Como nunca en muchas décadas el fantasma de la rebelión recorre el país. A punto del cambio de gobierno, uno de derecha por otro de ultraderecha, hay un presidente en funciones que no trabaja, otro presidente electo que es repudiado y un presidente legítimo que se dispone andar a salto de mata por todo el país encabezando manifestaciones y protestas sociales. Si eso fuera poco, el mítico subcomandante Marcos, a quien los medios de derecha y de servicio al gobierno en turno no le dan crédito alguno, se prepara a reanudar La Otra Campaña por los estados del norte del país, en donde seguirá convocando a los más pobres y desprotegidos a un levantamiento social en defensa de sus derechos humanos y políticos. Mientras que los grupos armados diseminados en varios estados de la República esperan el mejor momento para levantarse en armas y tomar lo que consideran le pertenece al pueblo.
Así la tensión se centra por ahora en Oaxaca, un territorio sin ley, sin autoridad y sin orden. Suman cuatro meses de violencia, incertidumbre y amenazas porque el gobernador Ulises Ruiz se aferra al poder sin poder gobernar el estado y sin aceptar renunciar para que vuelva la paz social. En un amplio reporte de Ernesto Reyes, periodista oaxaqueño, se explica que el saldo rojo en el estado es de muerte, presos políticos y pérdidas millonarias en la de por sí deteriorada y empobrecida economía oaxaqueña.
Pero no sólo eso, mientras en la capital de la República el gobierno de derecha de Vicente Fox se prepara para arremeter con efectivos del Ejército y la Marina en contra de la población oaxaqueña liderada por el magisterio, en ese estado sureño, uno de los más pobres del país según la escala clasificada por la Secretaría de Desarrollo Social, se exige la renuncia del represor, autoritario y cacique gobernador priísta Ulises Ruiz, con quien hasta el ex gobernador José Murat, actual diputado federal, ha roto cualquier comunicación por la estupidez del gobernante.
Todo hace parecer que la incapacidad del gobierno federal panista para negociar una salida pacífica y política en Oaxaca, ha dado paso a la decisión del todavía presidente Vicente Fox para ejercer la fuerza pública en contra de los oaxaqueños y el magisterio, pues cree torpemente que con medidas represivas solucionará el conflicto y, al mismo tiempo, le allanará el camino a Felipe Calderón para dejarle resuelto el problema.
Mientras la muerte asecha Oaxaca, en el Distrito federal los líderes magisteriales sostienen reuniones con funcionarios de Gobernación en busca de una solución pacífica, pero en otras regiones como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Puebla se organizan sus habitantes para también exigir las renuncias de sus caciques gobernantes y el fantasma de la rebelión empieza a recorrer el país.
El reportero Ernesto Reyes informa que a pesar de que Ulises Ruiz ha recibido «oxígeno» del gobierno federal y del Partido Acción Nacional (PAN), éste no le alcanza para superar la ingobernabilidad en que ha caído el estado a raíz de las protestas encabezadas por el magisterio y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Por todos los medios, el desgobernador ha dicho que no renunciará y que está dispuesto a atender las demandas sociales y económicas de los maestros. Sin embargo, analistas, dirigentes políticos, sociales y religiosos han concluido que más vale que renuncie o, en su caso, que el Senado de la República desaparezca los poderes locales, porque de lo contrario su gestión terminará en un baño de sangre con lamentables consecuencias para el país entero.
Politólogos y analistas prevén un escenario nada terso previo a la salida del gobernador, porque los 70 mil maestros están en paro indefinido en más de 10 mil planteles, y la demanda de rezonificación de vida cara para los trabajadores de la educación, se cambió por la renuncia del gobernador y de ésta no se han movido el magisterio ni sus aliados.
Acciones como el paro cívico-sindical promovido el 18 de agosto, nuevas marchas y bloqueos carreteros, a bancos, comercios, oficinas públicas y la suspensión parcial de actividades en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han sido suficientes para convencer a las instancias federales de intervenir para hallar una salida legal y política al conflicto, como lo solicitan diversos actores como empresarios, iglesia, partidos políticos, legisladores.
Hoy más que nunca el fantasma de la represión se cierne sobre Oaxaca y su población espera la embestida militar, cuya factura será cobrada al panista Felipe Calderón, quien dice que aun así podrá gobernar el país.
Beneficia el SAT a empresas privadas
En el ejercicio fiscal 2004 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) benefició en forma irregular a 12 empresas privadas y a dos dependencias del sector público; es decir, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda devolvió indebidamente poco más de 2 mil millones de pesos por concepto de Derecho de Trámite Aduanero (DTA), según ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un amplio informe.
La semana pasada se dio una interesante discusión en el programa noticioso que conduce la prestigiada periodista Carmen Aristegui, entre dos importantes actores: el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, y el presidente del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo, en relación a los abusos cometidos por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en la constitución de fideicomisos y empresas privadas creados con fondos públicos.
Debatieron sobre la ilegalidad de dichos recursos, la creación de los fideicomisos Aduanas I y II, y la empresa ISOSA, así como el desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias y el abuso de poder que ha utilizado Gil Díaz en su gestión. Sin mucho conocimiento del tema, Zubiría Maqueo se vio avasallado por el experto auditor, quien no sólo le explicó las irregularidades que ha cometido Hacienda, sino que dejó en claro la ilegalidad y el abuso en que se ha desempeñado el gobierno de Vicente Fox.
El SAT enfrenta un nuevo reclamo de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionado con el manejo irregular del Derecho de Trámite Aduanero (DTA): la devolución indebida de poco más de 2 mil millones de pesos en beneficio de 12 empresas privadas y dos dependencias federales.
La ASF señala que el SAT reintegró en forma irregular 2 mil 596 millones de pesos por concepto de estas contribuciones y que el 87.6 por ciento de estos recursos, equivalente a 2 mil 276 millones de pesos, se concentró en 14 expedientes: 10 de éstos a favor de la iniciativa privada y cuatro correspondientes al sector público.
De acuerdo con el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004, cuyas conclusiones fueron presentadas por el auditor superior, Arturo González de Aragón, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, del importe total de las devoluciones reportadas del 20 de mayo al 31 de diciembre de ese año sólo fueron declarados 411 millones de pesos en el Estado Analítico de Ingresos.
El máximo órgano de fiscalización descubre que entre las compañías beneficiadas por la medida se encuentran siete del ramo de la aviación comercial, dos de ellas entonces propiedad del Estado: American Airlines; Alaska Airlines; United Airlines; Continental Airlines; Aeroméxico; Mexicana de Aviación, y Aerocaribe.
Además de estas aerolíneas, el SAT reintegró varios millones de pesos derivados del cobro del DTA a una embotelladora de refrescos de la trasnacional Pepsi (Bebidas Purificadas del Sureste); a una empresa dedicada a la producción de vestiduras para autos (Technotrim de México); a una compañía de maquillajes (Avón Products), y a dos productoras de cine (Buenavista Columbia Tristar Films de México y Videocine).
Los dos expedientes restantes corresponden a la dependencia Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que recibió el monto más alto de las devoluciones investigadas por la ASF, y a una filial de Banrural (Banco de Crédito Rural Peninsular).
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ventila dos controversias constitucionales relacionadas con el cobro del DTA. La primera promovida por la propia Secretaría de Hacienda para impedir la fiscalización realizada por la ASF sobre la recaudación de este derecho, al argumentar que son contraprestaciones de origen y destino privados. La segunda interpuesta el año pasado por el sector maquilador en contra de la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz.
En este último caso, compañías como IBM, Avantel, Becton-Dickinson, Palacio de Hierro, Gigante y Daimler Chrysler, buscan que el pago del DTA se declare inconstitucional y que les sean devueltos los montos cubiertos por este concepto desde enero de 2004 (Contralínea 48).
Sin embargo, las reintegraciones de recursos del DTA hechas por el SAT en 2004 a favor de 12 empresas privadas y dos dependencias públicas no corresponden a este concepto. Según advierte la Auditoría Superior de la Federación en su informe, éstas se relacionaron con solicitudes de devoluciones de otros derechos e impuestos como el IVA e ISR, pero fueron indebidamente cubiertos con recursos del Trámite Aduanero.
Otros derechos e impuestos
La ASF revela que en 10 de los 14 expedientes las devoluciones por 2 mil 189 millones de pesos correspondieron al pago de “otros derechos”; en dos se reportaron devoluciones del Impuesto Sobre la Renta por 57 millones de pesos; en uno se registró la devolución de Impuesto al Valor Agregado por 11 millones de pesos, y en el último la reintegración del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario por 17 millones de pesos, “por lo que el SAT los registró indebidamente en el rubro del DTA”, establece.
El máximo órgano fiscalizador descubre que de los 2 mil 276 millones de pesos devueltos por el SAT, el Capufe recibió el 29.3 por ciento. La dependencia federal que encabeza la lista de devoluciones y recibió 667 millones 351 mil pesos provenientes de los recursos recaudados por concepto de DTA a pesar de que su solicitud fue por los recursos remanentes del saldo a favor del “Derecho por Uso de Carreteras y Puentes Federales” del ejercicio fiscal de 2002.
Aeroméxico ocupa el segundo sitio al recibir 469 millones 948 mil pesos que, según la misma compañía corresponden a la devolución por el “pago indebido de derechos” del ejercicio de 2003. Sin embargo, la ASF detalla que el monto fue registrado inicialmente en la clave de cómputo 400068 como “Derechos por Servicios de Transporte en Aeronaves”.
En acatamiento a la resolución del juicio de amparo 279/2003, el SAT reintegró 420 millones 868 mil pesos a Mexicana de Aviación por “pago indebido de derechos”. También en el caso de American Airlines, empresa que recibió 175 millones 379 mil pesos provenientes del fondo del DTA, el concepto original del resarcimiento fue “Derechos por Servicios Aeronavegación”.
En el caso de Alaska Airlines el SAT cubrió el pago de 136 millones 7 mil pesos tras perder el juicio de amparo 247/2003, en el que se alegaba la devolución de los “Derechos por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano” y no del DTA.
Por este mismo concepto y luego de ganar los juicios de amparo 376/2003, 301/2002 y 231/2004, Continental Airlines y United Airlines, respectivamente, obtuvieron montos por 101 millones 710 mil pesos en el primer caso, y 79 millones 71 mil pesos en el segundo.
La productora de cine Buenavista Columbia Tristar Films de México también fue integrada en la lista de empresas beneficiadas por la devolución irregular de recursos del DTA. La compañía recibió 48 millones 267 mil pesos por concepto de “Derechos por Servicios de Cinematografía y Autorización para Exhibición de Películas”.
Avón Products Incorporated recibió 46 millones 991 mil pesos por “retenciones por devoluciones por exceso de ISR. Aerocaribe tuvo un resarcimiento de 46 millones 612 mil pesos por “pago indebido de derechos”. El SAT devolvió a Videocine 44 millones 342 mil pesos por “derechos por la exhibición de películas”.
Otros expedientes irregulares son el de Technotrim, empresa a la que el SAT devolvió 17 millones 377 mil pesos por pago indebido del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, y el de Bebidas Purificadas del Sureste, a la que restituyó 11 millones 686 mil pesos por “exceso de IVA”.
En el último caso, correspondiente al Banco de Crédito Rural Peninsular, el SAT reintegró 10 millones 747 mil pesos por “retenciones de ISR” efectuadas al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán por los ingresos derivados del pago de intereses.
Para la ASF el Servicio de Administración Tributaria ha incurrido en irregularidades al consignar cifras no confiables en su contabilidad, lo que viola el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Otra anomalía apuntada por la Auditoría Superior de la Federación se refiere al registro de las operaciones, según el órgano de fiscalización éste no se sujetó al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “cumplimiento de disposiciones legales”.
