* El único beneficiado con la violencia es el PRI
* Ante su derrumbe promueve el “voto del miedo”
* Investigan corrupción foxista en Seguro Popular

¿A quién le beneficia la violencia desatada en todo el país y que en las últimas semanas se ha visto incrementada con la explosión de granadas en diversos estados, el ataque al periódico El Mañana de Nuevo Laredo, los crímenes en contra de periodistas y los atentados a jefes policiales y custodios de centros penitenciarios?
Sólo hay un partido político que, ante el resultado de las últimas encuestas que lo ubican como la tercera fuerza para alcanzar la Presidencia de la República, podría estar interesado en desestabilizar al país y provocar así el voto del miedo para que en las próximas elecciones del 2 de julio sólo acuda a las urnas menos del 40 por ciento de la población con posibilidad de sufragar y con ello alcanzar la máxima representación nacional: el PRI.
El Revolucionario Institucional sería el único partido beneficiado con la violencia que se ha desatado en todo el territorio nacional y que los expertos en el estudio del narcotráfico le llaman confrontar al Estado, es decir, cuando las mafias de la droga y del crimen organizado apoyadas por políticos, partidos o funcionarios gubernamentales atentan en contra de las instituciones del Estado mexicano sin que sus órganos de protección como son el Ejército y los cuerpos policiales y de seguridad nacional puedan repeler los ataques. De aumentar la violencia en los próximos meses, como es previsible, México se acercaría a lo que ya se ha calificado como una colombianización.
Informe de EU sobre drogas
En ese marco de incertidumbre nacional, en donde la seguridad se ha convertido en la primera demanda de los mexicanos, el gobierno de George Bush presentó ante el Congreso de Estados Unidos el documento denominado Estrategia Nacional Contra las Drogas, que en realidad es un informe por países y cuyo análisis elabora la Oficina Nacional de Políticas Contra las Drogas que dirige John Walters y en donde califican a otros gobiernos sobre las directrices asumidas en el combate a las mafias de la droga.
Dicho documento que en los próximos días se hará público, fue enviado sólo a la oficina del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y del cual obtuvimos una copia y ahora presentamos un pequeño resumen, en donde se observa el apoyo de la Casa Blanca al gobierno de Vicente Fox en estos momentos de crisis institucional ante lo últimos acontecimientos de violencia y el vacío de poder propiciado desde Los Pinos.
Para el caso mexicano se incluyen dos apartados: El Reto de México y de la Frontera Sur y Combate Internacional a la Amenaza de la Metanfetamina y los Precursores Químicos. Del primero de ello la Casa Blanca opina que:

1. Durante la administración del presidente Fox se ha demostrado un compromiso importante para reducir la producción de la droga a través de un programa extenso de erradicación.
2. El Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República han conducido operativos para destruir y erradicar campos de cultivos, logrando eliminar anualmente por lo menos el 80 por ciento del cultivo de opio y marihuana.
3. El compromiso es tan efectivo que en el 2004 se vio reflejado en la reducci{on de los cultivos de droga: 27 por ciento en cultivos de amapola de opio y 23 por ciento en los de marihuana.
4. La producción potencial de heroína bajó de 12 toneladas métricas en el 2003 a 9 toneladas en 2004 y la de marihuana de 13 mil 400 toneladas en 2003 a 10 mil 400 en 2004.
5. El impacto de la erradicación de marihuana se amplifica en los mercados de droga con las 2 mil toneladas métricas que el gobierno de México asegura anualmente.
6. Desde el gobierno del presidente Fox, México ha mejorado la capacidad de análisis e investigación en las instituciones federales que combaten el narcotráfico, tales como la Agencia Federal de Investigación y el Cenapi.
7. Por ello, en el 2004 se logró la captura de 5 narcotráficos de los diferentes cárteles mexicanos: hermanos Arellano Félix, Ismael Zambada, Osiel Cárdenas y el guatemalteco Otto Roberto Herrera García.

En el segundo apartado del resumen de dicho análisis de la Casa Blanca, denominado Combate Internacional a la Amenaza de la Metanfetamina y los Precursores Químicos, se explica lo siguiente:

1. Cofepris ha aplicado controles de venta de pseudoefedrina a mayoristas y vendedores de menudeo.
2. México impuso límites para la importación de pseudoefedrina y efedrina: los distribuidores no están autorizados a importar, y las importaciones no pueden ser de cargas mayores a los 3 mil kilogramos.
3. Ha impuesto cuotas de importación ligadas a las necesidades terapéuticas.
4. México está entrenando y equipando unidades de trabajo de procuración de justicia enfocadas al combate de la metanfetamina en la investigación y limpieza de laboratorios.
5. Se han identificado y destruido varios laboratorios, grandes y pequeños, y han decomisado casi 50 millones de píldoras de metanfetamina desde diciembre de 2000.
6. La DEA y la PGR obtuvieron recientemente el compromiso de Hong Kong para notificar previamente el envío de sustancias químicas a Estados Unidos y México.
7. Estados Unidos y México están trabajando conjuntamente para lograr notificaciones previas de embarques internacionales en el hemisferio a través de la Organización de Estados Americanos.

Al final del documento que sirve de base para que el gobierno de Bush califique o desertifique a los países en su lucha contra las drogas, y con ello la consecuente presión de Washington hacia las políticas regionales y la suspensión de apoyos económicos, se enumeran algunos retos que de acuerdo con la visión de Estados Unidos todavía falta por aplicar el gobierno de Vicente Fox:

1. Las organizaciones criminales mexicanas han generado violencia sin precedentes, especialmente en las ciudades fronterizas.
2. México todavía necesita extraditar un narcotraficante poderoso y en activo a los Estados Unidos (aquí no se especifica de quién se trata).
3. Para solucionar estos problemas los gobiernos de EU y de México continuarán trabajando para atender los problemas compartidos que tenemos en la producción y en el tráfico de droga.

Es decir, que el gobierno foxista puede dormir tranquilo porque desde Washington consideran que ha hecho bien su trabajo para combatir en su territorio al crimen organizado y ha logrado detener parte de la droga que lleva como destino la población estadounidense, aunque para ello los mexicanos tengan que padecer el incremento de la violencia en sus calles y los duros enfrentamientos entre pandillas por conservar territorios y proteger la transportación de drogas en el territorio nacional. Al final alguien tiene que poner los muertos y en eso Estados Unidos prefiere que sea en su patio trasero.
Investigan desvíos en Seguro Popular
Omiso y negligente para atender los problemas sociales generados por la pobreza extrema en que viven 50 millones de mexicanos, el gobierno de Vicente Fox lucra con los programas sociales y los utiliza para mejorar su imagen y, al mismo tiempo, ayudar a su partido (el PAN) para conservar la Presidencia de la República
A unos meses de que Vicente Fox tenga que dejar la residencia oficial de Los Pinos, su administración ha manejado con tintes políticos y presuntos hechos de corrupción el programa social del Seguro Popular, planeado para beneficiar a 5 millones de familias que viven en pobreza extrema; sin embargo, hasta ahora lo único que se ha logrado con dicho programa es que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación por supuestos hechos de corrupción en la contratación de los servicios de credencialización y la convocatoria de una licitación amañada que habría dejado jugosas comisiones, lo que de comprobarse estaríamos ante un delito de peculado por el desvío de fondos públicos.
Manejado más como un proyecto político electorero que un programa de salud para atender a millones de familias pobres, el llamado Seguro Popular es utilizado por el gobierno federal como instrumento para mejorar la imagen del presidente. Esto se confirma cuando el pasado 1 de diciembre de 2005, Vicente Fox en compañía de su esposa Marta Sahagún, hizo entrega en un acto oficial de la credencial (tarjeta inteligente) número 3 millones del seguro popular, así como la póliza que ampara este servicio de salud para familias de escasos recursos y que no tienen acceso al IMSS o ISSSTE, según informó la agencia de noticias del gobierno Notimex.
En lo que fue sólo un acto para tomarse la foto, el presidente Fox aparece entregando a una familia de escasos recursos la tarjeta inteligente número 3 millones, sólo que para esa fecha la Comisión Nacional de Protección Social en Salud aún no contrataba a la empresa privada que elaboraría dichas credenciales, de tal manera que cómo pudo el primer mandatario entregar la tarjeta inteligente 3 millones cuando todavía no se producen. Entonces se trató solo de una simulación presidencial.
Dos semanas después (15 de diciembre) la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que preside Juan Antonio Fernández, el mismo que coordinó Amigos de Fox en la campaña presidencial, asignó un contrato por 324 millones de pesos a la empresa Image Technology de México, la cual tuvo que detener la producción de las credenciales porque la licitación pública número 12161001-004-05 fue impugnada por otra de las empresas concursantes, Técnica Comercial Vilsa, y la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública abrió el expediente 779/2005.
La denuncia de Vilsa, según el expediente de la Función Pública, sostiene que la licitación fue armada para que sólo la empresa Image Technology de México pudiera cumplir con las bases exigidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de tal manera que el concurso habría sido manipulado por el comisionado Juan Antonio Fernández, lo que motivó que las otras ocho empresas concursantes no pudieran entregara a tiempo sus propuestas y por ello fueron eliminadas.
El otro alegato de la inconformidad es el costo de la tarjeta con chip inteligente, pues como ejemplo las credenciales que otorga el IFE tienen un costo de producción de 6 pesos cada una, mientras que la credencial inteligente del Seguro Popular rebasa los 100 pesos cada tarjeta, cuando su precio real de producción según las empresas dedicadas al ramo debería tener un costo máximo de 20 pesos. Esto significa que la empresa Image Technology de México, por ser la única licitante que presentó propuesta, elevó el costo de producción hasta en un 400 por ciento, es decir que podría haber desvíos de recursos públicos por más de 200 millones de pesos. Pero ante la falta de espacio, este espinoso tema continuará…