Uno de los grandes males de este país y por el cual no hay mejoras en las condiciones de vida de más de 50 millones de mexicanos pobres (uno de cada dos compatriotas vive en pobreza extrema) es la corrupción gubernamental y el despilfarro y el abuso que del erario público ha hecho la burocracia. Por siglos los presidentes mexicanos y su séquito se han enriquecido desmesuradamente, y hasta han creado leyes y órganos de vigilancia que les cuiden las espaldas y para que nada ni nadie les quite esa prerrogativa.

Por eso sigue sorprendiendo que además del abuso que cometieron del presupuesto federal cuando ocuparon la silla presidencial, después de su mandato los ex jefes de Estado mantengan una humillante pensión vitalicia que agravia todavía más la pobreza de campesinos y obreros.

Resulta, de acuerdo con una investigación de la reportera de Contralínea, Yenise Tinoco, que cuatro de los cinco ex presidentes que aún viven (Vicente Fox, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría) reciben del presupuesto federal 4 millones de pesos por mes y hasta ahora ninguno de ellos, en un acto de dignidad, piensa rechazar esa pensión, más aún cuando al menos los cuatro últimos ex mandatarios, que salieron hinchados de dinero de la Presidencia de la República, ahora cobren como asesores para empresas o gobiernos extranjeros o simplemente anden desinformando en conferencias pagadas por todo el mundo.

Los ex mandatarios que aún viven tienen la canonjía de una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, estimado en 205 mil 122 pesos mensuales, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores, beneficios estos últimos otorgados gracias a la buena gestión de Miguel de la Madrid durante su sexenio. Esas pensiones vitalicias de los ex presidentes están sustentadas por dos acuerdos presidenciales de fechas 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987.

Pero también fue en la administración de Luis Echeverría Álvarez, “El Halcón”, cuando se publicó un decreto que concedía a los ex presidentes el acceso a 103 personas de apoyo, aparte de 25 empleados de la federación, para que estuvieran a su servicio cuando terminara su administración.

Dos subdirectores, dos coordinadores administrativos, cuatro jefes de departamento, un investigador y asesor en materia jurídica, dos personas de apoyo, dos auxiliares, una bibliotecaria, dos programadores, cuatro secretarias, dos archivistas, un chofer, un técnico de mantenimiento eléctrico–telefónico y un representante de oficina, son parte de los empleados a que los ex titulares del Ejecutivo creen tener derecho. Con tantos empleados y tanto gasto de dinero público, que bueno que sólo viven cinco ex presidentes y que, por cierto, a algunos ya les quede poco tiempo.

“Esta pesada estructura no es de ninguna manera justificable. Los asuntos personales pueden ser desde profesionales y políticos, hasta sociales o domésticos”, según indicaron en el pleno del IFAI al resolver un recurso de revisión 413/07 interpuesto por algún ciudadano.

Por si lo anterior no fuera suficiente abuso, los ex mandatarios cuentan con 78 miembros para su seguridad y la de su familia, que incluye a 45 miembros del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y 22 más de la Armada. Esto último para cuando viajen de vacaciones en sus yates o en sus aviones particulares se trasladen a Europa o Estados Unidos para realizar las compras del mes.

En total, suman 4 millones 315 mil 998 pesos mensuales en sueldo y prestaciones para los ex mandatarios del país.

A través de la Ley de Transparencia, un ciudadano pidió a la Presidencia de la República la suspensión de las pensiones vitalicias a Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, porque ambos ex mandatarios generan sus propios recursos. “El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, durante su exilio en Dublin, manifestó que era un exportador bananero. Miguel de la Madrid se desempeñó como director del Fondo de Cultura Económica entre 1995 y 2000”.

El ciudadano precisa en su solicitud: “menciono estos dos casos en especifico porque existe documentación oficial que acredita que ellos han percibido un salario, ya sea como funcionarios o empresarios, después de que dejaron el cargo. Sin embargo, la ley de pensiones es muy clara al establecer que si un pensionado trabaja generando un salario, pederá su pensión”.

De acuerdo con documentos obtenidos por la reportera Tinoco a través de la Ley de Transparencia, los ex presidentes De la Madrid y Salinas siguen percibiendo su pensión mensual sin ninguna variante. Sólo Ernesto Zedillo, en junio de 2002, renunció a su pensión vitalicia, pero no así a los apoyos administrativos y de seguridad personal. Además, recibe una pensión vitalicia del Banco de México y tiene ingresos propios que la pegan universidades, la ONU y otros organismos internacionales de desarrollo. Así quien no renuncia a una de sus muchas pensiones.

Según el presupuesto federal, anualmente se erogan para los ex presidentes mexicanos 259 millones 955 mil 395 pesos con el fin de cubrir sus gastos. En el caso de la viuda del general Lázaro Cárdenas Del Río, Amalia Solórzano, recibe una pensión de 81 mil 277 pesos al mes, y Alejandra Acimovc Popovic, mejor conocida en el mundo artístico como Sasha Montenegro y quien es viuda de José López Portillo, percibe del erario 115 mil 187 pesos mensuales.

En el Acuerdo Presidencial 2763–BIS, de fecha 31 de marzo de 1987, se especifica que en caso de fallecimiento de un ex presidente, se le otorgará a su cónyuge una pensión equivalente al 80 por ciento, en términos netos, del sueldo total que le corresponde a un secretario de Estado, durante el primer año posterior al fallecimiento, que se disminuirá en un 10 por ciento anual a partir del segundo año, hasta llegar al 50 por ciento de dicho sueldo.

Además, el cónyuge gozará de los seguros de vida y de gastos médicos mayores por un monto equivalente al 80 por ciento, en términos netos, de la suma asegurada que correspondería al titular de estas prestaciones. Los hijos estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad.

Por eso para los burócratas su lema de vida es aquella vieja frase de corrupción política: “vivir fuera del presupuesto es un error”, y vaya que si la defienden hasta la muerte.

Los rencores de Ortiz y Carstens

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, es un hombre de rencores. Pero también lo es el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens. Así lo demuestra su último escarceo sobre la oportunidad o no de incrementar las tasas de interés para atajar el camino a la escalada inflacionaria que se presenta en la economía desde hace casi 10 meses y que amenaza con aumentar.

Las declaraciones sobre las decisiones del Banco de México del hasta ahora ecuánime Agustín Carstens recordaron al iracundo Francisco Gil Díaz. El titular de la SHCP y ex subdirector gerente del FMI impugnó –como en las mejores épocas de Gil Díaz en esa posición– el anuncio de la junta de gobierno del Banco de México respecto al aumento en los tipos de interés. Dijo que se trataba de una determinación “precipitada”. La afirmación llama la atención porque, precisamente, al Banco de México se le había criticado por permanecer inamovible frente a las burbujas de precios que desató la especulación sobre el precio de la tonelada de maíz blanco y, por supuesto, sobre la tortilla.

Para la junta de gobierno del banco central (conformada por cinco expertos en política monetaria) no se trató de un evento que pudiera determinar una burbuja inflacionaria de gran magnitud. Ahora, sin embargo, en su Informe trimestral de inflación, el Banco de México aseguró que, en una posición preventiva, aumentaría las tasas para prevenir nuevas amenazas inflacionarias. Mientras tanto, Carstens anuncia que la economía mexicana no crecerá 3.5 sino 3.3 por ciento, como resultado de la menor dinámica en la economía estadounidense. ¿Quién entiende estas señales? ¿Estancamiento o inflación?

Sin embargo, detrás de esta explicación técnica sobre el enfrentamiento entre el secretario de Hacienda y el gobernador del banco central comienzan a escribirse varios episodios de corte político con una clara intención de establecer quién manda en la economía del país, pero sobretodo quién tendrá poder de decisión e influencia durante los próximos años y eventos electorales:

1. La Secretaría de Hacienda omitió notificar al Banco de México que la Comisión Federal de Electricidad decidió adelantar los subsidios de verano para varios estados de la República.

2. El problema fue que al medir la inflación de abril, el Banco de México se encontró con la sorpresa de que en esas regiones se aplicó tal subsidio.

3. De haber conocido esa información, Guillermo Ortiz y los participantes en la junta de gobierno tal vez hubieran contado con más elementos para decidir el tono (sesgo) de los mensajes que enviaban a la comunidad financiera sobre el por qué de sus decisiones previas a un aumento en tasas.

4. A toda acción corresponde una reacción. El Banco de México no notificó a Agustín Cartens, quien estaba en uno de sus recurrentes viajes a Estados Unidos (que ya se están haciendo un hábito y por ello habrá que investigar a quién o quiénes va a ver o debemos decir rendir cuentas), que aumentaría el nivel de las tasas de interés.

Fue así como se rompió la comunicación (si es que antes la hubo) entre los titulares de ambas entidades, y para aderezar la historia, recordamos el capítulo que relatamos así hace algunas semanas sobre la inconformidad del Banco de México en la publicación del indicador IMEF sobre el entorno empresarial elaborado por el INEGI, pero en el que participaron activamente la Secretaría de Hacienda y Jonathan Heath, un antiguo crítico de las decisiones y de la actuación de Guillermo Ortiz, éste un hombre de rencores.

Hace más de una década, Carstens tuvo otro enfrentamiento con Guillermo Ortiz. En medio de la batalla política por decidir quién ocuparía la gubernatura del Banco de México, Agustín Carstens, desde entonces un hombre muy cercano al célebre Francisco Gil Díaz (aquel que se robó el dinero del Derecho de Trámite Aduanal y por el cual este lunes se instala en la Cámara de Diputados una comisión para investigarlo), tuvo alguna posibilidad de llegar a la junta de gobierno del Banco Central si es que su ex jefe lograba el cargo. Sin embargo, quien llegó al Banco de México en 1998, justo después de que alcanzaba su ansiada autonomía, fue Guillermo Ortiz, y por ello Francisco Gil Díaz se autoexilió en la iniciativa privada (Avantel) mientras que su discípulo Carstens permanecía en el Banco de México como director general de Investigación Económica. Pero sería por poco tiempo. En la primera etapa de gestión de Ortiz, Carstens, de quien dicen es brillante economista y dizque tiene amplio conocimiento de política monetaria, no perdió el tiempo en hacer sentir a Ortiz y al nuevo subgobernador Everardo Elizondo Almaguer que eran los nuevos chicos en el barrio. No perdió oportunidad de corregir constantemente a Elizondo en plenas sesiones de la junta de gobierno.

Fue entonces que Carstens recibió un “oportuno” apoyo de Guillermo Ortiz para que se mudara a Washington no con el cargo de subdirector gerente que llegó a ocupar, sino con una posición menor. Nadie, ni el propio Ortiz, imaginaban que el joven economista escribiría una historia tan benéfica para el organismo multilateral que le permitiría regresar con bombo y platillo al sector público mexicano. Claro que el apoyo de Gil Díaz fue determinante para que Felipe Calderón le entregara a Carstens la cartera de la Secretaria de Hacienda y no es para menos, pues el ex titular de Hacienda tiene en su poder todos los movimientos financieros que se hicieron en la casa de campaña de Calderón para que éste llegara a la Presidencia de la República.

Por eso no es gratuito el nuevo enfrentamiento ni tampoco que, hasta ahora, no se haya nombrado al subgobernador que debe sustituir desde enero pasado a Jesús Marcos Yacamán. La historia continuará, pues si algún personaje de la vieja clase política tiene todavía aspiraciones es Guillermo Ortiz, quien cumple ya más de 12 años al frente del banco central y aún le quedan dos años más para acomodar sus fichas.