Lunes 6 de junio de 2005

By

En la suite del Camino Real que Manuel Bribiesca Sahagún utiliza como oficina y bunker de protección, bajo resguardo de unos 20 militares del Estado Mayor Presidencial, el primogénito de Martha Sahagún nos dio información sobre algunos reportes de las oficinas de seguridad nacional del gobierno federal (Cisen e Inteligencia Militar), en donde se asegura que la mafia del narcotráfico mantiene amenazas de muerte en contra de integrantes de la “familia presidencial”, lo que ha provocado máxima alerta en el Ejército y en los órganos de seguridad nacional, mientras que el presidente adormilado ocupa el tiempo en las faldas de su esposa, en el cambio que éstas representan (seguramente porque ahora usa de las más caras al pagarlas con dinero público) y en presionar y promover las absurdas demandas de la señora Fox en contra de la prestigiada revista Proceso y la periodista argentina Olga Wormat.

“Tengo prohibido viajar a cualquier lugar, no puedo ir a provincia ni al extranjero; no puedo salir a comer a restaurantes, nada de compromisos sociales ni reuniones de trabajo en lugares públicos. Hay muchos miembros del Estado Mayor cuidándome, y por eso todo lo hago aquí encerrado en el hotel”, así hablaba un molesto Manuel Bribiesca aquella mañana de jueves 27 de enero.

Pero desde finales del año pasado y en los meses subsecuentes, el país ha vivido un clima de terror por las ejecuciones en estados del norte del país: asesinatos de jefes policiacos, comandantes y directores de penales, crímenes impunes de reporteros, de directivos de periódicos y de ciudadanos en general que accidentalmente estaban presentes en el momento de las masacres. Todo este clima de terror lo reduce el gobierno foxista a un reacomodo violento de los grupos del narcotráfico porque, según la PGR, va ganando la lucha contra las mafias de la droga.

Sin embargo, de ser ciertas las amenazas del narcotráfico que asegura Bribiesca Sahagún y que apuntan directamente al mismo presidente de la República y a su familia, es momento revisar a las instituciones públicas responsables de la seguridad nacional, cuya incapacidad permite al crimen organizado poner en riesgo al Estado mexicano.

Porque seguramente la “familia presidencial” estará a salvo en medio de ese fuerte despliegue de vigilancia impuesto por el Estado Mayor Presidencial, pero qué pasa con el resto de los mexicanos que todos los días realizamos nuestras labores normales, y una respuesta a ello son los homicidios de periodistas que hasta ahora nada o muy poco preocupan al presidente Fox.

La Captura del Hijo de “El Chapo”

Y en ese contexto de violencia e inseguridad, hace algunas semanas se les ocurrió en la Procuraduría General de la República capturar al hijo de uno de los principales narcotraficantes en el país, Joaquín Guzmán Loera, de nombre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, apodado por los medios como “El Chapito” en alusión a su padre, un junior que por supuesto disfruta del dinero producto del narcotráfico que su padre “El Chapo” ha acumulado a lo largo de su carrera delictiva, pero que esto de acuerdo con nuestras leyes actuales tampoco es motivo suficiente para que un juez lo pueda procesar por “lavado” de dinero, delito sumamente difícil de probar.

Pues esa acusación en contra de “El Chapito” por blanqueo de capitales de procedencia ilícita, y ante el temor que causa en el gobierno sólo la mención del nombre de “El Chapo” Guzmán, se decidió recluirlo en una prisión local del Distrito Federal en lugar de un penal de máxima seguridad, cuando está probada la falta de seguridad en cárceles capitalinas, sobre todo cuando ingresan personas tan cercanas a los jefes de la mafia. Por ello el gobierno federal le pasó la “papa caliente” al gobierno capitalino.

Así iban las cosas hasta que alguien inteligente alertó a Andrés Manuel López Obrador del riesgo que significaba mantener en una prisión local al hijo del temido narcotraficante Guzmán Loera, por lo que la noche del viernes 27 de mayo vimos por televisión la narración de Joaquín López Dóriga del aparatoso despliegue policial para trasladar al “Chapito” a una prisión de máxima seguridad. Con esta acción las autoridades capitalinas le regresaban el problema al gobierno federal.

Y sólo tres días después de que “El Chapito” ingresara al penal de máxima seguridad de La Palma, el principal policía responsable de combatir a la delincuencia organizada, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, enviaba a través de los medios un mensaje desde la misma casa presidencial, Los Pinos, a Guzmán Loera, calificándolo de inteligente, de extraordinaria capacidad de reacción y, en un análisis inusual en boca de un jefe policiaco, dijo que la gente ve a este narcotraficante como un héroe, un redentor y un paladín de los pobres.

Otra vez la alerta se prendía en Los Pinos por las amenazas de muerte que había hecho Guzmán Loera a principios de año en contra de las familias de Vicente Fox y de Martha Sahagún, por lo que en la casa presidencial se fraguó enviarle un mensaje conciliador al principal capo de las drogas en México, quien está muy molesto porque el gobierno capturó al hijo de su primer matrimonio y en los códigos de la mafia y de la policía, que casi siempre son lo mismo, hay respeto para no meterse con la familia y la PGR ha roto ese principio.

Lo que seguiría después para culminar con este intento de conciliación con el narcotráfico, es la liberación de “El Chapito” decretada por un juez federal, aunque hay que decir en descargo del juez que lleva la causa y que ha sido satanizado sin razón en lo que parece más un montaje que una realidad, por ordenar la liberación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, es que como siempre ocurre con el delito de “lavado” de dinero, la PGR lo acusa sin mayores elementos, como lo hizo con aquel funcionario de Los Pinos, Nahum Acosta Lugo, quien tuvo que ser puesto e libertad ante la falta de evidencias contundentes.

En el caso de “El Chapito” es acusado de gastar parte del dinero que su padre obtiene por traficar con drogas hacia Estados Unidos, en cuya situación legal estarían todas las familias de los narcotraficantes que, capturados o no, proporcionan dinero a sus cónyuges, a sus hijos, padres y hermanos, y en ese mismo sentido habría que procesar también penalmente a todos los curas del país, empezando por los jerarcas eclesiásticos, que hayan recibido limosnas (la mayoría de las veces en cantidades millonarias) de parte de los jefes de la mafia, de empresarios defraudadores y de todo tipo de traficantes que mantienen estrechos vínculos con la iglesia, pues también ese es dinero sucio y en cambio nadie los toca.

Las “Pruebas” del Lavado de Dinero

Las pruebas que presume tener el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, es que éste posee un vehículo BMW, tipo 330 CIA Cabrio, modelo 2001, con número de serie o chasis WBABS1091EH32064, cuya factura se encuentra a nombre de su prima Claudia Elenes Salazar, pero quien siempre tuvo la posesión del lujo automóvil fue “El Chapito”, ya que fue la persona que lo recibió directamente de la distribuidora que lo vendió.

Pero el boletín de la PGR abunda más en las absurdas “pruebas”: posteriormente el vehículo fue robado, por lo que la aseguradora ABA entregó el 5 de septiembre de 2002 el cheque número 0019690 a favor de Claudia Adriana Elenes Salazar, por la cantidad de 523 mil 218 pesos, de la cual la procesada dispuso de 522 mil 822 pesos para transferirlos a través de un cheque de caja a su primo Archivaldo Iván Guzmán Salazar, y con ello devolver el dinero a quien lo proporciona para la adquisición de dicho vehículo.

Así, según la PGR, se confirma que utilizaron el sistema financiero para “blanquear el dinero” que surge de las actividades de narcotráfico de su padre “El Chapo” Guzmán. Con estas “pruebas” incluidas en el proceso penal número 53/2005, ahora entendemos porque el crimen organizado está de plácemes y hasta se da tiempo para amenazar a la “familia presidencial” y mantener en jaque al Estado mexicano.

El Sospechosismo del sub Vasconcelos

En un artículo escrito por “Genaro Monfort” en la revista Contralínea del Estado de México, se da cuenta de algunos hechos raros, por decir lo menos, en torno a la actuación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Reproducimos por su importancia ese trabajo:

El 9 de abril se resolvió la situación jurídica de Nahum Acosta Lugo, ex director de giras presidenciales, a quien se le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley.

Lo que resalta del caso Nahum Acosta es el sopechosismo que provocó con su detención el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien lo recluyó en el Cereso número uno, conocido como “La Palma”, en el estado de México. Ante este hecho surgen algunas interrogantes.

Porqué curiosamente la Secretaría de la Defensa Nacional y no la Procuraduría General de la República capturó a Javier Torres Félix, alias el “JT”, en enero de 2004, cuando la PGR tenía abierta la averiguación previa PGR/AUEDO/245/2001 por delitos contra la salud y delincuencia organizada. En esa ocasión el Ejercito y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el operativo de los Mimbres, Cosala, encontraron armas, droga, una camioneta Cheyene negra blindada, una Suburban sin placas, tres rifles de los denominados AK47, 500 cartuchos calibre 223, seis teléfonos celulares, 20 mil 150 dólares americanos y diversas porciones de cocaína y marihuana.

También la PGR tenía conocimiento de la llamada operación “Trifecta”, del 31 de julio de 2003, en la que el gobierno estadounidense acusó ante un Tribunal Federal en Washington a Ismael Zambada García, Vicente Zambada Niebla y Javier Torres Félix, alias “JT”, por los delitos de conspiración para importar y distribuir cocaína. El proceso se refiere a la organización de Zambada García por el tráfico de 1003 kilogramos de cocaína, con un valor de 17 millones de dólares en Nueva York y Nueva Jersey, entre agosto de 2001 y julio de 2002.

También mil 770 kilogramos de cocaína con un valor estimado en 30 millones de dólares en Chicago, por lo que la SIEDO recluyó a Javier Torres Félix en un reclusorio de media o mínima seguridad, el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

Quién o en qué estará pensando el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Analizaría que Nahum Acosta sería un delincuente más peligroso por los supuestos 5 mil dólares que aparentemente le entregó Héctor Beltrán Leyva, supuestamente como regalo de Navidad, y por eso lo mandó a “La Palma”, mientras que a Javier Torres Félix, alias “JT”, lo envía a un penal del DF.

¿Así mira el subprocurador Vasconcelos a la Justicia Federal? Se cree que ambas personas pertenecen al mismo cartel, ¿será cierto?, se lo dejamos a los lectores para que reflexionen en este penoso caso.

Cabe señalar que Nahum Acosta Lugo fue detenido arbitrariamente y aún en contra de las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en la Constitución, pues por lo menos se requería para su captura de una orden de presentación. De tal manera que frente a la necesidad de contener las conductas delictivas y ante la ineficiencia de los órganos de procuración y administración de justicia, ahora hay que agregar la evidente intención de manipular y desvirtuar la acción de los aparatos encargados de impartir justicia para obtener ventaja personal o partidista.

About the Author