Son diversos los frentes legales que mantiene abiertos la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), filial del Grupo Miguel y propiedad del empresario prófugo Alfredo Miguel Afif, quien a pesar de enfrentar acusaciones por evasión fiscal, fraude y daño patrimonial millonario en perjuicio de Petróleos Mexicanos, tiene a su favor el apoyo incondicional de un miembro de la “familia presidencial”, Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de la señora Marta Sahagún de Fox y quien ha utilizado el poder de la Presidencia para abrir puertas de secretarías de Estado y cabildear en beneficio de esa empresa del Grupo Miguel.

Pues la semana pasada dimos cuenta de la historia del desalojo de SACSA de sus instalaciones del aeropuerto de Toluca y que dio motivo a una serie de acusaciones cruzadas, demandas, amenazas, persecuciones policiales y evasiones de la justicia, así como sospechas fundadas de que atrás de esa maniobra legaloide había intereses de funcionarios del primer nivel del gobierno foxista para obtener recursos económicos mediante la extorsión, el chantaje y el fraude.

Así, mediante un oficio (101.665) de fecha 20 de mayo de 2004, la Dirección General de Aeronáutica Civil notificó la conclusión del permiso del taller aeronáutico número 68 a la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. de .C.V. (SACSA), ubicado físicamente en el aeropuerto de Toluca, debido a la “pérdida de sus instalaciones por el desalojo que ordenara el juez primero civil de Toluca, originado por el juicio de controversia del arrendamiento inmobiliario (expediente 609/2001), promovido por la empresa Operadora de Aviación General de Toluca”.

Posteriormente, el 27 de mayo de ese mismo año la empresa SACSA, inconforme con la resolución judicial, interpuso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la demanda de nulidad y en la que hace mención de la controversia del arrendamiento.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “SACSA nunca acreditó ante la autoridad aeronáutica el debido cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas 145/I-SCT3-2001 y 145/II-SCT3-2001, por lo que no fue posible autorizar el funcionamiento de las mismas”.

En respuesta, SACSA sostiene que Aeronáutica Civil violó una suspensión definitiva que le otorgó un Tribunal para evitar que le fuera cancelado el permiso para operar un taller aeronáutico en el aeropuerto de Toluca y, según la parte legal, esto obliga a la SCT a revertir dicha cancelación y anula todas las acciones subsecuentes instrumentadas por el gobierno federal.

Para comprender este espinoso caso que cada día se revuelve más y en el que intervienen varias dependencias federales como son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recordamos que el inicio del conflicto empezó en septiembre de 2001 hasta que en marzo del año pasado la empresa SACSA fue desalojada con la fuerza pública, en cumplimiento de un mandato judicial, de sus instalaciones en el aeropuerto de Toluca, en donde había construido talleres, almacenes, tiendas y otros servicios en una superficie de 75 mil metros cuadrados, con una inversión de 75 millones de dólares, para prestar servicios aéreos como venta, renta y reparación de aviones y helicópteros.

Interviene Gobernación en Conflicto

Pues en medio de estos conflictos legales que han venido en cascada en contra de SACSA y de su propietario Alfredo Miguel, cabe destacar que curiosamente el principal cliente de la empresa emproblemada es el mismo gobierno federal, pues varias dependencias gubernamentales como secretarías de Estado, paraestatales y organismos descentralizados contrataban los servicios, como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IMSS y el ISSSTE entre otros.

Así, documentos internos confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública revelan que SACSA pretende cobrar al gobierno federal diversas facturas por la suma de 9 millones 105 mil 816.9 pesos por el servicio de renta de aeronaves; sin embargo, la intervención oportuna de los órganos de Control de Seguridad Pública y de la Policía Federal Preventiva lograron frenar tales cobros al descubrir que se trata de una supuesta simulación de renta de servicios, pues no hay forma de comprobar que las aeronaves de SACSA fueran utilizadas por el gobierno.

De confirmarse lo anterior, estaríamos ante un cuantioso fraude realizado mediante la simulación de renta de servicios aéreos por parte de SACSA a funcionarios del gobierno priista de Ernesto Zedillo, de tal forma que sólo se facturaba pero no había uso de las aeronaves.

El 26 de noviembre de 2004 la Contraloría de la Policía Federal Preventiva envió un oficio mediante el cual informa que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal remitió una carpeta con las facturas por la suma de 9.1 millones de pesos, en donde la empresa privada SACSA reclama su pago.

Pero de acuerdo con un dictamen del Órgano Iterno de Control es de “especial atención las facturas de Servicios Aéreos del Centro, S.A. de C.V., por un monto de 5.8 millones de pesos, ya incluidos en los adeudos improcedentes del punto anterior, en vista de que esta empresa pretende cobrar la renta de tres helicópteros Bell, según contrato formalizado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año de 1994, por servicios proporcionados a la entonces Policía Federal de Caminos, por rentas generadas a partir de 1994 a 1998 y 1999 inclusive; al respecto la Coordinación de Transportes Aéreos no tiene registro alguno o evidencia de los arrendamientos señalados ni de la razonabilidad de los precios facturados, considerando los descuentos y rebajas ofertadas por el proveedor.

“Este caso conviene se analice por la Secretaría de Gobernación con su similar de Comunicaciones y Transportes, para determinar la situación de estos agudos en el proceso de transferencia de activos y de pasivos suscitada en el año de 1999. La Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva no tienen injerencia alguna para promover su pago”.

Por lo anterior, al inicio de 2005 la SSP efectuó una nueva revisión de todos los expedientes, a fin de encontrar una solución al problema, por lo que su Dirección General de Asuntos Jurídicos opinó lo siguiente:

“De igual forma, el Órgano Interno de Control señala que no existen antecedentes sobre los contratos que reclama SACSA y que tampoco fueron analizados ni determinados durante el proceso de transferencia de activos de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya que los pasivos no se registraron ni presupuestaron en el ejercicio en el que se sustrajeron, concluyendo que dichos adeudos deberán pagarse por la dependencia que devengó y contrató los servicios.

“De todo lo anterior, esta aérea considera que no es procedente efectuar el pago de las prestaciones que reclama SACSA, por lo manifestado con anterioridad, en vista de la documentación soporte y la violación a principios jurídicos, por lo que en todo caso la empresa deberá demandar el pago ante los tribunales federales competentes”.

En un documento oficial de la SSP con fecha del 7 de marzo de 2005, se explica que la Dirección General de Recursos Financieros de esa dependencia revisó el expediente integrado sobre SACSA, con la participación de la Coordinación

Entre Abogados te Veas

El exbanquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche acusó penalmente a los priistas y exsenadores Salvador Rocha Díaz y José Trinidad Lanz Cárdenas, como responsables del delito de fraude procesal cometido en su agravio por haberle perdido un juicio millonario.

Cuando Cabal se vio en apuros legales, tanto financieros como penales, que lo llevaron primero a ser prófugo de la justicia mexicana y después a prisión en Australia, se puso en manos de un grupo de abogados a los que les confió su vida y destino personal. Entre su equipo de defensa estuvieron Rocha Díaz y Lanz Cárdenas, este último también había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que Cabal Peniche fue demandado en tribunales civiles por la empresa Hidrosina, propiedad de William Karam, exsocio del banquero y cuya acusación se encuentra radicada en la Subprocuraduría de Procesos, Fiscalía de Procesos en lo Civil, Septuagésima Agencia Investigadora, con el expediente APFPC/74/49603-12.

Pues Karam y su empresa le reclamaron a Cabal 20 millones de pesos que le había prestado para su defensa cuando el banquero estuvo preso en Australia y desde la cárcel no podía operar su fortuna acumulada fraudulentamente. Así, a lo largo de diez años de litigio esos 20 millones se han convertido por los intereses en una suma aproximada de 150 millones de pesos.

Por esta razón, al considerar Cabal que su grupo de abogados encabezado por los exsenadores priistas Salvador Rocha Díaz y Trinidad Lanz Cárdenas no solamente fueron negligentes sino que de manera franca y decidida realizaron componendas con el abogado de la parte acusadora Alejandro Capdevielle Flores, los ha denunciado como los autores de un fraude procesal.

Con ello, el cuerpo actual de abogados del empresario ha emprendido una táctica para pretender recuperar la imagen de Cabal y reincorporarlo al mundo de los negocios. Y no obstante las resoluciones contrarias que se han obtenido en los últimos meses, como sucedió en el que demandaron al Fobaproa los derechos por la nulidad de las acciones de los bancos, la revancha se ha ampliado y ahora Cabal denuncia a dos viejos priistas que por las mañanas elaboraban leyes en el Senado de la República y por las tardes defendían a delincuentes y defraudadores, aún cuando éstos cometieran daño patrimonial en perjuicio de la nación.

Así, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal da trámite a la denuncia en contra de Salvador Rocha Díaz, José Trinidad Lanz Cárdenas y Pastor Suárez Turnbul. Ya daremos cuenta de este caso inusual.