Oficio de Papel

• La pelea : Francisco Gil Díaz vs Carlos Slim
• Persecución fiscal en contra del Grupo Carso
• Investiga el Congreso fideicomisos aduaneros
¿Qué motivó a Carlos Slim a ser un crítico del modelo económico en marcha? Si recordamos, el empresario mantuvo un bajo perfil durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y apenas dos sexenios después se convierte […]

• La pelea : Francisco Gil Díaz vs Carlos Slim
• Persecución fiscal en contra del Grupo Carso
• Investiga el Congreso fideicomisos aduaneros

¿Qué motivó a Carlos Slim a ser un crítico del modelo económico en marcha? Si recordamos, el empresario mantuvo un bajo perfil durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y apenas dos sexenios después se convierte en el régimen panista de Vicente Fox en un activo líder de opinión.

La primera explicación que encontraron los analistas a esta metamorfosis, fue un repentino interés del empresario modelo por la política y una supuesta ambición por convertirse en jefe del Ejecutivo, lo que también desató un inusitado interés de los partidos por relacionarse con él, sobre todo del PRI, el PAN y el PRD.

Pero la nueva posición del hombre más rico de América Latina coincidía más con un político de izquierda al estilo del magnate italiano de los medios de comunicación, Silvio Berlusconi. Después de todo, decían los analistas, si Slim era dueño de gran parte del país, lo único que le faltaba en su cartera era la presidencia de la República.

Pero el estancamiento de la economía, la ausencia de inversiones en sectores productivos, el exacerbado y obsesivo control de la inflación, aún a costa de la pérdida de empleos, y la proliferación de gobiernos populistas, así como la obsolescencia de los compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), son algunos de los temas sobre los que se ha manifestado el presidente fundador del ya legendario Grupo Carso.

Hasta ahora Vicente Fox y recientemente Andrés Manuel López Obrador han sido, aparentemente, los destinatarios de algunas críticas del magnate mexicano; sin embargo, para desilusión de los analistas de la política, no se trata de mensajes encriptados, pues ha quedado claro que a Slim no le interesa convertirse en el candidato de algún partido político con miras a las elecciones del 2006, en cambio sus críticas sí tienen un claro destinatario: el principal promotor de las políticas de libre mercado y la apertura al capital extranjero de sectores estratégicos como la telefonía.

Así, esta es la historia de una pelea anunciada entre el empresario modelo Carlos Slim y el secretario más duro del gabinete foxista, Francisco Gil Díaz.

Primer Round

Fue durante su gestión como subsecretario de Ingresos cuando Gil Díaz se decidió a terminar con los privilegios que mantenía la industria cigarrera a través de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y, en especial, con la tasa cero para la exportación de cigarros.

En 1991, Gil Díaz impulsó las modificaciones a la legislación para impedir que la Secretaría de Hacienda siguiera devolviendo los impuestos correspondientes a exportadores de cigarros. En ese momento, Carlos Slim a través del Grupo Carso era el principal accionista de Cigarrera Tabacalera Mexicana (Cigatam), mientras que Alfonso Romo del Grupo Pulsar controlaba Cigarrera La Moderna.

Ambos empresarios decidieron en esa década abandonar el negocio cigarrero, mientras algunas compañías importadoras mantienen hasta ahora una batalla legal en contra de la decisión de Gil Díaz.

Ese fue el primer round de una pelea callejera que su único limitante es hasta que uno de los dos pesos pesados caiga derrotado y no se levante más.

Segundo round

Enemigo de las apreciaciones intempestivas del tipo de cambio, Gil Díaz se auto desterró a la iniciativa privada después de la devaluación de 1994 y ante la imposibilidad de llegar al Banco de México. Pero su transición de la burocracia oficial al sector privado la hizo a través de una de las empresas controladas por dos de los neo banqueros beneficiados por la privatización del sector crediticio: Alfredo Harp y Roberto Hernández.

Y aunque Gil Díaz no llegó a Banamex porque se lo impedía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dada la información confidencial que manejaba, su empleo como director general de la telefónica Avantel le permitió salvar los obstáculos legales y convertirse en asesor de cabecera de Hernández y Harp Helú.

Antes de abandonar la Subsecretaría de Ingresos bajo el mando del entonces secretario Pedro Aspe Armella, aquel funcionario que clasificó a los millones de mexicanos pobres como un mito genial, Gil Díaz inició una investigación tributaria en contra de Slim y del Grupo Carso que disfrazó como una campaña en contra de la evasión fiscal.

Así, el Grupo Carso (conglomerado de 142 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al asegurar ésta que habían cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y en poder de Oficio de Papel, se explica que sólo las auditorías enviadas al Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las 142 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a 2 empresas les hicieron observaciones.

Expediente fiscal RIM/940031/96

Así, en los últimos 10 años la familia Slim enfrentó la más dura investigación fiscal que haya vivido el Grupo Carso y cuyo expediente RIM/940031/96 fue consignado a la Procuraduría Fiscal Federal bajo acusaciones por delito de defraudación fiscal, al considerar Gil Díaz que la familia Slim habían simulado a través de sus empresas uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio en perjuicio del fisco federal.

Clasificado con el giro “compra-venta de acciones”, el Grupo Carso (RFC: GCA9005241G1) mantuvo créditos fiscales por 291.7 millones de pesos, correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta más recargos y actualizaciones, así como por 6.1 millones de pesos por el Impuesto Histórico.

De acuerdo con el informe de Resultados de Evaluación para Detección de Casos que Caen en los Supuestos de Delitos Fiscales, la investigación estuvo a cargo de los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT): Alejandro Vázquez Téllez, administrador central; Laura C. Rodríguez y Sánchez, subadministradora; Felipe Orlando Solís Ramos, jefe de departamento; María Rosa Velásquez Moya, coordinadora, y Ana Berta Jiménez Lovera, subadministradora, y la resolución fue firmada por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Roberto Alvarez Argüelles, según la circular número 47 del 23 de enero de 2001, en donde establecía que el monto mínimo del perjuicio al fisco federal era por un millón 600 mil pesos.

Sin embargo, en dicha investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y consignada ante la Procuraduría Fiscal Federal, entidad que integró el expediente y lo envió a la Procuraduría General de la República, intervino directamente el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien se negó a proceder en contra del Grupo Carso, al considerar que el expediente no tenía la documentación suficiente que acreditara la promoción del asunto como defraudación fiscal, por lo que el caso fue prescrito el 30 de marzo del 2004 y la familia Slim quedó a salvo.

En el expediente fiscal abierto contra el Grupo Carso, elaborado por la Administración de Revisión de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, se explican las causas de la investigación que a continuación reproducimos: “con relación al Impuesto Sobre la Renta , la contribuyente disminuyó del resultado fiscal consolidando pérdidas fiscales del ejercicio 1995 de las empresas controladas, por la cantidad de mil 231 millones 284 mil 991 pesos, importe que tiene integrada una actualización indebida por 132 millones 315 mil 879 pesos; así como también realizó en exceso deducción por la participación de los trabajadores en las utilidades de Cigarros La Tabacalera Mexicana (empresa controlada por Grupo Carso), por 13 millones 713 mil 639 pesos, el cual se determinó a través de la revisión de gabinete por el ejercicio 1995 y que se le dio a conocer a través de la Ultima Carta Parcial del 12/02/2001 y Acta Final del 10/04/2001 a Grupo Carso, arrojando un impuesto a cargo de 49 millones 650 mil 36 pesos”.

Este expediente integrado en la Administración General de Evaluación para Grandes Contribuyentes, explica que Grupo Carso presentó declaración anual normal el 30 de abril de 1996, una complementaria por dictamen el 30 de septiembre del mismo año y tres complementarias más por el 29 de abril de 1997, 30 de noviembre de 1998 y 30 de marzo de 1999, todo correspondiente al ejercicio de 1995.

Respecto al Activo, Hacienda sostenía que el Grupo Carso no había declarado un valor del activo consolidado por 57 millones 919 mil 980 pesos, derivado de la adquisición de inventarios y activos fijos de negocios en marcha, por la empresa controlada Promotora Musical, determinándose un impuesto a cargo del Grupo Carso por 1 millón 42 mil 560 pesos.

Respecto al dictamen entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996, las pérdidas fiscales de cada una de sus controladas por un importe total de 1 mil 98 millones 969 mil 112 pesos, sin que se integre el monto que refleja la declaración anual del Grupo Carso en declaración complementaria por dictamen por la cantidad de 1 mil 231 millones 413 mil 544 pesos sin emitir opinión al respecto.

Tercer Round

El nuevo objetivo de los golpes de Gil Díaz contra el Grupo Carso es Teléfonos de México, la empresa privatizada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y que a pesar de la apertura en el mercado de larga distancia, acumula millonarias utilidades, por lo que el secretario de Hacienda se dio a la tarea de demostrar que Telmex cobraba sobreprecios a los usuarios mexicanos y que su éxito en el mercado de valores de Nueva York era resultado de los jugosos dividendos que otorgaba a costa de depredar los bolsillos de las clases populares en México y de impedir la competencia de las telefónicas extranjeras –entre ellas MCI dueña en parte de Avantel- que buscaban competir en el mercado nacional de larga distancia.

Por ello la guerra de las telefónicas enarbolada por Gil Díaz lo llevó incluso a que a través de resoluciones judiciales se realizaran escandalosas diligencias en las oficinas del propio Telmex, para tener acceso a información contable de la telefónica.

Así, según los jueces, el segundo round lo ganó Carlos Slim después de que el secretario de Hacienda no logró que se condenara a las empresas del Grupo Carso por evasión fiscal, pero ahora desde su trinchera como secretario de Hacienda, Gil Díaz ha iniciado una nueva estrategia en el ataque del tercer round en contra del empresario modelo. ¡Hagan sus apuestas!

Piden investigar a fideicomisos aduaneros

En el Poder Legislativo senadores y diputados no se olvidan de los fideicomisos que durante el régimen panista han sido utilizados para triangular fondos, desviar recursos y aprovecharse del erario público en beneficio personal.

Así, en esta semana que termina el diputado priístas Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la actual legislatura, presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) retome las investigaciones de los fideicomisos Aduanas I y II que controlan la operación de la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) y que en los últimos cuatro años sirvió al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para gastar recursos públicos sin control alguno.

También en el Senado la legisladora Noemí Guzmán junto con la senadora Dulce María Sauri encabezaron una larga lista de senadores que pidieron al pleno retomar el caso del Fideicomiso Transforma México, de la Lotería Nacional, a fin de que la ASF recupere su investigación por considerar que está lleno de irregularidades y desvíos de fondos públicos.

A quien también le pidieron explicar la operación de fideicomisos que administran concesiones carreteras fue al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, quien se reunió con legisladores para llevar a cabo la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Pero entre los fideicomisos que más preocupan a la administración foxista por las múltiples irregularidades que guardan, son los correspondientes a la captación de recursos por el Derecho de Trámite Aduanero que se cobró durante muchos años a los importadores y exportadores: Aduanas I y Aduanas II, los cuales serán desaparecidos para evitar que un nuevo gobierno federal pueda investigarlos a fondo y descubrir cómo fueron utilizados para desviar fondos públicos.

Habrá que esperar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación para que se empiecen a deslindar responsabilidades y quienes hayan desviado recursos del erario federal que lo aclaren.

• Inminente renuncia de Muñoz Leos a Pemex
• Gobernación renegocia convenio con STPRM
• Operaciones de Pemex en las Islas Caimán
La semana pasada comenté la “disputa a muerte” que había en Petróleos Mexicanos por la obtención de un contrato de más de 150 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que […]

• Inminente renuncia de Muñoz Leos a Pemex
• Gobernación renegocia convenio con STPRM
• Operaciones de Pemex en las Islas Caimán

La semana pasada comenté la “disputa a muerte” que había en Petróleos Mexicanos por la obtención de un contrato de más de 150 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que dará servicio a plataformas petroleras del Proyecto Cantarell, en la sonda marina de Campeche, y tal como informamos el contrato número DOCSM/080/04 fue asignado la semana pasada a la empresa Servicios Marítimos, perteneciente al Grupo Río San Juan, propiedad del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, y la razón de esta decisión es simple: la empresa ganadora presentó la mejor oferta técnica y económica.

El problema en Pemex es que cuando se habla de obras y servicios contratados, pocas decisiones se apegan a la legalidad y en muchas ocasiones las asignaciones se hacen en medio de actos de corrupción, en donde las prebendas económicas como comisiones son las que marcan la pauta de los contratos, por eso hay que reconocer la honradez y valentía de funcionarios petroleros que resistieron presiones y amenazas y se negaron a entregar este contrato millonario a la empresa Oceanografía S.A. (la compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy), la cual había sido recomendada por el mismo director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, y por su secretario particular Eduardo Rosas Monroy, quienes presionaron a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) con la intención de que manipularan la licitación y se beneficiara ilícitamente a Oceanografía.

Pero lo más grave es que en medio de esta disputa aparecieron los nombres de familiares de la primera dama Marta Sahagún, su hijo Jorge Bribiesca y su hermano Guillermo Sahagún, quienes supuestamente presionaron a Muñoz Leos para que contratara al barco de Oceanografía, y como el director general de Pemex está metido en otro grave problema por otorgar concesiones fuera de la ley al sindicato petrolero, pues cedió a las presiones de Los Pinos y trató de manipular el concurso para torcer la decisión a favor de la empresa recomendado por familiares de Marta Sahagún.

Estas presiones se hicieron sentir con mayor fuerza la semana pasada en la propia oficina del director general de Pemex, en donde el mismo Muñoz Leos planteó la urgencia de asignar el contrato de casi 2 mil millones de pesos a Oceanografía porque, según se dijo, era una decisión de la esposa del presidente de la República, lo que generó una fuerte discusión entre funcionarios petroleros encargados de la licitación.

Para entonces, la información sobre las presiones que había en Pemex para desviar la licitación a favor de Oceanografía eran ya conocidas en varias secretarías de Estado, como la poderosa Secretaría de Hacienda, en donde Francisco Gil Díaz se opuso a las presiones de Marta Sahagún y exigió que se respetara el fallo de la licitación, mientras que en la Secretaría de la Función Pública, entidad responsable de velar por la honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el gobierno federal, su titular Eduardo Romero ordenó vigilar el proceso de contratación y exigió que éste se apegara a la legalidad, lo que permitió dar como ganadora a la empresa Servicios Marítimos, y hasta la Secretaría de Gobernación, en donde su titular Santiago Creel ha dado muestras de incapacidad para manejar la política interna del país, en esta ocasión sí se fajó los pantalones y protestó por la ingerencia de la primera dama en la licitación petrolera.

Sin embargo, no todo está dicho en Pemex y, por el contrario, hay incertidumbre y nerviosismo entre los trabajadores de la torre petrolera, pues se espera un ajuste de cuentas por la negativa a cumplir las órdenes salidas de la presidencia de la República para torcer una licitación y favorecer a una empresa en donde hay intereses de los familiares de Marta Sahún, así que habrá que esperar si estos días se dan algunas renuncias de funcionarios de nivel superior de la paraestatal petrolera.

Las pifias de Muñoz Leos

También habíamos informado en semanas anteriores que la Secretaría de Gobernación había entrado al apoyo de Pemex para tratar de renegociar el convenio salarial en donde Raúl Muñoz Leos aceptó, sin tener facultades para ello, otorgar alrededor de 8 mil millones de pesos en prestaciones al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Pues las negociaciones las lleva a cabo el subsecretario Jurídico de Gobernación, de apellido Cabeza de Vaca, quien no ha podido convencer a lo líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana de aceptar reducir en un 50 por ciento las prestaciones acordadas con el director general de Pemex, por lo que se espera que para esta semana las negociaciones las asuma el secretario de Energía, Fernando Elizondo, un hombre que se ha caracterizado por ser un buen negociador y el gobierno foxista confía en él para librar este escollo sin mayores problemas.

Pero otro problema para el presidente Vicente Fox es qué va a hacer con Raúl Muñoz Leos, a quien lo menos que le puede ocurrir es salir deshonrosamente de la dirección de Pemex, aunque hay varios secretarios de Estado que consideran que se debe procesar administrativa y penalmente al funcionario por los delitos que cometió, como violar la Constitución al firmar convenios que no le correspondían, así como abuso de confianza, colusión para defraudar a Pemex y mala administración, entre otros.

Y lo que sí es seguro es que Muñoz Leos será removido del cargo hasta que concluyan la renegociación con el sindicato petrolero, en donde se corrijan en lo posible las pifias cometidas por el funcionario, pues de salir antes sería una señal más de debilidad del gobierno del cambio ante uno de los gremios más poderosos del país.

El otro problema es qué hacer con la familia feliz de Los Pinos, en donde igual como ocurrió en los gobiernos priístas, principalmente cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente, en donde los hermanos abusaban del poder de negociación que les daba su parentesco y negociaban cualquier cantidad de contratos de obras y servicios públicos a favor de empresas privadas, a cambio de jugosas comisiones, sin que algún aparato de vigilancia y control gubernamental hiciera algo al respecto.

Pero en esta ocasión el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, ha dicho basta de la intromisión de hermanos e hijos de Marta Sahagún que afanosos buscan mediar en contratos petroleros y de otras empresas paraestatales a favor de empresas privadas. Otro ejemplo de lo anterior es algunas obras y servicios asignados en Pemex Petroquímica, en donde aseguran hay voluntad en aceptar recomendaciones a favor de algunas empresas privadas.

Sin embargo, el trabajo apenas empieza para la Secretaría de la Función Pública y para la Auditoría Superior de la Federación, pues aún faltan dos años de la actual administración y por lo que se ve hay desesperación por llenarse las bolsas de dinero antes de que el PAN pierda las elecciones del 2006.

Otra historia de fideicomisos

El 18 de noviembre de 1998 se constituyó en el paraíso fiscal de Islas Caimán la empresa Pemex Finanace Ltd., una compañía de responsabilidad limitada cuyo único accionista es el fideicomiso de beneficencia “Pemex Finance Trust”, el cual no está registrado en la lista de fideicomisos en la Secretaría de Hacienda ni en Petróleos Mexicanos, lo que la da una gran autonomía para operar fuera de los márgenes de la leyes mexicanas, aunque se nutra de recursos públicos de los mexicanos.

Desde su constitución y hasta el 2000, esta empresa obtuvo a través de las emisiones de alta calificación, financiamiento de proyectos Pidiregas, con lo cual Pemex Finance está facultada para emitir deuda y los recursos que obtiene son utilizados para el pago del servicio de la deuda contraída y para compra de cartera nueva.

Y aunque Pemex no aparece como accionista de esta empresa que se rige bajo las leyes de Islas Caimán, la paraestatal petrolera mexicana le ha otorgado diversos préstamos que ascienden en su totalidad a 714 millones 750 mil pesos, a pesar de que la Ley Orgánica de Pemex ni su reglamento interno la faculta para efectuar préstamos.

Dichos créditos se utilizaron para la capitalización inicial de la empresa y para mantener una proporción pasivo-capital de 7 a 1. Pero a la fecha, la paraestatal no ha recuperado este dinero y se prevé que lo haga hasta que la deuda emitida por Pemex Finance Ltd. haya sido amortizada en su totalidad.

Sería sano para las finanzas de Pemex que el Congreso interviniera para regular todas estas operaciones y triangulaciones de recursos que realiza la paraestatal con empresas constituidas en el exterior y que, sólo por ese motivo, están exentas de supervisión de las autoridades mexicanas, lo que les da un amplio margen de maniobra sin control alguno de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública y, mucho menos, de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que podría haber desvío de recursos públicos sin que nadie se entere.

• Disputa a muerte en Pemex por un contrato de 154 m/d
• Raúl Muñoz Leos sometido a presión desde Los Pinos
• Cuestión de horas la caída de director general de Pemex
La muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, coordinador de asesores del director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Octavio Aguilar Valenzuela, ocurrió en el peor momento de la […]

• Disputa a muerte en Pemex por un contrato de 154 m/d
• Raúl Muñoz Leos sometido a presión desde Los Pinos
• Cuestión de horas la caída de director general de Pemex

La muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, coordinador de asesores del director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Octavio Aguilar Valenzuela, ocurrió en el peor momento de la crisis por la que atraviesa esta empresa petrolera. Su caída del piso12 de la torre A de Pemex fue, dicen los primeros reportes policiales, un suicidio; sin embargo, este crimen ocurre en medio de un grave conflicto que enfrenta al gobierno de Vicente Fox con el sindicato petrolero, motivado por la firma del convenio que compromete para los próximos dos años a esa paraestatal, a entregar cerca de 8 mil millones de pesos a los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.

Hasta el momento el único vínculo del “suicidio” con el convenio salarial, es el rechazo de Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del jefe de prensa de Los Pinos y jefe del supuesto suicidado, a firmar y avalar los acuerdos pactados entre el director general Raúl Muñoz Leos y el líder sindical Carlos Romero Deschamps, a pesar de las presiones que ejerció en su contra el titular de Pemex.

Aunado a lo anterior hay otra “disputa a muerte” en esa empresa petrolera, por la asignación de un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le dará servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell, de acuerdo con una investigación periodística que realice con mi compañera reportera Ana Lilia Pérez.

El problema se inició cuando el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas Monroy, persona impuesta allí por Marta Sahagún, exigió a nombre de la esposa del presidente de la República que ese contrato de arrendamiento le fuera asignado a la empresa Oceanografía S.A., compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy.

Las evidencias que hay de las insistentes presiones del secretario particular de Muñoz Leos motivaron preocupación y malestar en Pemex Exploración y Producción, subsidiaria que controla casi el 80 por ciento del presupuesto petrolero, pero la sorpresa mayor fue cuando el propio Raúl Muñoz Leos ordenó directamente que se le asignara el contrato a Oceanografía, a pesar de que en el concurso de la licitación pública esta empresa no presentó la mejor oferta.

Para entonces las versiones de que familiares de la esposa del presidente de la República cabildeaban a favor de empresas privadas contratos de obras y servicios en Pemex, eran ya conocidas no sólo en la torre de Pemex, sino también de manera directa por los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y de Gobernación, Santiago Creel, quienes se oponen a que Pemex ceda a las presiones de los familiares de Marta Sahagún para obtener beneficios económicos con la asignación de contratos de servicios y obras públicas pero, sobre todo, a que la primera dama pueda verse involucrada en este nuevo escándalo de corrupción que involucra directamente a Muñoz Leos y su secretario particular.

De acuerdo con información de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de Pemex, quienes pidieron el anonimato ante posibles represalias, el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas, presiona telefónicamente a nombre de Muñoz Leos y de Marta Sahagún a los directores generales de las empresas subsidiarias petroleras para exigir que se asignen contratos a empresas privadas que supuestamente son avaladas por el cuñado del presidente de la República, Guillermo Sahagún, y por el hijo de la primera dama, Jorge Bribiesca.

Pero esta red de corrupción que sale desde la Dirección General de la paraestatal, ya alcanzó a Raúl Muñoz Leos cuando este ingeniero que proviene del sector privado se sumó también a las presiones para que le asignaran el contrato por 154 millones de dólares a la empresa Oceanografía.

Sin embargo, la oportuna intervención de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eduardo Romero Ramos, impidió que el fallo favoreciera a Oceanografía, pues su oferta estaba un 6 por ciento por arriba de la propuesta ganadora, por lo que este lunes 11 de octubre se dará a conocer que el fallo del contrato número DOCSM/080/04 favorece a Servicios Marítimos, del Grupo Río San Juan, propiedad del rico tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, hermano del actual candidato por el PRD al gobierno de Tamaulipas, Alvaro Garza cantú.

Pero en la Dirección General de Pemex y probablemente en Los Pinos consideran esta asignación del contrato como una “rebeldía” de Pemex Exploración y Producción (PEP), empresa que se ha negado sistemáticamente a aceptar participar en actos de corrupción y seguir las órdenes de Muñoz Leos y Rosas Monroy para favorecer a empresas privadas, por lo que en los próximos días podría haber algunos despidos de funcionarios petroleros, en donde se incluye al mismo director general de Pemex, a su secretario particular y a otros directivos de PEP.

La asignación del contrato del alquiler del barco petrolero por parte de un Comité en PEP, está avalada por los representantes de la Secretaría de la Función Pública, debido a que Oceanografía presentó una propuesta económica 6 por ciento mayor a la de Servicios Marítimos (por casi 165 millones de dólares), lo que significa que por esta ocasión se protegió los intereses de Pemex y se evitó un acto más de corrupción en la principal empresa del Estado.

Otro factor que determinó la no asignación del contrato a Oceanografía, fue el negro historial de esa empresa por quejas y denuncias por las deficiencias de su trabajo, que han ocasionado la rescisión de muchos contratos petroleros.

Y como si faltara complicar más este conflicto de corrupción petrolera, resulta que uno de los asesores legales de la empresa que han realizado gestiones a favor de Oceanografía es el ex procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, socio del senador Diego Fernández de Cevallos.

Otro dato revelador en medio de esta crisis de corrupción petrolera, es el hecho de que el contrato DOCSM/080/04 ganado por Servicios Marítimos, correspondió a un segundo concurso, pues en el primero se le había asignado a la firma Construcciones Marítimas Mexicanas (CMM), filial del Grupo Protexta, propiedad de los hermanos Lobo, pero se le rescindió en junio pasado porque esta empresa nunca presentó el barco grúa para trabajos de montaje de estructuras en la Sonda de Campeche del Complejo Cantarell.

La empresa

Fundada en 1968 como compañía naviera, Oceanografía es dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa norteamericana Otto Candy.

Hasta hace unos meses Oceanografía mantenía oficinas en la ciudad de México, en la calle Insurgentes Sur 300, despacho 1406, colonia Roma. Actualmente todo su grupo directivo y de trabajo se concentra en Ciudad del Carmen, Campeche, en la Calle 26 “A”, López Mateos, Manzana D, Lote 2-A, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul.

Sin bien Oceanografía lleva más de dos décadas como prestadora de servicios de la paraestatal, con el transcurrir de los años también se ha hecho de un negro historial al interior de Pemex, sobre todo en la zona de plataformas, según reveló personal de la empresa en Campeche.

En medio de esta historia de corrupción, la administración de Raúl Muños Leos ha intentado “limpiar” la negra historia de Oceanografía, a pesar de que en Pemex altos funcionarios aseguran que es una empresa “recomendada” por Martha Sahún, pues en ella obtienen algunas comisiones su hermano Guillermo y su hijo Jorge Bribiesca Sahagún.

La participación de la familia presidencial en Oceanografia coincide también con el repunte de la empresa en México, ya que hasta hace algunos años la naviera estaba prácticamente vetada en Pemex por prácticas ilegales. Fue durante el primer año de Muños Leos al frente de la paraestatal, y de que la familia Fox arribara a Los Pinos, que la empresa recibió nuevos contratos de Pemex, la mayoría por adjudicación directa.

El primer contrato otorgado a Oceanografía en la administración de Muños Leos fue el número 24FNMD1951, vigente de 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, para el alquiler de un remolcador Atlantic Ash; la embarcación contra incendios “Havira Charisma” (contrato N. 24FNN01951) del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003; el contrato N.418812800, del 28 de enero de 2002 al 27 de septiembre del 2004, para el alquiler de la lancha rápida “Fernanda” para el traslado de personal a plataformas; para ese mismo rubro se otorgó el contrato N.412002869 para el alquiler de la lancha “Miss Gracie”, del 1 de diciembre de 2002 al 27 de septiembre de 2004; la lancha “Victoria”, contrato N. 412003808, del 21 de febrero de 2003 al 2 de agosto de 2004; la lancha “Ana Paula”, contrato N.411002805, del 16 de marzo de 2002 al 21 de diciembre de 2004; la lancha “Verónica”, contrato N. 411002806, del 16 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Kristing Grace”, contrato N 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Paula Kay”, contrato N. 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004.

Y la embarcación estable para pasajeros “Sebastián”, contrato N. 54FNN01701, del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. Entre otros muchos contratos.

El contrato más amplio que tiene la empresa actualmente es el de alquiler del remolcador “Caballo Apalosa”, contrato N. 412003810, del 21 de febrero de 2003 al 07 de enero del 2006.

Además del alquiler de embarcaciones, Oceanografía ha recibido de Pemex contratos para el monitoreo y control de obras en áreas de PEP, la mayoría pro adjudicación directa, lo que ha provocado la inconformidad de otras prestadoras de servicios.

Entre los contratos por adjudicación directa están el N. 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246.86 dólares, para la supervisión para el control de la obra de dragado en el canal de navegación de acceso en Puerto Madero, Chiapas, del 17 de octubre de 2003 al 13 de febrero de 2004.

Información interna de Pemex indica que los recursos para el pago de este contrato otorgado de manera directa a Oceanografía, están dentro del Fideicomiso de Infraestructura (FINFRA).

Otra adjudicación directa es la N. 3-5-DD-A-006-Y-0-3, por 77 mil 416. 99 dólares, para el levantamiento topohidrográfico de reconocimiento en el puerto de Celestún, en el estado de Yucatán, del 17 de marzo al 16 de abril de 2003.

Denuncias e inconformidades

Dentro de las prácticas ilegales más conocidas de esta empresa está desde la distribución de sobornos entre personal de Pemex para beneficiarse con licitaciones, hasta las irregularidades en sus sistemas de operación detectadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como denuncias laborales.

En abril pasado, Oceanografia fue sancionada por la Profepa en dos ocasiones y obligada a pagar dos montos, uno por 24 mil 700 dólares, y otro monto por 336 mil 281 dólares, por los daños ocasionados por la embarcación Paula Kay, propiedad de su empresa, a los arrecifes bajos y “bajos de en medio”, en Tuxpan, Veracruz.

Los distintos contratos otorgados de manera directa a Oceanografía han provocado malestar e inconformidad de otras navieras, sobre todo las de capital mexicano.

En los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, el año pasado Pemex Exploración y Producción dio a conocer la licitación de 12 contratos para embarcaciones de nueva construcción, las beneficiadas fueron, además de Oceanografía, Náutica Saltamar, naviera de origen americano de la operadora de servicios Tide Water; la Compañía Marítima del Pacífico, dirigida por Raúl Téllez Villagra, socia de la compañía española Boluda.

En el proceso de selección las empresas mexicanas como Samm Remolques, la Compañía Naviera Minera del Golfo (Navimin), de Javier Villegas; la Compañía Marítima del Pacífico, y Marxmex, de Grupo TMM de José Serrano Segovia, fueron descalificadas.

La rivalidad de Oceanografia con otras navieras ha llevado también a pleitos en tribunales. En Ciudad del Carmen, Campeche, Oceanografía enfrente un juicio mercantil promovido por Marítima Mexicana desde 2001, que coincide también con los primeros meses de la supuesta participación de los Sahagún Bibriesca en la naviera. El juicio ordinario mercantil 97/00-2001es defendido por el apoderado legal de Oceanografía, Jorge A. Angulo García.

La asignación del contrato DOCSM/080/04 para la asignación del barco grúa por 154 millones de dólares, fue abierta hace unos meses por Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde se invitó a participar a siete navieras que integran su lista de empresas que prestan el servicio. En una primera etapa, de las 7 empresas concursantes sólo cuatro calificaron y la empresa que ofreció el mejor precio fue Servicios Marítimos, por 154 millones de dólares, propiedad del Grupo Río San Juan, del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú.

• Las 14 cuartillas del convenio que firmó Pemex
• Muñoz Leos infló recursos entregados al STPRM
• De 4.3 mil millones aceptados se elevó a 7.8 mil
Como un rehén del sindicato petrolero, el gobierno federal asumió sin protestar el problema en el que lo metió el director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, quien extrañamente dicen en Pemex […]

• Las 14 cuartillas del convenio que firmó Pemex
• Muñoz Leos infló recursos entregados al STPRM
• De 4.3 mil millones aceptados se elevó a 7.8 mil

Como un rehén del sindicato petrolero, el gobierno federal asumió sin protestar el problema en el que lo metió el director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, quien extrañamente dicen en Pemex elevó de 4 mil 300 millones a 8 mil millones de pesos las partidas presupuestales que esa empresa petrolera comprometió entregar al sindicato como parte del convenio salarial firmado el pasado 26 de julio.

Aunque 4 mil 300 millones de pesos también es mucho dinero, la verdad es que nadie puede explicar cómo es que Muñoz Leos ordenó donarle a los líderes sindicales otros 3 mil 500 millones cuando ya habían aceptado la primera cifra. Todo indica que por la firma del director general en dicho convenio salarial alguien recibirá jugosas comisiones y, lo peor del caso, es que el gobierno foxista ha avalado con su silencio las irregularidades y posibles corruptelas en que han incurrido, una vez más, los funcionarios petroleros.

¿Cómo creerle entonces a Vicente Fox eso de que su gobierno es enemigo de la corrupción, si en un hecho tan evidente de violaciones legales e irregularidades administrativas lo más que se han atrevido a decir es que intentarán renegociar el convenio salarial con un sindicato de filiación priísta que bravuconamente se mofa y los enfrenta?

La principal evidencia de la enorme torpeza y gran corrupción que hay en Pemex, es el convenio que con carácter confidencial fue elaborado en 14 cuartillas y varios anexos bajo el número 10275/04 y que firmaron el director general Raúl Muñoz Leos y el secretario general del STPRM, Carlos Antonio Romero Deschamps, en donde ambos servidores públicos se sirvieron con la cuchara grande de los fondos públicos de los mexicanos.

Dicho documento confidencial en poder de Oficio de Papel detalla el flujo de 4 mil 200 millones de pesos que el director de la paraestatal comprometió a Pemex para entregarlos en los próximos dos años a un “Fondo Sindical de Vivivenda”, manejado discriminadamente por el líder petrolero Romero Deschamps.

Además, Muñoz Leos aceptó que los recursos que el sindicato petrolero mantiene depositados en la cuenta número 6MH215309 del Pershing, L.L.C., en Nueva York, por 43 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, sean repatriados a México y entregados a los líderes sindicales con todo y los intereses generados.

Pero si aún alguien duda de la mafia que liderea ese sindicato petrolero en perjuicio de los propios trabajadores y que mantiene contra la pared al gobierno foxista, en otro documento del 18 de julio de 2003 y firmado también por Raúl Muñoz Leos y Carlos Antonio Romero Deschamps, se compromete a Pemex a entregar al sindicato 60 millones de pesos “como pago por las erogaciones generadas por esa organización sindical durante todo el proceso de revisión contractual por el bienio 2003-2005”. Es decir, que sólo porque los líderes sindicales se sienten a negociar Pemex se obliga a pagarles con recursos del erario federal 60 millones de pesos que van a parar a los bolsillos de los dirigentes petroleros.

El Convenio número 10275/04

En el inciso 7 relativo al programa de vivienda, Pemex aceptó suministrar 4 mil 200 millones de pesos para la creación de un “Fondo Sindical de Vivienda” propiedad del STPRM, destinado a la compra de terrenos para supuestamente construir 10 mil viviendas para los trabajadores.

La primera entrega de fondos públicos por mil 100 millones de pesos se debió haberse concretado el 31 de agosto pasado, para cubrir 2 mil 600 viviendas. El segundo monto por mil 700 millones se entregará el 31 de marzo del 2005, para 4 mil 50 viviendas. La tercera donación de recursos petroleros sería por mil 400 millones a más tardar el último día de marzo de 2006 y esto permitirá tener 3 mil 350 viviendas más.

El documento también establece que los créditos hipotecarios que se otorguen a los sindicalizados ampliaron los plazos de 15 a 25 años.

Otras prestaciones aceptadas por Pemex son que antes del 1º de mayo de cada año, la empresa entregará al sindicato petrolero 22.3 millones de pesos como ayuda para gastos de los “festejos relacionados con el desfile”; antes del 18 de marzo de cada año, 12.5 millones para los “festejos del aniversario de la expropiación petrolera”; antes del inicio de cada revisión salarial anual, 80 millones de pesos, también para festejar.

Otra irregularidad de este convenio es su retroactividad, pues las cantidades anteriores de dinero para festejos y desfiles, Pemex aceptó pagar los montos correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, por lo que la cifra se elevó a 459 millones de pesos, de los cuales 250 millones se entregarán inmediatamente y el resto a plazos.

Y previsores de que este convenio generaría respuestas negativas tanto de algunos sectores gubernamentales como de la sociedad, y para cubrirse de cualquier reclamo posterior, se incluyó una cláusula en donde Pemex y el STPRM se obligan a ratificar el convenio ante la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, en donde solicitaron que se elevara a la categoría de laudo ejecutorio con la calidad de cosa juzgada, es decir que ya no se puede renegociar como pretende el Consejo de Administración y como asegura el gobierno foxista.

En cuanto a las demandas laborales que hay en contra de Pemex, las partes se comprometieron a formar equipos de negociación para revisar por lo menos 7 mil demandas en lo que resta de 2004 y 2005.

Como ya se ha señalado, el convenio establece un incremento del 4 por ciento al salario y un incremento del 22 por ciento en la canasta básica que se entrega a los sindicalizados. Además, hay un aumento de 14 por ciento por concepto de productividad, el cual se otorgará al trabajador cada catorcena. Las pensiones jubilatorias se incrementarán en un 4 por ciento.

Otro tema en donde el sindicato asume las funciones de administrador de la empresa, es el relativo a la flota petrolera, pues pidió y se aceptó que durante este año Pemex rente a casco desnudo un buque tanque convencional y que al término de 5 años de arrendamiento se adquiera o se rente con opción a compra; en 2004 se rentará un buque tanque gasero y al término de 5 años se renovará el contrato y el buque; para el 2005 se rentarán 3 buques tanques convencionales y al término de 5 años de arrendamiento se adquirirán o se rentarán con opción a compra, y que las embarcaciones propias o rentadas por Pemex para servicios de transporte de bienes o personas, abastecedores y remolcadores en las zonas marinas, tengan tripulaciones de personal sindicalizado y de preferencia será el personal marino comisionado en su residencia.

Sobre los activos de Pemex Exploración y Producción y la Unidad Autónoma de Perforación, se acordó que en un plazo de 30 días se lleve a cabo una reunión para analizar la denominación de los activos, a fin de adecuarla a lo señalado en el Contrato Colectivo de Trabajo. También que las categorías de perforador y encargado de operación de equipo y reparación y de terminación de pozos se mantengan en el régimen de confianza.

Servicios médicos de Pemex

Otro rubro que causa escozor es el relativo a los servicios médicos, en donde Pemex “satisfizo totalmente las peticiones del STPRM”, al aceptar otorgarle 2 mil 826 millones de pesos para los años 2005 y 2006. Y para que no haya errores, el documento firmado por el director general Raúl Muñoz Leos establece que “en septiembre de 2004 se verificará que Pemex haya obtenido la autorización de la cantidad total antes señalada y en caso contrario el STPRM requerirá el cumplimiento respectivo ante las autoridades laborales competentes”.

En el espinoso tema de las plazas laborales tan peleadas en Pemex, la empresa aceptó que en un plazo de 30 días hábiles se transfieran del régimen de confianza al régimen sindical, 5 mil 15 plazas, y advierte el documento que continuarán con el análisis de las actividades de las plazas de confianza de los niveles 30 a 35, para que en un periodo de un año se defina que se hará con ellas. Es decir, los líderes sindicales ordenan a Muñoz Leos qué se hace en Pemex y cuáles son las prioridades.

En el cláusula de escuelas y campos deportivos, el convenio salarial establece que entre agosto y septiembre de este año, Pemex destinará 32 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 34 escuelas; a más tardar el 31 de diciembre de 2004 donará otros 80 millones al sindicato para el mantenimiento de instalaciones deportivas, y otros 120 millones para el mismo rubro a más tardar el 31 de marzo de 2005. Para agosto de 2004 se debieron entregar 49 millones de pesos para la construcción del Centro Deportivo de Ciudad del Carmen, Campeche.

Hasta aquí este es el convenio que firmó Raúl Muñoz Leos, quien llegó a la Dirección General de Pemex bajo el argumento foxista de que por el hecho de haber trabajado en el sector privado, como director general de Dupont, manejaría eficientemente a la empresa petrolera y la haría rentable, pero a cuatro años del experimento foxista, Pemex se hunde en un mar de corrupción y complicidades entre directivos y líderes sindicales.