Lunes 10 de Julio de 2006

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Después de la escandalosa manipulación del proceso electoral del 2 de julio, en donde el IFE como árbitro ha jugado a favor de Felipe Calderón, será el Tribunal Federal Electoral el que decida con las pruebas que presente el equipo de Andrés Manuel López Obrador si hubo irregularidades que permitan dar el triunfo al candidato perredista. Por lo pronto, ya se preparan multitudinarias movilizaciones como la ocurrida este sábado en el zócalo capitalino para protestar por lo que consideran el mayor fraude electoral de la historia.
Pero mientras eso ocurre en el terreno electoral, en el equipo compacto de Felipe Calderón se ocupan en elaborar lo que sería su “gabinetazo” al más puro estilo foxista, pues de acuerdo con una lista salida de entre los muros de la casa de campaña de Felipe, aparecen nombres vinculados con responsabilidad en delitos electorales, peculado, tráfico de influencias, corrupción, complicidad, violación a los derechos humanos y hasta presuntos vínculos con el narcotráfico.
Así, de confirmarse la decisión del IFE para que el próximo presidente sea nuevamente un panista, veremos en el gabinete calderonista personas que en lugar de manejar el dinero de los mexicanos a través del presupuesto público, deberían estar frente a jueces en procesos penales por diversas anomalías.
Y es que la lista de posibles colaboradores seleccionados por el panista, y de la cual saldrán los futuros secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del gabinete ampliado, incluye nombres como el del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, desaforado en abril de 2004 por el Congreso local para permitir a las autoridades judiciales determinar su responsabilidad sobre los supuestos vínculos que mantiene con el narcotráfico.
El motivo que ese polémico panista siga al frente de cargos públicos a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República por su relación sentimental con la hija del líder del cártel de Juárez, Juan José Esparragoza Moreno, alias “el Azul”, y por los nexos detectados en su primer círculo: Eduardo Becerra Pérez, ex secretario de Gobierno; Guillermo Tenorio Ávila, ex procurador, José Agustín Montiel López y Raúl Cortés García, ex jefes policíacos, desde entonces procesados por narcotráfico en el penal de máxima seguridad de La Palma, es que la PGR recibe órdenes del presidente y eso hace poco convincentes las investigaciones.
Amparado en septiembre de 2004 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó la no procedencia del juicio político en su contra, Estrada Cajigal podría obtener un bono de impunidad al concluir su mandato, que coincide con el cambio de administración federal. De concretarse su nombramiento en el gabinete calderonista, la protección al más alto nivel le valdría todo un sexenio y sería la persona que metería los intereses del narcotráfico a la administración pública federal.
Pero el caso de Estrada Cajigal no es el único. En la lista del autodenominado “candidato de las manos limpias” también figuran ex funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción, tráfico de influencias, desvíos de recursos, manejo irregular de fondos públicos, complicidad, delitos electorales y violación a los derechos humanos.

Por ejemplo dos áreas sensibles como son la política interior y la seguridad pública, podrían ser encabezadas por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, responsable de violar los derechos humanos de un centenar de altermundistas en mayo de 2004, según lo documentado por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que el gobierno foxista ha ignorado por tratarse de uno de sus príncipes.

A pesar del desafortunado antecedente que le valió el mote de “represor” – al comprobarse la tortura en contra de los opositores a la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada el 28 de mayo de ese año en Guadalajara –, Ramírez Acuña figura en la terna propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación (Segob), al lado del español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, y de Josefina Vázquez Mota, señalada por utilizar información privilegiada obtenida durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, en beneficio de Calderón Hinojosa. Estos dos últimos panistas también compiten por la titularidad de la Secretaría de Energía.
Además, el gobernador de Jalisco aparece en la dupla para administrar la Secretaría de Seguridad Pública, ante su eficaz sentido de la represión en contra de manifestantes pacíficos, junto con Juan Molinar Horcasitas, quien fuera coordinador de la asociación Amigos de Fox, involucrada en la violación de los estatutos electorales en 2000, uno de los más férreos defensores del desafuero de López Obrador y el abogado moral de Marta Sahagún en el proceso judicial en contra de la revista Proceso y de la periodista Olga Wornat.
En cuanto al área judicial, el próximo procurador general de la República se debate entre los panistas Rogelio Carvajal Tejada y Juan de Dios Castro, quien al igual que Molinar Horcasitas destacó como promotor del frustrado desafuero en contra del ex jefe de gobierno. También aparece interesado en este cargo el operador panista Germán Martínez, hombre de todas las confianzas de Felipe.
Otra área sensible corresponde a la política hacendaria. En este caso Calderón tiene la mirada puesta en Agustín Carstens Carstens, ex subsecretario de Ingresos durante la administración zedillista, ex gobernador suplente por México en el Banco Interamericano de Desarrollo, ex funcionario del Banco Mundial, y actual subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, aunque lo que más pesa es la recomendación que de él hace el actual secretario Francisco Gil Díaz, quien con ese nombramiento asegura su impunidad en el sucio manejo que ha hecho del presupuesto público y, sobre todo, en el caso del fraude en el fideicomiso Auanas I y la empresa ISOSA.
En la terna por la Secretaría de Hacienda también se encuentran Gerardo Ruiz del Rincón, secretario del Comité Técnico de Financiamiento de la campaña de Felipe, y Julio Castellanos Ramírez, ex colaborador del panista en la Secretaría de Energía y ex oficial mayor de Sedesol.
Para la Secretaría de Economía, el panista tiene contemplado a otro de sus hombres de confianza y coordinador de propuesta en política pública durante la campaña, Ernesto Cordero, y a Eduardo Sojo Garza Aldape, ex titular de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas durante el gobierno foxista, ex coordinador de asesores del aún presidente y operador del fideicomiso privado número F/0894, que en 2000 manejó irregularmente fondos públicos.
Sojo Garza Aldape fungió como coordinador económico del Equipo de Transición de Fox, al cual se le transfirieron en forma indebida 24 millones de pesos del erario público, bajo el supuesto esquema de apoyo presupuestal diseñado y propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la administración zedillista. Sin ser funcionario público, de julio a noviembre Sojo cobró un salario mensual de 85 mil 300 pesos.
En Presidencia Felipe Calderón, el llamado “círculo cercano”, incluye el polémico nombre de Antonio Sola Reche, quien de naturalizarse mexicano estaría en posibilidades de ocupar un lugar privilegiado en el próximo gobierno.
Y es que como pago de la llamada “campaña del miedo” – similar a la que hizo en contra del mandatario de España, José Luis Rodríguez Zapatero –, el publicista español, militante del Partido Popular y hombre cercano al ex presidente del país Ibérico, José María Aznar, en el gabinete tentativo Calderón lo vislumbra como su jefe de Opinión Pública e Imagen.
Sin embargo, su situación migratoria actual le impide, al menos en el papel, inmiscuirse en asuntos políticos de México, según lo revelado por la Segob a petición del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo con el boletín de prensa 143/06, de fecha 19 de mayo de 2006, la estancia en el país de quien fuera coordinador de Imagen durante la contienda electoral y que figura, es como no inmigrante visitante remunerado / profesional, con lo que se le faculta para prestar servicios como asesor de Imagen y Publicidad a la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, casualmente propiedad de Jorge Manzanera, coordinador de las redes durante la campaña del panista.
En ese primer círculo, Calderón también incluye a César Nava Vázquez, quien se podría colocar en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La relación de confianza entre ambos hombres los llevó a protagonizar un presunto hecho de corrupción en agosto de 2003. Y es que el presidente electo y el secretario general adjunto del PAN fueron señalados por posible tráfico de influencias.
Se trata de un “apoyo financiero” autorizado por Calderón en su calidad de director del Banco a favor de la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que es accionista Emilio Baños Urquijo, suegro de Nava Vázquez. La operación involucró recursos públicos por 2 mil millones de pesos.
Felipe Calderón también reserva un par de lugares para los ex “Amigos de Fox”, Jordy Herrera y Max Tejeda Martínez. El primero ocuparía la secretaría particular, cargo que desempeñó cuando Calderón era secretario de energía, mientras que el segundo sería el titular de la Unidad de Comunicación Social.

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