Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus once exquisitos ministros tendrán que explicar al Congreso los abusos y los excesos en los que incurren con el gasto asignado del Presupuesto Público Federal, pues hasta ahora nadie fuera de esa camarilla de poder vigila o fiscaliza el derroche que hacen con el dinero del pueblo mexicano.

Así, la semana pasada nos enteramos por una buena nota de los reporteros Enrique Méndez y Roberto Garduño, del diario La Jornada, que “la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envió un severo extrañamiento, acompañado de una solicitud para iniciar una investigación al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por las anomalías financieras en que incurrió el Poder Judicial de la Federación en el manejo de recursos públicos destinados ilegalmente a fideicomisos para seguros médicos, mantenimiento y construcción de vivienda, pago de servicios básicos y pensiones de los magistrados de la Corte”.

En ese mismo corte un equipo de reporteros de la revista Contralínea publicó en su número más reciente, correspondiente a mayo, un amplio reportaje sobre la sumisión de la Suprema Corte a los designios presidenciales; las deficiencias profesionales e intelectuales de los ministros; los excesos en que incurren al asignarse salarios y prestaciones millonarios; la constitución de fideicomisos secretos fuera del escrutinio público; las pensiones de escándalo para los exministros, y las denuncias acumuladas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre casos documentados que evidencian fallos a modo de ese órgano de impartición de justicia.

Pero el problema mayor al que tendrán que enfrentarse los miembros de la Suprema Corte, es que ante la abundancia en que viven los once ministros y sus empleados, hay 80 millones de mexicanos que sobreviven en medio de la pobreza extrema, en donde la mitad de ellos, es decir 40 millones de niños, mujeres, ancianos y hombres, todos mexicanos, carecen de recursos para alimentación, vivienda, salud y educación. Esa es la afrenta mayor que tendrán que resolver solos con su conciencia los once ministros.

Por ejemplo, en la investigación del reportero Manuel Pineda se revela que los sueldos, compensaciones y gastos de operación que tiene asignados la Suprema Corte, son los más altos que reciba un servidor público de la nación, pues los once ministros representan al erario público un gasto de más de 70 millones de pesos anuales.

De acuerdo con información obtenida de los informes de la Suprema Corte y que publica en su página de Internet, los sueldos de los ministros son del orden de los 300 mil pesos mensuales, pero según las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación dichos salarios podrían ascender en realidad al doble de esos recursos, es decir 600 mil pesos al mes.

Sólo los gatos personales representan más del 50 por ciento de los egresos anuales, con mil 763 millones 967 mil 396 pesos, de los 3 mil 118 millones del presupuesto que tiene asignada la Suprema Corte para el ejercicio de 2005. En ese contexto, el salario del ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, más prestaciones y compensaciones, es de casi 650 mil pesos mensuales; es decir, al año gana casi 8 millones de pesos, mientras que los otros 10 ministros perciben 536 mil 700 pesos, que representan 6 millones 432 mil pesos anuales para cada uno. Con estos datos, que bueno que sólo tenemos once ministros, pues si fueran más no alcanzaría el presupuesto público para pagarles sus salarios.

Estos altos sueldos y prestaciones como bonos, pagos especiales y partidas presupuestales que maneja a su antojo la Corte, son el pago que durante décadas han recibido los ministros por defender los intereses del presidente en turno y se derivan de una vieja práctica utilizada por el Ejecutivo para mantener el control del Poder Judicial.

La Sumisión de la Corte

De acuerdo con el doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y especialista en control de la constitucionalidad, Miguel Covián Andrade, dijo al reportero Zósimo Camacho que la Suprema Corte, que debe ser garante del respeto a la Constitución y a las leyes mexicanas, “se distingue por su ineptitud, subordinación al Poder Ejecutivo y el derroche de los recursos”.

Además, no obstante la reforma al Poder Judicial llevada a cabo en 1995, la Suprema Corte es incapaz de hacer cumplir la Constitución, pues se trata de un tribunal que debe ser por definición objetivo e imparcial, lo cual no cumple ese órgano judicial.

“La incompetencia de la Corte tiene su origen en la propia estructura jurídica del sistema político mexicano. Tanto la subordinación al Poder Ejecutivo que padece la Corte, como la ineptitud de los ministros y el dispendio de recursos sin rendir cuentas a nadie, sólo se erradicarán con una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación”, sostiene el doctor Covián, y agrega que “los ministros de la Corte reúnen dos características muy negativas para el ejercicio de la competencia que tienen asignada: no conocen la materia constitucional, ni mucho menos la muy especializada de control de la constitucionalidad, y actúan en varios casos muy importantes conforme a los intereses del presidente de la República”.

Desde 1995, año en que se reformó el Poder Judicial, las resoluciones de la Suprema Corte procurar no importunar al Poder Ejecutivo, lo que explica que la Presidencia de la República nunca ha perdido una sola controversia.

Otro problema para la Suprema Corte son los casos documentados que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los fallos a modo que evidencian cómo la máxima instancia de la justicia mexicana es la primera en violar la Constitución que debería proteger.

Así, una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez da cuenta de cómo en los archivos de la CIDH está la primera resolución aceptada por ese organismo internacional en contra de la Suprema Corte, la número 01/90 de mayo de 1990, presentada por miembros del PAN y que integra tres casos relativos al proceso electoral para elegir diputados en Chihuahua el 7 de julio de 1985, las elecciones para gobernador de Durango en julio de 1986 y para gobernador de Chihuahua también en 1986.

Los Fideicomisos de Escándalo

En un amplio informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se revela el manejo irregular con que la Suprema Corte de Justicia administra más de 3 mil millones de pesos a través de fideicomisos. Una investigación de la reportera Nancy Flores explica de los mil 553 fondos que la administración de Vicente Fox ejecuta y que al cierre del ejercicio fiscal de 2003 involucraron más de 660 mil millones de pesos, siete pertenecen a la Suprema Corte, uno al Consejo de la Judicatura Federal y tres al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esos 11 fideicomisos comprometen recursos por 3 mil 272 millones 729 mil pesos; pero tan sólo las aportaciones hechas por la Suprema Corte a sus siete contratos representan el 97 por ciento de este monto.

Según la ASF “la figura del fideicomiso propicia el manejo de los recursos públicos al margen de los controles que se establecen en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en su reglamento, y contribuye a la opacidad en su manejo por el secreto fiduciario y la deficiente normativa para su operación”.

La lista de los 11 fideicomisos atribuidos a las entidades judiciales, abre con el fideicomiso del plan de pensiones complementarias a funcionarios superiores del Poder Judicial de la Federación, identificado con el número 4657-4y que administra mil 865 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2003. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un patrimonio que genere rendimientos para el pago de pensiones complementarias.

El 19 de marzo de 2003, Mariano Azuela, entonces recién estrenado presidente de la Suprema Corte, instruyó a la fiduciaria para que el fondo fideicomitido invirtiera en papel bancario y/o gubernamental en el mercado de dinero. A partir de esa fecha, los recursos públicos custodiados por este contrato fueron transferidos a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde jugaron riesgos para dieron jugosas ganancias para los ministros.

Otro escándalo de la Suprema Corte son las pensiones que se han preocupado en asegurarse los ministros cuando se jubilan. En una investigación de la reportera Claudia Ruiz se explica que en el 2005 la Corte destinará 133 millones 359 mil pesos al pago de las pensiones para los aproximadamente 40 ministros retirados, según cálculos de la Cámara de Diputados.

En contraste con las bajas pensiones que reciben unos cuantos trabajadores mexicanos, los exfuncionarios judiciales perciben en promedio 154 mil pesos mensuales, más los servicios de una secretaria, un auxiliar de oficina y un chofer que les paga el Poder Judicial de la Federación con dinero público.