By

Decenas de empresarios gestionan el pago de supuestos trabajos realizados a Pemex durante los sexenios de Peña y Calderón. La titular de Energía, Rocío Nahle, intercede por varias de ellas para que, en medio de la austeridad, se les paguen cientos de millones de pesos

En el escritorio de Octavio Romero Oropeza se aglutinan oficios, memorándums y cartas en donde empresarios solicitan que Petróleos Mexicanos (Pemex) les pague “adeudos millonarios” por obras y servicios contraídos en gobiernos anteriores y que supuestamente no les fueron liquidados durante las administraciones del priísta Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón Hinojosa.

Por tratarse de grandes cantidades de dinero relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución y comercio de petróleo crudo y sus derivados, en la Torre de Pemex a diario desfilan políticos, legisladores, empresarios, cabilderos (algunos profesionales y otros oficiosos) y hasta familiares de funcionarios y de expresidentes –como los de Carlos Salinas, Enrique Peña y Vicente Fox–, quienes buscan obtener beneficios económicos para ellos y sus clientes mediante la obtención de contratos, buscar ampliaciones, hacer cobros por adelantado o simplemente exigir el pago de obras y servicios realizados, algunos con justa razón y otros que nunca se hicieron.

Las razones de los impagos pueden ser muchas, algunas por negligencia de funcionarios de Pemex en los gobiernos del PAN y del PRI, otras por omisiones o simplemente por actos de corrupción, pero lo cierto es que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le demandan ahora liquidaciones por miles de millones de pesos de deudas viejas que empresarios dicen no haber cobrado en administraciones anteriores y, como los negocios y contratos se firmaron con Pemex, es el actual director de esta empresa petrolera del Estado (Romero Oropeza) quien tiene que resolver dichos adeudos.

Sin embargo, antes de que Pemex pague a esos acreedores, debe investigar primero que las obras o bienes y servicios solicitados en el pasado se hayan realizado en los términos contratados, pues como se ha comprobado en el proceso penal abierto en contra del exdirector general Emilio Lozoya, en esa paraestatal hubo operaciones financieras irregulares con sobreprecios, adquisición de plantas inservibles y obras inconclusas que fueron liquidadas, lo que causó graves daños patrimoniales a la petrolera.

Si a eso agregamos la necesaria y justa austeridad con la que el gobierno de López Obrador trabaja, pues se ve complicado atender las demandas de empresarios, contratistas, políticos y hasta coyotes que pretenden arrancarle a Pemex más recursos de manera ilegal como lo hacían en el pasado.

En medio de esa larga lista de peticiones de pago que se acumulan en la oficina de la Dirección General del piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex destacan varios escritos remitidos por la propia titular de Energía, Norma Rocío Nahle García, como el que tiene el número de recepción 1901926 y que está dirigido al ingeniero Octavio Romero Oropeza, en donde la secretaria le dice lo siguiente:

“Por medio de la presente envío para su consideración copia de escrito que remiten representantes legales de nueve empresas, y por el cual solicitan formalización y pago de trabajos realizados a Pemex Refinación durante los años 2014, 2015, 2016, 2017”, estos cuatro años correspondientes al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El escrito remitido por la secretaria Nahle y que está dirigido al presidente López Obrador, lo firman los representantes legales o administradores de nueve empresas: Consultoría Ambiental, Estudios y Proyectos, Juan Carlos Vargas Mellado; BMV Ingeniería del Medio Ambiente, Oscar Maro Barrón Luna; MC Consultoría y Estudios Ambientales, Ma. Laura Cano Valdés; Biósfera Tecnológica Integral, Donato Olán Castro; Grupo Ancuri, Juan Manuel Orozco; Techno Saneamientos, Edmundo Reyes Hernández; Constin, Jorge Raymundo Cuevas; Ecología 2000, José Martín Sánchez Hernández; y Cultura Ecológica Industrial, Agustín Hipólito Abad.

En la carta los empresarios piden el apoyo del presidente López Obrador y de la secretaria Rocío Nahle para que les paguen los trabajos que dicen haber realizado en Pemex Logística, antes Pemex Refinación.

Dicen en la misiva: “…la situación generada por la falta de pago de los servicios realizados a Pemex Logística ha llevado a nuestras empresas a la quiebra y estamos en una situación personal muy crítica, ya que debido a las deudas contraídas con bancos, acreedores y proveedores nos encontramos en riesgo de perder nuestro patrimonio, además de estar enfrentando gastos jurídicos y pago de intereses por reclamos y demandas.

“También y debido a la misma situación nos hemos visto en la necesidad de despedir a la mayor parte de nuestro personal y tenido que vender los activos (maquinaria y equipo de trabajo) con que contábamos, lo que nos deja en total indefensión puesto que somos empresas pequeñas y aún así cuando nos pidieron apoyo no dudamos en contraer deudas para sacar adelante nuestro trabajo.

“Por lo anteriormente expuesto a usted, Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto, le dejamos esta solicitud, con la confianza de que nos apoyará en este reclamo justo que hacemos y que pese a múltiples solicitudes que hemos realizado no se nos ha tomado en cuenta” [sic].

Según los representantes de este grupo de empresas, la respuesta de Pemex ha sido que “derivado de las restricciones presupuestales por las que pasa la empresa, y la priorización de asignar los pocos recursos disponibles a las necesidades operativas. No se cuenta con solvencia económica para efectuar los pagos correspondientes de los trabajos de atención a emergencias”.

En otros dos escritos enviados por la secretaria de Energía al director general Octavio Romero Oropeza, le informa para su “consideración” copias de los mensajes que los representantes legales del Grupo GFB, Gerardo Fuentes Bates, y de Construcción y Desarrollo Industrial, Carlos Jiménez Flores, enviaron también al presidente López Obrador, en donde de igual manera le solicitan la liquidación de estudios realizados por el derrame de hidrocarburos y el segundo por la rehabilitación y puesta en operación de la planta hidrodesulfuradora nafta de coque U-12000, sólo esta última con un adeudo por 63.9 millones de pesos.

Otro escrito enviado a Romero Oropeza lo hizo el diputado federal por Morena, Julio César Ángeles Mendoza, quien le solicita elabore un “plan emergente” a fin de lograr el pago del adeudo que actualmente tiene Pemex con la empresa Respuesta Tecnológica, y por lo cual su crítica situación financiera la pone al borde del cierre de operaciones, con las consiguientes afectación laboral, social y económica en la región de Tula, Hidalgo. Los supuestos adeudos de Pemex a esa empresa rebasarían los 100 millones de pesos.

Te puede interesar: Asigna Pemex contratos sin licitar por miles de millones

About the Author