El último Censo Nacional Agropecuario que se hizo en el país fue por el año de 1991, allá a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y ese viejo documento oficial, pues en los últimos 14 años nadie puede negar que se ha incrementado la población y con ello la pobreza extrema de campesinos y jornaleros, es el que utiliza el gobierno de Vicente Fox para planear sus políticas económicas (si a lo que hacen puede llamársele planeación) para el campo mexicano y también esa vieja información que está fuera de la realidad sirve al presidente de la República para afirmar que la pobreza en el campo ha disminuido y que cada día hay menos pobres en este país.

En fin, el gobierno del cambio no ha cambiado nada y está dejando muchos pendientes. Pues bien, el Censo Nacional Agropecuario debió haberse realizado desde 2001, pero la falta de presupuesto, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha impedido que esa importante investigación se realice y con ello conocer a fondo la situación agropecuaria del país.

El mes pasado publicamos aquí que el INEGI había decidido, por escasez presupuestal, cancelar definitivamente el Censo Nacional Agropecuario, lo que anula la posibilidad de contar con datos reales sobre la lacerante pobreza que hay en el campo mexicano, y esto motivó que el presidente del INEGI, doctor Gilberto Calvillo Vives, se reuniera con miembros de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, que preside Miguel Luna Hernández, para informar que “por falta de presupuesto” el INEGI había tomado la decisión de suspender los trabajos para elaborar el VIII Censo Nacional Agropecuario, lo que significaba cortar la información estadística del sector agropecuario cuya antigüedad data de hace 14 años.

Lo anterior motivó que la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados citará en reuniones por separado a los miembros de la Comisión Intersecretarial del gobierno federal, es decir con los titulares de las secretarías de Hacienda, Agricultura, Economía, Desarrollo Social y otras dependencias involucradas, en donde se acordó, según consta en las minutas públicas de las reuniones, llevar a cabo dicho Censo Nacional Agropecuario.

Pero para sorpresa de todos, el presidente del INEGI, doctor Gilberto Calvillo Vives, sostiene que este año no se hará ningún censo, y que probablemente para el año que entra, a pesar de ser finales de sexenio, el INEGI tratará de llevar a cabo el VIII Censo Nacional Agropecuario siempre y cuando el Congreso les autorice el presupuesto que demanda dicha investigación, que es de mil 514 millones de pesos, pues en este año de 2005 sólo fueron autorizado para elaborar el Censo 819 millones de pesos, es decir poco más de la mitad del costo total y con esos recursos, dice el doctor Calvillo, no es suficiente ni posible elaborar el trabajo.

La historia de las desavenencias

Todo empezó cuando a finales del año pasado la Cámara de Diputados autorizó sólo 819 millones de pesos para realizar el VIII Censo Agropecuario, pendiente desde 2001, por lo que los legisladores de la Cámara baja propusieron al principal centro de estadística del país realizarlo con personal de servicio social y profesionales de universidad y escuelas públicas y de prestigio como la de Chapingo, para reducir la inversión en nómina.

Sin embargo, desde diciembre pasado el INEGI preveía que el Censo Nacional Agropecuario podría estar en peligro de no realizarse debido a la falta de recursos, luego de que para el presupuesto del 2004 se habían solicitado mil 600 millones de pesos y sólo habían recibido la mitad.

Esto ha provocado diversas reuniones desde hace varios meses entre legisladores, directivos del INEGI y miembros de la Comisión Intersecretarial, y al final no se han puesto de acuerdo y la conclusión para el doctor Calvillo es que no habrá Censo Nacional Agropecuario, al menos en 2005.

En entrevista en sus oficinas del Distrito Federal, el presidente del INEGI reconoció como “muy grave” para el país el que no se realice este censo agropecuario, porque limita la toma de decisiones en materia de política agrícola y hunde al país en la desinformación de la realidad nacional, por lo cual, comentó el funcionario, han buscado diversas alternativas para lograr cumplir con dicho censo, entre otras la participación financiera de los estados de la República para elaborar el estudio, lo cual fue rechazado por la falta también de recursos de los gobiernos estatales.

El INEGI propuso también a los legisladores realizar una muestra muy grande de la realidad agropecuaria en el país, pero los diputados se opusieron a ello porque era insuficiente y no reflejaría la verdad del campo mexicano.

Los legisladores propusieron, dijo el doctor Calvillo, que los 800 millones de pesos ya presupuestados para 2005 se emplearan en la primera etapa del censo en los meses de noviembre y diciembre, y con el presupuesto del 2006, en donde se solicitaran otros 800 millones, se concluyera la segunda etapa en los meses de enero y febrero, de tal manera que el gobierno federal cumpliera así con esa obligación.

Pero esta última alternativa fue rechazada por el INEGI, porque de acuerdo con su metodología no es posible realizarlo en dos etapas, sobre todo porque la migración agrícola es un problema para conocer a fondo la realidad en el campo. Por ello, el doctor Calvillo sostiene que la única alternativa que hay es que este año sólo se lleve a cabo el II Conteo de Población y Vivienda, como está presupuestado, y para el 2006 se intente realizar con el presupuesto respectivo el Censo Nacional Agropecuario.

Además, añadió que de los 800 mil pesos presupuestados para el 2005, el INEGI utilizará en este año unos 300 mil pesos en otros trabajos y los 500 mil restantes serán devueltos a la Tesorería de la Federación, como un subejercicio más.

Los Campesinos en Pie de Lucha

“Si no se realiza el VIII Censo Nacional Agropecuario, pediremos que se finquen responsabilidades a los miembros de la Comisión Interinstitucional y al presidente del INEGI, por incumplir un mandato del Congreso”, dice el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Miguel Luna Hernández.

Para el diputado perredista, responsable de las pláticas con la Comisión Intersecretarial y con el INEGI, el problema para no llevar a cabo el censo es que el gobierno de Vicente Fox quiere ocultar su fracaso en materia agropecuaria, pues en los últimos cuatro años la miseria de los campesinos va en aumento y se ha extendido a todo el territorio nacional, por lo que el campo está a punto de los estallidos sociales, mientras que en la Presidencia de la República tratan con campañas de ocultar la grave realidad agrícola.

Esta crisis agrícola se ha agudizado en el gobierno foxista porque de 2000 a 2003 no se entregaron los recursos presupuestales que estaban etiquetados para apoyar a campesinos y productores agrícolas y en esos años hubo fuertes subejercicios, como una forma de dejar morir al campo y canalizar esos recursos a otros sectores.

Esto, según el diputado Luna Hernández, ha provocado inconformidad entre los trabajadores agrícolas que desde hace varios años han venido a protestar en marchas y plantones a la capital del país, mientras que en sus tierras se siguen organizando con mitras a entallamientos sociales ante el desinterés, el abandono y la corrupción gubernamental.

A las reuniones para definir el futuro del Censo Agropecuario asistían los subsecretarios de Hacienda, Pablo Reyes, y de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Antonio Ruiz García, quienes según el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural habían aceptado que se realizara en dos etapas, la primera a finales del 2005 y la segunda en los meses de febrero y marzo, por lo que es una sorpresa que ahora el presidente del INEGI salga con que este año no se preparará dicho Censo ni se avanzará en los trabajos acordados.

Así, a menos de dos años de que inicie la apertura plena del sector agropecuario con motivo del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, México no contará con información estadística actualizada sobre este importante sector y, de acuerdo con Luna Hernández se obstaculizará los esfuerzos y proyectos para reducir el volumen de inversiones agroalimentarias.

Sin duda que la confrontación entre el gobierno federal y el Congreso se agudizará en los próximos días y, en conjunto con los problemas que hay en el campo mexicano, es un polvorín que algunos quieren ver explotar.