Oficio de Papel

• Nepotismo en la Secretaría Técnica del IPN
• El Cisen, el linchamiento, Tláhuac y la PFP
• Uso faccioso del Cisen en el gobierno de Fox
La semana pasada informamos en este espacio que después de dos años y medio de una intensa persecución en contra de directivos del Instituto Politécnico Nacional por un presunto daño patrimonial de 74.6 millones […]

• Nepotismo en la Secretaría Técnica del IPN
• El Cisen, el linchamiento, Tláhuac y la PFP
• Uso faccioso del Cisen en el gobierno de Fox

La semana pasada informamos en este espacio que después de dos años y medio de una intensa persecución en contra de directivos del Instituto Politécnico Nacional por un presunto daño patrimonial de 74.6 millones de pesos en la compra de computadoras marca Alaska a la empresa Centro Integral de Sistemas de Información (CISI), la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Jesús María Robledo Sosa, había resuelto que no hubo desvío de recursos públicos pero sí negligencia y omisión de parte de tres funcionarios de esa casa de estudios, por lo que decidió inhabilitar por 10 años para trabajar en el servicio público al director de Informática del IPN, Gerardo Velásquez Martínez; al jefe de la División de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, Román Mata Becerril, y al jefe del Departamento de Compras, Nelson Humberto Camas Laguna.

Frente a ese caso de corrupción resuelto por los órganos de control y vigilancia del gobierno foxista, hay otro asunto que esta semana ocupará sin duda la atención de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control del IPN, pues el secretario técnico del Politécnico, doctor Jorge Verdeja López, confundió a esa honorable institución académica como un centro de colocación laboral para la familia, de tal manera que en este año que termina se ubicó a varios parientes en diversos cargos dentro del IPN.

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos habría un acto de nepotismo que de comprobarse derivaría en corrupción por parte de Jorge Verdeja López, quien a pesar de tener méritos académicos por su grado de doctor para ocupar la Secretaría Técnica, eso no le da derecho a emplear a toda su familia en el Politécnico. Sin embargo, este caso deberá ser investigado por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, mientras que en la Secretaría de Educación Pública y en la Dirección General del Politécnico deben una explicación de porqué se permiten estas irregularidades en ese centro de estudios.

Un ejemplo del nepotismo del doctor Verdeja López, quien el 1º de febrero del 2004 asumió la plaza 1300.0 CF1LC2/1 como puesto de confianza con la categoría de secretario técnico, fue el haber contratado a su esposa Alicia Teresita Lepre Larrosa (con grado máximo de estudios como pasante de carrera profesional) el 16 de junio de 2004, con la plaza 1300.0 CF1NC3/6 como coordinadora de Sistemas Académicos en la Secretaría Técnica, en donde su marido es el titular.

Pero también los hermanos del secretario técnico se han visto beneficiados: su hermana María Guadalupe Letic Verdeja López, con grado máximo de estudios de Normal Superior, fue asignada en 31 de agosto de 2004 con la categoría de tiempo completo de profesor asociado “A” en la Dirección de Estudios Profesionales en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, con la plaza 1340.0 E3008/358.

Otro hermano del doctor Jorge Verdeja López, Francisco Clemente Verdeja López fue beneficiado el 1º de julio de 2004 con la plaza CF30C1 como jefe de Departamento de Dirección de Área “E” en la Dirección de Recursos Financieros, Materiales y Servicios del IPN.

Otros parientes y primos adscritos a la nómina del Politécnico son María Eilin Verdeja Orencio, quien reingresó al IPN con la categoría de profesora asociada “B” de tiempo completo en alta interina limitada, la cual se ha renovado hasta la fecha en la Coordinación General de Postgrado e Investigación, con la plaza 1340.0 E3010/190.

Víctor Manuel Reyna Verdeja, con grado de estudios como pasante de carrera profesional, tiene la categoría de profesor asociado “B” medio tiempo de base en la Secretaría Técnica, con la plaza 1320.0 E2810/45.

Inés Avila Verdeja, quien de acuerdo con su trayectoria profesional y según su expediente laboral en poder de la Secretaría de Educación Pública, “no tiene grado de estudios”, tiene baja por jubilación con dos plazas, una como profesora asociada “B” de medio tiempo de base y otra con seis horas de profesora de asignatura “A” en el C.E.C y T. Wilfredo Massieu, respectivamente.

Ricardo J. Ramírez Verdeja, cuyo expediente señala que sin grado de estudios, tiene baja por renuncia al puesto de profesor de asignatura “B” con 19 horas de trabajo en la ESIME en el centro de estudios de Zacatenco.

Gloria A. Romero Verdeja, sin estudios, tiene baja con 15 horas como técnica documental de asignatura “B” en el C.E.C. y T. Gonzalo Vázquez Vela.

Pero si la Secretaría de la Función Pública se anima a investigar este caso, podría empezar por interrogar a quien fuera hasta unos cuantos meses el oficial mayor de la Secretaría de la Educación Pública, Francisco Medellín, quien presionó para que se nombrara como secretario técnico del Politécnico al doctor Jorge Verdeja López.

Y ya que mencionamos a Francisco Medellín, este ex servidor público tuvo que renunciar al cargo de oficial mayor de la SEP por aquel asunto de la adquisición de miles de computadoras marca Alaska, por algo así como 150 millones de pesos, y que supuestamente resultaron inservibles por ser incompatibles con el sistema de la Secretaría, pero lo más grave fue que la adquisición le costo a la SEP un ciento por ciento más del costo que tenían en el mercado; sin embargo, lo más fácil para el gobierno del cambio fue despedir al oficial mayor sin que se aclarara ese presunto desvío de fondos públicos. Por falta de espacio nos ocuparemos la próxima semana de este caso.

Los linchamientos en Tláhuac

De acuerdo con las reformas de 1994 al Código Penal Federal, los homicidios ocurridos en Tláhuac en contra de miembros de la Policía Federal Preventiva fueron dolosos e intencionales, por lo tanto quienes tenían el deber de evitarlo son penalmente responsables del delito culposo o imprudencial. Esta es la tesis que utilizará la Procuraduría General de la República para inculpar al ex secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrad, y al ex comisionado de la PFP, José Luis Figueroa; sin embargo, otro funcionario que de aplicarse estrictamente la ley debería de correr la misma suerte, es el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, quien ha sido exonerado, primero, por el presidente de la República y después por el procurador general Rafael Macedo de la Concha.

Así las cosas, el gobierno foxista vuelve a cobrar venganza contra opositores políticos, en el caso de Ebrad, una político estrechamente vinculado con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del almirante Figueroa, un miembro de las fuerzas armadas relacionado con el priísmo y muy cercano al ex presidente Ernesto Zedillo, mientras que al foxista Martín Huerta se le otorga el perdón presidencial y además lo mantiene en su cargo y lo exoneran de cualquier investigación ministerial.

Pero quien está muy preocupado por las acusaciones que la PGR pretende fincarle, es el almirante José Luis Figueroa, un destacado miembro de la Marina y quien desde hace más de 20 años ha estado directamente vinculado a responsabilidades de la seguridad nacional y que ahora por pugnas políticas no sólo es lanzado a la calle, sino bajo la amenaza de procesarlo por del delito de homicidio, sin importar toda la información acumulada por este marino en los diversos cargos que ha tenido.

Pero volvamos a las investigaciones de los homicidios. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, almirante Figueroa, fue enterado del caso cerca de las 20 horas, cuando arribó a la ciudad de México, por lo que le era imposible tomar alguna decisión sin contar con la información precisa de lo que ocurría. Pero lo que si es un hecho es que los tres policías realizaban asuntos de inteligencia y vigilancia en contra de supuestos miembros del Ejército Popular Revolucionario, pues la zona donde ocurrieron los linchamientos es considera por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como de alta incidencia del grupo guerrillero.

Para expertos en temas de seguridad nacional, fue un grave error enviar a los tres policías inexpertos en asuntos de inteligencia para vigilar, sin protección alguna, a integrantes del grupo guerrillero más experimentado y peligroso en asuntos de contrainteligencia que hay en el país, sobre todo porque la presencia de los tres policías en la zona era muy evidente debido a su inexperiencia.

Por ello tanto en el Cisen como en otros órganos policiales de inteligencia se afirma que es un absurdo el cese del almirante Figueroa, quien entre otros cargos se ha desempeñado con eficacia en el Estado Mayor Presidencial; en el Cisen fue subdirector de Protección; fue director del Centro de Inteligencia Antidrogas (Cian) cuando éste estaba integrado al Cisen y mantenía un estrecho contacto con los cuerpos policiales estadounidenses encargados de combatir el narcotráfico; también dirigió el Cendro, adscrito a la PGR, en donde armó y diseñó la parte operativa de ese centro de inteligencia contra las drogas, y su último cargo fue como comisionado de la PFP, en donde ahora se busca a un nuevo responsable y entre otros se menciona al actual director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna.

Para los expertos en seguridad nacional lo que el gobierno foxista debería de hacer es regresar al núcleo original de la PFP, es decir como un órgano operativo de la seguridad nacional encargado de combatir a la delincuencia organizada, en plena coordinación con el Cisen, responsable de la inteligencia.

Actualmente la parte operativa del Cisen, que está asignada al área de investigaciones, que es la unidad responsable de operaciones encubiertas y de dar seguimiento a los informes de inteligencia, tenía un informe completo de la operación del grupo armado del EPR en Tláhuac, pero como está roto el vínculo de trabajo entre la parte de inteligencia que es el Cisen con la parte operativa que es la PFP, fue imposible alertar a éstos del riesgo que corrían sus policías al vigilar sin control alguno a habitantes de Tláhuac supuestamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario, el cual tiene amplia experiencia en movilizar a la población para protegerse.

Según los mismos informes del Cisen, debería identificarse sólo a los miembros del EPR que supuestamente participaron en la agresión a los tres miembros de PFP y dejar en libertad a los ciudadanos que enardecidos sí creían que se trataba de secuestradores, pues éstos no son responsables de los linchamientos y actualmente siguen detenidos por la PGR.

Sólo un ejemplo de la inexperiencia de los tres policías linchados en la población de Tláhuac, es que al pedir ayuda a través de los medios de comunicación, ninguno de ellos utilizó alguna clave de emergencia o de intervención inmediata, y sí en cambio hablaron directa y abiertamente con sus jefes para pedirles protección, lo que abortó todo el operativo de vigilancia y dejaron expuesta a la PFP ante el grupo guerrillero armado más profesional que hay en el país.

• Raúl y Enrique Salinas sacaron del país 300 m/d
• Cesan al director de Informática del Politécnico
• Exonera Eduardo Romero a González de Aragón
La supuesta muerte de Enrique Salinas de Gortari ha vuelto una vez más a centrar la atención pública en los procesos legales que siguen abiertos en tribunales mexicanos y extranjeros en contra de los integrantes […]

• Raúl y Enrique Salinas sacaron del país 300 m/d
• Cesan al director de Informática del Politécnico
• Exonera Eduardo Romero a González de Aragón

La supuesta muerte de Enrique Salinas de Gortari ha vuelto una vez más a centrar la atención pública en los procesos legales que siguen abiertos en tribunales mexicanos y extranjeros en contra de los integrantes del clan Salinas, en donde casualmente el único que está a salvo de toda investigación judicial es Carlos Salinas de Gortari, aun en aquel caso del uso faccioso de la partida secreta que, discrecionalmente, manejaba el presidente desde Los Pinos para enriquecer a sus hermanos, a políticos, a funcionarios, a intelectuales y a dueños de medios de comunicación.

Ante esos acontecimientos, cómo olvidar aquella conversación telefónica entre los hermanos Adriana y Raúl Salinas de Gortari que dio a conocer en su noticiero televisivo el periodista Joaquín López Dóriga, en donde se escucha desesperado y amenazante al mayor de los Salinas cuando le dice a su hermana que ya está harto de que Carlos salinas no haga algo para frenar las presiones y le advierte a Adriana que está dispuesto a revelar el origen de los fondos que utilizaba su hermano el ex presidente, pues se queja del abandono de éste para apoyar a la familia.

Esa conversación que fue grabada ilegalmente por los órganos de seguridad nacional y que por ello no puede ser utilizada como prueba en juicio alguno, vuelve a cobrar relevancia periodística por la muerte del hermano menor, quien era la persona que más utilizaba Raúl Salinas (preso en un penal del estado de México acusado de ser el autor intelectual del homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu) y que según las primeras investigaciones era extorsionado por personas con quienes mantenía relaciones personales y de negocios.

Un clara muestra de esa estrecha relación que mantenía Enrique con el primogénito de la familia, se desprende de las investigaciones que realizaron durante 10 años las autoridades de Suiza y que en ese tiempo lograron desenredar parte de la madeja financiera que tejió el preso de Almoloya en sólo seis años que su hermano Carlos ocupó la Presidencia de la República.

Por ejemplo, de las operaciones financieras por más de 300 millones de dólares que los fiscales suizos lograron probar que Raúl Salinas sacó de México a través de cuatro instituciones financieras mexicanas y del banco extranjero Citibank México, para transferirlos a cuentas bancarias de Estados Unidos, Francia, Suiza, Londres, Alemania y paraísos fiscales del Caribe, el hoy occiso Enrique Salinas de Gortari participó, junto con su entonces esposa Adriana Lagarde de Salinas, en las triangulaciones de dinero, lo que motiva investigar si esos millones de dólares que triangularon por cuentas abiertas a nombre de la ex esposa fueron el motivo del homicidio.

Es decir, Raúl utilizaba a sus hermanos Enrique y Adriana Salinas, así como amigos, prestanombres, abogados y prominentes empresarios para sacar del país cientos de millones de dólares que hasta ahora nadie ha podido explicar su origen real.

En el caso de Enrique Salinas y su ex esposa Adriana Lagarde, son múltiples las operaciones financieras que realizaron juntos para triangular los fondos y evitar que pudieran ser rastreados por las autoridades responsables de combatir el lavado de dinero en el mundo, lo que los hace presuntos cómplices de Raúl Salinas en el blanqueo de capitales.

La pista del dinero sucio

En un sólo ejemplo de las muchas rutas financieras trazadas por el entonces matrimonio Enrique Salinas y Adriana Lagarde demuestran la compleja red financiera que hasta ahora el gobierno mexicano se niega a investigar y que allí puede estar la clave del crimen del menor del clan salinas:

1. De la cuenta 50542-3 abierta en Banco Mercantil a nombre de Adriana Lagarde de Salinas, aparecen 18 depósitos por un millón 195 mil 828.9 dólares, realizados entre el 23 de junio de 1993 y el 14 de noviembre de 1994, último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

2. De esa cuenta abierta en Banco Mercantil se realizaron transferencias por 1.2 millones de dólares a la cuenta 50965096 del Societe Generale París, a nombre de Adriana Salinas de Gortari.

3. De la cuenta de Adriana Salinas se realizaron dos movimientos financieros: uno por 2 millones 975 mil 956 dólares, el 11 de mayo de 1994, y el segundo por 568 mil 500 dólares, el 20 de mayo de 1994, a la cuenta GO-055.962 abierta por Enrique Salinas de Gortari y su esposa Adriana Lagarde en el Societe Banque Suisse Lausanne.

4. De esa cuenta abierta por el matrimonio Enrique-Adriana, se hicieron tres transferencias, dos a la cuenta GO-59.163 en Societe de Banque Suisse Lausanne, a nombre de Adriana Lagarde y Enrique Salinas, una por un monto de 4 millones 312 mil dólares el 13 de mayo de 1994 y otra por 1 millón de dólares el 17 de mayo de 1994. La tercera transferencia se hizo por un millón de dólares el 25 de mayo de 1994 a la cuenta 167.638EA de Union Bancaire Privee Geneve, a nombre de Adriana Lagarde y Enrique Salinas.

5. De la cuenta abierta en Societe de Banque Suisse Lausanne, se hicieron varias transferencias, una de ellas fue a la cuenta 80945 del Bank Julios Baer Zurcí a nombre de Enrique Salinas de Gortari, por 570 mil dólares, de donde se enviaron 100 mil dólares a la cuenta 50965096 abierta por Adriana Lagarde de Salinas en Societe General Paris.

La anterior es sólo una de las muchas rutas que siguió el dinero que ordenó Raúl Salinas mover por todo el mundo antes de que su hermano dejara la Presidencia de la República y pudiera ser rastreado en caso de alguna investigación financiera en su contra, por lo que llevó años a los expertos investigadores suizos desenmarañar las múltiples operaciones financieras de los Salinas y se presume que aún hay infinidad de cuentas que nunca fueron descubiertas en otros países.

Concluye investigación contra el IPN

Después de dos años y medio de una intensa persecución en contra de directivos del Instituto Politécnico Nacional por un presunto daño patrimonial de 74.6 millones de pesos en la compra de computadoras marca Alaska a la empresa Centro Integral de Sistemas de Información (CISI), la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Jesús María Robledo Sosa, resolvió que no hubo desvío de recursos públicos pero sí negligencias y omisiones de parte de tres funcionarios de esa casa de estudios, por lo que decidió inhabilitar por 10 años para trabajar en el servicio público al director de Informática del IPN, Gerardo Velásquez Martínez; al jefe de la División de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, Román Mata Becerril, y al jefe del Departamento de Compras, Nelson Humberto Camas Laguna.

Sin embargo, la resolución de la Secretaría de la Función Pública fue emitida el 13 de septiembre de 2004 y Gerardo Velásquez Martínez siguió formalmente en su cargo de director de Informática hasta el 1 de diciembre, es decir que a pesar de haber sido inhabilitado todavía pudo cobrar su salario de 54 mil pesos mensuales hasta el mes de diciembre. Es más, hasta el viernes de la semana pasada Gerardo Velásquez todavía despachaba en la Dirección de Informática bajo el argumento de que “está entregando la oficina”, aunque algunos politécnicos aseguran que el funcionario cesado espera cobrar su aguinaldo.

Al respecto el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IPN, Alberto Guerrero Rojas, explicó así la permanencia en el cargo de este directivo del IPN: “propiamente ya no sigue en su puesto, pero hubo una mala interpretación por parte del abogado general del Politécnico sobre esa resolución, pero le fue aclarado e impuesto de la manera en que debía ejercer y ejecutar la sanción por el mismo director de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública. Así que ya está el oficio de complementación en el cual a partir del primero de diciembre dejó de ser director de Informática”

¿Pero por qué sigue cobrando cuando fue inhabilitado desde hace tres meses?, se le preguntó al director de Responsabilidades.

R. Hubo ahí un desfase, porque propiamente la ley o los reglamentos no precisan de manera puntual y clara de qué manera ejecutar las sanciones, pero esto fue materia de consulta y de unas interpretaciones que hizo el mismo abogado general y que fueron puntualizadas y obviamente exigidas por el director de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública para que se ejecutara y esto ya se llevó a cabo.

El oficio de Eduardo Romero

Un oficio firmado por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, fechado el 30 de septiembre de 2004, da por concluida la investigación por el supuesto conflicto de intereses en contra del auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien a través de su despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos S.C., da servicios de auditoría externa al gobierno federal desde 1985, incluida a la misma Secretaría de la Función Pública, lo que lo convertía en juez y parte de las investigaciones.

El oficio número SP/100/0760/2004 que fue enviado por Eduardo Romero al auditor Superior de la Federación señala lo siguiente:

“De conformidad con nuestra conversación telefónica, me permito reiterar las siguientes consideraciones:

“El despacho Externo denominado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C., es proveedor de servicios de auditoría externa del sector paraestatal del gobierno federal desde el año de 1985.

“En los expedientes que obran en esta Secretaría se confirma la existencia de constancias y certificaciones notariales que dan cuenta que desde su nombramiento como Auditor Superior de la Federación, usted dejó de ser socio del despacho mencionado.

“Con base en lo anterior, se estima que la citada firma de auditores externos se ha mantenido con capacidad legal para ser proveedora de servicios de auditoría para el Gobierno Federal, tal y como se constata con las asignaciones determinadas en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003.

“Al día de hoy, esta Secretaría de la Función Pública no tiene conocimiento de conflicto de intereses o circunstancia alguna que la lleve a desincorporar de su padrón de proveedores de servicios de auditoría externa a la firma González de Aragón y Asociados, por lo que con su contratación no se viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.

En otro oficio del 1º de noviembre de 2002, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, doctora Olga Hernández Espíndola, explicó al director general adjunto de Auditorías Externas y Específicas, Jairo Perilla Caramelo, que el contrato de donación de la parte social que pertenecía a Enrique Arturo González de Aragón Ortiz en el despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, a favor de sus hijos Javier y Gerardo González de Aragón Rodríguez, quienes a su vez son socios del mismo despacho, hace constar que González de Aragón dejó de ser socio, por lo que no se violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Como si se trata de un acuerdo cupular para evitar que los órganos de control y vigilancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo se hagan daño entre sí, la exculpación del auditor Superior de la Federación provino del mismo secretario de la Función Pública, para evitar cualquier reclamo posterior, con lo cual parece invalidarse aquel concepto 2.3 del Código de Ética Profesional de la Auditoría Superior de la Federación que precisa: “los auditores están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier otra índole, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad”.

Cómo podrá evitar González de Aragón el conflicto de intereses cuando secretarías de Estado o empresas paraestatales contraten al despacho que dice el auditor manejan ahora sus hijos, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación es la entidad responsable de investigar la transparencia y el buen manejo de fondos públicos en el gobierno federal.

¿Qué pasará cuando el auditor Superior de la Federación tenga que investigar a un secretario de Estado que haya desviado recursos y, al mismo tiempo, tenga contratado al despacho de auditores que manejan sus hijos? ¿Podrá realmente Arturo González de Aragón ser imparcial en esos casos y enfilar sus baterías en contra de los funcionarios corruptos del gobierno foxista que ahora le dan empleo al despacho de contadores que heredó a su familia?

En la denuncia en contra de González de Aragón presentada en junio pasado ante el Congreso y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por José Luis Moyá, se indica que “sería ilógico creer que el auditor superior no tuviese contacto con sus hijos y compartiera información confidencial, aunado a que el prestigio y nombre del auditor superior es la razón de la contratación de la empresa por parte de Función Pública”.

El objetivo del secretario de la Función Pública, dice la queja, es justificar los contratos de servicios otorgados al despacho González de Aragón por un monto total de 17 millones de pesos.

• Televisa, Krauze y Cipsa ante tribunales
• Pierde Editorial Clío un juicio con Cipsa
• Intervienen Bátiz y Abascal por Krauze
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleva a cabo una investigación que relaciona al reconocido y prestigiado intelectual mexicano Enrique Krauze y su Editorial Clío con abogados de Televisa, como los autores de una supuesta simulación de […]

• Televisa, Krauze y Cipsa ante tribunales
• Pierde Editorial Clío un juicio con Cipsa
• Intervienen Bátiz y Abascal por Krauze

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleva a cabo una investigación que relaciona al reconocido y prestigiado intelectual mexicano Enrique Krauze y su Editorial Clío con abogados de Televisa, como los autores de una supuesta simulación de una deuda documentada en pagarés que se ha utilizado para dar lugar a un juicio civil que resulta también una simulación de acuerdo con el nuevo Código Penal del Distrito Federal.

En el expediente FPC/547/04-07, el ministerio público y sus peritos han determinado con riguroso estudio de los documentos, que los escritos judiciales que supuestamente presentan las dos partes contrarias del juicio: Televisa y Editorial Clío, son en realidad hechas por la misma persona, lo que confirma que el crédito y el procedimiento judicial son actos simulados que las nuevas leyes penales de la ciudad de México consideran como un delito.

En respuesta a esa investigación, el historiador Enrique Krauze explicó que la Editorial Clío es socia de Televisa y ambas empresas realizaron un ajuste administrativo y de capitalización para la editorial por 20 millones de pesos.

“Estamos en vías de pago y capitalización. Clío ha tenido una cuenta corriente con Televisa y teníamos un adeudo, pero hemos llegado a un acuerdo de cómo vamos a pagar y a capitalizar. Estamos en proceso de capitalizar y en unos días vamos a retirar todas las demandas”, dijo el escritor.

Entrevistado vía telefónica, Krauze comentó que con parte de la capitalización de 20 millones de pesos se va a pagar el pasivo, de modo que “entre Televisa y Clío no hay ningún problema en absoluto”, reiteró.

La historia

Editorial Clío y Televisa -léase Enrique Krauze y Emilio Azcárraga- tienen relaciones empresariales que resultan benéficas no solamente en el mundo de los negocios, sino en las relaciones que tienen los intelectuales y los medios de comunicación con el poder político. Sobre todo si se trata de una figura destacada como la del historiador, quien tiene una presencia real en un sector de la cultura mexicana. Para algunos, la mezcla de negocios e historia resulta un producto sospechoso por híbrido y para otros algo que se puede vender en la televisión como documental o telenovela. En ambos casos se obtienen cuantiosas ganancias.

Editorial Clío perdió un juicio con una empresa que se llama Cipsa, y para evitar los riesgos de los embargos y los procedimientos para hacer efectivo lo que ganó su demandante, Enrique Krauze, sus representantes legales –entre otros Javier Florido Ruiz– y el abogado de Televisa, Luis Alejandro Bustos Olivares, ingeniaron la constitución de un adeudo millonario, el cual aparentemente no se pagó y dio lugar al procedimiento que se tramita en el juzgado Vigésimo de lo Civil (expediente 265/04).

En este juicio se volvió a embargar a Clío para que Cipsa no pudiera ejercer sus derechos de acreedor. Pero el hecho fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia e inmediatamente el ingeniero Enrique Krauze compareció ante algunos medios de comunicación para dar una primera explicación y señalar que el juicio solamente se había promovido para evitar que los pagarés se extinguieran por el paso del tiempo. Es decir, con esas manifestaciones confirmó que la demanda no se había presentado para cobrar sino simplemente para aparentar un propósito distinto.

En su defensa, Enrique Krauze afirma que no hay simulación alguna: “aquí nosotros hemos reconocido una deuda real que nosotros tenemos con Televisa y que Clío va a pagar. Eso se va a probar en tribunales.

“Nosotros le pagamos a Cipsa hace unos días 700 mil pesos, pero la tenemos demandada por fraude porque quiere extorsionarnos para sacarnos dinero.

“Con Cipsa, tanto Televisa como Clío estamos en litigio con los dueños de esa empresa, porque los tenemos demandados por administración fraudulenta de una persona que trabaja allí, pero esto se debe dirimir en tribunales y lo que éstos digan lo acataremos”.

Televisa y Krauze

En la seguridad de que el juicio civil no llamaría la atención, los abogados de Televisa agravaron la situación porque, para defenderse, aseguraron que Krauze firmó indebidamente los documentos porque no tenía facultades para ello. Dicho en otras palabras, quieren decir que si Televisa le entregó dinero a Clío es porque éste les mintió al firmar los pagarés sin tener facultades para hacerlo. Luego no tenía porque pagarles.

Ya con los pagarés en los juzgados, acudieron a este argumento para defenderse del supuesto embargo. Total, ingeniaron un galimatías legal que ahora opera en su contra y tiene a Krauze metido en el berenjenal de los asuntos penales que se tramitan en el bunker judicial de la colonia de los Doctores.

En este enredo judicial, uno de los hechos que más ha llamado la atención es que se han presentado como gestores de la defensa de Enrique Krauze en las oficinas del procurador Bátiz, los mismos abogados de Televisa que son supuestamente sus contrarios en el juicio civil.

Los antecedentes reales y que esta columna ha podido constatar porque cuenta con los documentos judiciales son los siguientes:

Editorial Clío fue embargada en otro procedimiento y condenada a pagar sumas de dinero a favor de la empresa Cipsa. Con el propósito deliberado de impedir que la sentencia que le ganó Cipsa a Editorial Clío tuviera repercusiones graves, Krauze aparece como el autor, aquí si intelectual de la elaboración de siete documentos de crédito que supuestamente Clío suscribe a favor de Televisa por una suma que rebasa a los 10 millones de pesos.

Ya con los pagarés elaborados, Televisa demanda a Editorial Clío en el juzgado vigésimo civil del Distrito Federal, expediente 265/2004, y le encomienda las acciones legales a Luis Alejandro Bustos Olivares. En un juicio enconado, Editorial Clío contestó la demanda asegurando que Krauze no tenía facultades para suscribir los títulos de crédito.

Cuando el historiador-empresario supo que se había impugnado la validez del juicio, declaró públicamente que los documentos se le habían presentado al juez “solamente para evitar su prescripción”, es decir, que no tenían el interés realmente en que el juicio fuera un procedimiento para cobrar, sino que dejó entrever claramente que su propuesta de ir a juicio era una situación irreal.

La simulación es evidente porque resulta que los escritos de las partes en litigio están hechos en la misma máquina, con la misma redacción y por la misma persona. Incluso, así lo determinaron con minuciosos estudios técnicos los peritos expertos en el estudio de documentos que pertenecen al staff directo del procurador Bátiz.

Una vez que se comprobó que las promociones de quienes son adversarios en un juicio que las hace la misma persona, el curso de la investigación se conduce al origen de los pagarés mercantiles que suscribió Enrique Krauze sin facultades para ello.

El asunto tiene además una novedad. Resulta que el Distrito Federal tiene un nuevo Código Penal que es considerado como muy riguroso y de una gran dureza en la imposición de las penas y de la descripción de aquello que han considerado delito. Entre estas figuras se puso especial empeño para evitar los abusos de los abogados litigantes, en castigar las simulaciones en los juicios y no se pueden presentar testigos falsos, documentos alterados o que no cumplan con la realidad.

Por esta razón, para evitar que la suscripción de la deuda millonaria pudiera ser sancionada por este nuevo Código Penal, los pagarés se fecharon con dos meses de anticipación a que el nuevo código iniciara su vigencia.

Sin embargo, el juicio sospechoso que involucra directamente a Krauze por ser el suscriptor de los documentos que dan lugar al procedimiento, se ha tramitado en el curso del año y de resultar que se integra debidamente el expediente, las partes del juicio y Editorial Clío quedarían sujetos a la nueva disposición que castiga la simulación procesal con una pena de tres a doce años de prisión porque la cuantía del crédito simulado y del juicio tipificado como fraude procesal es de 10 millones de pesos.

La historia de un historiador

Enrique Krauze es un “historiador sospechoso” porque falta a la verdad, dice la antropóloga Diana Roldán de Villamil, quien fue empleada de este prestigiado intelectual mexicano y despedida injustificadamente. Pero el caso ya rebasó los tribunales laborales y ahora se ventila en juzgados penales en medio de acusaciones cruzadas por fraude. Y levanta suspicacias, cuando menos para la autoridad penal que investiga a Krauze junto a su apoderado Javier Florido y a un grupo de abogados de Televisa, por la tramitación de un juicio mercantil que tiene todos los tintes de ser fraudulento por tratarse de una simulación.

Para la ex colaboradora de Krauze, una de las claves de su éxito en la llamada “fábrica de video historias” y que es hoy la manzana de la discordia en los conflictos legales en que se ve entrampada la figura del prominente intelectual mexicano, los líos litigiosos en que se ha visto envuelta, según ella, constituye una historia digna de ser contada en uno de los documentales de “México nuevo siglo”, la serie documental que produce Editorial Clío y difunde Televisa.

Amigos ayer y enemistados luego han dado lugar a un pleito muy enconado. Según Roldán de Villamil todo empezó con un simple problema laboral que pudo resolverse de dos maneras: despidiéndola legalmente o respetando las decisiones de las autoridades. Desde el principio del conflicto se propició un diálogo para negociar un arreglo. Como éste no se dio, de las palabras pasaron a las manos: la antropóloga demandó laboralmente a Clío y Krauze contestó con una demanda de carácter penal. La respuesta fue un juicio de carácter civil como pleito agregado en el que Cipsa –la empresa independiente que pertenece a Diana Roldán de Villamil y a su esposo Ney Villamil- reclama sumas de dinero que no le fueron pagadas por la Editorial Clío.

Abiertos los frentes entre las partes, los Villamil en las juntas de conciliación y arbitraje y en los juzgados civiles, Krauze se dio a la tarea de tratar de consignar la denuncia que presentó contra la profesional. Navegando las partes en esas aguas procelosas y cada vez más lejos del posible arreglo, Krauze buscó el auxilio del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador para que su procurador Bernardo Bátiz consignara a Villamil. Fue muy curioso que por esas fechas, Krauze, el periodista, diera un giro para unirse al coro de las voces elogiosas de la figura del jefe de gobierno.

El maestro Bátiz amortiguó las cosas, y mientras aparecía como un amable negociador que quería componer el conflicto, daba instrucciones para consignar penalmente a Diana Roldán de Villamil. El expediente fue llevado a empellones a las cortes penales y resultó que los jueces de primera instancia y apelación negaron la orden de aprehensión porque consideraron que la denuncia de Krauze era un artificio y que no había elementos para proceder contra la inculpada.

Todo está bien. Pero parece que los Villamil y Krauze no se han percatado del alcance de las cosas que han hecho en los tribunales y se han publicado, como son las declaraciones contradictorias que el destacado historiador ha hecho del conocimiento de los medios. Un aspecto de la mayor gravedad que se presenta, sobre todo para Televisa, radica en el impacto de su vida bursátil, porque los códigos de ética que regulan su funcionamiento en el territorio de los Estados Unidos y en México rechazan categóricamente la elaboración de actos ilícitos o delictuosos porque, uno de sus efectos más graves se resiente inmediatamente en el mercado accionario. Así pues, es posible que pronto cesen las actividades. Sobre todo si Krauze no vuelve a dejar embarcado en este asunto al secretario del gabinete presidencial, Carlos Abascal, titular de la Secretaría del Trabajo, a quien pidió ayuda.