La estrategia del gobierno de Felipe Calderón de utilizar al Ejército para enfrentar al crimen organizado y extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes presos en cárceles mexicanas ha sido un total fracaso, pues la violencia sigue en aumento, la población de todo el país vive en la incertidumbre y con miedo y a las ejecuciones de policías y militares se suman ahora los crímenes contra periodistas y las amenazas de muerte a políticos y funcionarios de primer nivel del gabinete gubernamental, incluido el mismo presidente de la República.Pero como un error que no se rectifica a tiempo lleva a cometer más equivocaciones, la respuesta gubernamental ahora es tratar de ocultar la información para evitar la crítica de la población y por ello la semana pasada el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ratificó la confidencialidad que por 12 años determinó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los argumentos presentados por Estados Unidos para lograr la extradición de los jefes del narcotráfico Osiel Cárdenas Guillén, Héctor Luis Palma Salazar, Gilberto Higuera Guerrero, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Salinas Doria, José Alberto Márquez Esqueda, Gracielo Gardea Carrasco, Miguel Angel Arriola Márquez y Saúl Saucedo Chaides.

El razonamiento del IFAI es reservar la información para evitar el riesgo de afectar la relación con Estados Unidos, por lo que el comisionado Juan Pablo Guerrero, ponente de la resolución 844/07 que reservó la información, expuso al pleno de ese instituto que la documentación para solicitar la extradición de los nueve dirigentes del narcotráfico fue entregada por el gobierno de Washington al de México con carácter «confidencial», y debido a que los procedimientos judiciales aún no concluyen en Estados Unidos, cualquier difusión sobre los trámites de extradición podrían afectar esos juicios.

En nota de la reportera Elizabeth Velasco en La Jornada se explica que en dicha resolución se consigna la audiencia efectuada entre Juan Pablo Guerrero y funcionarios de Relaciones Exteriores (entre ellos el consultor jurídico y la directora general de Asuntos Jurídicos), quienes destacaron que la información está clasificada desde el año 2003 porque contiene información «que alertaría a los grupos de la delincuencia organizada o a delincuentes que se han sustraído de la acción de la justicia, con lo cual el instrumento legal de la extradición perdería su eficacia en función de evitar la impunidad y la aplicación estricta de la justicia. Y por otra parte alertaría a los delincuentes sobre los procedimientos y estrategias que se siguen en sus procesos, con lo cual se llegaría a conculcar la acción persecutora y de justicia».

Sin embargo las extradiciones de narcotraficantes han resultado ineficaces para reducir la violencia y disminuir la presencia de droga y bandas criminales en todo el país, más si se considera que miles de militares que han renunciado a las fuerzas armadas y otros que han desertado son contratados como sicarios por el narcotráfico y los enfrentamientos que vemos todos los días en las calles es una guerra entre militares dados de baja y militares en activo, ambos preparados por el Estado y con la misma capacidad de ataque y manejo de armas, de tal manera que la guerra no tendrá fin mientras a sociedad atónita observa indefensa y aterrorizada los hechos.

Entrevistados por la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea, académicos y juristas califican las extradiciones como un golpe mediático del presidente Felipe Calderón Hinojosa para legitimar a su gobierno, aunque ello signifique vulnerar la soberanía nacional y romper la seguridad pública.

Manuel Becerra, doctor en Filosofía y Derecho Internacional, considera que a diferencia de otros gobiernos que niegan la extradición de sus nacionales, México se somete a los intereses de Estados Unidos y envía un «paquete» de presuntos delincuentes para que sean juzgados en ese país. Advierte que esa equivocada decisión marcará la política exterior de la administración federal: el sometimiento a un gobierno extranjero.

Cinco días antes de mandar al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a recibir asesorías de las autoridades colombianas, Calderón decidió suspender los procesos judiciales en contra de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y de 14 mexicanos más, para que estos presuntos delincuentes sean sometidos a las leyes y a los juzgados estadounidenses.

Manuel Becerra señala que las extradiciones reflejan la sumisión del gobierno calderonista. La política exterior de México se sujetará a la voluntad de Estados Unidos, que no tiene amigos sino intereses, pero parece que esa es la apuesta de este gobierno panista.

Para José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, al igual que Colombia, México está realizando las extradiciones como una medida para complacer a los intereses estadounidenses. «El presidente Calderón está tratando de quedar bien ante el gobierno norteamericano y por eso la decisión es aplaudida por la Casa Blanca».

El doctor en Sociología dice que las extradiciones van de la mano con los operativos militares instrumentados en días pasados. «Ambas medidas tratan de proyectar una especie de imagen de un gobierno sin ningún tipo de temor, que actúa con firmeza ante el crimen organizado. El problema son las implicaciones de estas medidas. La primera pregunta que debemos hacer es si efectivamente el Estado mexicano está preparado para tolerar, aceptar, estar en línea ante una respuesta del crimen organizado. Particularmente de los cárteles, que tienen inmensos recursos, equipos bélicos, armamentos más sofisticados que muchas de las policías locales e incluso federales.»

El doctor Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia y académico de la Universidad Autónoma de Madrid, expone la lógica del gobierno mexicano: «Soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno».

El riesgo de la colombianización

Hace casi cuatro meses, durante su comparecencia del 23 de enero ante el Congreso y dos días antes de viajar a Colombia para recibir asesoría, el procurador Medina Mora negaba que la extradición de los barones de la droga a Estados Unidos generaría una ola de violencia, como la desatada en el país del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, allá en la década de 1980, pero ahora aquellas declaraciones fallidas del procurador y principal responsable de combatir al narcotráfico simplemente son olvidadas sin responsabilidad alguna, lo que sólo demuestra la inexperiencia y el desconocimiento de este hombre al frente de la PGR.

Para ilustrar al procurador Medina Mora, el sí experto José Luis Reyna advierte que «los cárteles son pequeños ejércitos, muy bien equipados que pueden desestabilizar al gobierno y poner en jaque a la sociedad. Decir esto no es aventurar en escenarios improbables. Si nos vamos a experiencias previas, en Colombia, cuando el gobierno de Virgilio Barco empezó a extraditar narcotraficantes, se inició una guerra que mató jueces, agentes policiacos y civiles». Lo mismo que ahora sucede en México y que no requería e mucho análisis para entenderlo, simplemente leer lo sucedido en Colombia, porque al final de cuentas los narcotrafiantes se mueven igual en todo el mundo.

Manuel Becerra dice que al ser un golpe contra la inseguridad, esta medida logra legitimar temporalmente al gobierno de Felipe Calderón. Pero se corre el peligro de colombianizar en forma total al país, de convertirnos en un país sumamente violento.

Agrega que «México ya está colombianizado. Lo que dice la prensa, los niveles de violencia son muy graves. Las ejecuciones ocurren a diario y en todo el territorio. Degollar a las personas, matan policías, ajustar cuentas, ya es una guerra tipo Colombia».

Más allá de la búsqueda de legitimidad, la lucha contra el narcotráfico debe hacerse en el marco de la ley y con un plan integral de Estado, porque en nuestro espejo colombiano los narcotraficantes tienen como parte de su fuente de reclutamiento a las clases más bajas y del lumpemproletariado, explica Manuel Becerra.

Para el doctor en derecho Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), si el gobierno mexicano no toma medidas preventivas, la perspectiva a mediano plazo puede ser parecida a lo que sucedió en Colombia.

«Se espera la reacción del crimen organizado en contra de las organizaciones policiales, sobre todo porque extraditaron a sus líderes, y se espera violencia con mayor intensidad hacia el interior de las organizaciones, por la disputa del liderazgo, y en contra de otras organizaciones, por el territorio.»

Aunque el académico pone en duda que los niveles de violencia sean tan cruentos como los vividos en Colombia –donde, en la década de 1980, la mafia asesinó cuando menos a 40 jueces, 500 policías y cerca de 5 mil civiles–, reconoce el riesgo que implica la extradición de Osiel Cárdenas, «quien seguía dirigiendo la organización y por consiguiente extraditarlo significa quitarles al líder».

Extradiciones, medida ineficaz

El efecto mediático y de legitimación a su gobierno es el único resultado «positivo» previsto por los investigadores, pues las extradiciones instruidas por Felipe Calderón, quien aterrorizado se refugia en su bola de cristal llamada Los Pinos, no inhibirán el problema del narcotráfico.

«Cuando se hicieron las extradiciones en Colombia se pensaba abatir todos los índices relacionados con la delincuencia implícita en el tráfico de enervantes, y resultó todo lo contrario: la violencia aumentó no sólo en términos de la guerra entre cárteles sino también en los asesinatos de jueces, e incluso se dio la toma del palacio de justicia por parte de una guerrilla financiada por Escobar. Imaginemos que un comando armado y financiado por un cártel tome la Suprema Corte de Justicia de México. Eso significaría una enorme crisis».

El investigador del Colegio de México dice: «lo que debemos valorar es si esta medida resuelve el problema. Entonces tal vez sea correcto correr el riesgo. Pero si no lo resuelve y, si como todas las estadísticas indican, sigue habiendo una alza en el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, México sigue siendo el principal punto de tránsito –además de volverse un país consumidor– pues el problema se agrava con el nuevo elemento: la extradición. Se vuelve una medida inútil, infructuosa y muy peligrosa».

El doctor en Sociología señala que el 5 por ciento de la población de Estados Unidos consume el 50 por ciento de enervantes que se comercializan en el mundo. «Ahí está el enorme mercado que exige más estupefacientes; por eso volvemos a los cuestionamientos sobre si el problema son los países que producen y procesan o los países que consumen».

Para Carlos Resa Nestares, miembro del proyecto The economics of civil war, crime and violence, del Banco Mundial, la medida sólo es eficaz para ahorrar costos a los contribuyentes mexicanos de la construcción y mantenimiento de las cárceles. «Si México está en la guerra contra las drogas como efecto de la presión del gobierno estadounidense, parece incluso una medida de responsabilidad: quien desea una política, la paga. Por el contrario, sobre el mercado de las drogas, su efecto es nulo».

Agrega que hay un mensaje subyacente en esta medida: «no podemos hacer frente a la política de represión de las drogas a la que legalmente estamos comprometidos con la sociedad. Todo depende de cómo se expliquen las decisiones. No es lo mismo decir ‘no puedo’ que ‘no quiero’. Pero si no lo explican como ‘no quiero’, el mensaje que emiten es ‘no puedo’: no puedo gestionar la política de administración de justicia y readaptación social».