Oficio de Papel

* Integran expediente penal a Hernández Deras
* Lo acusan de enriquecimiento, narco y lavado
* Investiga Función Pública a cachorro foxista

En las próximas semanas un gobernador priista concluirá su gestión y la Procuraduría General de la República prepara su expediente para llevarlo a juicio por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este caso sería el segundo donde un gobernador priista enfrenta un proceso penal por supuestos vínculos con el narcotráfico, concretamente con el cártel del Pacífico que comanda el intocable Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Todavía recordamos al recién extraditado exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien hace varios años, días antes de concluir su gestión, huyó del estado para tratar de eludir la justicia, pero meses más tarde fue capturado y encarcelado por estar involucrado con bandas del narcotráfico. Después de purgar su condena en penales de máxima seguridad en México, Villanueva fue extraditado a Estados Unidos, en donde también enfrenta procesos penales por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección a la delincuencia organizada.
Coincidentemente, otro gobernador priista podría ser procesado por la justicia federal panista en los próximos meses, cuando el Ministerio Público Federal termine de integrar el expediente y presente la acusación ante un juez federal.
En abono a ese trabajo investigativo de la PGR, los dirigentes nacionales de tres partidos políticos que han participado en coalición para vencer al PRI en procesos electorales recientes, preparan una nueva querella penal que podrían presentar en los próximos días en contra del gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, quien ya se prepara para dejar el cargo a su subalterno Jorge Herrera Caldera, aquel fuera su secretario de Finanzas y quien tiene instrucciones precisas de borrar cualquier indicio de desvío de recursos públicos, ocultar actos de corrupción evidentes y controlar la brutal deuda estatal que le hereda el gobernador saliente.
Hernández Deras, quien dejará el cargo el cargo el próximo 15 de septiembre y por consiguiente perderá el fuero de gobernador, también prepara su salida del país ante la amenaza de la acusación penal en su contra, para lo cual compró una residencia en Canadá, país con el cual México no tiene acuerdo de extradición y podría servirle de refugio en caso de necesitarlo, como ahora le ocurre con el líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Esta nueva denuncia penal en contra de Hernández Deras y varios de sus excolaboradores, entre otros Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castrillón y Abraham Moreno García, es afinada por las áreas jurídicas del PAN, PRD, Convergencia y Grupo Día, cuyos dirigentes han sostenido reuniones con el procurador general de la República y con el secretario de Gobernación, para denunciar el escandaloso enriquecimiento del gobernador de Durango, así como sus presunta relación con el cártel del Pacífico y la adquisición de propiedades por conducto de supuestos prestanombres.
Por su parte la PGR integra la averiguación previa y se apoya con los expedientes financieros y fiscales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y responsables de urgar las cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias de dinero que pudieran constituir el delito de blanqueo de capitales.
Quien también anda muy nervioso por esta investigación es Jorge Herrera Caldera, quien fuera secretario de Finanzas del gobierno de Durango y es actual aspirante a sustituir a su exjefe Hernández Deras, pero será hasta la próxima semana cuando el Tribunal Federal Electoral determine si anula el proceso a gobernador en Durango o designa como ganador a Herrera Caldera a pesar de las múltiples irregularidades presentadas en las pasadas elecciones.

La investigación penal

Parte de la acusación penal en contra del todavía gobernador Hernández Deras sostiene:
“Se denuncia la sociedad con líderes y miembros del crimen organizado del ‘Cártel del Pacifico’, supuestamente de los más buscados por la policía de México y Estados Unidos; tanto en Estados Unidos de América, como en la República Mexicana, tienen Procesos Penales pendientes, a los que se les acusa de delincuencia organizada, en sus modalidades de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), homicidio, entre otros.
“Según la DEA y la Procuraduría general de la República, el ‘Cartel del Pacifico’, una de las más peligrosas organizaciones delictivas que operan en México y la cual está dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos; se le atribuye una guerra a muerte con la organización delictiva denominada el ‘Cartel de Juárez’ y contra de una sección de el ‘Cartel del golfo’ con quienes se disputa salvaje y sangrientamente el dominio y control de varios territorios de la entidades federativas, entre las que se encuentra el Estado de Durango.
“Desde el 2004, a los líderes del ‘Cártel del Pacifico’ se les atribuye que se han dedicado a recomponer sus alianzas en el Estado de Durango y otros, ya que los considera sus territorios, por haber comprado el derecho de piso al actual Gobernador Constitucional del Estado de Durango, C.P. ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, a quien patrocinaron considerablemente en el Año de 2004, para su campaña política, se habla de un patrocinio de $50,000,000.00 Usd. (cincuenta millones de dólares.), efectivamente existió una dilapidación y gastos excesivos de campaña, habiendo ganado fácilmente dichas elecciones, a cambio de que se le permitiera a los miembros del ‘Cártel del Pacifico’ el territorio del estado de Durango, para recomponer sus alianzas y a recuperar lo que considera sus territorios, iniciando así una nueva, salvaje, sangrienta, impune y más violenta etapa de ejecuciones entre los carteles de la droga y gente inocente en el estado de Durango, en donde las emboscadas, secuestros y asesinatos se cuentan por cientos, entre las víctimas de esta disputa por mantener y apoderarse de los lugares de producción de la droga, (marihuana y amapola), y el trafico libre de la cocaína, heroína y sustancias constitutivas de drogas sintéticas, ya que el arreglo entre los lideres del “Cartel del Pacifico” y el Gobernador ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, incluye el servicio de protección de las diferentes corporaciones policiacas, así como de los directivos de los penales o centros de readaptación social, tanto estatales como municipales, en donde han existido sangrientas ejecuciones, realizadas por miembros de cárteles protegidos en donde han realizado tumultuarias ejecuciones salvajemente, donde se habla inclusive de concederles la salida ilegal y furtiva por las noches a grupos debidamente equipados para cobrar venganza y aquellos que se oponen sufren duramente las consecuencias, ya que son salvajemente asesinados, no realizándose ninguna investigación ministerial ni policiaca, ya que tienen instrucciones precisas, en el sentido de declararse incompetentes con el pretexto de que pertenecen al ámbito federal, relacionado con la delincuencia organizada, contando hasta el momento de lo que lleva su administración más de 2000 (dos mil) ejecuciones Aproximadamente, sin ninguna Averiguación e Integración de Expedientes.
“Así mismo, el C.P. ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, por medio de sus subordinados que han ocupado hasta el momento la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Secretaría de Seguridad Publica en el Estado, y Directores de las mismas, en lo que va de su Administración, en forma directa y por falta y omisión de supervisión, han tenido arreglos económicos con miembros de los cárteles de Juárez y del Golfo, que pretendiendo haber comprado el derecho de piso, se han enfrascado en sangrienta guerra por el territorio del Estado de Durango y el control relacionado con el tráfico, compra, venta y distribución de cualquier tipo de droga natural y sintética, con masacres en las calles, pueblos, ciudades, y prisiones del Estado de Durango.”

Investigan por corrupción a exfuncionario de Los Pinos

Con el más cauteloso sigilo, para evitar molestar lo menos posible, la Secretaría de la Función Pública abrió a principios de año un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000).
Al ganar la Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos y lo hizo coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el último año de gobierno de Vicente Fox, al experto guanajuatense en tecnologías de la información se le ocurrió que podía violar un contrato (DC-021-2006) que su Unidad en Función Pública le había asignado a la trasnacional Deloitte Touché Thomatsu, por 40 millones de pesos, para “renovar el sistema de compras gubernamentales”, en un programa denominado Compranet Plus.
Hasta la fecha, dicho programa de la SFP es un verdadero fracaso, presenta fallas y retrasos constantes y a pesar de lo cual, Sotelo Nava autorizó el pago total a la empresa contratista extranjera a través de su representante en México Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza.
Esas omisiones y negligencias del funcionario foxista no bastaron en la secretaría responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, y Sotelo Nava se mantuvo en el cargo hasta enero de 2008, cuando sabedor de las irregularidades que había cometido y al sentirse descubierto, se retiró a la actividad privada y es actual asesor internacional en nuevas tecnologías.
Sin el amparo de su protector Vicente Fox, fue hasta 2010 cuando el recién nombrado secretario Salvador Vega Casillas decidió abrirle un proceso de responsabilidades por irregularidades administrativas en el contrato otorgado a Deloitte, cliente frecuente del gobierno federal panista.
Lo extraño de este caso, es que han pasado seis meses y en la Secretaría de la Función Pública se mantiene la reserva del expediente y la Dirección General de Responsabilidades aún no dictamina la inhabilitación de Abraham Sotelo Nava, tampoco hay sanción económica en su contra y mucho menos alguna acusación penal ante la Procuraduría General de la República.
Otros servidores públicos con acusaciones de fraude por menos cantidad de dinero no han corrido con la misma suerte de Sotelo Nava, tal es el caso de los seis funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) que hace unas semanas fueron inhabilitados, sancionados económicamente y acusados penalmente, mientras que a al exfuncionario foxista parece que alguien con mucho poder lo protege desde el gobierno de Felipe Calderón.
Paradójicamente, Compranet Plus era una nueva versión de la plataforma electrónica que permitiría aprovechar y explotar la información para “transparentar el gasto y la inversión gubernamental”, lo que significaría cuantiosos ahorros en compras de gobierno, pero a nadie se le ocurrió vigilar a los funcionarios responsables de contrataban a la empresa que lograría el milagro de disminuir la corrupción en el gobierno calderonista.
Otro dato preocupante para la SFP, es que esta nueva plataforma tecnológica contaba con recomendaciones y la supervisión del Banco Mundial. En mayo de 2006, cuando se anunció el nuevo lanzamiento de Compranet Plus, el entonces oficial de operaciones para México de ese organismo crediticio multinacional, Daniel J. Bpoyce, aseguró que el Banco Mundial apoyaba a Compranet con técnicos expertos en adquisiciones, por lo que “respaldaba” la modernización de dicho sistema. Qué opinará ahora el BM.

* Calderón no deja de ser Calderón
* Menos dinero a combate al lavado
* Propone sólo discursos mediáticos

Para nadie es un secreto que los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón han sido un verdadero desastre y una pesadilla para los mexicanos, incluído él mismo y todo su gabinetito. Me atrevo a decir que su pésima gestión ha superado la mala administración, corrupción y torpezas de su antecesor Vicente Fox, de quienes muchos pensamos que era lo peor que le había pasado al país y que se ubicaría en la historia como el peor presidente que haya tenido esta república, pero ahora ambos mandatarios se disputan ese deshonroso lugar.

Al seguir en su línea de gobierno de no saber qué hacer, Calderón busca, ahora sí, involucrar a grupos políticos, organizaciones sociales, empresarios, líderes, iglesia y hasta a opositores, en la toma de sus decisiones para hacer frente a los múltiples problemas políticos, económicos y sociales que enfrentamos, como una forma de repartir su responsabilidad de los últimos cuatro años y prepararse para lo que viene hasta llegar a las elecciones presidenciales de 2012.

Pero aún con los problemas enfrente, Calderón no deja de ser Calderón. El motivo es que sigue aferrado a su “guerra”, dice él, en contra del crimen organizado y su principal modalidad que es el narcotráfico. Ahora, después de hacer caso omiso a las exigencias internas y externas que le gritaron una y otra vez que era necesario combatir a la delincuencia en su financiamiento, para cortar el flujo de recursos que le permiten adquirir armas, contratar sicarios y corromper policías y funcionarios, finalmente Calderón ha respondido tardíamente con nuevas medidas mediáticas contra el lavado de dinero.

Mientras anuncia la prohibición de operaciones en efectivo por más de 100 mil pesos para la compra de bienes e inmuebles, olvida que se investiguen millones de transacciones financieras que cruzan diariamente por la banca, la bolsa, casas de cambio y otros intermediarios financieros que nadie supervisa y que es ahí por donde ingresan miles de millones de dólares producto del tráfico de drogas, secuestros, corrupción gubernamental, trata de blancas, extorsión a migrantes, compra-venta de armas.

Porqué pretende sólo combatir las operaciones en efectivo, cuando son las instituciones financieras en donde se blanquea el dinero y de allí sale lavado para la compra o contrucción de hoteles de lujo (que se investiguen los centros turísticos), residencias, empresas, cargos políticos, candidaturas presidenciales y campañas de gobernadores y munícipes.

Pues seguramente en espera de los recursos del Plan Mérida que financiarían en este último año la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno federal decidió, contradictoriamente con las nuevas medidas, recortar los recursos de las entidades especializadas en dar seguimiento al blanqueo de capitales.

Sólo discursos mediáticos

Sólo así se explica que, en medio del discurso mediático de la lucha contra el narcotráfico, durante el último año la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentaran un recorte de al menos 30 por ciento en el gasto disponible para su operación. Por fín, en qué quedamos, se va o no combatir el lavado de dinero.

En la PGR el presupuesto para la investigación y consignación de expedientes vinculados con el lavado de capitales se ubicó en 32.13 millones de pesos en 2008; sin embargo para 2009 ya era de sólo 20.54 millones, una caída de 36 por ciento. Lo mismo sucedió con el presupuesto de 2010 para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la cual, durante este ejercicio, se le asignó un presupuesto de 48.6 millones de pesos, una caída real de 52.1 por ciento contra el presupuesto por 101.4 millones de pesos de 2009.

Los drásticos ajustes en los recursos para estas entidades formaron parte de la reducción presupuestal anunciada por Felipe Calderón para su gobierno en medio de la crisis petrolera y tributaria; sin embargo, como lo demuestran los hechos, su gobierno ha cometido, otra vez, un grave error estratégico: debilitar su principal carta, a pesar de que en 2004 la creación de la UIF albergó grandes esperanzas para combatir al crimen organizado y suplir, se dijo entonces, las deficiencias en materia financiera que exhibían el personal de la PGR.

Hace casi seis años, el gobierno federal decidió duplicar el número del personal hacendario adscrito a la investigación del blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros, empresariales y las aduanas del país. Hacienda presume también que a partir de 2007 se realizó el acondicionamiento de instalaciones con mayores medidas de seguridad, reingeniería de procesos y desarrollo –con apoyo del gobierno de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida– de una plataforma de sistemas de tecnologías y administración de la información ajustada a dichos procesos.

Si esto fuera cierto, entonces el gobierno calderonista tendría que aclarar el destino y monto de los recursos del Plan Mérida para no presumir que en México las unidades clave para luchar contra el flagelo no contaron con los recursos suficientes mientras se acentuó la fuerza de las organizaciones de narcotraficantes. Un reporte de la Oficina General de Control del Congreso estadounidense, GAO por sus siglas en inglés, confirma que no se han liberado los recursos del Plan Mérida por problemas bilaterales en la administración y gestión de dichos apoyos. Ante esta situación, el reporte de la GAO establece que el gobierno mexicano tomó la decisión de adquirir tecnología y equipo con recursos propios ante el incumplimiento de los estadounidenses. El peor de los mundos.

Pero no sólo es un problema de recursos si no de la falta de integración en las estrategias de investigación y, sobre todo, de reciprocidad en la entrega de información dentro y fuera del país.

En 2009 también se definieron, según la SHCP, los acuerdos de intercambio de información con la UIF en la investigación de casos de lavado de dinero a cargo de la Policía Federal, a partir de las facultades de investigación conferidas a esa corporación policial. Sin embargo, los resultados son escasos.

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por legisladores del PRD, como parte de una de las iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, uno de los problemas que enfrenta la UIF es la falta de capacidad tecnológica y calidad en el análisis de la información que recibe, porque la mayoría que envían los operadores del sistema financiero, llámese bancos, casas de cambio, entre otros, es información basura que quita tiempo a sus operadores, ya que es poco selectiva y muy poco retroalimenta a la inidad.

Por ello, la falta de interacción informativa entre la UIF y las dependencias gubernamentales relacionadas con el combate a este tipo de conductas delictivas como la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones, representan una gran debilidad, ya que no trabajan coordinadamente en la unificación de información sobre operaciones financieras sospechosas. Y, precisamente – dicen los legisladores del PRD – esta falta de interacción ha permitido que se multipliquen casos de lava dólares que siguen impunes.

Es por esta razón que la iniciativa de Calderón pone especial énfasis en el marco regulatorio que obligue a colaborar con la UIF a todas las entidades financieras para aplicar las disposiciones del Convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo y para hacer de ésta un delito. Como respuesta se presenta ahora la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. El gobierno de Calderón omitió, sin embargo, hablar de los resultados de su administración en este tema y los efectos sobre la economía y la sociedad que generó su tardía respuesta.

Algunos indicadores de la UIF dan cuenta de ello: entre 2008 y 2010 (junio) el número de expedientes consolidados pasó de 26 mil 178 a 35 mil 807 y en el primer semestre fue de 16 mil 141. Sin embargo, el indicador real sobre el combate contra el lavado de dinero es el número de reportes que pueden llegar a constituir causas penales. En 2007 se registraron 250 reportes; en 2008 fueron 96; en 2009, 119 y en 2010 se acumulan 53.

Pocos resultados, pocos recursos y poca efectividad

Las cifras más recientes que ha liberado la PGR sobre su actuación contra el blanqueo de capitales también revelan un fuerte rezago. Hasta 2008, la PGR aseguraba que las investigaciones sobre el blanquero de dinero se habían elevado en más de un 60 por ciento en 2006. En 2007, dijo, se habían detenido a 33 personas. Otra vez resultados muy pobres, sin tomar en cuenta las pifias de la autoridad cuando se “pierden” los expedientes completos que documentan el lavado de dinero a través de cuentas de ilustres políticos como fue el caso de la familia del titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada. Por qué no hay respuesta de Calderón a esta grave irregularidad.

Ahora se busca que la UIF aplique una nueva metodología para medir, en forma objetiva y transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades federales tomen para erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país. Ahora, se buscará que los reportes de inteligencia sean remitidos al Servicio de Administración Tributaria, al Cisen y a la PGR; que se cuente con denuncias proactivas y reactivas presentadas por la UIF; que se registre el número de sujetos consignados por la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se logren bienes asegurados por la PGR, así como aquellos cuya propiedad
sea sustraída por las medidas legales aplicables. ¿Y la corrupción en el SAE quién la frena?

Así, para fortalecer la capacidad de las actividades de inteligencia financiera en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: se establecerán esquemas de intercambio de información financiera entre SHCP, PGR y SSP; y esquemas de flujos de información entre autoridades federales con órganos constitucionales autónomos y con autoridades de los estados y del extranjero.

Se busca con estas acciones garantizar la reciprocidad en el intercambio de información, así como las acciones que podrá asumir el Estado mexicano en caso de incumplimiento de la contraparte. Como se ve resulta indispensable facilitar el intercambio de información entre las autoridades que participan en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Felipe Calderón también propuso reformas a la Ley de Extinción de dominio, con lo que se buscará anular la propiedad de bienes adquiridos con dinero sucio, una acción que pondrá a prueba a los legisladores.

La necesaria independencia de la UIF

Ahora la UIF, que como ya hemos documentado en otras columnas ha sido utilizada políticamente, deberá asumir el papel de integrador de toda la información relevante que los distintos organismos del Estado obtienen con relación al delito del lavado de activos. Su independencia, por esta razón, está en tela de juicio. La UIF depende de la SHCP y ésta a su vez le reporta a Felipe Calderón.

• Crisis en órgano de inteligencia de SHCP
• Renuncia responsable de lavado de dinero
• Acusan penalmente a seis funcionarios

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

La UIF, como sus siglas se conocen en el mundo financiero, es similar en importancia a otro organismo de seguridad nacional conocido como el Cisen, sólo que la unidad de Hacienda desarrolla investigaciones e integra expedientes sustentados en documentos, cifras y datos veraces obtenidos de los circuitos financieros tanto en México como el extranjero, mientras que el Cisen se ha convertido en una sucursal de la Secretaría de Gobernación encargada del espionaje político y ha dejado de laso su importante labor de velar por la seguridad nacional.

Dice la Secretaría de Hacienda en su portal de internet que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional.

Corrupción en la UIF

Por la importancia que tiene la UIF para el país, sobre todo en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la “guerra” al crimen organizado y el fracaso de esa acción le ha significado que muchos mexicanos exijan su renuncia a dos años de que termine el sexenio, es de sorprender que un funcionario de esa unidad, responsable de la formulación y seguimiento de las denuncias penales que se presentan ante la Procuraduría General de la República, tuviera que renunciar por haber incurrido en desacato a una orden de inhabilitación emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Se trata del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Adrián Fajardo Castellanos, quien fue retirado del cargo el pasado 16 de agosto después de descubrir que violó una inhabilitación de seis meses por haber participado con otros funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) en una red de corrupción para la venta de bienes e inmuebles propiedad del gobierno federal.

Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa.

Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, en donde permanecía “oculto” como responsable de firmar todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.

Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”, pero este directivo de la UIF decidió, con la anuencia de sus jefes, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, mantenerse en el cargo por mes y medio, hasta que una investigación periodística de lo obligó a renunciar el pasado lunes 16 de agosto.

Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplirían los seis meses de su inhabilitación, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP.

Sin embargo, Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo, por lo cual la SFP resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal, y podría abrirle nuevas acusaciones penales.

En esta nueva causa en contra del exfuncionario de Hacienda, también se investigará si el secretario Cordero y el director general de la UIF tienen alguna responsabilidad por permitir seguir laborando a un subalterno inhabilitado.

Para conocer el motivo por el que la Secretaría de Hacienda mantuvo laborando a un funcionario inhabilitado, se buscó al secretario Ernesto Cordero, pero como es costumbre de los panistas guardan silencio cuando se les descubre la corrupción donde participan.

En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) Fajardo Castellanos, durante los últimos 45 días, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas podrían aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.

No obstante, altos funcionarios de la SFP afirman que no hay problema con los expedientes que el servidor público rubricó: “Su contratación en la UIF no fue irregular; él ingresó antes de la inhabilitación”.

Los otros funcionarios del Sae sancionados y acusados penalmente ante la PGR son el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfán Bortolini, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hernández, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del Sae, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 días.

La acusación penal en contra de estos funcionarios podría derivar en una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión; misma condena podría dictarse en contra de los tres empresarios que fueron beneficiados con el fraude.

La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.

En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.

Para enajenar el bien, el Sae convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.

Al realizar dicha subasta, el Sae recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al Sae le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.

La banda del Sae atendió de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.

Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del Sae; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa; y José Rubén Romero, administrador único de Denosa).

La renuncia de Fajardo Castellanos

Cuando Fajardo Castellanos se desempeñaba como apoderado legal del Sae en la SHCP, participó en la venta fraudulenta de la empresa vitivinícola Denosa en el estado de Sonora, prácticamente a mitad del precio que se había fijado en el avalúo, en beneficio de un grupo de empresarios.

De acuerdo con la SFP, Fajardo Castellanos fue avisado en tiempo y forma sobre su inhabilitación, ante lo cual debió dar aviso al titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, y éste al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quienes omitieron exigirle dejar el puesto.

El martes 10 de agosto, Adrián Fajardo Castellanos fue localizado vía telefónica en su oficina de la Dirección de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la UIF, y no pudo explicar por qué seguía laborando en la Secretaría de Hacienda después de haber sido inhabilitado por la SFP. Ésta es la conversación telefónica:

—Usted ha sido inhabilitado por un periodo de seis meses. ¿Por qué sigue trabajando en la UIF?

—Voy a consultarlo con mi jefe.

—Pero usted es el director responsable de formular las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y ha sido inhabilitado desde el 1 de julio…

­­—Voy a consultarlo con mi jefe.

—¿Pero qué tiene que consultar? Usted no debería seguir laborando ahí…

—Voy a consultar con mi jefe.

—¿Me puede explicar quién le autoriza ignorar la sanción de la Función Pública?

—Voy a consultar con mi jefe y yo me reporto.

—¿Su jefe (Luis Urrutia Corral, titular de la UIF y presidente del Grupo Egmont) le autorizó mantenerse en el cargo?

—No puedo hablar de esto por teléfono.

—¿Es un asunto institucional que se mantenga en el cargo a pesar de estar inhabilitado?

—Sí, es un asunto institucional.

—¿Puede explicar esta situación?

—Yo le llamo en dos horas; en dos horas me reporto con usted.

Ya no tuvo tiempo de responde, fue despedido y esta sujeto a procesos administrativo y penal por corrupción.

* Acusan a Oracle de fraude en EU
* En México también hizo negocios
* Contrato de Peoplesoft en México

En Estados Unidos el gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, demandó por fraude a la compañía de sistemas Oracle Corporation, una vieja empresa conocida en México por sus relaciones comerciales con la administración del gobierno de Vicente Fox.

La administración de Barack Obama asegura que en un contrato por la venta de software, vigente entre 1998 y 2006, se aprovecharon prácticas comerciales irregulares para elevar el precio de los servicios. En otras palabras, la firma estadounidense elevó sus presupuestos para obtener ganancias desmedidas. Cualquier parecido a lo que sucede con los contratos gubernamentales mexicanos es sólo casualidad.

La información que sustenta el reclamo contra Oracle, de acuerdo con la prensa estadounidense, fue obtenida gracias a la confesión – testigo protegido seguramente – de un empleado de la compañía que destapó la caja de Pandora sobre las prácticas fraudulentas. En México la prensa hemos documentado cualquier cantidad ilícitos gubernamentales en complicidad con el sector privado y a pesar de ello nunca sucede nada, la impunidad y la omisión son los principios que rigen a los gobiernos panistas.

En el caso de la empresa estadounidense, fue Paul Frascella, director de Servicios de Contrato de Oracle, quien decidió llevar este caso a los tribunales. Las leyes más estrictas en ese país y las consecuencias de no denunciar delitos que afecten a los inversionistas y el público consumidor impulsan este tipo de confesiones de ejecutivos en las grandes corporaciones.

Frascella también recibió el incentivo de la ley conocida como “False Claims Act”, que ofrece recompensas económicas a los abogados que denuncian fraudes contra el gobierno. Imaginemos si eso pasara en México, prácticamente todos los abogados tendrían mucho que declarar, pues el gran cliente para defraudar es sin duda el gobierno federal.

El reclamo del gobierno estadounidense consiste en que Oracle ofreció a sus clientes en la administración pública descuentos muy inferiores a los que aplicaba a su cartera de contratos privados. Mientras al gobierno le ofrecía, para obtener contratos, descuentos de 40 por ciento, a los privados llegó a extender reducciones de precios hasta en un 70 por ciento.

El caso Oracle-México

Al hablar de la justicia en México las cosas son distintas, las acusaciones contra Oracle podrían haber ido mucho más lejos, sí se tuvieran incentivos parecidos para proteger a los denunciantes o sí, simplemente, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hubiera aplicado al pie de la letra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala sanciones a las empresas que incurren en incumplimientos de contratos o en sobreprecios. Es decir, la impunidad pura.

Han pasado tres años desde que en este espacio documentamos ampliamente las inconsistencias en las que incurrió el contrato millonario que Oracle firmó con el SAT para desarrollar la plataforma tecnológica más ambiciosa planteada por el organismo dedicado a la administración y aplicación del cobro de impuestos.

El costo del proyecto fue superior a los 82 millones de dólares y su financiamiento se remonta a septiembre de 2002, cuando la Secretaría de Hacienda firmó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un contrato de préstamo número 7127-ME, por un monto de 52 millones de dólares, para financiar parcialmente el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria (Proyecto Banco Mundial), cuyo costo total se estimó en 82 millones de dólares.

El gobierno mexicano se comprometió a aportar 30 millones de dólares al firmar en marzo de 2003 un contrato de mandato con Nacional Financiera, con la intervención del SAT, a fin de administrar el préstamo y supervisar la ejecución del Proyecto.

El contrato se hizo efectivo a partir del 28 de marzo de 2003 y el gobierno mexicano se comprometió a que se aplicaría del 28 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2006, fecha límite del compromiso. La fecha pactada para el desembolso fue el 30 de junio de 2007, con un periodo de gracia de 5 años y un vencimiento a 15 años.

En 2007, el SAT tenía el reto de iniciar, hasta el primer trimestre de ese año, la operación integral de esta plataforma tecnológica cofinanciada por el Banco Mundial para combatir evasión y aumentar la recaudación. Sin embargo, el proveedor Oracle, hasta ese momento, había incumplido los tiempos de ejecución y el contrato corría el riesgo de revocarse.

En ese momento, los módulos del sistema con el que pretendía reinventarse al SAT para incrementar la captación fiscal “no se comunicaban entre sí”. Ahora, lo único que sabemos sobre los resultados de ese contrato, gracias a la nula transparencia sobre el mayor contrato que había conseguido Oracle y su empresa Peoplesoft al comprometerse a desarrollar la plataforma de software ERP –Enterprise Resource Planning –, con la que se buscó ordenar y redirigir los recursos del organismo para mejorar la fiscalización.

Pero lo que sí pueden confirmar los contribuyentes en cada época de pago de impuestos, es que la plataforma exhibe grandes problemas técnicos y que el pago de 82 millones de dólares resultó excesivo frente al servicio que ofrece para mejorar la recaudación tributaria en el país.

El conflicto con el contrato de Peoplesoft, reconoció en su momento el propio SAT, era la conectividad entre las soluciones que operan a nivel local. Por ello, hace tres años prometían sanciones de las cuales, hasta ahora, no hemos tenido noticias.

Tal vez el problema se generó en que la firma obtuvo el contrato con el gobierno mexicano, pero se dedicó durante este tiempo a subcontratar, según fuentes de la propia dependencia, a pequeñas empresas en países de Centro y Sudamérica, para sacar adelante los compromisos del contrato.

Aunque pareciera superficial ese dato, es una muestra de las fallas que sigue presentando la plataforma millonaria del SAT: miles de contribuyentes que usan computadoras tipo Macintosh, simplemente no pueden realizar a través de ellas sus trámites con el SAT. Oracle no los contempló. Los programas del SAT sólo funcionan con Windows. ¿Qué harán los contribuyentes que tienen una Mac? ¿Pueden dejar de pagar impuestos?

México, de esta forma, quedó endeudado para pagar a Oracle-Peoplesoft sus honorarios y la responsabilidad de la firma estadounidense se diluye en la medida que pasa el tiempo, sin que los contribuyentes sepan hasta qué punto funcionó este contrato en el que el gobierno federal, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, no revisará la actuación de este gigante del software con prácticas comerciales poco claras y que ahora en su propio país sí será llamado a cuentas, mientras que en México nuestras autoridades siguen haciendo negocios sucios con dinero público.

Plataforma de Solución Integral

En enero de 2008, escribimos en Oficio de papel sobre la auditoría externa –ordenada por el SAT a KPMG y pagada por la compañía “privada” ISOSA (esa que tantos dolores de cabeza le ocasionó a Francisco Gil Díaz)–, en donde se revela que la operación de la Plataforma de Solución Integral, desarrollada por Oracle, es inviable; pese a esto, en 2007 el órgano encabezado por Zubiría Maqueo adjudicó a la empresa tres contratos que superan los 50 millones de pesos.

En aquella ocasión una amplia investigación de la revista Contralínea, se daba cuenta de que en el primer año de la administración de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó directamente tres contratos a Oracle, empresa vinculada con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El primero es el CS309ADM10006–309, otorgado el 5 de enero de 2007. Éste tuvo por objeto el “servicio de administración de aplicaciones Oracle para AGS” y costó 21 millones 466 mil 255 pesos. Su vigencia, de acuerdo con el portal de transparencia del SAT, concluyó el 5 de marzo del mismo año.

Por el mantenimiento del servicio y actualización por soporte de licencias de Oracle, el SAT pagó 9 millones 999 mil 117 pesos, según consta en el contrato CS309ADA00507–309, signado el 14 de marzo pasado.
El tercer contrato, CS309ADA02607–309, fue adjudicado el 28 de mayo de 2007 y compromete recursos por 19 millones 691 mil 999 pesos. Sin especificarlo, el objetivo se identifica sólo como “Oracle (on the man)”.
Estos nuevos convenios se dan a pesar de los retrasos registrados desde fines de 2006 en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

En febrero de 2007 el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda documentó, a través de una auditoría externa, graves irregularidades en dicha plataforma tecnológica, desarrollada por Oracle, empresa de la que es “socia” Hildebrando, SA de CV, como lo reconoció el propio hermano de Margarita Zavala en una entrevista con el diario La Jornada, el 10 de junio de 2006.

La auditoría practicada por la firma española KPMG a la Plataforma de Solución Integral determina que la operación de ésta es inviable. Entre las “acciones definitivas”, la consultora recomienda al SAT el “rediseño y construcción de componentes diferenciados, para reducir el consumo de recursos”.

Para el financiamiento parcial de la Plataforma –que tiene por objeto aumentar la recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención a los contribuyentes y tener mayor control de éstos– la Secretaría de Hacienda obtuvo un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 52 millones de dólares.

Aunque el costo total se presupuestó en 82 millones, funcionarios del SAT aseguran que ya es superior a 450 millones de dólares (Contralínea, 83). No obstante la inversión, las fallas en que incurrió Oracle, y antes la empresa Peoplesoft, han impedido el cumplimiento de los tres objetivos.

Y es que según la auditoría, Oracle nunca contó con planes de contingencia, capacidad, desempeño ni mantenimiento. “La revisión abarcó la búsqueda de elementos que evidenciaran su existencia, la cual no fue posible establecer. El bajo desempeño e inestabilidad de los aplicativos hace evidente la carencia de éstos”, detalla el informe.

Además, establece que “su rendimiento y desempeño son extremadamente pobres, al consumir gran cantidad de recursos de cómputo, presentar tiempos de respuesta excesivos, inestabilidad en su operación, baja confiabilidad en el manejo de las transacciones y de la información procesada”.

KPMG resuelve que “en las circunstancias presentes se hace inviable su operación y escalabilidad, para atender las necesidades actuales proyectadas del SAT”. La consultora trasnacional indica que la mayoría de las fallas se registran en el componente central del modelo CRM, de Peoplesoft.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la compañía ISOSA y el SAT quebrantaron el patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.

La cláusula primera del contrato SL–406/05, signado el 16 de noviembre de 2006 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que “KPMG e ISOSA acuerdan establecer las condiciones en las que se llevará la relación jurídica existente entre ambas partes, a fin de que KPMG le otorgue a ISOSA los servicios profesionales para la revisión de la Solución Integral, basada en la suite de productos Peoplesoft”. Por estos servicios, la empresa privada pagó 173 mil dólares, descubre la cláusula tercera.

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