EPR y realizar actos terroristas. Este es el texto íntegro de la carta:

Enero 24 de 2005

Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el de “recuperar” el control de la prisión de alta seguridad de La Palma, el gobierno federal ha recrudecido su trato hacia mis hijos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, rehenes políticos de Vicente Fox, Santiago Creel, Rafael Macedo de la Concha, Martín Huerta y Clemente Vega García, confinándolos a Antonio en el Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, y a Héctor en el de Puente Grande, Jalisco, dejando a Alejandro en La Palma para disfrazar que se trata, ante las adelantadas elecciones presidenciales, de un reacomodo de las fuerzas políticas en el gobierno que están, éstas sí, coludidas con el narcotráfico.

El gobierno foxista está urgido de acciones espectaculares que posicionen a su partido en la carrera presidencial, acciones encaminadas a fortalecer a la ultraderecha y como consecuencia a uno de los cárteles del narcotráfico (necesitan quien les financie la próxima campaña presidencial), pero para curarse en salud intentan hacer creer que mis hijos, a quienes mantienen como rehenes desde el 13 de agosto de 2001, son quienes han desestabilizado el penal federal de La Palma, como una evidencia de que los luchadores sociales estamos asociados con el narcotráfico como insistentemente lo pregonan algunos periodistas, y entre ellos Jorge Fernández Menéndez en su columna de Milenio Diario del día 18 de enero, en la que escribe que “…el traslado ( ) como el de los hermanos Cerezo, era necesario para romper los acuerdos internos, las complicidades que se habían dado en La Palma entre éstos…”, a quienes desde este espacio les exijo que dejen de calumniar a mis hijos y a todos los luchadores sociales al vincularnos con el narcotráfico, porque aunque el gobierno foxista pudiera fabricar algunas pruebas, como es su costumbre, jamás ha existido relación alguna entre el narcotráfico y la lucha social.

¿Por qué tanta saña contra mis hijos, Sr. Fernández Menéndez? Hoy, ya Alejandro como seguramente Héctor y Antonio, además de prisioneros están en el área de “conductas especiales”, un cuarto de aislamiento con sólo una mirilla por la cual les pasan los alimentos, en donde permanecerán por quién sabe cuánto tiempo. ¿Satisfecho?

No me cabe la menor duda de que Vicente Fox ha logrado un cambio durante su régimen, el de sentar el precedente de tomar como rehenes a mis hijos para intentar usarlos como medio de chantaje político y tratar de paralizar la lucha social que se está desarrollando en el país, pues si ese es el riesgo que corre todo luchador social habrá quienes retrocedan para proteger a sus hijos y a su familia, lo que es comprensible, pero con lo que no cuenta este régimen es con que aún hay hombres que tienen la dignidad que a otros les falta y que nada hará retroceder su lucha por la justicia, la soberanía, la igualdad y la libertad.

Respecto a Miguel Angel Yunes, dadas sus declaraciones publicadas también en
Milenio Diario el día 18 de este mismo mes, lo hago responsable junto con Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha, Santiago Creel, Martín Huerta y Clemente Vega García, el flamante “gabinete de seguridad”, de lo que pueda sucederle a mis hijos Antonio, Héctor y Alejandro en prisión y a Emiliana y Francisco, así como a los integrantes de su Comité, filiales, compañeros y amigos que se han solidarizado y continúan solidarizándose con ellos.

Mis hijos, mis amores:

No sé hasta cuando esta carta podrá ser leída por ustedes, pero quiero reiterarles que confío plenamente en que sabrán sobrellevar las circunstancias que se les presentan por más adversas que éstas sean, que el hecho de que hoy, el gobierno foxista los separe físicamente en prisiones diferentes, para continuar manteniéndolos como rehenes, sólo es una prueba más de la que saldrán abantes, porque el cariño que nos une resistirá todo embate y toda mezquindad de quienes hoy fungen como “gobernantes”.

Qué lejos estamos de los días de su infancia en que todos juntos podíamos reír o llorar, pero qué cerca de los padres y los hijos de nuestro pueblo que no han tenido ni siquiera esa oportunidad por estar sumidos en la miseria y en la ignorancia, alejados entre sí por las vicisitudes que les impone no la vida, sino este injusto sistema.

Ale, Toño, Héctor, mis amores, lo que hay que asimilar es que no importa si están juntos o separados, sino que cada uno de ustedes tiene fincada su fortaleza en sus principios, que la soledad física abre las puertas a la fuerza moral y que donde quiera que se encuentren podrán encontrar el calor humano de los también injustamente prisioneros que ni siquiera cuentan con una defensa jurídica ni con el consuelo de una visita familiar o un comité como el que han formado Francisco y Emiliana para lograr su libertad.

Toño y Héctor, ya me conocen, así que se han de imaginar la conmoción que sentí al ver cómo eran trasladados y a ti Ale cuando les fue leído el reglamento, pero el solo hecho de verlos aun en esas circunstancias me ha fortalecido y me ha hecho sentir aun más orgullosa de ustedes, mis hijos.

Ale, no se me agüite, no le dé gusto a sus esbirros, pero tampoco se me engalle, solo chiquitín, tómalo como una oportunidad para seguir madurando, asumiendo como siempre lo has hecho, sólo que con más mesura, la responsabilidad de tus actos; sí ya sé que tal vez pienses que es fácil escribirlo, pero permíteme decirte que no espero menos de ti ni de tus hermanos, y permite que me siga creyendo la mamá de los pollitos al hacerte algunas recomendaciones que tal vez sean innecesarias, pero que quiero expresarte.

Emi y Francisco, el tiempo de amor filial se conjuga con el de la fortaleza y la confianza en que sus hermanos han crecido y sabrán resolver las dificultades que se les presenten como ustedes lo ha venido haciendo, así que ni un paso atrás en su lucha por la libertad no sólo de sus hermanos sino de todos los luchadores sociales presos políticos y de conciencia en el país.

Finalmente no me cansaré de agradecer la solidaridad que este perverso y arbitrario acto del gobierno foxista y sus cómplices genera en todos aquellos que viven comprometidos de cualquier manera con la lucha, porque en nuestro México exista justicia social y un verdadero Estado de derecho, porque tengo la esperanza y la convicción de que no será necesario que pasen otros 30 años para que quienes son responsables de estas abominables acciones y delitos de lesa humanidad sean juzgados.

¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia en el país!

Emilia Contreras Rodríguez

• Confrontan Narcotraficantes al Estado Mexicano
• Es el Primer Indicio Para una Colombianización
• Operan en México Organizaciones Colombianas
• Denuncia de la Ex Directora Jurídica de la SHCP
• Cita un Juez Civil a Declarar a Cinco Periodistas
México se parece cada día más al violento narcoestado colombiano de hace 20 años, cuando los jefes de los grandes cárteles de Cali y de […]

• Confrontan Narcotraficantes al Estado Mexicano
• Es el Primer Indicio Para una Colombianización
• Operan en México Organizaciones Colombianas
• Denuncia de la Ex Directora Jurídica de la SHCP
• Cita un Juez Civil a Declarar a Cinco Periodistas

México se parece cada día más al violento narcoestado colombiano de hace 20 años, cuando los jefes de los grandes cárteles de Cali y de Medellín, comandados por los hermanos Rodríguez Orihuela (actualmente presos) y el legendario Pablo Escobar Gaviria (muerto en un enfrentamiento con el ejército), ordenaban desde sus mansiones los asesinatos de policías, políticos y periodistas; financiaban las campañas electorales presidenciales; tenían infiltrado al Congreso con legisladores pagados con dinero sucio; secuestraban y mataban a empresarios y líderes sociales; tenían el control territorial de importantes zonas colombianas; mantenían negocios con la guerrilla; dominaban el narcotráfico mundial y, en general, lavaban sus ganancias en los circuitos financieros de Estados Unidos.

Por supuesto que ese modelo colombiano de la droga no se repite tal cual en este país, pero las similitudes cada vez son más parecidas y, lo que sí es una realidad, es que los grupos mexicanos de narcotraficantes ya han desafiado al Ejército y cada día son más violentos, pues han tomado las calles para acribillar a policías, periodistas, políticos y abogados, ante el asombro y el temor de la población. El narcotráfico también ha financiado, y eso desde hace muchos años, campañas presidenciales, estatales y municipales; han infiltrado y corrompido a los principales organismos de la lucha contra el narcotráfico, como la PGR y el Ejército; en el Congreso hay abogados que juegan un doble papel, de legisladores por las mañanas y defensores de narcotraficantes por las noches, y quien no lo crea que le pregunte al senador panista Diego Fernández de Cevallos; cometen además secuestros; hay municipios en el país en donde los cuerpos policiales y militares no pueden entrar porque son controlados por narcotraficantes; mientras que las leyes y los mecanismos para combatir el lavado de dinero son ineficientes y, lo peor de todo, que el discurso foxista sostiene que puede controlar a esta pesadilla que cada día arremete con más fuerza contra la estabilidad y la paz social.

Por si lo anterior fuera poco, el principal responsable de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador contra la Delincuencia Organizada, está más preocupado en demandar a civiles por supuesta “difamación” y en citar a periodistas ante el juez como testigos, que en atender el problema del crimen organizado y las mafias de la droga.

En ese sentido, hace varios meses publicamos en este espacio algunas reflexiones sobre la narcocolombianización del país, por lo que ahora, ante los últimos acontecimientos violentos ocurridos en todo el territorio nacional: homicidios de policías, custodios, abogados y servidores públicos, así como fugas de reos peligrosos de los penales de “máxima” seguridad, retomamos algunos conceptos y la entrevista que le hicimos a finales del año pasado al titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Jorge Rosas García:

La Onerosa Industria del Narcotráfico

Como una gran industria que genera cuantiosos recursos para todos los que se dedican a ella, el narcotráfico, lejos de verse disminuido por la lucha que libran en su contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiales y de seguridad nacional, en lo que va del sexenio ha incrementado el consumo de drogas en el país, han mejorado los canales de distribución y con ello ha aumentado la violencia que genera la operación de las mafias de las drogas en el territorio mexicano, mientras que las ganancias que produce esa actividad ilícita ronda los 30 mil millones de dólares, según estimaciones de especialistas financieros quienes, por cierto, nunca saben decir en dónde se “lavan” esos cuantiosos recursos que por sus montos sólo pueden blanquearse en dos sectores: el empresarial y el bancario.

Así las cosas, nos preguntamos entonces de qué sirven tantas aprehensiones de jefes de la mafia que los generales Clemente Vega, secretario de la Defensa, y Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, reportan a la sociedad cada semana a través de todos los medios de comunicación que, ávidos de noticias, presentan las capturas como si con ello se diera un golpe de muerte a esa actividad criminal.

Por supuesto que más tardan los órganos de seguridad del Estado en capturar a uno de esos jefes de los cárteles que éstos en sustituirlo. Y no se trata más que simplemente de cubrir las necesidades de un mercado cada día más demandante y también más peligroso, en donde la oferta laboral es tan amplia que muchos “ejecutivos” están dispuestos a arriesgar la vida a cambio de asumir el mando de estas organizaciones criminales.

Pero para conocer más de esta peligrosa industria, un experto en la materia es el titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, perteneciente a la PGR, Jorge Rosas García, quien identifica 6 grandes organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el país: el cártel del Golfo, que comanda desde la prisión Osiel Cárdenas Guillén; los hermanos Arellano Félix, a quienes les han matado a un hermano y tienen presos a dos más, pero ni así son eliminados; la familia Valencia; los Carrillo Fuentes; Nacho Coronel, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, quien opera junto con el Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. También está la banda de la familia Díaz Parada, que tienen su sede en Oaxaca y es parte del grupo de Arellano Félix de Tijuana.

Sobre el cártel del Golfo, del que fue jefe el legendario Juan García Abrego, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, Rosas García explica que durante muchos años la PGR ha combatido a este grupo que ahora comanda Osiel Cárdenas y sus hermanos, además de operadores con capacidad de liderazgo como Víctor Manuel Vázquez.

A ese grupo, reconoce el jefe policiaco, se le han dado fuertes golpes en su estructura, pero eso no ha impedido que siga operando, porque cuenta con áreas de trabajo muy específicas, en donde un grupo se dedica al cultivo, otro a la siembra, uno más a la distribución, otro a la internación de droga a estados Unidos, uno al lavado de dinero, otro para protección y así se crea una organización horizontal para protegerse de cualquier captura que no pueda incidir en otra áreas. Lo cual explica porqué el narcotráfico mientras sea una actividad ilícita nunca podrá ser controlado ni regulado.

Por ejemplo, hace unos meses se capturó en el estado de México a unos delincuentes pertenecientes al cártel del Golfo que transportaban 155 kilogramos de cocaína y más de 2 millones de dólares en efectivo, y esto, dice Rosas García, significa que el grupo sigue operando aunque sus líderes sean capturados.

“Haga de cuenta que es como un director de una empresa, que se gana la confianza de otros grupos e, inclusive, esa confianza les da a ambos la posibilidad de vender droga y por el liderazgo que tiene la posibilidad de cumplir compromisos con cualquier otra organización extranjera dedicada también al tráfico de estupefacientes, de tal manera que cuando se captura a un líder de alguna organización, la PGR rompe la cadena de contactos con bandas de otros países que son las que surten las drogas”, Rosas García explica así que ni con la captura de importantes jefes de la mafia se frena la distribución de drogas.

De las ejecuciones que en los últimos días han ocurrido en varios estados de la República como es el caso de Tamaulipas, el responsable de la PGR para combatir al narcotráfico dice que se trata de enfrentamientos entre bandas por el control de la plaza, porque en el caso de Tamaulipas resulta muy atractiva por ser la más cercana entre las poblaciones de México y Estados Unidos.

Operan en México Cárteles Colombianos

Hablar del narcotráfico colombiano es hablar ya de literatura, pues muchos libros se han escrito sobre el tema por ser ese país sudamericano el principal productor y procesador de cocaína en el mundo. Ese primer lugar que tantos dolores de cabeza le ha dado a la sociedad colombiana hasta convertirla en perseguida y asediada por todo el mundo, al grado de que cuando alguna persona intenta cruzar la aduana de cualquier país lo primero que hacen las autoridades es tratarla discriminatoriamente, como si se tratara de un narcotraficante confeso, lo que resulta no sólo molesto sino denigrante y violatorio de los derechos humanos.

Pues de acuerdo con esta Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, hay una importante presencia de dos grupos colombianos en territorio nacional y, a diferencia de otros tiempos cuando organizaciones de narcotraficantes de Colombia sólo venían a México a entregar la droga a bandas mexicanas y se regresaban a su país, ahora se ha descubierto la presencia de por lo menos dos grupos distintos de narcotraficantes colombianos que se han asentado en territorio nacional y con ello se genera mayor violencia.

Rosas García sostiene que ya están investigando a esas organizaciones de colombianos que surten la droga a bandas mexicanas, pero advierte lo peligrosas que son, pues es conocida su forma violenta de operar, y esto es lo que estamos viviendo.

Carta al Presidente Vicente Fox

Golpeada en cuatro ocasiones por denunciar hechos de corrupción en la Secretaría de Hacienda, la ex directora Jurídica de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, ha sido amenazada de muerte, despedida de su trabajo y amedrentada para evitar que siga denunciando cómo se viola la Constitución y la normatividad vigente en el manejo del presupuesto público por parte del secretario Francisco Gil Díaz y su incondicional Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto “A”.

Este grave caso, que es analizado en el senado y que ya un grupo de legisladores estudian las irregularidades legales y la corrupción cometida por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se expone en una amplia carta que Lilia Cortés envió al presidente Vicente Fox cuando aún era servidora pública y ante lo cual la Presidencia de la República no hizo nada al respecto. Esta es la historia contada por esta valiente mujer:

“Soy empleada federal con plaza de director de área MC53, en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, con 21 años de servicio en la administración pública federal y con estudios de doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Denuncio con valentía porque tengo el arrojo de enfrentar a alguien muy poderoso en un esquema notoriamente desfavorable, desventajoso e inequitativo al que no tengo miedo enfrentar pese a que sé que pueden materializar las múltiples amenazas, intimidación y represión a la que me han sometido, y entenderá esto cuando termine de leer estas líneas.

“El 31 de julio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; en este documento y concretamente en los artículos transitorios, omitieron los funcionarios públicos que elaboraron el documento y que después lo sometieron a su firma de manera maliciosa, negligente, dolosa y con mala fe, hacer alusión al destino del personal de las unidades administrativas que desaparecieron en la Subsecretaría de Egresos, según el artículo 65 de este dispositivo legal (a saber Dirección General de Programación y Presupuesto de Salud, Agropecuario, Energía y servicios).

“En estas cuatro direcciones generales había alrededor de 520 empleados, los cuales a partir de la citada reforma del Reglamento, están desorganizados, desarticulados, las áreas y las funciones están desordenadas, por lo que el resultado del trabajo en estas condiciones necesariamente tiene deficiencias. Momentáneamente han acomodado en las dos nuevas direcciones de Programación y Presupuesto “A” y “B” a un número desconocido de servidores públicos y es desconocido porque a nadie se le notificó oficialmente qué derechos u obligaciones tendríamos a raíz de la reforma del Reglamento.

“Hay una gran incertidumbre porque saber a qué unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda se va a reasignar a cada uno de los servidores públicos, porque el parámetro de asignación que se ha utilizado, ha sido la decisión de una o dos personas sin mediar el perfil o evaluar las capacidades, experiencia o cualquier otro aspecto normativo que se hubiere tomado en cuenta para tal fin. Además, esperamos que la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP autorice la plantilla Definitiva y registre el Manual Específico de Funciones de las citadas direcciones (esto es grave porque debió hacerse antes de publicar el Decreto que reforma el Reglamento interior de la SHCP, contraviniendo la legislación presupuestal y administrativa). Actualmente los servidores públicos están en un laberinto de confusión que evita que se desarrollen normalmente las actividades y que incluso se ha complicado internamente la operación, y esto ya fue detectado por la Contraloría Interna, la cual ha pedido se resuelva a la brevedad esta situación.

“La desorganización es manifiesta, ya que hay actividades que anteriormente las realizaban dos pesonas y ahora hay 10 sin supervisión, hay una desarticulación de las actividades que se convierte en ineficiencia porque más gente hace lo mismos en mayor tiempo, y por si fuera poco se está pagando con las partidas presupuestales de las direcciones que se extinguieron, circunstancia que el Órgano Interno de Control está indagando.

“En virtud de que en la publicación del referido Reglamento no se determinó que los derechos de los trabajadores tenían que respetarse como lo establece la legislación vigente aplicable en la materia, esto como una estrategia para dejar al personal a la deriva en un mar de indefensión, están obligando a renunciar sin ninguna justificación legal, razón o motivo. Por lo que igualmente esta irregularidad es objeto de seguimiento por parte de la Contraloría.

“Asimismo, hay una laguna legal que ha propiciado toda clase de violencia, sometiendo a los servidores públicos a un trato de reos de penal de alta seguridad, al menos me consta que ha sido así con los funcionarios que estaban adscritos a la Dirección de Programación y Presupuesto de Servicios, al grado de que al momento de entregar la renuncia tras el sufrimiento psicológico, moral y físico que esto representa, se consideren afortunados de salir de este infierno.

“Es importante explicar la causa que origina esta agresión, ya que no es gratuita y es muy fácil de entender, porque estas plazas están consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siendo altamente codiciadas, porque ya tienen recursos en teoría preasignados, no interesando quién las ocupe, e incluso como el tabulador de percepciones y prestaciones tiene un ámbito de aplicación macro, es decir para la administración pública federal se pueden transferir las plazas a cualquier ente que ejerza recursos públicos y están ocupadas por el vecino, el esposo o la amiga.

“A raíz de esto tuve el valor civil de denunciar las mil y una groserías, bajezas y agresiones que he recibido, quejándome por escrito dirigido al titular del Órgano Interno de Control en la SHCP.

“Sr. Presidente, me han orillado estos seudoservidores públicos a correr el riesgo de que me cumplan las múltiples amenazas que me han hecho y no me importa, porque no puedo exigirle un mejor país a usted si no hago nada para ayudarle, si dejamos que continúen este tipo de abusos, no le apoyaría en nada y me convertiría en cómplice de estas arbitrariedades, además me puedo quedar sin trabajo o, incluso, tener que irme del país por la represión de la cual he sido objeto, pero nunca señor presidente quedarme sin dignidad…”

Jueces Contra Periodistas

El juez José Guadalupe Mejía Galán, titular del juzgado 32 civil del Distrito Federal, metió en un brete a cinco periodistas que deben comparecer ante él en el juicio que promovió José Luis Santiago Vasconcelos, el subprocurador General de la República encargado de combatir a la delincuencia organizada, en contra de los señores Bernardo Santiago Pando y Maritza Pérez Aguilar. Al hacerlo, el togado, a su vez, se metió en camisa de once varas.

Hace algunos meses, en el interior de la Secretaría de Gobernación, y específicamente en las oficinas migratorias, se descubrió una red que, al parecer, se había integrado para favorecer el manejo ilegal de migrantes. En esta redada cayó presa y está sometida a juicio la suegra de Bernardo Santiago Pando, quien se pronunció ante distintos medios de comunicación sobre las circunstancias como habían involucrado a su familiar en estos hechos.

Evidentemente, la importancia del caso dio lugar a que los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos se ocuparan del suceso. Santiago Pando hizo alusiones directas a Santiago Vasconcelos, quien optó por demandar en la vía civil el daño moral que le ocasionaban las manifestaciones públicas de su adversario. El juicio fue presentado a la consideración de Mejía Galán. El demandante ofreció como prueba la comparecencia de los periodistas, entre los que se cuentan, según lo publicado, Miguel Angel Granados Chapa, del Reforma; Ricardo Rocha, del programa Detrás de la Noticia; Carlos Marín, de Milenio, y Ciro Gómez Leyva de Canal 40.

Según reportan los periodistas, en el juzgado se tuvo un sainete a los que nos tienen acostumbrados las oficinas judiciales, porque se consideró que la conducta del juez Mejía Galán no solamente es contraria a la libertad de expresión, sino que constituye un ataque franco del Poder Judicial del Distrito Federal a los periodistas, porque son llamados a comparecer en relación con su trabajo cuando no tiene razón ni sentido la prueba judicial que se pretende obtener de ellos, quienes simplemente dieron a conocer hechos que si acontecieron en la realidad y que fueron objeto de una información verificada diligentemente.

Los periodistas, como corresponde a casos como éste, empiezan a recibir muestras de solidaridad nacional e internacional por los actos que perturban su trabajo cotidiano. De otra suerte, se pone en tela de discusión el autoritarismo del que vienen siendo víctima no solamente los informadores sino la sociedad desde el ámbito propio de los órganos de procuración y administración de justicia a la sombra del régimen actual en el gobierno de la ciudad de México.

La Saga de Krauze

El historiador Enrique Krauze ha sido requerido para declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El escritor tendrá que explicar su intervención en el planteamiento del juicio mercantil que tramitaron Televisa y Editorial Clío y que ha presentado algunos misterios sin resolver.

El procedimiento judicial está siendo investigado de acuerdo con la disposiciones del nuevo Código Penal que impone límites y castigos muy rigurosos para los particulares y abogados que abusan de los trámites legales en los juzgados.

El destacado intelectual mexicano y aspirante a ingresar al Colegio Nacional ha dado dos versiones a los medios de comunicación en relación con el adeudo que supuestamente dio lugar al juicio. En primer lugar mencionó que eran diferencias que le adeudaba Clio a Televisa por sus relaciones comerciales y que arrojaban un saldo a favor de la televisora por la cantidad de 12 millones de pesos. Después aclaró y dio una versión diferente. Se trata, dijo Krauze, de un dinero con el que se cubre la capitalización de la empresa para tener una posición más consolidada. Pero siempre ha reconocido el adeudo.

En el juicio se estableció que efectivamente el crédito existía y se reconoció judicialmente el adeudo. Después, los abogados de Clío señalaron que cuando firmó los documentos en los que se registró la deuda Krauze no tenía facultades legales para ello.

Como el juez absolvió a Clío, porque precisamente los documentos los había firmado quien no tenía las facultades para hacerlo legalmente, ahora resulta que Clío no le debe a Televisa lo que dice Clío que le debía y Televisa, de lo que Krauze había reconocido ser el deudor de tan temible acreedor. Es sobre esta forma de liberarse de un adeudo a través de los tribunales sobre lo cual el historiador tendrá que declarar inevitablemente al procurador Bernardo Bátiz.

• Corrupción en el Consejo Mexicano del Café
• Encubre Sagarpa desvíos públicos en el CMC
• En riesgo 500 mil familias por crisis del café
Una noticia perdida entre las páginas de un diario de circulación nacional, firmada por la periodista Lourdes Rudiño, advierte sobre la crisis que vive el sector de la cafeticultura y que afecta a más de […]

• Corrupción en el Consejo Mexicano del Café
• Encubre Sagarpa desvíos públicos en el CMC
• En riesgo 500 mil familias por crisis del café

Una noticia perdida entre las páginas de un diario de circulación nacional, firmada por la periodista Lourdes Rudiño, advierte sobre la crisis que vive el sector de la cafeticultura y que afecta a más de 450 mil familias campesinas en 12 estados de la República. La excelente investigación de la reportera revela cómo el Consejo Mexicano del Café (CMC), órgano privado que recibe subsidios gubernamentales y que es responsable de regular dicha actividad en el país, fue intervenido hace unos días por Lorena Septiem, funcionaria de la Secretaría de Agricultura, quien pidió cuentas al presidente de dicho Consejo, Roberto Giesemann, por supuestos desvíos de recursos públicos en los programas de apoyo para los productores cafetaleros, además de anunciarle la próxima desaparición del CMC para encubrir las múltiples irregularidades cometidas allí en los últimos tres años.

Desde Nueva Cork, el ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora, explicó vía telefónica cómo fue despedido en 2001 por el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, por denunciar actos de corrupción del subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García–, y que fue sustituido por Giesemann, de quien dijo ha cometido graves actos de corrupción y, según las auditorías practicadas a su administración en el CMC, “hay importantes desvíos en el manejo de 4 mil 500 millones de pesos correspondientes al presupuesto de los últimos tres años”.

El CMC es una asociación civil que trabaja con la Secretaría de Agricultura y Ganadería bajo un contrato directo, y su objetivo es instrumentar las políticas sobre el sector cafetalero de México, por lo cual los presupuestos que asigna el Congreso para este sector, son adjudicados al CMC por esa Secretaría mediante un contrato de aplicación para programas específicos, diseñados supuestamente en coordinación con productores y con los beneficiadores del café.

A partir de la salida de Javier Mora del Consejo, la Sagarpa aplicó un programa de préstamos a productores que ahora alcanzan los 4 mil 500 millones de pesos, cifra que corresponde a los presupuestos de los últimos tres años y que fueron adjudicados al Consejo bajo ciertos lineamientos.

Mora recuerda así ese episodio: “antes de salir del Consejo me opuse a que se otorgaran éstos créditos al campo, pues si eran subsidios se les debían entregar como tales y no diseñar una política crediticia absurda, elaborada por el subsecretario Ruiz García y que ya reventó, pues se hicieron préstamos minúsculos a cerca de 450 mil productores en razón sólo de que eran titulares de la tierra, sin alguna viabilidad financiera, de tal manera que ahora que el mercado ha dado la vuelta y ha repuntado, la Sagarpa quiere recuperar esos préstamos sin éxito alguno, lo que ya es un problema grave, pues obviamente va a ser imposible la recuperación de esos 4 mil 500 millones de pesos que los productores no pueden pagar por la crisis que atraviesa el sector”.

Para el ex presidente del CMC esto sólo se explica por los desvíos de recursos públicos en complicidad entre el presidente del Consejo y el subsecretario de Desarrollo Rural, y recuerda que “a mí me quitaron porque me había opuesto a este tipo de políticas de manejos de dinero muy a la ligera, entonces ahora se encuentran en un grave problema el presidente Roberto Guissaman –mexicano de origen alemán-, quien carece de experiencia administrativa y realizó gastos absurdos como comprar camionetas nuevas, computadoras, gastos de viajes y excedente de personal, entre otras irregularidades, mientras que la Sagarpa se hacía de la vista gorda”.

Así, después del tercer año de la administración de Guissaman, las auditorías han arrojado una serie de observaciones graves que no se han corregido, como por ejemplo, dice Javier Mora, préstamos al personal, excesos en gastos de viaje y tarjetas de crédito, adquisición de automóviles último modelo, y esto ha causado que el Consejo, que es una institución vital del sector, vaya a ser cancelado.

El CMC va directo al fracaso

“El Consejo va directo al fracaso, porque como está sujeto a una condición de mercado, éste ya cambió, subió, y ahora está por encima de un dólar la libra del café y la reglamentación señala que cuando el precio se eleve por arriba de los 85 centavos de dólar la libra, los productores deberán pagar al fisco y se deben reintegrar los préstamos que les habían dado, y obviamente los 450 mil productores de café tienen muy bajos ingresos y nunca van a poder regresar ese dinero, lo que significa el fracaso rotundo de las políticas instrumentadas por el secretario Javier Usabiaga, por el subsecretario Antonio Ruiz García y el presidente del Consejo, Roberto Guissaman”, según comenta Javier Mora.

La desaparición del CMC es muy preocupante porque este organismo privado que se sostiene con subsidio gubernamental, es un interlocutor con los mercados internacionales, con las cadenas productivas en México y con las cadenas de autoservicio en todo el país; además, es el vocero que maneja la política cafetalera en los 12 estados productores de café y cada consejo estatal es controlado por los gobiernos locales.

El órgano de gobierno del CMC son las organizaciones productoras y campesinas, en donde están también productores privados y exportadores, pero como estas organizaciones no tienen presupuesto, se forma un consejo del café que lo contrata la Secretaría de Agricultura para que ejecute y aplique la política oficial y el subsidio, dinero que provoca disputas y diferencias en su asignación, lo que termina en cuantiosos fraudes.

La posición de la Secretaría de Agricultura es ya no renovarle un contrato de aplicación de programas al Consejo y para ello creó, obviamente inventado por el subsecretario Ruiz García, un sistema nuevo que se llama Sistema Producto Café, que hasta ahora nadie sabe qué será, pero para evadir su responsabilidad, el subsecretario de Desarrollo Rural trasfirió el nuevo programa al subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, quien desconoce el manejo de este sector y que ignora lo que está ocurriendo.

Es tan precario el nuevo programa que aún no está organizado, no hay comités, no se sabe qué programas se van a manejar, se desconoce también cómo se va a aplicar; es decir, la Sagarpa se pretende sacar de la manga una nueva política para el sector sin planeación alguna y sin prever los resultados, lo único que buscan es terminar el sexenio sin responsabilidades penales por los desvíos de fondos públicos, la mala administración y la crisis en que han metido a 450 mil familias cafetaleras.

Investigan SFP y ASF

Sin embargo, en los archivos de los órganos de control y vigilancia, así como en la Auditoría Superior de la Federación, hay expedientes abiertos sobre el mal uso de los 4 mil 500 millones de pesos destinados al sector del café, que se desprenden de auditorías realizadas a la Secretaría de Agricultura y al CMC, en donde se demuestra que hay faltantes de dinero, desvíos, pagos dobles, pérdidas de cheques, abuso administrativo y gastos superfluos, lo que debería motivar sanciones administrativa por la Secretaría de la Función Pública y acusaciones penales ante la Procuraduría General de la República, pero a cambio de aplicar la ley y perseguir a los culpables, el secretario Usabiaga ya ordenó desparecer el Consejo Mexicano del Café y así borrar las huellas de la corrupción.

Para Javier Mora, quien toda su vida ha trabajo con los productores de café y conoce muy bien el sector y su problemática, es un grave error pretender cerrar el Consejo, pues éste tiene otras funciones, como la representatividad de México dentro de organismos internacionales, pues según el contrato que tiene el CMC con la Sagarpa, el Consejo tiene un asiento en la Organización Internacional del Café en Londres, lo cual es importante.

Lo más curioso de todo esto y lo más burdo, es que el secretario Usabiaga se presentó la semana pasada a hablar con el personal del Consejo y les fue a decir que los iba liquidar a todos, como si él fuera el patrón, cuando se trata de una asociación civil totalmente independiente, pues el hecho de otorgar subsidios no le da derecho para que correr al personal que suma más de 150 trabajadores que ahora tienen que pagar los platos rotos por las malas políticas gubernamentales.

La impunidad en la Sagarpa

La corrupción y la complicidad del gobierno foxista para proteger a la Sagarpa no es asunto nuevo. Desde el 2003, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública realizó investigaciones en contra de funcionarios de la Dirección General de Responsabilidades que, por negligencia, impidieron que se sancionara al también subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Antonio Ruiz García, por los delitos de peculado, al desviar 11.3 millones de pesos del erario federal, y conflicto de intereses, además de haber dispuesto de dichos fondos producto de un subejercicio cuando debió haberlos enterado a la Secretaría de Hacienda.

En aquel año la protección foxista a su amigo Javier Usabiaga era tan evidente, que la corrupción descubierta en la Sagarpa fue simplemente ocultada en la Secretaría de la Función Pública. La información fue publicada en Oficio de papel y según aquella historia un 13 de febrero del 2002 el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, actual (des)coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, envió el oficio SP/100/0204/2002 a la Dirección General de Responsabilidades, para que se hiciera cargo de la investigación en contra del subsecretario Ruiz García, cuyo expediente DAGV/DV/073/2003 era llevado hasta ese momento en el Órgano Interno de Control de la Sagarpa por el presunto desvío de 11 millones 298 mil 492 pesos, al adjudicar directamente un contrato de servicios a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, organismo privado en donde el subsecretario había sido director general hasta octubre del 2000, lo que representaba un claro conflicto de intereses y un delito de peculado, así como utilizar dinero de un subejercicio.

El caso era tan delicado para el gobierno foxista, porque implicaba a un secretario de Estado, Javier Usabiaga; al subsecretario Antonio Ruiz García, y al oficial mayor Xavier Ponce de León, que el mismo contralor Barrio advertía en un documento oficial: “Considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría”.

La denuncia en aquellos años la había hecho el ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora Salas, quien presentó ante la Contraloría la denuncia respectiva en contra de dichos funcionarios públicos, pero un 25 de septiembre la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública le respondió así mediante el oficio DG/DGAV/DV/311/0187/2003: “Se determinó archivar el asunto como totalmente concluido, toda vez que las facultades sancionadoras de esta Secretaría prescribieron, ordenándose dar vista a la Contraloría Interna de esta Secretaría”.

Es decir, que ni la propia Contraloría pudo en aquel entonces ocultar las evidencias de la corrupción cometida por el todavía subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, por lo que recurrió a dejar el expediente abierto para que transcurriera el tiempo que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades se establece para sancionar a algún funcionario corrupto y así evitar sancionar administrativa y penalmente a todos los involucrados por el desvío de recursos públicos.

Una maniobra ilegal de la Secretaría de la Función Pública que ha permitido una pésima administración de un secretario de Estado y un subsecretario que ahora han metido en problemas a otro sector del campo mexicano, el café, y a los más de 450 mil familias campesinas que de él dependen.

• Las amenazas de Carlos Salinas de Gortari
• Persigue la PGR a un médico defraudador
• Más irregularidades de Constructora Plata
• Acusan al Cisen en Tribunal Militar cubano
El expediente que integra el experto procurador mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, tiene evidencias de que la ex esposa de Enrique Salinas, Patricia Lagarde, fiel compañera de viaje en las operaciones financieras que […]

• Las amenazas de Carlos Salinas de Gortari
• Persigue la PGR a un médico defraudador
• Más irregularidades de Constructora Plata
• Acusan al Cisen en Tribunal Militar cubano

El expediente que integra el experto procurador mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, tiene evidencias de que la ex esposa de Enrique Salinas, Patricia Lagarde, fiel compañera de viaje en las operaciones financieras que por cientos de millones de dólares realizó Raúl Salinas en países europeos y cuyas pruebas tiene la Procuraduría de Suiza, fue quien hizo la última llamada que llevó a su ex esposo al encuentro con expertos golpeadores que pretendían presionarlo y obligarlo a confesar ciertos movimientos financieros que permitirían seguir chantajeándolo.

Según los investigadores del homicidio, los torturadores de Enrique Salinas pueden ser policías o hasta expertos militares en golpear a personas sin dejarles huellas externas, pues el cadáver del hermano del ex presidente estaba destrozado por dentro y esa tortura brutal le causó la muerte.

Por ello el ex presidente Carlos Salinas habría advertido en reunión familiar que caiga quien caiga pagarán por el crimen de su hermano Enrique. Alguno de los asistentes al velorio recuerda como esa noche el ex mandatario se plantó frente al cuerpo y con la palma de la mano dio dos golpes al féretro y con el índice apuntándole lanzó la amenaza: pagarán por el crimen.

Prófugo el doctor Castro Loaiza

En una operación encubierta, agentes de la AFI fracasaron en su intento de capturar al ex jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, Angel Mario Castro Loaiza, acusado de fraude dentro del expediente 179/2004 por vender a sus pacientes medicamentos que el IMSS distribuye gratuitamente.

Con una orden de aprehensión girada por el juzgado 17 penal mediante el oficio 0934, el comandante de la AFI Francisco García Ramírez envió el 6 de enero a una agente encubierta que se hizo pasar como paciente para entrevistarse con el doctor Castro Loaiza cuando éste daba consulta en el hospital privado San Agustín, allá por avenida Ermita Iztapalapa. Después de la entrevista, la agente encubierta esperó fuera del nosocomio para en compañía de otros agentes capturar al doctor Castro, pero extrañamente la investigadora se equivocó cuando quiso identificar al doctor con el que se había entrevistado minutos antes y señaló a otra persona, lo que permitió que el doctor Castro huyera.

Después de esos errores policiales, el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor se justificó al afirmar que la captura de este doctor prófugo de la justicia no es de su competencia, y acusó al delegado regional de la AFI, Francisco Echeverría, de fallar en su responsabilidad.

El expediente delictivo de este doctor Castro Loaiza es amplio y se ha integrado desde hace varios años, cuando fue acusado ante la Procuraduría General de la República de traficar con órganos humanos, pero ante las dificultades de reunir las pruebas suficientes, la PGR cerró el expediente y sólo lo persigue por un fraude de 30 mil pesos, cifra que de acuerdo con pruebas documentales extorsionaba a pacientes de escasos recursos que acudían al IMSS para transplantes renales.

La historia de esta denuncia se remonta al 2002, cuando Oscar Alonso y su madre Raquel Padilla presentaron una queja ante el director general del IMSS, Santiago Levy, por los delitos de fraude y tráfico de órganos, por lo que el funcionario ordenó a su Dirección Jurídica investigar el caso, lo que derivó en una denuncia penal que presentó el IMSS el 25 de noviembre de ese año ante el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Hasta ese momento los presuntos responsables eran el doctor Angel Mario Castro Loaiza y su secretaria Concepción Velásquez Vázquez, así como su asistente el doctor José Cruz Santiago.

Para investigar a fondo ese delicado caso de supuesto tráfico de órganos, el contralor interno del IMSS, Roberto Lara, intervino y ordenó una auditoría a los ejercicios 2000, 2001 y 2002 de la Unidad de Trasplante Renal del IMSS, además de suspender indefinidamente al doctor Castro Loaiza.

Después de 2 años de investigaciones y ante el desamparo de la familia Alonso Padilla que fue víctima del doctor Castro, la PGR sólo logró integrar un expediente por fraude y esto permitió que una juez librara la orden de aprehensión, pero la incapacidad de los agentes de la AFI evitó que el doctor fuera detenido.

Grupo Constructor Plata

A finales del año pasado informamos en este espacio sobre las irregularidades que ha cometido el Grupo Constructor Plata en la asignación de un contrato por 43.9 millones de pesos que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (licitación pública número 00009044-001-04) por distintas obras en la autopista Zacatecas-San Luis Potosí, actualmente en construcción.

El fallo de dicha licitación se dio a conocer a principios del año pasado, el 14 de marzo de 2004, en donde resultó ganador el Grupo Constructor Plata, S.A. de C.V., propiedad de Humberto Godoy y José Guadalupe Bañuelos Robles. Pero los problemas para la constructora se iniciaron cuando adquirió una extensión de 30 hectáreas en la comunidad La Tesorera, en el municipio Pánfilo Natera, a unos 40 kilómetros del centro de Zacatecas.

En dicho terreno instalaron una planta constructora de concreto asfáltico, sin autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente ni de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como tampoco de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que para sacar la piedra de los cerros mediante detonaciones con dinamita necesitaban autorización de la Sedena, de acuerdo con la Ley Federal de Explosivos. Pero el principal problema, fue que la planta quedó a menos de 300 metros de las primeras viviendas de la comunidad Pánfilo Natera.

La reportera Ana Lilia Pérez se trasladó a la zona en conflicto y descubrió que el 16 de julio de 2004 el delegado de la Profepa en Zacatecas, Gilberto Zapata Frayre, integró un expediente en contra del Grupo Constructor Plata cuando confirmó que esa empresa no contaba con ninguno de los permisos requeridos para instalar una planta de asfalto.

Según el delegado Zapata la constructora cometió irregularidades, y aunque reconoce que también la SCT tuvo omisiones, la justifica cuando afirma que “la SCT sólo es normativa; concede los contratos, las licitaciones y ellos, Grupo Plata, son los ejecutores”.

Zapata Frayre acepta que hay retrasos en el proceso de resolución en la investigación que se sigue desde hace unos cinco meses en contra del Grupo Constructor Plata, pero también se queja de que fue el mismo gobernador de Zacatecas el que en su momento frenó las indagatorias: una vez que la Profepa confirmó que la constructora no contaba con los permisos de operación, se procedió a clausurar la obra, pero el entonces subsecretario de gobierno, Enrique Laviada, gestionó directamente ante la Profepa que no se clausurara la obra, por lo que la constructora laboró por lo menos cuatro meses de manera irregular. Así, con el aval de la Profepa, los lugareños padecieron no solo las detonaciones de la constructora, sino la emisión de contaminantes que causaron daños a su salud.

El funcionario justifica que los alegatos de la empresa han retrasado la resolución de la Profepa, y adelanta que ésta derivará en una multa de hasta 4 mil salarios mínimos para la constructora.

El delegado detalla las irregularidades asentadas en el acta de inspección: el banco de materiales se explotó sin tener la autorización, porque no estaba dentro de los bancos de materiales para la autopista, contemplados por la SCT.

Zapata Frayre habla de la gestión ordenada por Monreal a la Profepa, a través de su subsecretario Enrique Laviada: “el gobierno del estado aboga para que no se pare el abastecimiento de la carpeta asfáltica a la autopista, los funcionarios abogan, y bueno, mientras seguía corriendo la investigación, al no tener una resolución definitiva, siguieron trabajando, vamos a decir de manera irregular, porque estaba corriendo el proceso. Nosotros siempre estuvimos a punto de clausurar el banco, pero hubo convencimiento de que no era conveniente, pero en la resolución final vamos a establecer la multa, que puede ser desde 100 hasta 4 mil días de salario mínimo”.

Hasta el momento Grupo Plata continúa laborando en la obra de la misma carretera con un nuevo contrato asignado por la SCT, en tanto el delegado de Profepa revela que tienen por lo menos otras 4 investigaciones abiertas en contra de la misma constructora por irregularidades.

Ante tales anomalías, el Órgano Interno de Control de la SCT informó que iniciarán las investigaciones para determinar las irregularidades cometidas por esa empresa constructora que, de confirmarse, podría quedar inhabilitada para nuevas obras.

Puntos suspensivos….

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue acusado ante un Tribunal Militar en Cuba, causa 53/01, por un ex oficial de la contrainteligencia cubana, Pedro Aníbal Riera Escalante, quien a más de cuatro años de que fuera secuestrado en la ciudad de México, narró a los periodistas Jorge Torres y José Reyez cómo fue traicionado por el gobierno mexicano y por agentes del Cisen.

En una amplia entrevista que publica en su primera parte la revista Contralínea, los reporteros se trasladaron a La Habana para reunirse con Riera Escalante, quien en libertad condicional en su país les contó su historia personal relacionada desde hace 25 años con el espionaje internacional y los operativos encubiertos en donde participó en contra de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y narra también cómo están involucrados funcionarios mexicanos de los órganos de inteligencia como el Cisen en actos y hechos irregulares.

En tres horas de grabación, el ex agente cubano relató a los reporteros cómo fue secuestrado aquel 3 de octubre de 2000 por parte de agentes del Cisen, cuando salía de un Sambor’s en la ciudad de México y las torturas a que fue sometido. También recuerda su ingreso a los servicios de inteligencia cubanos cuando apenas tenía 18 años de edad, ahora tiene 50.